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Asuntos Indígenas 3/03
Terrorismo, Conflictos y Derechos
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 Editorial por Alejandro Parellada
Internacional
Cortocircuito de la justicia en nombre del terror. Por Suhas Chakma
Los indígenas colombianos en el fuego cruzado de la guerra. Por Consejo Nacional Indígena de Paz
Asia
La afirmacion de los derechos de los pueblos indígenas no es un acto de terrorismo. Por Windel Bolinget
América
Peru: el Proyecto Camisea y los derechos de los pueblos indígenas. Por Beatriz Huertez Castillo
Caso 1209: Demanda de Lhaka Honhat contra el estado argentino ante la comision interamericana de derechos humanos. Por Morita Carrasco y Julieta Rossi
Venezuela: IV Congreso de los pueblos indígenas de Amazonas
Ecuador: La ruptura de la alianza indígena con el gobierno. Por Lourdes Licencia Tibán Guala
Mexico antes de los Caracoles. Por Gabriel Baeza Espejel
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Editorial
Alejandro Parellada
Al cierre de esta edición culminaba el sangriento levantamiento popular en Bolivia, con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el inicio de su mandato, hace poco más de un año, las medidas neoliberales del gobierno de Sánchez de Lozada enfrentaron un fuerte rechazo de los sectores campesinos indígenas del país. La última ola de protestas comenzó el 19 de septiembre, ante la propuesta de exportar gas licuado a Estados Unidos y México, vía Chile.
Durante un mes, se produjeron masivas movilizaciones de diferentes organizaciones campesinas-indígenas en las ciudades de Cochabamba, Oruro y especialmente El Alto.
Junto a la demanda del gas se sumaron otras como la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente, la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, el rechazo a la adhesión del Acuerdo de Libre Comercio para las América (ALCA) y soluciones a los conflictos agrarios.
Mientras los campesinos multiplicaban sus marchas y el bloqueo de las principales carreteras del país, se sumaron a las protestas las organizaciones indígenas de las tierras bajas y luego el apoyo, a través de una huelga de hambre, de otros sectores de la sociedad boliviana.
El gobierno instauró un virtual estado de sitio, acusó a la oposición de terrorista y la represión gubernamental ocasionó un mínimo de 77 muertos y 400 heridos de bala. La gran mayoría campesinos-indígenas.
Las protestas terminaron por extenderse por todo el país, la ciudad de La Paz, sede del gobierno, quedó incomunicada por los bloqueos campesinos y el gobierno aislado políticamente. Finalmente, el 17 de octubre, Sánchez de Lozada presentó su renuncia ante el Congreso Nacional, huyó a Miami y fue reemplazado por su vicepresidente, Carlos Mesa, quien se comprometió a un referéndum por el tema del gas, una Asamblea Constituyente y un gobierno transitorio, sujeto a la decisión del Parlamento nacional.
Desde IWGIA, durante los últimos años y en diferentes publicaciones, hemos venido informando de la explosiva situación boliviana y este último levantamiento no es más que la acumulación de una serie de reclamos populares desatendidos por los gobiernos de turno.
Bolivia sin duda no es la misma luego de lo que se dio en llamar “la guerra del gas”. Una revuelta de estas dimensiones, con tantas muertes, no se soluciona con un simple cambio de figuras en la presidencia. Mientras en estos momentos el gobierno de Mesa vive una tregua social que seguramente no será muy larga, es difícil vislumbrar soluciones a los problemas de fondo que tiene sumergido al país en la extrema pobreza. Pero ahora, las organizaciones campesinas-indígenas exigen que se investigue la matanza de estas últimas semanas y se juzgue a los responsables.
Bolivia, al igual que otros países de la región, cuentan con enormes riquezas naturales que continúan siendo explotadas sin ningún beneficio para la población local.
