• Pueblos indígenas en Canadá

    Pueblos indígenas en Canadá

El Mundo Indígena 2021: Canadá

A los pueblos indígenas de Canadá se les denomina colectivamente “pueblos aborígenes”. La Ley Constitucional de 1982 reconoce tres grupos de pueblos aborígenes: Primeras Naciones, Inuit y Métis. Según el Censo de Canadá de 2016, había 1.673.785 personas aborígenes en el país, lo que representa el 4.9% de la población total. Además, 977.230 personas se identificaron como pertenecientes a las Primeras Naciones (definidos como “Indios” en la Ley India (R.S.C., 1985., 1985, c. I-5) y en la Ley Constitucional (1982)) y cuyo término general engloba más de 600 naciones y pueblos diversos y más de 60 lenguas. Los Métis constituyen una nación aborigen distinta y su población en 2016 se componía de 587.545 personas, muchas de las cuales viven en centros urbanos. Los Inuit son un pueblo indígena que habita en Inuit Nunangat al norte de Canadá y su población ascendía a 65.025 personas en 2016.

Los pueblos indígenas de Canadá están representados por varias organizaciones representativas a nivel regional, provincial y nacional, entre otras, la Asamblea de Primeras Naciones, el Congreso de Pueblos Aborígenes, el Inuit Tapiriit Kanatami, el Consejo Nacional Métis y la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá.

La Ley Constitucional de Canadá reconoce y confirma los derechos aborígenes y de tratados existentes de los pueblos aborígenes. El Tribunal Supremo ha definido la protección de estos derechos como “un importante valor constitucional subyacente” y “un compromiso nacional”. En 2007, Canadá fue uno de los cuatro Estados que votaron en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas . En 2010, el Gobierno canadiense anunció su adhesión a la Declaración y, en 2016, Canadá reafirmó su apoyo “sin matices”. Canadá no ha ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT. La Red de Televisión de los Pueblos Aborígenes da servicio a los pueblos indígenas de Canadá como red de televisión independiente y cadena de noticias, retransmitiendo programas realizados por, para y sobre pueblos indígenas, con apoyo gubernamental.

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

En noviembre de 2019, Columbia Británica (BC, por sus siglas en inglés) se convirtió en la primera provincia de Canadá en consagrar los derechos humanos de los pueblos indígenas en una ley, al aprobar por unanimidad el Proyecto de Ley 41, la Ley de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[1] La ley establece un proceso para armonizar las leyes de Columbia Británica con la Declaración y se elaboró en asociación con organizaciones representativas indígenas provinciales (la Asamblea de Primeras Naciones de Columbia Británica, la Cumbre de Primeras Naciones, y la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica). La legislación requiere el codesarrollo de un plan de acción para conseguir alineamiento provincial con la Declaración a lo largo del tiempo, con apropiados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Además, la legislación permite la flexibilidad para que la provincia formalice acuerdos con un abanico más amplio de gobiernos indígenas. A su vez, proporciona un marco para la toma de decisiones entre gobiernos indígenas y la provincia en ámbitos de interés común. La ley tendrá un gran alcance, cubriendo diversos ámbitos políticos, entre ellos: niños y familias, pesca y acuicultura, agricultura y ganadería, silvicultura, evaluación medioambiental, minería y más.

El Plan de Acción sufrió un retraso debido a las elecciones provinciales de otoño de 2020 que dieron como resultado un gobierno de mayoría del NDP (Nuevo Partido Democrático) de Columbia Británica. La plataforma de campaña de este partido incluyó las promesas de incrementar el apoyo a los derechos de las Primeras Naciones a la libre determinación, la toma de decisiones compartida y la creación de una Secretaría especializada destinada a garantizar que las nuevas leyes y políticas estén en sintonía con la DNUDPI.[2]

En 2019, el Gobierno Federal de Canadá, bajo el liderazgo del primer ministro Trudeau y el Partido Liberal Federal, fue incapaz de aprobar el Proyecto de Ley C-262, un proyecto de ley federal de miembros privados que trataba de “garantizar que las leyes de Canadá estén en armonía” con la Declaración. Tras su reelección en el otoño de 2020, el primer ministro en funciones Justin Trudeau se comprometió a aprobar el Proyecto de Ley C-15, Una Ley de Respeto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[3] El Proyecto de Ley C-15 utiliza el fallido Proyecto de Ley C-262 como base para reconocer e implementar la DNUDPI dentro de un marco nacional.

