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    Pueblos indígenas en Chile

    En Chile viven nueve pueblos indígenas. El más grande es el Mapuche, seguido por el Aymara, Diaguita, Atacameño y el Quechua. Es el único país de América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas.
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Mapuches: "Reconstruir el buen vivir es una tarea enorme para nosotros"

Entrevista a Jorge Nahuel, miembro directivo de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y ex Director de Pueblos Originarios en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina.

interview El representante mapuche Jorge Nahuel analiza los desafíos que supone la lucha indígena por un modelo de desarrollo alternativo en defensa del “buen vivir” y en contra del daño cultural causado por las actividades extractivas y la criminalización de la protesta. - Mientras se celebran 30 años de democracia en Argentina, los pueblos indígenas continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan hoy? -Vivimos en un país que todavía se asume como monocultural y que a pesar de 200 años de existencia no ha sabido resolver la relación con los pueblos indígenas. En la historia reciente de Argentina nunca se vivieron etapas de mayor represión y violencia cultural que en estos últimos 4 o 5 años. Podríamos decir que en el año 2009 comienzan a sucederse muertes de hermanos indígenas y hoy en día hay una docena de muertos en la ruta por manifestaciones en manos de la fuerza pública. Esto muestra a un Estado que profundiza su política extractiva y que, sin ofrecer ninguna instancia de diálogo, genera una continua violencia física y cultural. Así que el análisis que hacemos a 30 años de la recuperación de la democracia es que la democracia no ha llegado todavía a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Persiste un Estado colonialista que reprime culturalmente y que ve a los pueblos indígenas solamente como objeto de políticas contra la pobreza. No hay un reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, entonces no hay institucionalidad que pueda contener ese derecho y todo se reduce a la tarea del Ministerio de Desarrollo Social. De ahí que vemos esta coyuntura con mucha preocupación, porque no hay ningún signo de que la situación vaya a cambiar en los dos años que quedan de gobierno. - ¿Cuál es la forma más común de criminalización que sufren? -Primero recordemos que tiene vigencia una ley aprobada entre gallos y medianoche, la Ley Antiterrorista, que le otorga impunidad al gobierno, que se jacta de ser nacional y popular, para reprimir justamente la protesta social. El pueblo mapuche en Neuquén es uno de los sectores más reprimidos de la sociedad en la región. No hay otro sector que haya sido alcanzado por el nivel de represión que sufrieron las comunidades del pueblo mapuche de Neuquén con más de 70 causas civiles y penales y más de 200 autoridades mapuches procesadas bajo delitos como usurpación, resistencia a la autoridad y desobediencia. Es decir, cargos absurdos pero que demuestran un alto nivel de persecución. El nivel de represión en estos últimos cuatro años también implica comunidades desalojadas por la fuerza y heridos. -Cuando hablas de modelo de desarrollo extractivista, ¿te referís solo a la minería y el petróleo o incluís también el avance de la frontera agropecuaria? -Hablo del avance sojero porque genera un desplazamiento de la población tremendo en todo el Noreste y sobre todo mucha represión, porque los pueblos resisten a que se los desplace de su hábitat y de su ambiente natural. Hablo también de la industria maderera, que genera un destrate ambiental enorme en todo el Litoral y hablo por supuesto de la mega minería y de la fractura hidráulica (fracking). -Muchos gobiernos latinoamericanos han apostado a este tipo de modelos de desarrollo, incluso llegando a la re-primarización de sus economías a partir de la extracción y exportación de recursos naturales. ¿Cuáles son las estrategias de coordinación a nivel regional con las que cuentan como representantes indígenas? -Existe una política global a nivel continental que se está aplicando en los bloques construidos como el Mercosur, UNASUR y ALBA. Son todos bloques que tienen como eje central el desarrollo económico y la apertura de los mercados. Bajo este contexto no se ha profundizado la relación entre los pueblos, sino que siguen quedando excluidos al interior de los Estados, y eso afecta a los pueblos indígenas porque no hemos logrado justamente articular y coordinar fuerzas entre los afectados más allá de las fronteras. En este sentido, el bloqueo que hacen las políticas estatales es muy fuerte. Lo único que podemos hacer es, a través de la comunicación global, coordinar acciones y solidaridad o aprovechar la experiencia de otros pueblos que han llevado adelante medidas. -Y más allá de la oposición a ciertos desarrollos productivos, ¿cuál es la