Mundo Indígena 2019: Ecuador

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Ecuador

La población indígena de Ecuador se acerca a 1,1 millón, por sobre una población total de 17.200.000 habitantes. En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales El 24,1% de la población indígena vive en la Amazonía y pertenecen a 10 nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habitan la Sierra Sur; y el 8,3% restante habitan en la región Costa y las Islas Galápagos.

La mayor parte, el 60,3 % de los Kichwa andinos viven en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; 78,5% de ellos habita aún en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. Los Shuar, que conforman una nacionalidad de más de 100 mil personas, tienen una fuerte presencia en 3 provincias del Centro Sur amazónico, donde representan entre un 8% hasta un 79% del total de la población, y el resto están dispersos en pequeños grupos en todo el país.

Hay varias nacionalidades con muy baja población y en situación altamente vulnerable. En la Amazonía, los A’i Cofán (1.485 habs.); los Shiwiar (1.198 habs.); los Siekopai (689 habs.); los Siona (611 habs.); y los Sapara (559 habs.); y en la Costa, los Épera (546 habs.) y los Manta (311 habs.).

Luego de más de una década de vigencia de una nueva Constitución y veinte años de ratificado el Convenio 169 de la OIT, Ecuador carece de políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos, e instrumentos eficaces que aseguren la vigencia de los derechos colectivos ya recogidos ampliamente en la Constitución vigente.

Ecuador en 2018

La situación y vigencia de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador se vio marcada por el giro político y económico hacia un modelo abiertamente neoliberal. Tal cambio de dirección fue fruto de negociaciones y pactos entre el gobierno de Moreno, distintas fracciones contrapuestas de la burguesía agro-exportadora, comercial, bancaria y financiera, algunas organizaciones indígenas y sindicales y la Embajada de EE.UU, en el afán de neutralizar y superar el modelo de la denominada “Revolución Ciudadana” liderada por Rafael Correa que había dominado la escena política ecuatoriana durante casi una década.¹

El resultado de los acuerdos de esta coalición liderada por el gobierno, se tradujo en dos medidas centrales: la aprobación de algunas reformas constitucionales por la vía de un referéndum; y la expedición de la denominada Ley de Fomento Productivo².

En el primer caso, el referéndum a pesar de no cumplir requisitos legales básicos como contar con la autorización de la Corte Constitucional, se realizó en febrero de 2018 y logró la aprobación de disposiciones entre las cuales se destacan la suspensión de la figura de la re-elección indefinida para cargos de elección popular, y la re-estructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).³ En el primer caso, para neutralizar la posibilidad de que a futuro, Correa vuelva a participar en lides electorales. Y en el segundo, para cooptar el sistema judicial y de control, para judicializar acusaciones de corrupción contra altos funcionarios del anterior gobierno.⁴

Adicionalmente el referéndum aprobó dos demandas de organizaciones indígenas y ambientalistas: la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, así como la ampliación de 50 mil hectáreas en el Parque Nacional Yasuní donde habitan los Tagaeri y Taromenane, dos pueblos en condición de aislamiento voluntario, a la par de la reducción de 1.300 a 300 hectáreas el área de operación petrolera en dicha zona.

En el segundo caso, la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto en su punto central, perdonó multas e intereses y revistió como “incentivo tributario” la supresión del pago del impuesto a la renta hasta por 20 años para las nuevas inversiones, contrariando expresas disposiciones vigentes en el régimen tributario, que daba prioridad a los impuestos directos, a más de cumplir funciones redistributivas y garantizar ingresos fijos al fisco.⁵

Adicionalmente esta Ley, en su Art.45, cambia el Art.55 de la Ley de Hidrocaburos y establece que la participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y volumen de producción, lo cual deja de lado garantizar la participación estatal en el caso de existir excelentes en el precio del petróleo.

En otras palabras, dicha Ley benefició a los 200 grupos más poderosos del país con un total estimado de 4.379 millones de dólares, equivalente a deudas por impuestos, de los cuales casi la mitad se concentra en apenas 43 empresas que incluyen transnacionales petroleras, telefónicas privadas y los bancos más grandes.⁶

Complementaria a dichas decisiones, el gobierno tuvo acercamientos con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI)⁷ y el gobierno chino, y ha anunciado negociaciones con los EEUU para un tratado comercial y el ingreso al Acuerdo Asia Pacífico, del cual forman parte países como Perú, Chile o Colombia.⁸