El Proyecto de Ley C-15, elaborado en colaboración con organizaciones y líderes indígenas tras décadas de reivindicación indígena, ratifica la Declaración como un instrumento universal de derechos humanos internacionales con aplicación en el derecho canadiense y proporciona un marco para la implementación de la Declaración por parte del Gobierno de Canadá. Además el proyecto de ley pretende alinear las leyes de Canadá con la Declaración. Para conseguir estos objetivos, el Gobierno Federal, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, desarrollará e implementará un plan de acción que incluirá medidas para abordar la injusticia, el prejuicio, la violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y para promover el respeto y la comprensión mutuos, así como también buenas relaciones. Las medidas también incluirán un mecanismo específico para supervisar y proporcionar control, recursos, reparación u otras medidas de rendición de cuentas para la aplicación práctica de la Declaración. El proyecto de ley plantea un cronograma de tres años para el desarrollo colaborativo del plan de acción. 

Aunque el proyecto de ley ha recibido amplio apoyo de grupos y líderes indígenas, algunos se muestran aún escépticos sobre la voluntad política de Canadá para cumplir sus propias obligaciones.[4] Esta desconfianza se ha fomentado por la respuesta de Canadá a conflictos persistentes en torno a su promoción del sector de los recursos y la aseveración de derechos indígenas por parte de defensores de tierras indígenas, como lo acontecido en las protestas de Wet’suwet’en de 2019 en oposición al gasoducto de Coastal GasLink, la compra en 2018 del oleoducto TransMountain y la incesante oposición de las comunidades indígenas, y la mina Teck Frontier, por nombrar unos pocos.

Oleoductos, gasoductos y desarrollo de infraestructuras de combustibles fósiles

En 2020, el sector de extracción de recursos y el desarrollo de oleoductos o gasoductos de combustibles fósiles se perpetuaron como una fuente principal de conflicto entre gobiernos y pueblos indígenas. El 13 de diciembre de 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial hizo pública una declaración de dos páginas urgiendo a Canadá a detener inmediatamente la construcción del gasoducto Coastal GasLink, la expansión del oleoducto Trans Mountain y la presa Site C hasta haber obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las Primeras Naciones. El comité mostró su preocupación por la falta del consentimiento libre, previo e informado de los grupos indígenas afectados, así como por el desalojo forzado, el desproporcionado uso de la fuerza, el hostigamiento y la intimidación, y la creciente amenaza de violencia utilizada contra defensores de tierras indígenas. 

Coastal GasLink

En la provincia de Columbia Británica existen planes de construir un gasoducto de 670 kilómetros para transportar gas natural desde el noreste de la provincia a la terminal de exportación de LNG Canadá en la ciudad costera de Kitimat, también en dicha provincia. A pesar de haber sido revisado por el proceso de Evaluación Ambiental de Columbia Británica y obtener la aprobación y permisos requeridos de los gobiernos provincial y federal, una gran parte del gasoducto cruza el territorio de la Nación Wet’suwet’en, una ruta rechazada por la mayoría de los jefes hereditarios de la Nación que mantuvieron su implacable oposición al proyecto y a las posibles repercusiones sobre sus tierras y modo de vida. Esto se complica aún más por los cinco consejos electos en virtud de la Ley India que constituyen la Nación Wet’suwet’en que han firmado acuerdos de beneficios con Costal GasLink y el gobierno de Columbia Británica.

En 1997, jefes hereditarios Wet’suwet’en y Gitxsan ganaron una sentencia histórica en el Tribunal Supremo de Canadá al ratificar todos los nueve magistrados la existencia de título aborigen posterior a la Confederación. Los Wet’suwet’en, como la mayoría de las Primeras Naciones de la provincia de Columbia Británica, no han firmado tratados con la Corona ni han cedido sus respectivos territorios mediante venta o pérdida de los mismos a causa de guerras.

