• Pueblos indígenas en Bolivia

    Pueblos indígenas en Bolivia

    Existen 36 pueblos reconocidos en Bolivia. Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y una nueva Constitución, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
  • Pueblos

    Existen 36 pueblos indígenas reconocidos en Bolivia. Tienen derechos constitucionales legalmente reconocidos a nivel federal y en varias provincias.
  • Derechos

    En 2007, Bolivia adopta la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con la adopción de dicha declaración y una nueva Constitución, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
  • Desafíos

    Los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas de prospecciones sísmicas en busca de nuevas reservas de petróleo y gas, y de instalación de proyectos hidroeléctricos.

Mundo Indígena 2019: Bolivia

Según el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48%1. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5%) y Aymara (40,6%), que se auto-identifican con 16 nacionalidades.

En las Tierras Bajas, son mayoría los Chiquitano (3,6%), Guaraní (2,5%) y Moxeño (1,4%), que junto al 2,4% restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que representan el 21% de la extensión total del país. Con la aprobación del Decreto nº 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de Derechos Humanos, es signataria del Convenio Nro. 169 de la OIT desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley N.º 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado en 2009 Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.

La repostulación presidencial de Evo Morales

La repostulación presidencial indefinida sugerida por la Sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional ha sido el hecho de coyuntura que ha marcado prácticamente todo el año, repercutiendo también en la relación entre organizaciones indígenas oficialistas y disidentes con el Gobierno Nacional. Durante este año se intensificó la presencia de funcionarios públicos nacionales en las comunidades y localidades intermedias de fuerte composición indígena, con el propósito de gestionar proyectos de desarrollo condicionados a la reafirmación de apoyo político para la reelección del binomio presidencial. Habrá que esperar hasta octubre de 2019 para saber si esta política ha dado los frutos esperados, aunque ya existe un sector importante entre las organizaciones indígenas que públicamente ha retirado su apoyo al Gobierno por contradecir no sólo la Constitución sino también el principio “el poder se comparte”, propio de los pueblos indígenas.2

El 1º de septiembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional -Congreso bicameralaprobó la nueva Ley de Organizaciones Políticas Nro. 1096/183, que ordena la realización de elecciones primarias obligatorias para febrero de 2019. Sin embargo, fue el Tribunal Electoral el que decidió sobre la aceptación de las candidaturas a esas elecciones preliminares, cuestión que derivó en un nuevo conflicto político que terminó con la renuncia de la presidenta del Tribunal y de uno de sus vocales más destacados.4 Este hecho alteró la correlación de fuerzas internas dejando al órgano más susceptible de las presiones provenientes del oficialismo.5 Una muestra de ello fue la validación de la candidatura oficialista hecha por el Tribunal a inicios de diciembre, quedando legitimada la cuarta reelección presidencial.6

Fallo del mar de la Corte Internacional de Justicia

Entre los sucesos más relevantes y esperados por toda Bolivia, estuvo el ansiado fallo que hiciera posible el acceso soberano al Océano Pacífico a través de un diálogo con Chile, país que arrebató las costas bolivianas en la guerra de 1879-1883. La demanda se presentó ante la Corte Internacional en 2013 y se dictó un pronunciamiento sobre cuestiones preliminares en 2014 ampliamente favorable a Bolivia. Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de los sobrados argumentos que demostraban el compromiso de Chile de otorgar una salida soberana al mar para su vecino, la Corte rechazó con amplio margen las aspiraciones bolivianas. El hecho tuvo repercusiones políticas negativas para el Gobierno que esperaba legitimar su reelección con una victoria en La Haya.

Rechazo a la Acción Popular contra represa “Rositas”

La Coordinadora de Defensa de los Territorios Indígenas7, agrupa a un conjunto de organizaciones de pueblos indígenas, activistas y organismos de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente que vienen articulando esfuerzos para contrarrestar decisiones estatales inconsultas que autorizan la construcción de grandes obras de infraestructura que afectan territorios y comunidades indígenas. Como parte de esa estrategia, las comunidades guaraní de Tatarenda y Yimao, a través de sus autoridades originarias, interpusieron un recurso de Acción Popular denunciando la violación del derecho a la consulta libre previa e informada, establecida en la Constitución y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, vigente en Bolivia desde 2007. La acción fue interpuesta el 28 de marzo y admitida a tramitación, ordenándose la suspensión administrativa del proyecto8. Sin embargo, frente a las presiones del Gobierno, según denunciaron los guaraní y su abogado9, el caso fue derivado por defecto de jurisdicción al juzgado de Lagunillas, que falló en contra de los peticionarios. De todos modos, el presidente Evo Morales declaró que el proyecto sería paralizado y los recursos previstos para desarrollar el mismo empleados en otras obras, aunque hacia fines de diciembre sostuvo la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la construcción de la represa.10

Visita del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN)