propuesta alternativa de desarrollo de los pueblos indígenas? -Bueno, primero hay que saber que cuando nosotros reaccionamos contra este modelo de desarrollo es porque está demostrado en todo el continente que lo que deja tras de sí son enormes bolsones de pobreza, pueblos desplazados, excluidos, reprimidos y un pasivo ambiental enorme. Esto ya está comprobado, no estamos haciendo teoría. En segundo lugar, lo que deja tras de sí es un daño cultural que no está considerado a la hora de evaluar los impactos de las industrias. Esto significa el quiebre de comunidades y las relaciones que se rompen al interior de los pueblos. La manera en que se interviene la vida interna de esos territorios nunca se ha evaluado, ni se ha considerado. -¿Es en este sentido que te referís a la persistencia del modelo colonizador del Estado? -Sí. Este daño cultural no está visualizado y a veces es de carácter irreversible, ya que no se trata de aplicar una política de reparación o reconstrucción. Estamos hablando de territorios intervenidos y quebrados en la convivencia interna de las comunidades, donde se pierden las prácticas culturales y las lenguas nativas. Hay prácticas culturales externas que se van imponiendo al interior de las comunidades, necesidades de consumo que antes no existían y que estas industrias las instalan. Y eso implica que destruyen una forma de vida, y es justamente esa forma de vida la que nosotros logramos mantener hasta los momentos previos a la llegada de estas industrias. Tiene que ver con una supervivencia que los pueblos lograban, la convivencia con el entorno natural y con su sistema de reproducción que nunca permitieron que hubiera hambre o miseria. Volver a reconstruir esa forma de vida, lo que nosotros llamamos küme mogen o que los pueblos andinos llaman sumak kawsay (el buen vivir) es una tarea enorme que tenemos los pueblos indígenas. Volver a reconstruir todo ese tejido social y la relación con nuestro entorno natural para que nos brinde lo necesario para poder tener y desarrollar una identidad, es la enorme tarea que tenemos ante un modelo que trae su propia receta para el bienestar y la felicidad de los pueblos. -En esta tarea de reconstruir su forma de vida, ¿qué rol juegan la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI)? , ¿Es la consulta previa un camino al consentimiento o hay que olvidarse de la consulta e ir directo al CLP? -Yo creo que el derecho ahí es el consentimiento, es decir el derecho ante un proyecto de desarrollo o una legislación o lo que fuera que pueda afectar la vida de los pueblos indígenas. La consulta es un mecanismo, una herramienta, es el instrumento para hacer valer ese derecho. Sabemos que tiene mucha resistencia el principio del consentimiento porque los Estados lo ven como una interferencia para el modelo de desarrollo que están aplicando, pero si no se trabaja para el reconocimiento del consentimiento, se vacía de contenido el debate y se manipula la voz y la voluntad de los pueblos indígenas. - Ahora, ¿cómo se relacionan ustedes con las empresas a la hora de ese proceso de consulta? - La empresa es el actor que por naturaleza propia tiene como objetivo extraer el recurso, apropiarse de él, para eso negocia una concesión. No es el actor fundamental cuando hablamos de la consulta o el consentimiento. La consulta como mecanismo para obtener el CLPI de los pueblos indígenas es una obligación de los Estados y no un acto de generosidad ni de buena voluntad. Antes de poder negociar una concesión, se debería aplicar ese principio de la consulta. Cuando hemos llegado a discutir con una empresa un protocolo de consulta es porque estamos actuando sobre un hecho consumado, cuando ya la empresa invadió nuestros territorios y perforó alrededor de toda nuestra vida interna. Entonces, como una forma de contener, como una medida coyuntural urgente o de emergencia establecemos una negociación con la empresa. En general dialogar sobre este derecho con la empresa es reconocer que el Estado ya cometió la violación a ese derecho. - En Diciembre de 2014 se va a llevar a cabo la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Perú. ¿Qué expectativas tienen? -A nosotros lo que nos preocupa es que ninguna de estas conferencias va a condenar el modelo extractivista que llevan adelante los países. Hay una lucha absolutamente desigual entre los movimientos que promueven el modelo del buen vivir como los pueblos indígenas y los que organizan estos eventos en los cuales ya casi esta predefinido el resultado. Sentimos que vamos a participar de cuestiones que ya están previamente establecidas, ya que las propuestas que surgen de este tipo de conferencias son para encontrar paliativos o adaptar a los pueblos a este modelo. De todos modos creemos que va a ser un escenario importante para visibilizar la presencia y demanda de los pueblos indígenas.

Etiquetas: Derechos Territoriales

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