En una expresión de sus derechos indígenas y de soberanía, jefes hereditarios Wet’suwet’en, miembros y simpatizantes han reocupado su territorio y establecido varios puestos de control y campamentos de sanación. En la actualidad, estos puestos de control y campamentos están impidiendo a trabajadores y contratistas de Coastal GasLink acceder al territorio de la Nación para despejar el derecho de paso permitido para la construcción del gasoducto.[5]

El 13 de enero de 2020, los jefes hereditarios Wet’suwet’en presentaron una solicitud formal ante las Naciones Unidas para supervisar las acciones de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), el Estado y Coastal GasLink sobre su territorio tradicional, no cedido.[6]

El 2019 fue testigo de notables conflictos entre defensores de tierras indígenas y los proponentes del gasoducto, apoyados por la RCMP. Tras un año de conflictos y redadas de la RCMP, el proyecto de Coast GasLink ha instalado más de 140 kilómetros del gasoducto en el norte de Columbia Británica. Grupos indígenas han acusado a la empresa de aprovecharse de la pandemia del COVID-19 durante 2020 y de la desproporcionada vulnerabilidad de las comunidades indígenas del norte para avanzar en los trabajos del proyecto mientras que las comunidades indígenas han estado dedicadas a cuidar de sus comunidades, mayores y miembros más vulnerables.[7]

Niños y familias

Canadá ha introducido una nueva ley de bienestar infantil indígena, el Proyecto de Ley C-92,[8] que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

La nueva legislación crea estándares nacionales sobre el tratamiento de las agencias de bienestar infantil a nivel territorial y provincial a los niños indígenas retenidos. También delinea la jurisdicción de los órganos de gobierno indígenas – Primeras Naciones, Inuit y Métis – para aprobar leyes que rijan sus propios sistemas de bienestar infantil que sustituirían leyes provinciales, territoriales y federales.

Los pueblos indígenas han criticado a Canadá por no trabajar en cooperación con organizaciones indígenas para preparar la implementación de la nueva ley, aunque muchas organizaciones celebraron su aprobación como resultado de un esfuerzo de colaboración entre pueblos indígenas y el Gobierno de Canadá.

COVID-19

Las comunidades indígenas remotas de Canadá han sufrido con especial vulnerabilidad la pandemia mundial del COVID-19. Personas pertenecientes a Primeras Naciones que viven en reservas han experimentado casos de COVID-19 en una tasa 40% superior a la de la sociedad general canadiense.[9] A esta vulnerabilidad de los pueblos indígenas contribuyen persistentes y desproporcionados impactos en la salud, como incidencia de diabetes, obesidad, asma y artritis, factores que causan un  mayor riesgo de morbilidad de estas personas cuando se ven afectadas por el COVID-19.

Muchas comunidades de Primeras Naciones han desarrollado y aplicado en la práctica sus propios planes contra la pandemia. Numerosas comunidades de Primeras Naciones han declarado el estado de emergencia debido a las infecciones de COVID-19,[10] o han cerrado sus comunidades al público, turismo e industria mediante el uso de bloqueos y puestos de control. Estas pautas fueron imitadas por la Asamblea de Primeras Naciones, el órgano de defensa y promoción nacional de las Primeras Naciones en Canadá, que declaró el estado de emergencia en marzo de 2020.[11] Algunas Primeras Naciones han endurecido estas medidas imponiendo multas a personas que entren en la comunidad ilícitamente.[12] Las culturas, lenguas y conocimientos tradicionales indígenas han sido objeto de especial vulnerabilidad por la amenaza que supone la pandemia para titulares de conocimientos indígenas, entre ellos, titulares de conocimientos específicos ecológicos y culturales, como sitios culturalmente significativos, prácticas culturales, lenguas y narraciones. La pérdida de estos mayores despojaría significativamente no solo a la familia y a la comunidad de un mentor y un ser querido, sino que también representaría una pérdida considerable para la supervivencia cultural y las identidades y prácticas distintivas de las generaciones actuales y futuras.[13]

Organizaciones de reivindicación y líderes indígenas han instado a los gobiernos provincial y federal a priorizar la distribución de vacunas entre comunidades indígenas remotas y urbanas para ayudar a contrarrestar las vulnerabilidades particulares de los pueblos indígenas. La ejecución del plan de vacunación del COVID-19 es competencia de la autoridad provincial y, como resultado, a comienzos de 2021 se constataron diversas estrategias de vacunación, la mayoría teniendo en cuenta las vulnerabilidades de comunidades indígenas remotas con planes para priorizar y acelerar la administración de vacunas a comunidades remotas y personas mayores indígenas. Lamentablemente, parece que en las estrategias iniciales de vacunación se ha ignorado a comunidades indígenas urbanas que viven en ciudades canadienses densamente pobladas, a pesar de estar sujetas a vulnerabilidades similares.

