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Perú: Los 20 años del Convenio 169 de la OIT en el Perú

27 abril 2015

Photo: Servindi
¿Algo que celebrar?

Por Alberto Chirif / Servindi

El 27 de junio próximo se cumplirán 26 años desde que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, el cual, de acuerdo a procedimientos de la OIT, entró en vigencia el 5 de septiembre de 1991. En Perú, el Congreso Constituyente Democrático aprobó el Convenio mediante Resolución Legislativa Nº 26253, del 2 de diciembre de 1993, que entró en vigencia 12 meses después. Este instrumento reemplazó uno anterior, de 1957, llamado “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales”.

Las diferencias entre los dos documentos son notables. Mientras que el antiguo expresaba una concepción integracionista de “poblaciones indígenas” que desaparecerían una vez que fuesen “asimiladas por las sociedades nacionales”, el nuevo reconoce el derecho de los pueblos indígenas de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” (Art. 7º).

En términos generales podemos decir que el Convenio 169 no solo es incumplido sino también incomprendido. Como un ejemplo del desconocimiento de alcances del Convenio entre los propios funcionarios queremos referirnos a un hecho concreto. El año 2013 elaboramos un informe de consultoría para el grupo de trabajo social de la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El asunto era diagnosticar la situación socioeconómica de las comunidades ubicadas en las cuencas afectadas por la actividad petrolera: Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Entre las numerosas y reiteradas observaciones que recibimos quiero referirme a una que tiene que ver con el tema de este artículo.

Dijo el funcionario comentarista: “Respecto de los Convenios Internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, el consultor reitera que existe una supuesta incompatibilidad normativa con normas de menor rango en materia de titulación. Los Pueblos Indígenas no están exentos de que se aplique o prime la normativa nacional, ya que el Convenio se adecúa a nuestra normatividad y no es al revés” [cursivas nuestras].

Al parecer el comentarista (sospechamos que se trata de un abogado) no sabía que los Convenios son normas del bloque constitucional y por eso incurrió en la barbaridad de afirmar que ellos deben acomodarse al ordenamiento nacional, cuando es todo lo contrario. El propio Tribunal Supremo ha reiterado que el Convenio 169 es parte del derecho nacional y con rango constitucional.

Esto quiere decir que si una norma nacional, del rango que sea, es incompatible o contradice alguno de los Convenios, simplemente es inconstitucional. Incluso si la propia Constitución se contradice con un Convenio sobre derechos humanos ratificado por el Perú, el procedimiento de aprobación debe ser el que corresponde a una reforma constitucional. 



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