Editorial
Luego de los atentados del 11 de septiembre, la atención mundial se orientó hacia las guerras de Afganistán e Irak, dejando en el olvido conflictos como el de Colombia, donde, según diferentes agencias internacionales de cooperación se vive una de las peores tragedias humanitarias del hemisferio occidental. Y la situación tiende a agravarse.
La radicalización del conflicto, motivada entre otras causas por el Plan Colombia ha provocado en los últimos meses un aumento sin precedentes en el número de personas que escapan para salvar la vida. Amenazas, miedo, masacres, asesinatos y enfrentamientos entre los grupos armados figuran entre las principales causas del desplazamiento. Si bien no hay cifras precisas se estima que una dos millones de personas en Colombia viven fuera de sus regiones de origen tras haber tenido que huir de la violencia.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, electo en 2002 pareciera que optó por la vía de la guerra para solucionar el conflicto interno. Con el apoyo del “Plan Colombia” los Estados Unidos han triplicado su asistencia militar en el 2003 (Colombia es el tercer receptor de ayuda militar norteamericana, luego de Israel y Egipto) sin que se reduzcan los cultivos ilegales ni disminuya la fuerza de los grupos guerrilleros.
La población indígena y la afrocolombiana constituyen los sectores más afectados por el conflicto armado y la migración forzada en el último año. Estos dos últimos grupos representan más de un tercio de los desplazados, aunque solo son el 11% de la población total de Colombia. Su destino, normalmente, son las zonas marginales de los pueblos y ciudades, donde pasan a incrementar los índices de pobreza.
La Fundación Hemera de Colombia (1), indica que durante el año 2003, fueron asesinados 139 indígenas. Las cifras superan la de los dos años anteriores.
Entre los pueblos más afectados, cabe mencionar a los que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. A pesar de las resoluciones defensoriales y la implementación de medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, fueron asesonados 61 indígenas kankuamos y 5 wiwas y más de mil indígenas tuvieron que abandonar sus tierras.
Los embera por su parte, especialmente los que habitan el Departamento de Chocó, se han registrado en este año, 86 víctimas correspondientes a homicidios, desapariciones y lesiones personales.
Tanto en Sierra Nevada como el Chocó, la violencia es generada por el control de los territorios de actores armados, legales e ilegales, ligados a su vez a la producción de coca o la proyección de megaproyectos.
La Fundación Hemera señala también que en Departamentos como el de Putumayo, donde se desarrolla una fuerte campaña de fumigaciones a cultivos ilícitos, enmarcados en el Plan Colombia, el registro de violaciones es menor al real. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado graves violaciones en la región, pero el miedo a represalias hace que muy pocos casos sean denunciados públicamente. Se estima que la situación tiende a agravarse pues varios programas de asistencia social en la zona están llegando a su fin, generando la próxima retirada de varias ONG de ayuda humanitaria.
En algunas regiones fronterizas, hay pueblos que están abandonado el territorio colombiano para trasladarse a los países vecinos. Es por ejemplo el caso del Vaupés, donde ante la presión de las FARC, los indígenas se trasladan a Brasil.
En agosto de 2002, el Presidente Álbaro Uribe diseñó la Política de Defensa y Seguridad Democrática. El Ministerio de Defensa colombiano asegura que más de 70.000 miembros de las Fuerzas Militares han recibido capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y que las Fuerzas Militares se comprometen “no sólo respetar los derechos humanos de la población civil, si no más importante, hacerlos respetar”. (2)
Pero según las organizaciones de derechos humanos de Colombia, el Ejército y los grupos paramilitares son los principales responsables de la violencia contra las comunidades indígenas. En el Chocó, según estas mismas organizaciones, el 80 por ciento de las violaciones han sido cometidas por fuerzas del Estado.
Debido a la grave situación que atraviesa el país, IWGIA ha querido dedicar la totalidad de este número ampliado de Asuntos Indígenas, a la situación de Colombia.
