• Pueblos indígenas en Algeria

    Pueblos indígenas en Algeria

Mundo Indígena 2019: Argelia

Los amazigh son el pueblo indígena de Argelia y de otros países del norte de África y su presencia en estos territorios data desde tiempos antiguos. Sin embargo, el Gobierno argelino no reconoce su estatus de indígenas y se rehúsa a publicar estadísticas acerca de su población.

Debido a esto, no hay datos oficiales acerca del número de amazigh que habitan en Argelia. Basándose en datos demográficos relativos a los territorios en los que viven las poblaciones hablantes de tamazight, las asociaciones que defienden y promueven al pueblo amazigh estiman esas poblaciones en alrededor de 12 millones de personas, es decir, un tercio de la población total de Argelia. Los amazigh de Argelia se concentran en cinco grandes regiones del país: Cabilia en el noreste (donde se concentra alrededor del 50 % de los amazigh en el país); Aurès en el este; Chenoua, una región montañosa en la costa mediterránea al oeste de Argel; M’zab en el sur (Taghardayt); y el territorio tuareg en el Sahara (Tamanrasset, Adrar, Djanet). En el suroeste (Tlemcen, Bechar, etc.) y en otros lugares del país están dispersas muchas comunidades amazigh pequeñas. También es importante señalar que las grandes ciudades como Argel, Orán, Constantina, etc. son el hogar de cientos de miles de personas que son histórica y culturalmente amazigh pero que han sido parcialmente arabizados a lo largo de los años, al sucumbir a un proceso gradual de aculturación.

La población indígena se puede distinguir principalmente de otros habitantes por su idioma (tamazight) pero también por su modo de vida y su cultura (ropa, comida, canciones y bailes, creencias, etc.). Finalmente en 2016, después de décadas de reivindicaciones y luchas populares, se reconoció a la lengua amazigh como un “idioma nacional y oficial” en la Constitución de Argelia. No obstante, la Constitución sí especifica que será necesario precisar en una ley parlamentaria el carácter oficial de la lengua amazigh. Mientras tanto, su identidad continúa siendo marginada y folklorizada por las instituciones del Estado; oficialmente, Argelia se sigue presentando como un “país árabe” y continúan vigentes las leyes antiamazigh, como la Ley de Arabización de 1992.

Argelia ha ratificado las principales normas internacionales y en 2007 votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos desconoce la existencia de estos textos y, por lo tanto, continúan sin implementarse, lo que ha llevado a los órganos de supervisión de los tratados de la ONU a formular numerosas observaciones y recomendaciones al Gobierno de Argelia para exhortarlo a cumplir sus compromisos internacionales.

La lengua amazigh

La reforma constitucional adoptada en 2016 permitió que se estableciera el tamazight como lengua nacional y oficial (artículo 4) y preveía que ‘‘las normas de implementación que rigen este artículo se establecerán en una ley parlamentaria’’.1 Desde entonces, las organizaciones amazigh han estado solicitando reiteradamente la adopción de una ley para formalizar el estatus del tamazight como lengua oficial; finalmente, esa ley fue aprobada el 2 de septiembre de 2018. Sin embargo, no se centra en la implementación de la lengua con carácter oficial como se tenía previsto, sino solo en la creación de la ‘‘Academia Argelina de la Lengua Tamazight’’ (Ley Nº 18-17 con fecha de 02/09/2018). Por lo tanto, existen serias dudas acerca de los objetivos de esta ley parlamentaria.

