El Mundo Indígena 2021: Camboya
En Camboya viven 24 pueblos indígenas que en su mayoría hablan lenguas mon-jemer o austronesias y constituyen aproximadamente el 3% de la población nacional.[1] Aunque se calcula que su población oscila entre los 250.000 y los 400.000 habitantes, no están claramente desglosados en los datos del censo nacional.[2] Los territorios indígenas incluyen las mesetas boscosas y las tierras altas del noreste de Camboya, aproximadamente el 25% del territorio nacional. Los pueblos indígenas de Camboya siguen enfrentándose a la discriminación y al desplazamiento forzado de sus tierras, lo cual implica su extinción como grupos diferenciados.[3] Esto se debe a las constantes operaciones del Estado y de las empresas transnacionales para la extracción de recursos (principalmente la minería, la madera y la agroindustria), junto con la creciente inmigración desde otras partes del país. Camboya votó a favor de adoptar sin reservas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, y ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. [4]
Durante su último Examen Periódico Universal en 2019, Camboya aceptó una recomendación para “intensificar los esfuerzos en materia de tierras, incluso mediante la aplicación efectiva y transparente de medidas para hacer frente a los desalojos de tierras y proporcionar una compensación justa a las víctimas del despojo de tierras, en particular a los pueblos indígenas” y “ aplicar una política de reasentamiento coherente y un proceso simplificado para la concesión de títulos de propiedad de tierras comunales, mediante la consulta a las comunidades, la sociedad civil y los grupos indígenas”. Sin embargo, hasta el momento esto no ha propiciado un remedio real a la discriminación y a la inseguridad de la tierra que los pueblos indígenas siguieron sufriendo en 2020. Los movimientos por los derechos de los pueblos indígenas siguieron luchando por sus derechos humanos; sin embargo, con el deterioro de las libertades democráticas y las graves violaciones de los derechos humanos, se ha debilitado más la base sobre la cual se sustenta el movimiento por los derechos de los indígenas. El régimen represivo de Hun Sen y el Partido Popular Camboyano (CPP), que gobierna el país desde 1985, ha persistido en una trayectoria de corrupción, abusos de los derechos humanos y gobierno no democrático. En 2020, el Gobierno siguió atacando a los medios de comunicación independientes, a las organizaciones cívicas, a las ONGs, a las personas que ejercen sus derechos civiles y políticos y a la oposición, el Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), que fue prohibido en 2017.
Las consecuencias generales de la pandemia
Aunque Camboya se ha librado de la magnitud de los casos de COVID-19 que se han producido en muchos otros países, la pandemia ha afectado gravemente la economía, las oportunidades educativas y ha aumentado los riesgos para la salud de muchos pueblos indígenas.[5] Según la Organización de Pueblos Indígenas de Camboya (CIPO), las comunidades indígenas han tenido un acceso extremadamente limitado a los centros de pruebas de COVID-19, ya que estas se han restringido a Phnom Penh y Siem Reap, ambas alejadas de las tierras altas rurales donde reside la mayoría de los pueblos indígenas, lo que significa que las estadísticas oficiales de COVID-19 quizá no sean exactas. Asimismo, el período estuvo marcado por un aumento de la tala ilegal y el despojo de tierras, lo cual ha provocado una deforestación generalizada e inseguridad en las comunidades indígenas.
Según la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos, el año 2020 se caracterizó, en general, por la reducción del espacio cívico y las continuas tensiones políticas en todo el mundo. Durante la pandemia se intensificaron las restricciones a la actividad política pacífica y a las voces de crítica al Gobierno. Los críticos y los opositores políticos siguieron siendo objeto de medidas represivas, como la detención arbitraria y el evidente uso indebido de las leyes penales. Al menos 140 personas relacionadas con el CNRP fueron detenidas, acusadas de conspirar contra el Estado, incitar a cometer delitos mayores y desacreditar decisiones judiciales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió numerosos informes sobre actos de intimidación contra la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos a lo largo de 2020. Estos informes suscitaron graves preocupaciones en materia de derechos humanos, ya que las autoridades no respetaban las leyes nacionales ni el derecho internacional con respecto a derechos humanos en materia de detención, garantías procesales y privación de libertad. El ACNUDH documentó 46 casos en los que las actividades de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil habían sido objeto de injerencias indebidas, restricciones de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, intimidación o acoso por parte de las autoridades en el contexto del COVID-19.
