Editorial

Diana Vinding

Esta coedición de IWGIA – WANI de Asuntos Indígenas trata de algunas de las cuestiones que enfrentan los pueblos indígenas de México, Guatemala y Nicaragua. Independientemente de su importancia demográfica,1 estos pueblos han sufrido durante siglos la misma marginalización y discriminación social, económica, cultural y política que los pueblos indígenas en otras partes del mundo. Es más, su historia reciente ha sido marcada por conflictos armados: la guerra de los Contras en Nicaragua (1981-1989), la guerra civil en Guatemala (1960-1996) y las guerras de “baja intensidad” en distintas partes de México, incluso desde 1994, en Chiapas. Estos conflictos han conllevado masacres, desapariciones, encarcelamientos y torturas de miles de indígenas y obligado a otros miles a huir de sus pueblos y buscar refugio en otros lugares o en países vecinos.
La situación de estos pueblos es por tanto precaria.
Sin embargo, esta última década ha visto cambios positivos: no sólo hay paz en Nicaragua y Guatemala, los indígenas y sus organizaciones se han vuelto más visibles, tienen más apoyo nacional e internacional y por lo tanto son capaces de dar voz a sus demandas e impulsar sus derechos con mucha más fuerza que antes. Tanto México como Guatemala han ratificado el Convenio 169 de la OIT y se han producido avances significativos en áreas de importancia vital como las de autodeterminación y autonomía, derechos territoriales, educación bilingüe y multiculturalidad. Asimismo, hay mayor participación indígena en la vida política local y nacional.
No obstante, como se notará a lo largo de este número de Asuntos Indígenas, todavía falta mucho para que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos y respetados. También existen grandes diferencias entre los tres países. Mientras que el experimento zapatista de autonomía en Chiapas ha tenido mucha publicidad y recogido mucha simpatía en el mundo entero, es tal vez en Nicaragua donde se han producido los avances más grandes en términos de derechos territoriales y multiculturalidad, mientras que todavía falta mucho para que los pueblos indígenas de Guatemala y sus aspiraciones sean reconocidos.
Un tema recurrente es la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, puesto que el rol de éste en la definición e implementación de políticas es decisivo para el destino de las demandas indígenas. Un ejemplo ilustrativo es la historia del movimiento zapatista en México. Gemma Van der Haar expone cómo el movimiento ha evolucionado desde un levantamiento armado de campesinos hasta un proyecto indígena autonomista con una forma alternativa de poder local, pasando por varios intentos de establecer un diálogo con los gobiernos federales sucesivos sobre la base de los Acuerdos de San Andrés. Intentos que fracasaron en su totalidad. Pero, como indica Aída Hernández et al. en sus “Reflexiones sobre el neoindigenismo mexicano”, el Estado mexicano no busca una nueva relación con estos pueblos que “garantice su inclusión y reconocimiento legal con derechos a la autonomía y la libre determinación...” Al contrario. Su respuesta es “modernizar y desarrollar” o sea un discurso neoindigenista que promueve una política neoliberal y asistencialista con una perspectiva global en directo conflicto con las demandas indígenas.
Desde Guatemala, Silvel Elías describe un escenario algo parecido: por un lado los pueblos indígenas luchan para retener el control sobre determinados espacios geográficos a través de instituciones indígenas de gestión territorial y por el otro el Estado desarticula esos derechos territoriales y se niega a reconocer aquellas instituciones. Por la simple razón que “la negación de la territorialidad indígena es una estrategia política que ha permitido por un lado la exclusión social y por el otro el saqueo del patrimonio indígena”.
Según Elías, no se podrá avanzar en la construcción de una democracia participativa sin tener “una nueva relación de las comunidades con el Estado basado en la autonomía indígena”. Obviamente, se necesitará una fuerte presión por parte de la sociedad civil y especialmente por parte del movimiento indígena guatemalteco. Sin embargo, de acuerdo al estudio de Demetrio Cotjí, el movimiento no parece estar preparado para esto. A pesar de haber obtenido logros importantes, el movimiento está dividido, tiene “ciertos rasgos elitistas, urbanos y de clase media” y pocas organizaciones tienen programas de alcance nacional. Por lo tanto, Cotjí estima que uno de los desafíos futuros para el movimiento maya es acercarse Asuntos Indígenas 4/05 5 5 Asuntos Indígenas 4/05 al campesinado indígena y aumentar su beligerancia y proactividad en general.