Asistencia sanitaria

En conjunción con la pandemia del COVID-19 y, dada la particular vulnerabilidad de los pueblos indígenas, diversos incidentes acontecidos en el país han revelado el prominente racismo que existe en el sistema sanitario de Canadá, representativo de una relación problemática de larga data entre instituciones de sanidad pública de Canadá y pacientes indígenas.

El reciente foco de atención en el tratamiento de los pueblos indígenas por los profesionales sanitarios se desencadenó en parte por la muerte de Joyce Echaquan de la Nación Atikamekw en un hospital de Quebec en septiembre de 2020. Echaquan acudió al centro sanitario aquejada de dolor de estómago y grabó el tratamiento que recibió en el centro público de salud, revelando las prácticas racistas de sus asistentes que fueron grabados profiriendo epítetos raciales, despreciando y ridiculizando a Echaquan y denegándole tratamiento adecuado.

Desde la muerte de Echaquan, el trato racista a los pueblos indígenas dentro del sistema sanitario de Canadá se ha convertido en un asunto de especial atención a nivel nacional. En noviembre de 2020, Mary-Ellen Turpel-Lafond hizo público su informe: In Plain Sight: Addressing Indigenous-specific Racism and Discrimination in BC Health Care (Al descubierto: abordar el racismo y la discriminación específica indígena en el sistema sanitario de Columbia Británica).[14]

El informe fue encargado tras denunciarse un juego racista practicado en algunos servicios de urgencias de hospitales de Columbia Británica en el que trabajadores sanitarios tratan adivinar el contenido de alcohol en sangre de pacientes indígenas. El informe concluyó que, de las más de 2.700 personas indígenas encuestadas, el 84% confirmó haber experimentado discriminación dentro del sistema sanitario. Las conclusiones del informe denotan: “un problema importante de racismo específico indígena en el sistema sanitario de Columbia Británica. Este problema tiene impactos significativos sobre pacientes indígenas, mujeres y trabajadores sanitarios. Contribuye a resultados sanitarios desiguales, incluyendo en el contexto de las urgencias de salud pública de COVID-19 y la crisis de sobredosis”.[15] El informe presenta 24 recomendaciones destinadas a generar un cambio estructural e integral.

Policía

El 25 de mayo de 2020, tras la muerte de George Floyd Jr. en Estados Unidos a manos de Derek Chauvin y otros tres agentes de policía estadounidenses,[16] el auge del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), junto con llamamientos para el cese de la financiación de fuerzas policiales y su abolición, y para investigar exhaustivamente la sistemática discriminación en las instituciones policiales, comenzó a propagarse desde Estados Unidos a Canadá.

Las instituciones policiales en Canadá tienen en su historial una larga y problemática relación con los pueblos indígenas, desempeñando un significativo papel en la histórica y continuada sustracción de niños indígenas de sus casas, familias y tierras, así como en la retirada y arresto de defensores de tierras indígenas de sus territorios, como visto en las protestas Wet’suwet’en de oposición al gasoducto de Coastal GasLink.[17]

El año pasado, las instituciones policiales nacionales y locales de Canadá fueron objeto de intensos escrutinio y críticas. Esta atención se ha fomentado en gran medida por diversos sucesos en los que estuvo involucrada la RCMP a lo largo de 2020, entre ellos: el vídeo de junio de 2020 del violento tratamiento al jefe de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, Allan Adam, por la RCMP que tuvo lugar el 10 de marzo,[18] la nula intervención de la RCMP para contrarrestar los ataques aterrorizadores a pescadores Mi’kmaw por parte de pescadores de langosta en Nueva Escocia;[19] los asesinatos policiales de 2020 de Regis Korchinski-Paquet, mujer indígena negra de 29 años, Eishia Hudson, una chica indígena de 16 años,[20] Chantel Moore, una mujer Tla-o-qui-aht/Nuu-chah-nulth de 26 años[21] y Rodney Levi, un hombre de 48 años de la Primera Nación Metepenagiag.[22]

