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Violaciones a los derechos humanos
Las comunidades y organizaciones indígenas de todo el país están siendo devastadas por la creciente militarización y los abusos a los derechos humanos, especialmente a través de las matanzas políticas incesantes a nivel nacional, que comenzaron cuando la Presidenta Macapagal-Arroyo tomó el poder en 2001. Esta tendencia ha empeorado con la reciente declaración de guerra abierta del gobierno contra la izquierda, que incluye una amplia gama de organizaciones sospechosas de ser “frentes legales” para grupos insurgentes.
Según la documentación de KAMP (una federación nacional de organizaciones indígenas) y KARAPATAN (una alianza nacional independiente de derechos humanos de las Filipinas), ha habido alrededor de 33.000 víctimas indígenas de abusos a los derechos humanos, de las cuales 7474 fueron víctimas de matanzas políticas, disparos indiscriminados y masacres. Para el 9 de septiembre de 2006 ya se habían cometido 96 asesinatos contra pueblos indígenas en las Filipinas durante la administración de la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo (es decir, desde enero de 2001).
En su último informe, “Filipinas, matanzas políticas, derechos humanos y el proceso de paz (agosto de 2006)”, Amnistía Internacional concluyó que las matanzas en las Filipinas tenían una motivación política. Para muchas de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y defensores, el patrón de las matanzas está claramente ligado a Oplan Bantay Laya (Plan de Operación de Observación de la Libertad), que es el programa contrainsurgente de cinco años de la administración de la presidenta. Fue lanzado en enero de 2002 y está programado para culminar en 2007 con las metas de: 1) derrotar inmediatamente a Abu Sayaf; 2) contener activamente a los secesionistas del Frente de Liberación Moro Islámico; y 3) detener la expansión del movimiento comunista.
Bajo el Oplan Bantay Laya, los escuadrones militares de la muerte han apuntado cada vez más, no sólo a los habitantes de aldeas rurales sospechosos de esconder a los insurgentes, sino que también a dirigentes y ancianos indígenas. Esto incluye a Nicanor de los Santos, secretario general de Makabayang Samahan ng Katutubong Dumagat (matado en diciembre de 2001) y Markus Bangit, funcionario regional de las Alianza de Pueblos de la Cordillera (matado en junio de 2006). La preocupación seria respecto al Oplan Bantay Laya es que no distingue entre el disenso político legal, abierto y sin armas, y la rebelión armada. No hace distinción entre civiles y combatientes.
Si desea recibir información sobre los hechos en el área de derechos humanos, Indigenous Peoples Human Rights Watch de las Filipinas tiene una lista de correo. Envíe un e-mail a iphr_manila@yahoo.com.
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 Foto: Christian Erni
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Militarización
Cada presidente filipino desde Marcos en adelante ha declarado su propia versión de una “Política de Guerra Total” contra los grupos rebeldes como el Partido Comunista de Filipinas, el Nuevo Ejército del Pueblo y el Frente de Liberación Moro Islámico. Muchas regiones indígenas son vistas como bases populares para los rebeldes y están sometidas a operativos militares policiales en gran escala, intensivos y sostenidos. Entre los territorios indígenas, Mindanao y Luzon del Norte fueron los más militarizados entre 1972 y 1986. Desde 1986, a pesar de las conversaciones de paz, una región indígena detrás de la otra ha quedado tambaleando después de operaciones de este tipo. Las localidades particularmente vulnerables son aquellas donde hay o se planea desarrollar proyectos mineros, energéticos y afines que se han enfrentado a una fuerte resistencia popular.
Las regiones indígenas militarizadas están repletas de violaciones incesantes a los derechos humanos, incluyendo: el bombardeo, incendio y reconcentración forzosa de aldeas; la imposición de bloqueos de alimentos y “zonas de tiroteo libre” en ciertas áreas; matanzas extrajudiciales, abducciones, tortura y abuso sexual; allanamientos ilegales y saqueo de hogares y oficinas; dispersión violenta de protestas legítimas; y tipos de intimidación de guerra psicológica. Muchas de las víctimas son civiles no combatientes, incluyendo a los dirigentes de organizaciones legítimas, ancianos tribales, mujeres y niños.