Así como Bolivia cuenta con reservas de gas que lo ubican en la tercer potencia gasífera a nivel latinoamericano, Perú por ejemplo se encuentra también en estos momentos negociando la producción y venta de gas, en la zona amazónica de Camisea. Por ello, no sorprende el nerviosismo que mostró el gobierno peruano por la revuelta en Bolivia. En esta revista tratamos extensamente el tema de la explotación del gas de Camisea, que – como indica Beatriz Huertas- “amenaza pasar a integrar la larga lista de proyectos de ‘desarrollo nacional’ que han ocasionado graves trastornos en la vida de los pueblos indígenas que habitan las zonas intervenidas”. Los 30 años de explotación de hidrocarburos en Perú han tenido un impacto negativo a nivel socioambiental por lo que el actual gobierno, que en reiteradas oportunidades se ha declarado defensor de los derechos indígenas, debe tomar en cuenta los reclamos de las organizaciones indígenas en relación al proyecto de gas de Camisea.
Como mencionamos en el caso boliviano, varios gobiernos –especialmente después de los atentados del 11 de septiembre- han descalificado a la oposición de subversivas o terroristas, para intentar legitimar la represión de esta.
Suhas Chakma, trata en esta edición de Asuntos Indígenas, las medidas ilegales que diferentes gobiernos están implementando en nombre de la guerra antiterrorista, afectando en muchas situaciones a los pueblos indígenas. En el caso de la India, se han adoptado leyes antiterroristas que en principio estaban concebidas para el conflicto en Jammu y Kashmir pero que en la práctica, desde la adopción de la ley, la mayoría de los detenidos, provienen de otra región: los dirigentes indígenas adivasi de Jharkhand. Suhas advierte que con las nuevas legislaciones antiterroristas se han desdibujado la distinción de aquellos que desafían la ley y los que predican los valores de la democracia.
Colombia por su parte continua viviendo el terror de un conflicto armado que parece interminable, donde los pueblos indígenas se encuentran en medio del fuego cruzado. Si bien nuestro próximo número de Asuntos Indígenas será dedicado exclusivamente al tema de Colombia, presentamos aquí un panorama general de la guerra y la política de “seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que entre otras consecuencias, viene ocasionando el desplazamiento de muchas comunidades indígenas.
También en esta revista, se analiza el caso de Filipinas donde los espacios políticos se han reducido drásticamente luego de las medidas antiterroristas. Para el gobierno filipino, las medidas terroristas se extienden a la represión de manifestaciones pacíficas, huelgas y otras acciones colectivas. Según Windel Bolinget el gobierno de Filipinas ha implementado una campaña para destruir determinadas organizaciones como la Alianza de los Pueblos de la Cordillera, categorizada por el Ejército como terrorista.
Mientras tanto en Ecuador, el movimiento indígena optó en su momento formar parte del gobierno nacional, pero las contradicciones que se fueron generando con la política neoliberal del Presidente Lucio Gutiérrez, provocó el retiro de los indígenas de la coalición de gobierno. Aquí presentamos el alegato de la dirigenta y ex funcionaria de gobierno, Lourdes Tibán contra el Presidente Lucio Gutiérrez, a quien lo acusa de declarar la guerra contra los indígenas.
En Argentina, las comunidades indígenas del chaco salteño optaron por la vía de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado nacional, por la violación de los derechos a la vida, generado a partir del conflicto de tierras entre las comunidades indígenas y familias criollas. Las autoras señalan también que una debilidad del movimiento indígena en Argentina, es que cada organización o comunidad, lleva adelante su lucha, aislada de los demás, al no existir un frente nacional indígena que les permita actuar como grupo de presión ante el Estado.
Por último informamos brevemente sobre los avances del movimiento indígena amazónico de Venezuela y la situación de los pueblos indígenas de México que han alcanzado nuevamente notoriedad a partir de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen. Si bien el informe oficial de su visita aun no ha sido difundido, presentamos aquí un artículo sobre lo que fue su trabajo como Relator Especial en México.
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