En respuesta a estos acontecimientos, líderes indígenas han reclamado el cese de la financiación de la RCMP o su abolición, así como también de varias fuerzas policiales municipales/regionales,[23] y la financiación de enfoques indígenas para seguridad cultural y salud mental. En octubre de 2020, la Asamblea de Primeras Naciones exhortó al primer ministro a destituir a la jefa de la RCMP[24] Brenda Lucki por negar el persistente racismo sistemático que existe dentro de la fuerza policial.[25] El primer ministro tiene aún que pronunciarse sobre estas peticiones.

Mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas

En respuesta a la persistente crisis de mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en el país, Canadá ha comenzado a trabajar para elaborar un plan de acción nacional que aborde esta cuestión. El plan de acción fue codesarrollado con los gobiernos federal, provincial y territorial junto con líderes, familias y grupos de mujeres indígenas, dando seguimiento a la Investigación Nacional de 2019 sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas y sus 231 recomendaciones. La pandemia del COVID-19 se ha citado como un factor de retraso en la ejecución de este plan y la involucración comunitaria requerida para aportar información al respecto. Líderes indígenas han criticado la demora en el plan de acción y la dilación del gobierno en activar las recomendaciones especificadas en la investigación de 2019.[26]

Matthew Norris es miembro de la Primera Nación Lac La Ronge del norte de Saskatchewan, Canadá. Es estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de British Columbia y está investigando cuestiones relativas a marcos internacionales de derechos indígenas. Es el presidente de la Asociación de Jóvenes Nativos Urbanos de Columbia Británica (Urban Native Youth Association in BC) y, antes de dedicarse al ámbito académico, era analista de políticas para la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica (Union of BC Indian Chiefs).

Este artículo es parte de la 35a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

[1] Parlamento de BC. “Bill 41 – 2019 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act”. Período de sesiones legislativo: 4ª período de sesiones, 41 Parlamento, 2019. Disponible en https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/first-reading/gov41-1

[2] https://www.bcndp.ca/platform

[3] Cámara de los Comunes de Canadá. “Bill C-15, An Act respecting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”. Segundo período de sesiones, Cuadragésimo Tercer Parlamento, 3 de diciembre de 2020. Disponible en https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/C-15/first-reading

[4] McIvor, Bruce. “Hope for the Best from Canada’s UNDRIP Law. But Expect More of the Same”. The Tyee, 28 de diciembre de 2020. Disponible en https://thetyee.ca/Analysis/2020/12/28/Hope-Best-Canada-UNDRIP-Law-Expect-More-Same/

[5] Wet’suwet’en Hereditary Chiefs. “No Access Without Consent”. Unist’ot’en, 7 de enero de 2020. Disponible en https://unistoten.camp/wetsuweten-hereditary-chiefs-no-access-without-consent/

[6] Wickham, Jennifer. “Wet’suwet’en Hereditary Chiefs Call for UN Intervention”. Unist’ot’en, 13 de enero de 2020. Disponible en http://unistoten.camp/unintervention/

[7] Trumpener, Betsy. “A year after West’suwet’en blockades, Coastal GasLink pipeline pushes on through pandemic”. CBC News, 5 de febrero de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/coastal-gaslink-pipeline-bc-wet-suwet-en-pandemic-1.5898219

[8] Cámara de los Comunes de Canadá. “Bill C-92, An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families”. Primer período de sesiones, Cuadragésimo Segundo Parlamento, 21 de junio de 2019. Disponible en  https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-92/royal-assent

[9] Somos, Christy. “A year later, Indigenous communities are fighting twin crises: COVID-19 and inequality”. CTV News, 25 de enero de 2021. Disponible en https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-year-later-indigenous-communities-are-fighting-twin-crises-covid-19-and-inequality-1.5280843