En abril, el Gobierno aprobó una ley que autoriza el estado de emergencia en respuesta a la pandemia. Redactada sin consulta pública, faculta al Gobierno para declarar el estado de emergencia durante un máximo de tres meses, que puede prorrogarse sin necesidad de revisión. También permite restringir, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de circulación y reunión, el derecho a obtener información, el derecho a la intimidad y el derecho al trabajo. La CIPO teme que el Gobierno utilice la legislación para restringir aún más y abusar de los derechos humanos. Asimismo, la ley ha sido criticada porque implica el riesgo de que se silencie la libertad de expresión y se criminalicen las reuniones pacíficas, y por la preocupación que suscita su acelerada promulgación y su contenido, así como por la ausencia de revisión y supervisión adecuadas.
Efectos del COVID-19 en las comunidades indígenas
Según la CIPO, la pandemia ha afectado gravemente a la economía local de muchos pueblos indígenas. Aunque el Gobierno repartió dinero en efectivo a unas 670.000 familias pobres y vulnerables,[6] la ayuda rara vez llegó a las comunidades indígenas.[7] Además, estas han tenido problemas para vender sus cosechas, ya que el acceso a los mercados locales se ha visto restringido y los precios de productos tales como el marañón y la yuca han caído a casi la mitad de su precio habitual. En el ámbito comunitario, la mayoría de los pueblos indígenas no han podido protegerse contra el COVID-19, ya que muchos no pueden permitirse el lujo de comprar mascarillas y desinfectantes o sufragar los gastos del tratamiento hospitalario. En respuesta, algunas comunidades han protegido a los miembros de su comunidad mediante las normas tradicionales indígenas, impidiendo que los forasteros entren en sus aldeas.
El cierre de las escuelas en marzo y la implementación del aprendizaje online acentuaron la brecha de desigualdad entre los estudiantes ricos y los pobres.[8],[9] Numerosos jóvenes indígenas no han podido asistir a la escuela, ya que muchas familias rurales e indígenas no tienen acceso a Internet ni cuentan con sus propios dispositivos para acceder al aprendizaje virtual, lo que ha hecho que muchos estudiantes indígenas abandonen la escuela durante la pandemia.[10]
El Gobierno transmitía la información sobre el COVID-19 principalmente a través de Facebook, por lo que el acceso a las noticias para muchas comunidades indígenas fue limitado. En algunas aldeas indígenas, las autoridades locales difundieron información a través de altavoces en vehículos, en ocasiones en determinadas lenguas indígenas. Sin embargo, como no existe una infraestructura para que el Gobierno comparta la información de forma eficaz, la información detallada sobre el COVID-19 está lejos de llegar a todas las comunidades indígenas.
Registro de terrenos en la provincia de Mondulkiri
En 2020, el Gobierno inició el Proyecto de Asignación de Tierras para el Desarrollo Social y Económico (LASED) en la provincia de Mondulkiri, financiado por el Banco Mundial. El LASED se promueve como una forma de “mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a las infraestructuras y a los servicios agrícolas y sociales para aquellos que carecen de tierras, pequeños propietarios pobres y comunidades indígenas” con el objetivo de levantar un registro de todas las tierras estatales.[11] El proyecto ha sido fuertemente criticado por los pueblos indígenas porque las autoridades se han apresurado a aprobarlo con un consentimiento libre, previo e informado (CLPI) inadecuado y, como resultado, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y las autoridades de las aldeas no han tenido tiempo de organizarse o preparar los recursos para participar. Además, se ha informado que las autoridades han presionado a las comunidades para que soliciten títulos de propiedad individuales en lugar de colectivos, lo que ha provocado conflictos entre los miembros de la comunidad. Las autoridades implicadas tienen poca experiencia en el contexto local y en repetidas ocasiones las comunidades indígenas se han encontrado con la postura de que “pedían demasiada tierra”, ignorando así partes esenciales de las culturas indígenas, como las montañas espirituales, los bosques y los cementerios. Se ha enviado una carta de queja al Banco Mundial, en la que la CIPO insta a este y a las autoridades a respetar el CLPI y a consultar a los pueblos indígenas cuando se inicie la demarcación de tierras. Hasta ahora no han recibido respuesta. La CIPO subrayó lo difícil y prolongado que es el proceso para obtener títulos de propiedad de tierras comunitarias para los pueblos indígenas y que la LASED no ha simplificado hasta ahora el proceso. Mientras tanto, la obtención de tierras por parte de empresas grandes es menos complicada, lo que la CIPO describe como el resultado de la corrupción entre los políticos camboyanos, el ejército y la policía.