En 2005, un manual detallado de las Fuerzas Armadas de las Filipinas, intitulado Conociendo al enemigo, definió a las regiones indígenas explícitamente como “bases de la guerrilla” y, por lo tanto, objetivos para despliegues masivos de tropas. Las Fuerzas Armadas de Filipinas reclutan fuerzas paramilitares entre las comunidades indígenas. Estas unidades son notorias por sus violaciones a los derechos humanos y actividades criminales, aún cuando se disfrazan de “ejércitos indígenas” como el Ejército de Liberación Popular de la Cordillera, en la Cordillera, y Alsa Lumad y Alamara, en Mindanao.
Además de las víctimas directas de la violencia, la militarización perturba muchos aspectos de la vida indígena, desde el trabajo agrícola rutinario hasta la realización de rituales. Erosiona la cohesión comunitaria, incentiva las luchas armadas entre tribus y clanes, y acelera el influjo de los vicios, la criminalidad, la prostitución y otras formas de abuso contra las mujeres. Las organizaciones indígenas y los defensores de los derechos humanos han presentado toneladas de reclamos documentados ante las agencias gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo organismos de las Naciones Unidas, pero pocos han derivado en acciones legales.
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 Foto: Christian Erni
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Agresión relacionada con el desarrollo
Mediante leyes como la Ley de Tierras Públicas de 1902, el Código Forestal Revisado de 1975, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Zonas Protegidas y la Ley de Minería de 1995, vastas regiones no tituladas han sido clasificadas como tierras públicas inalienables y los recursos naturales han sido declarados propiedad estatal. Por lo tanto, el estado y las grandes empresas han tratado a las regiones indígenas como una base de recursos para el “desarrollo nacional”. Han negado los derechos nativos preexistentes sobre estas tierras y recursos, convirtiendo a los pueblos indígenas en ocupantes ilegales de sus propias tierras.
Los territorios de los pueblos indígenas son ricos en recursos naturales y minerales vitales como el oro, el cobre y la plata. El estado ha otorgado consistentemente el acceso fácil a grandes empresas a las tierras madereras, mineras, agrícolas e inclusive a los parques nacionales a través de patentes, licencias, permisos, concesiones, contratos de arrendamiento a largo plazo y programas de eco turismo o biodiversidad. Los proyectos gubernamentales en estas regiones se orientan a cubrir la infraestructura, poder, financiamiento y necesidades laborales de estas empresas.
Algunos ejemplos: de las 23 exploraciones mineras a gran escala que el gobierno considera prioritaria, 18 están ubicadas en territorios pertenecientes a los pueblos indígenas. Las tierras indígenas incluidas en los pedidos de permisos de minería alcanzaban 14.498.526 hectáreas en febrero de 2001; es decir, el 48% del total de la superficie territorial de las Filipinas. Hasta la fecha, se han construido siete mega represas en territorios indígenas y se planea la construcción de más.
Las operaciones extractivas y comerciales a gran escala suelen entrar en conflicto con los derechos territoriales, sustentos y formas de vida de los pueblos indígenas. Muchas comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras ancestrales o expulsadas de ellas; la mayoría no ha recibido compensación hasta la fecha. El acceso de los indígenas ha sido restringido enormemente, incluso meramente para actividades de subsistencia tradicionales como la caza, la recolección, la agricultura de tala y quema, y la minería en pequeña escala. Los recursos minerales, madereros, de vida silvestre y del suelo están siendo mermados, y las divisorias de aguas están destruidas. Las zonas donde se han extraído recursos mineros son abandonadas sin ser rehabilitadas. Los sistemas de ríos, de los cuales los pueblos indígenas dependen enormemente para sus necesidades de agua potable y como fuente adicional de alimento han sido contaminados por los deshechos de la minería y mermados por la deforestación.
