Existen 36 pueblos reconocidos en Bolivia. Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y una nueva Constitución, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
Según el Censo Nacional de 2012, 2.8 millones de personas mayores de 15 años, o el 41% de la población total, son de origen indígena.
Existen 36 pueblos reconocidos, siendo el Quechua y el Aymara, los mayoritarios en los Andes occidentales.
El Chiquitano, el Guaraní y el Moxeño son los siguientes más numerosos, formando parte de los 34 pueblos indígenas que viven en las Tierras Bajas de la región oriental del país.
Principales amenazas para los pueblos indígenas de Bolivia
Un gran desafío para los pueblos indígenas de Bolivia está relacionado con las prospecciones sísmicas en busca de nuevas reservas de petróleo y gas, así como con los proyectos hidroeléctricos, que impactan directamente sobre la vida de los pobladores indígenas y campesinos que habitan dichos territorios.
Caso: Progreso en el proceso de autonomía indígena
El 20 de noviembre de 2016, se celebraron referendos para aprobar los estatutos de autonomía en la zona andina y en el Chaco. En los Andes, los pueblos Uru y Chipaya del departamento de alto altiplano de Oruro aprobaron su Carta Autónoma con un 77,4 por ciento de votos a favor, con la cual se dotan de un instrumento que les permite formar un gobierno indígena que sustituya al gobierno municipal. En enero de 2017 asumió sus funciones el primer gobierno indígena autónomo de la provincia de Charagua
En 1990, indígenas de las Tierras Bajas protagonizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad con el objetivo de reclamar por sus derechos a la tierra y el territorio. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, se abrió un horizonte legal para que los pueblos Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Chimán, Yuracaré y Movima de la Amazonía Sur iniciaran su proceso autonómico. Tras 12 años de sortear los obstáculos burocráticos, los pueblos que conforman el Territorio Indígena Multiétnico están a pocos pasos de la constitución formal de su gobierno autonómico.
Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce ampliamente los derechos indígenas, la mayoría de las leyes y políticas poseen palabras técnicas que dificultan su comprensión. En paralelo, faltan traductores, intérpretes y peritos que acompañen a los indígenas en los procesos judiciales. La perito indígena Mónica Guzmán narra su experiencia en la región del Chaco, donde trabaja sobre todo con mujeres y niñas guaraníes abusadas.
Las mujeres del pueblo Tsimane’ enfrentan una doble fragilidad: por ser indígenas y por ser mujeres. Como guardianas de la selva y los conocimientos ancestrales, sus modos de producción siguen el principio de la armonía con la naturaleza: cuidan el equilibrio natural del monte, estipulan los tiempos de la caza y la pesca, recolectan el agua y acarrean la leña para cocinar y calentar a sus familias. Las mujeres tsimane’s luchan por garantizar el acceso a la salud, la educación y el carnet de identidad de sus hijos, su principal inspiración.
Según el Censo Nacional de 2012, el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48 %. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla quechua (49,5 %) y aymara (40,6 %). En las Tierras Bajas, son mayoría los chiquitano (3,6 %), guaraní (2,5 %) y moxeño (1,4 %), que junto al 2,4 % restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos.
La justicia indígena reconoce que las comunidades tienen sus propias estructuras organizativas y permite que puedan ejecutar su propias normas bajo la garantía del Estado nación. En este sentido, la ley promueve la convivencia social armónica y la cooperación entre las justicias ordinaria, indígena y agroambiental. A pesar de que existe un amplio marco normativo que reconoce la pluralidad de jurisdicciones, todavía existen muchos obstáculos para el ejercicio y el respeto del derecho indígena. Es necesario que los pueblos indígenas fortalezcan sus organizaciones, conozcan sus normas y enseñen su importancia a las nuevas generaciones.
Seminario Regional sobre Justicia Indígena. Foto: Mario Cerezo
En 10 años, el control de la sociedad no se ha reflejado en la explotación de los yacimientos ubicados en el Salar de Uyuni. A pesar de ser un derecho establecido en la nueva Constitución Política, la consulta previa nunca se implementó. Por su parte, las dos consultas públicas realizadas fueron un mero requisito para obtener las licencias ambientales. Las comunidades indígenas de Potosí reclaman saber el impacto de las piscinas de evaporación, las plantas industriales o las plantas de abastecimiento de agua. Más allá de los errores en la puesta en marcha, la industrialización falla porque el Gobierno del MAS no promueve un espacio de diálogo en el cual todos los actores participen en la toma de decisiones.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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