Crímenes forestales al amparo de la pandemia
El Gobierno de Camboya ha promovido enérgicamente el arrendamiento a largo plazo de tierras forestales como Concesiones Económicas de Tierras (ELC) en virtud de la Ley de Tierras de 2001 con el fin de atraer a los inversores agroindustriales y el desarrollo. Sin embargo, las Concesiones Económicas de Tierras han generado pocos beneficios, pero enormes impactos sociales y medioambientales.[12] Las ELC no pueden superar las 10.000 hectáreas, pero esta disposición se ha violado con regularidad; se sabe que las empresas han creado múltiples entidades o empresas apoderadas a las que luego se les conceden sus propias parcelas de 10.000 hectáreas, lo que permite a una empresa ocupar mucha más tierra de la permitida.[13] Además, al menos 15 empresas, todas ellas propiedad de magnates y senadores del CPP, han recibido más de 10.000 hectáreas, superando con creces la cantidad permitida. Un segmento cada vez mayor de la población indígena de Camboya se ha quedado sin tierras y se ha hundido por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia del despojo sistemático de tierras y de los desalojos forzosos, mientras que los recursos naturales del país, sobre todo los bosques, se están destruyendo o agotando a una escala y un ritmo sin precedentes.
A pesar de los cierres impuestos por el Gobierno, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado la tala ilegal y el despojo de tierras en muchos de los bosques protegidos de Camboya.[14],[15] Según datos obtenidos por satélite del Global Land Analysis de la Universidad de Maryland, en 2020 se registraron 1.403.414 alertas de pérdida de bosques que afectaron unas 105.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad se registraron dentro de zonas protegidas.[16]
En el Santuario de Vida Silvestre de Keo Saima, en Mondulkiri, el hogar ancestral del pueblo indígena Bunong, las agroindustrias explotadoras y los madereros ilegales han arrasado grandes zonas del bosque protegido al amparo de la pandemia.15 Del mismo modo, en Phnom Samkos y Botum Sakor, en las montañas de Cardamomo, se produjo un aumento de la deforestación ilegal durante la pandemia. Dentro del Santuario de Vida Silvestre Phnom Nam Lear, en Mondulkiri, la comunidad Bunong, que depende de la tierra para su sustento y estilo de vida tradicional, presentó una denuncia contra las autoridades locales por la tala ilegal del bosque protegido.[17] Al mismo tiempo, otra comunidad Bunong está preparando una denuncia contra un oficial militar por talar ilegalmente una gran zona dentro del mismo santuario protegido.[18] La destrucción de los bosques está surgiendo como un problema sistémico de corrupción profundamente arraigado, y son escasas las entidades medioambientales internacionales que actúan para frenar el devastador desarrollo.