Claudia Dary trata el tema de la exclusión social y cómo las mujeres mayas guatemaltecas intentan superarla a través de la educación superior. Identifica una serie de factores limitantes, tanto del lado de la sociedad (racismo, machismo, etc.) como del lado de las mujeres mismas y sus familias (limitaciones económicas, estereotipos de género, etc.) que hacen resaltar el recorrido personal y comunitario de las pocas que logran una profesionalización. Subraya que la promoción reciente de la educación bilingüe intercultural sólo podrá aliviar la situación si el Gobierno le da prioridad y un presupuesto suficiente y si se elimina la discriminación étnica y de género.
En Nicaragua, la aprobación en 2002 de la ley 445 que reconoce y protege los derechos de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica, ha dado lugar a grandes expectativas ya que por primera vez se ha logrado que los eventuales beneficiarios fueran también garantes del proceso de demarcación y titulación. A pesar de muchos problemas, Dennis Williamson y Gizaneta Fonseca notan que ha habido avances importantes en el proceso de legalización. Sin embargo, enfatizan la necesidad de buscar el consenso y la buena voluntad ya que muchos de estos avances se deben a que las partes involucradas, desde el Gobierno central hasta las instancias locales – indígenas y no-indígenas - que dirigen el proceso, a pesar de representar intereses distintos y hasta antagónicos, han trabajado en una misma dirección.
Pero, como lo señala Claus Kjærby, la ley 445 sólo promueve la titulación de territorios indígenas en las dos regiones autónomas. En cambio, ninguna ley reconoce los derechos ni respeta la identidad y características culturales de los pueblos indígenas del Pacífico y centro norte de Nicaragua. Esto ha llevado a gestionar una Ley General de los Indígenas del Pacífico que sería un instrumento para garantizar la igualdad de derechos con el resto de la población y el primer paso hacia una ley indígena de cobertura nacional.
Kjærby analiza el fundamento de esta iniciativa y las dificultades encontradas, entre otras las reticencias de las autoridades indígenas de la Costa.
El derecho de los pueblos indígenas y afrocaribeños de la Costa Atlántica a sus lenguas y culturas fue establecido por la Constitución en 1987 y luego por el Estatuto de Autonomía y la ley de lenguas de 1993.
Pero, cómo lo explica Arja Koskinen, no fue hasta 1997 con la formulación de un Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) que la educación empieza a basarse en los principios de autonomía y de interculturalidad.
Dos factores han sido importantes en este proceso: la formación integral de recursos humanos procedentes de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas y una reforma curricular que introduce la educación bilingüe y multilingüe intercultural en todos los niveles de educación y en todas las escuelas de ambas regiones autónomas.
En el último artículo, Myrna Cunningham retoma el tema de la relación entre los pueblos indígenas y el
Estado pero desde una perspectiva política. Si bien percibe un incremento en la participación política de los pueblos indígenas en todos los niveles, también nota que la promoción de reformas estructurales del Estado todavía no ha dado los resultados esperados.
Sin embargo, la creciente variedad de estrategias de incidencias, desde movilizaciones hasta el establecimiento de medios de comunicación propios y el uso del ámbito internacional, y la capacidad histórica de resistencia de los pueblos indígenas permite cierto optimismo para que en el futuro se logre su demanda central que, como lo explica Myrna Cunningham, es la participación plena en las decisiones, ejecución y evaluación de políticas públicas que les concierne.

Nota
1 Los censos nacionales usan diferentes criterios para definir los
pueblos indígenas y subestiman en general su número. Las cifras
a continuación son por tanto aproximaciones. México: 15 a
30 millones, o sea 15 a 30 % de la población total (105 millones).
Guatemala: 7 a 7,5 millones de mayas, xinkas y garífunas o sea
el 60% de la población (13 millones). Nicaragua: 140.000 miskitu,
sumu-mayangnas y ramas en la Costa Atlántica y unos
80.000 a 100.000 nahual, ocanxiu, matagalpas, y chorotegas en
el Pacífico y centro norte del país, en conjunto el 5% de la población
(4,8 millones).