No hubo consulta alguna sobre el proyecto de ley para la creación de este órgano, ni sobre sus objetivos, miembros y gobernanza, ni tampoco hubo consentimiento previo, libre e informado por parte de los propios amazigh. Además, ninguno de los considerandos que figuran en el preámbulo de la ley se refiere a alguna consulta o consentimiento de esa índole. Fue el jefe de Estado el que pidió al gobierno que estableciera “un proyecto de ley para crear una Academia Argelina de la Lengua Tamazight”2 y el gobierno simplemente cumplió con las instrucciones. También cabe señalar que el gobierno eligió al presidente y a los miembros de esta academia en un proceso sin transparencia alguna y es también el gobierno el que puede removerlos de los cargos, de modo que esta institución no es independiente del poder ejecutivo.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han denunciado que esta ley no aborda la urgente necesidad de formalizar con carácter oficial la lengua tamazight. En octubre, estudiantes de bachillerato de las regiones amazigh, especialmente de Cabilia, se fueron a huelga para protestar por las obstrucciones administrativo-políticas que se presentan con respecto a la educación en el idioma amazigh.3

Violaciones de los derechos y libertades de reunión y expresión

Los defensores de los derechos humanos de los amazigh, miembros de asociaciones que promueven la cultura y el idioma de los amazigh y miembros de movimientos que trabajan por el derecho a la autodeterminación en sus territorios – en particular el Movimiento por la Libre Determinación en Cabilia (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie) y el Movimiento por la Autonomía M’zab (Mouvement pour l’Autonomie du Mzab) – son constantemente vigilados e intimidados. Además, son víctimas de amenazas y arrestos arbitrarios y también sus actividades sufren al ser prohibidas o reprimidas por la policía de forma violenta. Algunas asociaciones se enfrentan a que se les niegue la renovación de su autorización administrativa, lo que conduce a la suspensión de facto de sus actividades. La asociación Tiawinin se quejó públicamente de que las autoridades del Estado “habían cancelado conferencias, que estaban tratando de silenciar su cultura y que buscaban sofocar la libertad de expresión”.4

La policía ha prohibido o ha impedido conferencias públicas, cafés literarios, foros de discusión y marchas pacíficas en Bugía, Aokas, Bouzguen, Tizi-Ouzou, Ouadhia, Sidi-Aïch y Haizer. Se ha impedido que se celebren docenas de reuniones pacíficas, por no mencionar todas las otras que han sido canceladas por los mismos organizadores por miedo a que sean vetadas.

El 10 de marzo de 2018, los kabyl tenían previsto celebrar el 38º aniversario de la ‘‘Primavera amazigh’’. La policía dispersó violentamente las reuniones populares organizadas para ese día en varios pueblos alrededor de Cabilia (Tizi-Wezzu, Vgayet, Tuvirett, etc). Varias docenas de personas fueron injustamente detenidas y llevadas a diferentes estaciones de policía para ser identificadas e interrogadas.

En julio de 2018, doce estudiantes de la Universidad de Tuvirett (Bouira) en Cabilia, miembros del Colectivo Nacional para la Defensa de la Identidad Amazigh (Collectif national pour la défense de l’identité amazighe) fueron multados y condenados a dos años de prisión por haber participado en una marcha pública el 11 de diciembre de 2017.

En junio, el tribunal de apelación de Vgayet condenó al bloguero Kabyle Merzoug Touati a siete años de prisión por haber publicado en su blog una entrevista con un ciudadano israelí. Se acusó a Merzoug Touati de tener vínculos con agentes extranjeros y de haber incitado a las personas a desobedecer a las autoridades del Estado.5 El día del juicio, cuarenta personas (incluidos defensores de derechos humanos y representantes elegidos) que se presentaron a la audiencia fueron arrestadas por la policía y se les impidió asistir al juicio. Según los abogados de la defensa, no había razón para condenar a Merzoug Touati ya que él simplemente había ejercido su derecho a la libertad de opinión y expresión, tal y como la Constitución del país lo estipula. Por lo tanto, fue una condena ilícita.