Para Camilo Castellanos “el Presidente Uribe no ha renunciado a la premisa mayor de su política: la negación de toda diferencia entre combatientes y población civil, porque en su concepto Colombia no está en guerra sino que vive la confrontación entre un puñado de narcoterroristas y el conjunto de la sociedad”.
El Grupo Temático de Desplazamiento, conformado por organizaciones especializadas e instituciones gubernamentales, y coordinado por la Organización de Naciones Unidas, identifica a por lo menos cinco responsables de los desplazamientos, según la región del país a la que se haga referencia. Ellos son los grupos paramilitares conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las organizaciones guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército colombiano.
Consuelo Ahumada hace un análisis de la estrategia regional norteamericana. Ya en 1995 Estados Unidos anunció que Colombia constituía el epicentro del narcotráfico internacional, representando una amenaza a la seguridad nacional norteamericana, dando así inicio al Plan Colombia. 6 años más tarde, la administración Bush extendió la estrategia del Plan Colombia a toda la región, a través de la Iniciativa Regional Andina.
Diego Henao por su parte señala que “la ausencia de reconocimiento estatal del conflicto armado en Colombia ha dado lugar a que los grupos insurgentes e ilegales se rehúsen a reconocer, respetar y acatar los principios de distinción, limitación proporcionalidad, necesarios para regular las acciones bélicas a favor de la población civil, plasmados en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
Cabe destacar que el movimiento indígena colombiano ha sido uno de los más sólidos del Continente, logrando la legalización del 28% del país a favor de las pueblos indígenas. Pero sus conquistas se van perforando, por el desalojo violento de comunidades enteras de sus territorios tradicionales o, como sostiene Efraín Jaramillo, por el debilitamiento de las propias organizaciones indígenas.
Fernando Castrillón Zapata hace una introducción del Pacífico colombiano, una región que hasta hace pocos años estaba condenada al olvido, pero que ahora se ha convertido en uno de los escenarios más fuertes del conflicto colombiano.
La región del Pacífico colombiano es uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo. Habitada por comunidades afrocolombianas y en menor medida por indígenas, ha sido olvidada durante siglos. Pero en la última década, su integración al país, está siendo acompañada por la incursión de grupos guerrilleros y paramilitares, la expansión de plantaciones de coca, transformando al Pacífico en una de las regiones más violentas de Colombia.
Carlos Rosero y Libia Grueso Castelblanco escriben sobre la resistencia de las comunidades negras a la guerra, a través del fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades, para hacer posible el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultura y regional de Colombia.
También en el Pacífico, en la region del Naya, los indígenas, negros y campesinos vienen realizando grandes esfuerzos para trabajar conjuntamente. Todavía permanece muy latente la masacre de abril de 2001 donde grupos paramiliatares asesinaron a un centenar de habitantes del Naya y el desplazamiento masivo de la población.
Hector Mondragón nos brinda una visión general de los megaproyectos que afectan a los territorios indígenas y María Mercedes Jaramillo por su parte presenta un análisis de los cantos funerarios negros, los alabaos, que se realizan la noche del velorio y la última noche de la novena. Para la autora, esta tradición oral “...y los cantos religiosos, han sido un vehículo de resistencia y de apoyo espiritual para las comunidades afrocolombianas en su largo periplo americano”.
Por último, presentamos una serie de documentos de las organizaciones indígenas y afrocolombianas acerca de las consecuencias del conflicto en Colombia.
El situación en Colombia, sostiene la Fundación Hemera “... es simplemente desalentador y apabullante, sobre todo cuando las políticas de atención a la población indígena, víctima del conflicto armado no están definidas, en medio de un espiral de violencia donde los actores armados acuden, con mayor frecuencia, al exterminio físico de las etnías como estrategía de guerra”.
Notas
1 www.indigenascolombia.org
2 www.mindefensa.gov.co/politica/documentos/seguridad |
|
|