Entre el 14 y 23 de agosto una comisión del TIDN11 visitó el país especialmente designada para investigar las denuncias sobre la construcción inconsulta de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Antes, en Bonn, Alemania los días 7 y 8 de noviembre de 201712, esta comisión escuchó a Marqueza Teco y Fabián Gil, presidentes de la Subcentral de Mujeres del TIPNIS y de la Subcentral TIPNIS, respectivamente, acerca de las afectaciones que implicaban la realización de este proyecto.13 La Comisión visitó las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y La Paz, reuniéndose con defensores de los derechos humanos y el ambiente, funcionarios de gobierno y expertos en la temática indígena. En la comunidad de Tridinacito del TIPNIS, frente a una gran asamblea, recogió los testimonios de decenas de comunidades sobre las afectaciones del proyecto carretero y la aprobación de la Ley Nro. 180/11 que declara la intangibilidad del TIPNIS como mecanismo de defensa de su hábitat natural.14 Después de la visita, la Comisión envió al Estado Plurinacional un cuestionario manifestando su preocupación en base a las denuncias recogidas y solicitando información sobre la contratación de empresas ejecutoras para dar continuidad a la carretera, medidas de mitigación ambiental en las áreas de realización de las obras civiles y las causas de la deforestación en el llamado Polígono 7, entre otras.15

Autonomía indígena en el Bosque de Chimanes

El autogobierno en sus territorios y municipios es desde hace tiempo el principal eje reivindicativo de las organizaciones indígenas de Bolivia. Con sus vaivenes, el Estado viene acompañando esta demanda, aunque este año no hubo grandes avances en comparación con años anteriores.16

Donde se ha registrado importante progreso es en el proceso de autonomía del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en el departamento sudamazónico del Beni. Durante todo este año se han desarrollado múltiples reuniones y encuentros entre el Estado y las subcentrales de los territorios Multiétnico, Movima y T’simane para consolidar una parte importante del Bosque de Chimanes17 en favor del TIM, integrando la jurisdicción territorial de la naciente autonomía indígena. Finalmente, el Gobierno accedió a firmar un Acuerdo de Titulación18, con el que se garantiza la titulación colectiva por la vía agraria del área demandada y la continuidad del proceso de autonomía con dicha área en el territorio TIM.

Notas y referencias

  1. INE 2017, sobre consulta para el Navegador Indígena –Bolivia.
  2. Véase The New York Times, “En Bolivia, la base indígena le retira su apoyo a Evo Morales” https://nyti.ms/2T59ygK
  3. Contraria a la Constitución y traicionando los acuerdos de consulta para su elaboración, la Ley 1096 privó a las organizaciones y pueblos indígenas del derecho a participar en las elecciones nacionales a través de sus instituciones representativas, autorizando exclusivamente la participación por medio de partidos polí
  4. La activista Katia Uriona y el sociólogo José Luis Exeni, ex Presidente de la Corte Nacional Electoral entre 2006 y 2009.
  5. Véase Correo del sur, “Más sobre las renuncias de Uriona y Exeni” at http://bit.ly/2T7Hvxa
  6. Al día siguiente de la decisión del TSE miembros de la oposición tuvieron una Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se solicitó se consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana, en particular si ésta considera la reelección indefinida como un derecho humano, tal como definió la sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Se espera una decisión al respecto para
  7. Integran la Coordinadora las organizaciones y comunidades que se oponen a la construcción de la Represa Rositas (Santa Cruz) y de las represas sobre el río Bala, a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS, a las actividades hidrocarburíferas en el Parque Nacional Tariquía, entre otras.
  8. Véase Pagina Siete, “Juez admite acción popular y dispone paralización del proyecto hidroeléctrico Rositas” at http://bit.ly/2Tb1JGB
  9. Véase Oxigeno, “Juez rechaza acción popular de comunidades guaraníes contra hidroeléctrica Rositas” at http://bit.ly/2T76fWn
  10. Véase La Razon, “Evo habla de hacer un referéndum para la construcción de proyecto hidroeléctrico Rosita” at http://bit.ly/2T76H71
  11. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza es una instancia de carácter ético que tiene como objetivo investigar y dictaminar violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de organizaciones internacionales, Estados, personas jurídicas privadas o públicas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra aprobada en el año 2010 durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre le Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierr realizada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. http://bit.ly/2T5SG9A
  12. El TIDN sesionó de manera paralela a la Conferencia sobre Cambio Climático COP
  13. Mundo Indígena (2018) Pág. 175
  14. En fecha 19 de agosto la Comisión del TIDN fue retenida por más de 5 horas en el llamado “Polígono 7” cuando se dirigía a la comunidad de Santísima Trinidad invitado por la organización Consejo Indígena del Sur (CONISUR), compuesto por colonos del área sur del TIPNIS y que abogan por la construcción de la carre http://bit.ly/2SX4ivN
  15. Véase CEJIS at http://bit.ly/2SZYOjO
  16. El Bosque de Chimanes es un área de más de 000 ha de bosque, escenario de movilizaciones mesiánicas en la llamada búsqueda de la “loma santa” o “tierra sin mal”, protagonizada por grupos de indígenas mojeños, yuracaré y movimas en diferentes momentos de la historia. En los años 70’ fueron entregadas para la explotación maderera a empresarios. Los decretos que reconocieron los territorios indígenas tras la 1ª Marcha Indígena “Por el territorio y la dignidad” de 1990, prescribieron que, a la finalización de los contratos de las empresas, el área debía retornar al dominio de los pueblos que allí habitaban. La Ley Forestal de 1996 hizo que dichos contratos se extiendan hasta 2011, fecha desde la cual el Estado no ha devuelto esos bosques a los pueblos.
  17. En una superficie de 283.000 ha
  18. Ver APCBolivia, “Corregidores y autoridades acuerdan titular tierras de indígenas del TIM” http://bit.ly/2T3ZzIA

 

Leonardo Tamburini es abogado especialista en derechos indígenas e investigador asociado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

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