Salim Yezza, uno de los principales organizadores del movimiento popular en la región de Aurès (una región de hablantes de tamazight situada en el este de Argelia), se vio obligado a huir de la persecución perpetuada por la policía argelina en 2011 y tuvo que buscar refugio en Francia. El 5 de julio de 2018, al regresar al pueblo de Tkukt, cerca de Batna (a 400 km al este de Argel), para asistir al funeral de su padre recién fallecido, Salim Yezza fue detenido por la policía fronteriza en el aeropuerto de Biskra. Posteriormente, fue procesado por el Tribunal de Taghardayt (Ghardaya) por “incitación a la violencia” y condenado a un año de prisión, además de recibir una multa de 100,000 dinares. Sus abogados, Nouredine Ahmine y Koceila Zerguine, creen que se trata de una condena arbitraria porque no había evidencia de que Salim Yezza hubiera incitado a alguien a cometer un acto violento. Dijeron que “simplemente había ejercido su libertad de opinión y expresión”.6

El 14 de noviembre, al regresar de Túnez – donde había participado en la Octava Asamblea General del Congreso Mundial Amazigh – Hamou Chekebkeb, miembro del Consejo Federal de esta ONG en representación del pueblo mozabita, fue arrestado por la policía en la frontera entre Argelia y Túnez y detenido durante dos días sin motivo alguno.

A pesar de la liberación de unos treinta detenidos en 2017, en la región de M’zab (600 kilómetros al sur de Argel), aún existe un número desconocido de personas locales detenidas tras juicios injustos. La región sigue sujeta a una vigilancia policial estrecha, que incluye la vigilancia de comunicaciones telefónicas e Internet. Varios mozabitas han tenido que huir de Argelia en secreto porque se les busca por haber expresado sus opiniones políticas.

Naima Salhi, miembro del Parlamento argelino, expresa con frecuencia su odio hacia los amazigh en periódicos nacionales y en redes sociales y no sufre consecuencias debido a su inmunidad parlamentaria. Las OSC han solicitado repetidamente que se le retire su inmunidad, en vano. 7

Marginación de los tuareg

Según el movimiento cultural amazigh en Aurès, los restos históricos del amazigh (las tumbas de Medghassen, Dihya y Masinisa; Ghoufi, etc.) en la región de Aurès en el este de Argelia están descuidados y ahora se encuentran en un estado de abandono que resulta preocupante.

A comienzos de 2018, el amenokal (jefe tribal de los tuareg) de Hoggar (territorio tuareg en el sur de Argelia), Ahmed Edabir, denunció públicamente “la exclusión, marginación y desdén a los que se enfrentan los tuareg de Hoggar”.8 El representante de los tuareg condenó la discriminación que se sufre con respecto a empleos y beneficios sociales, al igual que el cierre de las fronteras meridionales de Argelia, lo cual impide particularmente a los tuareg de Tamanrasset y Djanet mantener sus relaciones tradicionales (familiares, socioculturales y comerciales) con las comunidades tuareg en las regiones de Azawad (Malí septentrional) y Fezzan (Libia meridional).

Inspección por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

A nivel internacional, Argelia presentó su informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los días 4 y 5 de julio de 2018, en cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/SR.3494 y 3495). Una vez examinados este informe y los informes paralelos presentados por las ONG, el Comité de Derechos Humanos publicó sus observaciones finales, entre las que figuran las siguientes:

  • El Comité toma nota de que, de conformidad con el artículo 150 de la Constitución, los tratados tienen precedencia sobre las Sin embargo, le preocupa que en la práctica el Pacto no siempre tenga precedencia sobre las leyes nacionales. […] el Comité reitera su preocupación y considera lamentable que se hayan proporcionado pocos ejemplos de casos en los que se ha invocado el Pacto [...] El Estado parte debe tomar medidas para asegurar la precedencia del Pacto sobre las leyes nacionales y, por lo tanto, dar pleno efecto a los derechos consagrados en él. También debe tomar medidas para aumentar la concientización sobre el Pacto y el Protocolo Facultativo entre jueces, fiscales y abogados a fin de asegurar que sus disposiciones sean examinadas e implementadas en mayor medida por los tribunales nacionales. […]
  • […] al Comité le sigue preocupando que la definición de discriminación no incluya motivos de discriminación como el idioma, creencias religiosas, orientación sexual e identidad de género y lamenta que la legislación actual no ofrezca recursos civiles y administrativos eficaces a las víctimas. Al Comité también le preocupan las alegaciones de actos de discriminación, estigmatización e incitación al odio en contra de migrantes, solicitantes de asilo y comunidades amazigh. El Estado parte debe comprometerse a combatir el discurso de odio pronunciado por personas públicas o privadas, incluso en redes sociales e Internet, de conformidad con los artículos 19 y 20 del Pacto y la observación general Nº 34 (2011) sobre la libertad de opinión y expresión. […]
  • […] reitera además su preocupación por los artículos 96, 144, 144 bis, 144 bis 2, 146, 296 y 298 del Código Penal, que disponen que las actividades vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, tales como la difamación o insultos contra funcionarios o instituciones estatales, siguen siendo delitos y están sujetas a multas. El Comité expresa su preocupación por las denuncias de que estas disposiciones penales se utilizan para obstaculizar la labor de periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Hassan Bouras, Mohamed Tamalt y Merzoug Touati (artículos 6 y 19 del Pacto).
  • El Estado parte debe alinear las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica No. 12-05 del 12 de enero de 2012 y del Código Penal con el artículo 19 del Pacto y liberar a todas las personas condenadas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión conforme al artículo 19 del Pacto, y conceder a esas personas una indemnización completa por los daños sufridos. […]
  • […] El Comité expresa su preocupación por la Ley Nº 12-06 del 12 de enero de 2012 (la Ley de Asociaciones), en la medida en que sus disposiciones son restrictivas y someten el objetivo de las asociaciones a criterios generales vagos e imprecisos, tales como el interés público y el respeto de los valores y principios nacionales. También le preocupa que, bajo esa legislación, a) la fundación de una asociación esté sujeta a un procedimiento de autorización; b) la cooperación con organizaciones extranjeras y la recepción de fondos procedentes del extranjero estén sujetas a autorización previa por las autoridades; y c) que las asociaciones puedan disolverse por una simple decisión administrativa por razones de ‘‘interferencia con los asuntos internos del país o por agravio a la soberanía nacional’’. Además, le preocupan los numerosos informes creíbles según los cuales el Gobierno ha rechazado los estatutos de organizaciones existentes que se habían actualizado para alinearlos con la nueva legislación, ya que esa práctica limita las libertades de las asociaciones y expone a sus miembros a penas severas por actividades no autorizadas (artículo 22).
  • El Estado parte debe modificar la Ley Nº 12-06 del 12 de enero de 2012 relativa a las asociaciones para que se ajuste plenamente a las disposiciones del artículo 22 del Pacto y para asegurar que los estatutos actualizados de las asociaciones existentes sean legalmente reconocidos; asimismo, debe abstenerse de utilizar las disposiciones de la Ley Nº 12-06 como medio para suspender de facto las actividades de asociaciones específicas. […]

Notas y referencias

  1. Constitución de la República Argelina, Diario Oficial, en http://bit.ly/2IFXO07
  2. Comunicado de prensa oficial del presidente de la República Argelina, en http://bit.ly/2IDF7ug
  3. “Les élèves exigent la généralisation de l’enseignement de Tamazight” en el periódico Liberté, 24 de octubre de 2018, http://bit.ly/2IDG2uI
  4. Véase el comunicado de prensa publicado por la asociación Tiawinin «Le chef de daïra de Bouzeguène refuse de renouveler l’agrément de l’association Tiawinin”.
  5. Véase “Algérie: un blogueur condamné en appel à sept ans de prison”, 22 de junio de 2018, en http://bit.ly/2II1vm6
  6. Véase “Affaire selim Yezza: le tribunal de Ghardaya a rendu son verdict», 7 de agosto de 2018, en Algérie Focus, http://bit.ly/2IFRk1v
  7. Véase “Algérie: Naïma Salhi s’attaque de nouveau à Tamazight», 6 de septiembre de 2018, en ObservAlgérie: http://bit.ly/2IF90KG
  8. “La patience des Touaregs a des limites”, entrevista publicada el 25 de febrero de 2018, en http://bit.ly/2IH4pra

Belkacem Lounes tiene un doctorado en Economía y es profesor universitario (Universidad de Grenoble), miembro experto del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y autor de numerosos informes y artículos sobre derechos amazigh.

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