En marzo, en la provincia de Ratanakiri, doce comunidades indígenas esperaban la ratificación oficial de la devolución de (un fragmento de) sus tierras ancestrales por parte del Ministerio de Agricultura, tras una prolongada disputa por la tierra con el gigante agroindustrial Hoang Anh Gia Lai (HAGL). El Gobierno exigió a HAGL que devolviera 742 hectáreas de su concesión de 50.566 hectáreas (equivalente a cinco veces el límite legal) pero, en lugar de devolver el bosque a las comunidades indígenas, lo taló por completo. Las imágenes de satélite y las fotos del terreno muestran un páramo quemado de tierra y tocones de árboles. Como consecuencia, se han destruido bosques antiguos, dos montañas espirituales, humedales, zonas de caza y cementerios, causando un inmenso daño a una tierra de incalculable valor espiritual para las comunidades.[19]
Santuario de Vida Silvestre de Prey Lang
En febrero, funcionarios armados desplegados por el Ministerio del Medioambiente impidieron a cientos de miembros de la comunidad, monjes y activistas medioambientales entrar en el Santuario de Vida Silvestre de Prey Lang para participar en su ceremonia anual de bendición de árboles.[20] La ceremonia, que combina la espiritualidad budista con las tradiciones del pueblo indígena Kuy, se celebra para generar conciencia sobre la tala ilegal[21] y rezar por el futuro del bosque.[22] La Red Comunitaria de Prey Lang (PLCN), que organizó la ceremonia, es un grupo activista establecido que vigila la tala ilegal. Lleva trabajando desde el año 2000 para defender los derechos territoriales de los indígenas y proteger el bosque. Según el Ministerio del Medioambiente, la ceremonia de bendición de árboles estaba prohibida porque la PLCN no está registrada en el Ministerio del Interior[23] en virtud de la Ley de Asociaciones y ONG (LANGO).[24] A pesar de que el Ministerio del Interior aseguró en el pasado que la LANGO no se utilizaría para obstaculizar las actividades de los grupos de base, la ley se está utilizando como justificación para prohibir las actividades legítimas de conservación de la PLCN. Además, el Ministerio del Medioambiente declaró que la PLCN no tenía permiso para entrar en el bosque,[25] aduciendo el artículo 11 de la Ley de Áreas Protegidas[26] que prohíbe la entrada de cualquier persona en un área protegida sin permiso. Sin embargo, el artículo 11 se refiere a las áreas que han sido zonificadas, y establece que sólo la más protegida de los cuatro tipos de zonas (la “zona central”) requiere permiso para entrar. Aunque Prey Lang fue declarada zona protegida en 2016, el bosque aún no ha sido zonificado, a pesar de que los grupos conservacionistas lo han alentado.
Tras la prohibición de la ceremonia, el Ministerio del Medioambiente prohibió además a la PLCN patrullar el bosque a diario. Ha advertido que emprenderá acciones legales contra los miembros de la PLCN si continúan patrullando o recopilando datos, prohibiendo así la documentación de los delitos forestales. Mientras tanto, la prohibición ha brindado la oportunidad a los delincuentes, y especialmente a las empresas, de talar y transportar madera de las zonas protegidas con impunidad.[27] Esto ha dado lugar a un aumento impresionante de la tala dentro del bosque protegido, según Global Forest Watch.[28]
La PLCN considera que dos empresas en particular, Think Biotech y Angkor Plywood, son la mayor amenaza inmediata para el bosque de Prey Lang. Los focos de deforestación recientes se sitúan especialmente alrededor de la concesión de Think Biotech. Ambas empresas están conectadas políticamente y han seguido operando durante el brote de COVID-19. La corrupción en el sector forestal oficial está muy extendida, y la tala ilegal suele estar vinculada a los militares, la policía o el Ministerio del Medioambiente, lo que dificulta enormemente desmantelarla. Grandes zonas de la concesión solían estar cubiertas de bosque natural, pero ahora han sido sustituidas por plantaciones, con enormes costes para la biodiversidad, la contaminación de los ríos y las poblaciones indígenas kuy locales.
Este artículo ha sido elaborado por la Alianza de los Pueblos Indígenas de Camboya (CIPA). La CIPA es una alianza de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, asociaciones y redes.