[10] CBC News. “2 B.C. First Nations under state of emergency due to COVID-19”. CBC News, 5 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-first-nations-covid-state-of-emergency-1.5903312

[11] AFN. “Assembly of First Nations Declares State of Emergency on COVID-19 Pandemic”. AFN, 24 de marzo de 2020. Disponible en https://www.afn.ca/assembly-of-first-nations-declares-state-of-emergency-on-covid-19-pandemic/

[12] Yellowhead Institute. “COVID-19 in community: How are First Nations responding?” Yellowhead Institute, 7 de abril de 2020. Disponible en https://yellowheadinstitute.org/2020/04/07/corona-in-community-the-first-nation-response/

[13] Grabish, Austin. “Vaccinating knowledge keepers part of effort to preserve Indigenous identity in Manitoba”. CBC News, 6 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/knowledge-keepers-vaccines-manitoba-1.5902957

[14] Turpel-Lafond, Mary-Ellen. “In Plain Sight: Addressing Indigenous-specific Racism and Discrimination in BC Health Care, Summary Report”. BC, noviembre de 2020. Disponible en https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/613/2020/11/In-Plain-Sight-Summary-Report.pdf

[15] Ibid, 20.

[16] Hill, Evan, Ainara Tiefenthäler, Christiaan Triebert, Drew Jordan, Haley Willis y Robin Stein. “How George Floyd Was Killed in Policy Custody”. The New York Times, 31 de mayo de 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-investigation.html

[17] Dhillon, Jaskiran y Will Parrish. “Exclusive: Canada police prepared to shoot Indigenous activists, documents show”. The Guardian, 20 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2019/dec/20/canada-indigenous-land-defenders-police-documents

[18] Morin, Brandi. “Chief Allan Adam on being beaten by police and Indigenous rights”. Aljazeera, 15 de julio de 2020. Disponible en https://www.aljazeera.com/features/2020/7/15/chief-allan-adam-on-being-beaten-by-police-and-indigenous-rights

[19] Forester, Brett. “DFO, RCMP knew violence was coming but did nothing to protect Mi’kmaw lobster harvesters: Documents”. APTN News, 10 de febrero de 2021. Disponible en https://www.aptnnews.ca/national-news/dfo-rcmp-knew-violence-was-coming-but-did-nothing-to-protect-mikmaw-lobster-harvesters-documents/

[20] Martens, Kathleen. “Family of Eishia Hudson calls for inquiry after Winnipeg police cleared in fatal shooting”. APTN News, 28 de enero de 2021. Disponible en https://www.aptnnews.ca/national-news/they-got-us-now-no-charges-laid-against-officer-in-shooting-death-of-eishia-hudson/

[21] Sayers, Judith. “A Nation Mourns for Chantel Moore”. The Tyee, 17 de junio de 2020. Disponible en https://thetyee.ca/Analysis/2020/06/17/Nation-Mourns-Chantel-Moore/

[22] Moore, Angel. “Metepenagiag First Nation left with many questions after RCMP shooting of Rodney Levi”. APTN News, 15 de junio de 2020. Disponible en https://www.aptnnews.ca/national-news/metepenagiag-first-nation-search-for-answers-after-rcmp-shooting/

[23] Sterritt, Angela. “‘It’s putting a Band-Aid on a broken leg’: Indigenous leaders say police training inept, join calls to defund”. CBC News, 13 de junio de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/indigenous-leaders-say-training-not-working-1.5610501

[24] AFN. “AFN National Chief Perry Bellegarde Calls for the Removal of RCMP Commissioner Brenda Lucki”. AFN, 23 de octubre de 2020. Disponible en https://www.afn.ca/afn-national-chief-perry-bellegarde-calls-for-the-removal-of-rcmp-commissioner-brenda-lucki/

[25] Palmater, Pam. “Brenda Lucki must go”. Maclean’s, 18 de junio de 2020. Disponible en https://www.macleans.ca/opinion/brenda-lucki-must-go/

[26] Stefanovich, Olivia. “Ottawa delays release of national action plan on missing and murdered Indigenous women”. CBC News, 26 de mayo de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/politics/stefanovich-mmiwg-action-plan-delay-1.5583585

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