La oposición a lo que se llama la ‘agresión del desarrollo’ es fuerte entre los pueblos indígenas, quienes no sólo no se benefician económicamente, sino también cargan con el peso de la degradación ambiental El sitio web del Philippine Indigenous Peoples Link (PIPLinks) brinda
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 Foto: Christian Erni
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Titulación de la tierra
Varias tribus han recibido Certificados de Título de Dominio Ancestral (CADT) bajo la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA). Pero, en general, el proceso de titulación del dominio ancestral (AD) ha sido lento, engorroso y propicio a problemas, mientras que los intereses corporativos que usurpan los AD gozan de una mayor protección legal. A principios de 2005, la Oficina de Dominios Ancestrales de la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP) emitió una guía para la presentación de reclamos. La guía de reclamos es el documento básico que la NCIP estudia y sobre el cual delibera para decidir si otorgar o no el CADT. Las organizaciones de ayuda observaron que, irónicamente, los intentos de la NCIP por clarificar los procedimientos han tenido como resultado una mayor burocratización del proceso, en detrimento de los conceptos y prácticas tradicionales. En otras palabras, la titulación no se ha vuelto más sencilla para las comunidades indígenas. Por lo tanto, muchas comunidades se sienten desilusionadas con la IPRA y deciden explorar otras vías para afirmar sus derechos territoriales.
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Pobreza, salud, educación y cuestiones de género
La mayor parte de las comunidades indígenas siguen siendo pobres y la expansión de la economía monetaria ha llevado a un aumento en los precios de las mercancías básicas en las aldeas del interior. En las zonas rurales más remotas en particular, el estado ha dejado de lado en gran medida la necesidad de encontrar sustentos alternativos y la provisión de servicios sociales como salud, educación e infraestructura comunitaria. Esto se vuelve peor con la privatización, la mercantilización, los fondos insuficientes y el aumento en el costo de estos servicios, y el impacto se siente más en las zonas menos accesibles, donde vive la mayor parte de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, las estadísticas muestran consistentemente que los indicadores de desarrollo humano son más bajos y los de pobreza, más altos, en las regiones indígenas. Las tazas particularmente altas de morbosidad entre las mujeres y los niños indígenas se deben a la desnutrición, la mala sanidad y la falta de acceso a la salud pública; esto, a su vez, se ve agravado por las condiciones militarizadas o de los refugiados internos.
Las tazas de alfabetización de las zonas Lumad de Mindanao y de los grupos negrito son las más bajas, nuevamente, debido a la pobreza, la falta de escuelas y la insensibilidad de la mayor parte de los programas escolares a la lengua y cultura indígena. Las distorsiones de larga data de la historia y la cultura que se enseña en las escuelas, en los libros de texto y en los medios masivos no han sido rectificadas y, por lo tanto, permite la persistencia de concepciones erróneas y actitudes discriminatorias hacia los pueblos indígenas. Se están perdiendo, distorsionando o comercializando aspectos valiosos de la cultura indígena y esto socava la integridad cultural de los pueblos indígenas.
Las mujeres indígenas suelen ser las que más cargan con el peso de la pobreza y militarización, que tienden a impulsar más la violencia contra las mujeres. La mayor pobreza y la falta de un sustento llevan a que una cantidad cada vez mayor de indígenas (principalmente mujeres) se vuelquen hacia los contratos de trabajo en el exterior; se estima que más de 50.000 mujeres indígenas trabajan en este momento en el exterior.
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 Foto: Christian Erni
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Cuestiones indígenas en las Naciones Unidas
El Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó las Filipinas en 2002 para reunir información sobre violaciones a los derechos humanos y libertades básicas de los indígenas. Se reunió con varias agencias gubernamentales, de la ONU, organizaciones indígenas, autoridades académicas y clericales, y asistió a reuniones de diálogo comunitario. El informe Stavenhagen (E/CN.4/2003/90/Add.3 5 marzo de 2003) confirmó muchos de los problemas planteados por las organizaciones indígenas filipinas en relación a las tierras ancestrales, los programas de desarrollo equivocados y las violaciones a los derechos humanos.
En mayo de 2006, la Misión de la ONU en Filipinas pidió la adopción inmediata del proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo inconsistente es que cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó en su primera sesión en junio adoptar el proyecto de Declaración con 30 a favor y 2 en contra, Filipinas fue una de las 12 abstenciones.
El Relator Especial tiene planeado hacer una visita de seguimiento a comienzos de 2007.
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