Katrine Gro Friborg es una investigadora que trabaja sobre conocimientos indígenas, deforestación, seguridad alimentaria y relaciones etnobotánicas.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] ACNUR. “El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examina el informe de Camboya y pregunta por la nacionalidad, la apropiación de tierras y el espacio cívico” (Committee on the Elimination of Racial Discrimination reviews report of Cambodia, asks about nationality, land grabs and civic space). 29 de noviembre de 2019. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25372&LangID=E
[2] Organización de Pueblos Indígenas de Camboya (CHRO). “Datos de los pueblos indígenas” (Indigenous Peoples Data). Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en
http://cipocambodia.org/our-work/developing-indigenous-peoples-center/#1585208858312-76224c71-df89
[3] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). “Observaciones finales sobre los informes 14º a 17º combinados de Camboya” (Concluding observations on the combined fourteenth to seventeenth reports of Cambodia). 12 de diciembre de 2019. Consultado el 29 de enero. Disponible en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fKHM%2fCO%2f14-17&Lang=en
[4] Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Convenios y protocolos actualizados no ratificados por Camboya” (Up-to-date Conventions and Protocols not ratified by Cambodia). Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103055
[5] Asamblea General de la ONU. Consejo de Derechos Humanos, 45º período de sesiones, 14 de septiembre a 2 de octubre de 2020. Temas 2 y 10 de la agenda. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. “Función y logros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la asistencia al Gobierno y al pueblo de Camboya en la promoción y protección de los derechos humanos. Informe del Secretario General” (Role and achievements of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in assisting the Government and people of Cambodia in the promotion and protection of human rights. Report of the Secretary-General). Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en Https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Ohchr-report/Annual%20Report%20of%20OHCHR%2020%20(ES).pdf
[6] Kunthear, Mom. “PM: Continuará el efectivo a los necesitados por la COVID-19” (PM: Covid-19 cash to needy will continue). The Phnom Penh Post. 26 de noviembre de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.phnompenhpost.com/national/pm-covid-19-cash-needy-will-continue
[7] Según la CIPO.
[8] Oudom, Sam y Ros Phthinaraut. “En la zona rural de Mondulkiri, los profesores temen que los alumnos más pobres se hayan quedado atrás” (In Rural Mondulkiri, Teachers Fear Poorer Students Have Fallen Behind). VOD, 4 de septiembre de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://vodenglish.news/in-rural-mondulkiri-teachers-fear-poorer-students-have-fallen-behind/
[10] Flynn, Gerald y Jazmyn Himel. “El cierre de escuelas pone de manifiesto la desigualdad en la educación al trasladar las clases al modelo en línea” (School Closures Highlight Inequality in Education as Classes Move Online). Cambodianess, 23 de marzo de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en
https://cambodianess.com/article/school-closures-highlight-inequality-in-education-as-classes-move-online
[11] Banco Mundial. “Camboya: Proyecto de 93 millones de USD para mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra para agricultores pobres y comunidades indígenas” (Cambodia: $93 Million Project to Improve Land Tenure Security for Poor Farmers, Indigenous Communities). Comunicado de prensa, 26 de junio de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/26/cambodia-93-million-project-to-improve-land-tenure-security-for-poor-farmers-indigenous-communities
[12] “Las concesiones de tierras en Camboya producen pocos beneficios y siembran la devastación social y ambiental” (Cambodia’s Land Concessions Yield Few Benefits, Sow Social and Environmental Devastation). Radio Free Asia (RFA), 26 de agosto de 2020.
Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.rfa.org/english/news/cambodia/concessions-08262020174829.html
[13] Crothers, Lauren. “Detenido y liberado un activista camboyano ganador del Premio Goldman en Camboya” (Goldman Prize-winning Cambodian activist arrested, released in Cambodia). Mongabay, 24 de marzo de 2020.
Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en
https://news.mongabay.com/2020/03/goldman-prize-winning-cambodian-activist-arrested-released-in-cambodia/
[14] Humphrey, Chris. “Al amparo de la COVID-19, los madereros saquean el santuario de la fauna camboyana” (Under cover of COVID-19, loggers plunder Cambodian wildlife sanctuary). Mongabay, 31 de agosto de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://news.mongabay.com/2020/08/under-cover-of-covid-19-loggers-plunder-cambodian-wildlife-sanctuary/
[15] Humphrey, Chris. “Presuntos apropiamientos de tierras vinculados al gobierno amenazan las montañas Cardamom de Camboya” (Alleged gov’t-linked land grabs threaten Cambodia’s Cardamom Mountains). Mongabay, 1 de diciembre de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://news.mongabay.com/2020/12/alleged-government-linked-land-grabs-threaten-cambodias-cardamom-mountains/
[16] Global Forest Watch. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.globalforestwatch.org/
[17] Koemsoeun, Soth. “Funcionarios de Mondulkiri ‘talaron el bosque’“ (Mondulkiri officials ‘cleared forest’). The Phnom Penh Post, 6 de febrero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.phnompenhpost.com/national/mondulkiri-officials-cleared-forest
[18] Savi, Khorn. “Soldados y residentes intercambian culpas por la tala ilegal en Mondulkiri” (Soldiers, residents trade blame over illegal logging in Mondulkiri). The Phnom Penh Post, 27 de marzo de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.phnompenhpost.com/national/soldiers-residents-trade-blame-over-illegal-logging-mondulkiri
[19] Tatarski, Michael. “La empresa vietnamita de agronegocios HAGL es acusada de talar tierras indígenas en Camboya” (Vietnamese agribusiness firm HAGL accused of clearing indigenous land in Cambodia). Mongabay, 15 de junio de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://news.mongabay.com/2020/06/vietnamese-agribusiness-firm-hagl-accused-of-clearing-indigenous-land-in-cambodia/
[20] “Las autoridades amenazan con detener a los activistas que vigilan la tala ilegal en el bosque Prey Lang de Camboya” (Authorities Threaten to Arrest Activists Monitoring Illegal Logging in Cambodia’s Prey Lang Forest). Radio Free Asia (RFA), 23 de abril de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.rfa.org/english/news/cambodia/forest-04232020172540.html
[21] Keeton-Olsen, Danielle. “Empresa camboyana acusada de crear un ‘monopolio en el negocio de la madera’” (Cambodian firm accused of creating a ‘monopoly in the timber business’). Mongabay, 13 de mayo de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://news.mongabay.com/2020/05/cambodian-firm-accused-of-creating-a-monopoly-in-the-timber-business/
[22] “ONG y activistas denuncian el bloqueo de la ceremonia de bendición de árboles en el bosque Prey Lang de Camboya” (NGOs, Activists Decry Blocking of Tree-Blessing Ceremony at Cambodia’s Prey Lang Forest). Radio Free Asia (RFA), 25 de febrero de 2020.
Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.rfa.org/english/news/cambodia/ceremony-02252020125131.html
[23] Keeton- Olsen, Danielle y Hun Sirivadh. “Officials Block Prey Lang Activists From Forest Ahead of Annual Event” (Officials Block Prey Lang Activists From Forest Ahead of Annual Event). VOD, 21 de febrero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en
https://vodenglish.news/officials-block-prey-lang-activists-from-forest-ahead-of-annual-event/
[24] Prathna, Saut Sok. “El Ministerio y los patrulleros forestales se acusan mutuamente de infringir la ley” (Ministry, Forest Patrollers Accuse Each Other of Breaking the Law). VOD, 25 de febrero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://vodenglish.news/ministry-forest-patrollers-accuse-each-other-of-breaking-the-law/
[25] Sovuthy, Khy. “Grupos ‘escandalizados’ después de que el ministerio prohíba a los conservacionistas proteger los bosques” (Groups ‘appalled’ after ministry bars conservationists from protecting forests). Asociación de la Alianza de Periodistas de Camboya, 26 de febrero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en
https://cambojanews.com/groups-appalled-after-ministry-bars-conservationists-from-protecting-forests/
[27] Koemsoeun, Soth. “La prohibición de los activistas ‘estimula los delitos forestales’” (Activist ban ‘spurs forest crimes’). The Phnom Penh Post, 21 de julio de 2020. Consultado el 29 de enero de 2021. Disponible en https://www.phnompenhpost.com/national/activist-ban-spurs-forest-crimes
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