A finales del año, el gobierno eliminó los subsidios a varios combustibles como parte de las medidas económicas, lo que generó reacciones en algunos actores opositores al gobierno como gremios sindicales, el movimiento denominado “Revolución Ciudadana” y varias organizaciones campesinas e indígenas a nivel local, quienes desplegaron acciones de protesta en varias ciudades.⁹

La respuesta formal de organizaciones de alcance nacional como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tardaron en llegar y se dividieron entre quienes cuestionaron las decisiones gubernamentales y se sumaron a las protestas y quienes defendían la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y negociación con el gobierno central, al tiempo de mantener distancias con los grupos denominados “correistas”.¹⁰

La Marcha por el agua, la vida y contra la corrupción

Atendiendo una convocatoria planteada por la CONAIE, varias organizaciones indígenas de la Sierra Central y Sur, encabezados por la Confederación de la Nacionalidad Quichua de la Sierra, Ecuarunari convocaron a la “Marcha por el agua, la vida y contra la corrupción”, entre el 4 al 14 de noviembre, desde el sector de Tundayme en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur-oriente amazónico.¹¹

En un boletín de prensa, la organización apunta que el objetivo de dicha caminata es solicitar al presidente Lenín Moreno que acoja sus pedidos sobre temas ambientales, educativos, políticos, anticorrupción y comunicacionales. Para Yaku Pérez, presidente de Ecuarunari, “es una marcha sin violencia y la idea es llegar a Quito y presentar ante la Asamblea un proyecto de ley que declare al Ecuador prohibido de minería metálica en el territorio (indígena)”.¹²

Alrededor de 300 personas recorrieron varias provincias desde el sur del país hasta llegar a Quito donde entregaron a la Asamblea Nacional y a la Contraloría un proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador.¹³

Adicionalmente las demandas planteadas en un manifiesto, incluían urgentes reformas a la Ley de Aguas, Tierras, Minería, COIP y otras “que permiten el acaparamiento de los recursos naturales, el despojo de derechos y la criminalización de la protesta social”.¹⁴

Debate y negociaciones en torno a educación intercultural

En el contexto de ajuste económico y giro político de la política gubernamental, la educación para los pueblos indígenas tuvo una doble significación: por un lado, el gobierno utilizó dos demandas planteadas en este campo por las organizaciones indígenas como medio de presión y condicionamiento político; y por otro, las promesas gubernamentales quedan en entredicho al momento de conocer los medios disponibles para cumplir las promesas.

Hay que recordar que desde hace algunos años -durante el gobierno de Correa-, varias organizaciones indígenas demandaron sin éxito la restitución integral del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con plena autonomía. Acusaron entonces al régimen de imponer una política educativa monocultural, lo cual les arrebató una autonomía que habían logrado desde los años ochenta y que incluía la competencia para dirigir el sistema y definir un modelo pedagógico propio.

El acercamiento del gobierno de Moreno a las organizaciones indígenas ligadas a la CONAIE tuvo como punto importante de la agenda satisfacer esta demandas, en particular a través de la reapertura de las denominadas escuelas unidocentes, el cuestionamiento abierto al modelo escolar impulsado durante el gobierno de Correa alrededor de las denominadas Unidades Educativas del Milenio y el apoyo al proyecto de la Universidad indígena Amauta Wasi, a la cual incluso se le ofertó el edificio donde está la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR.¹⁵

En alguna medida las ofertas gubernamentales de Moreno desmovilizaron a buena parte de las organizaciones filiales de CONAIE frente a polémicas decisiones del gobierno en materia económica o de relaciones internacionales, en particular el alineamiento con la política exterior del gobierno de Estados Unidos en la región.

Sin embargo y a pesar de los acuerdos alcanzados, las propuestas parecen carecer de sustento real, cuando en la proforma presupuestaria del 2019 se observa una reducción considerable del rubro educación en USD $198 millones para gastos corrientes, mientras que para el rubro de inversión hay una reducción de USD $221 millones, lo cual pone en serio riesgo el logro de varios objetivos, como el ampliar las coberturas educativas en población vulnerables como las comunidades indígenas en zonas periféricas, el mantenimiento adecuado de las infraestructuras o el nivel de los salarios de los maestros.

La resistencia de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe frente a la minería

En la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, ubicada a orillas del río Aguarico en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, viven alrededor de 180 personas en base a la pesca, la cacería y el cultivo de sus pequeños huertos familiares. Su territorio, de aproximadamente 35 mil hectáreas limita con el Parque Nacional Cayambe Coca.

Desde el 2017 esta comunidad elaboró una Ley Propia de Control y Protección del Territorio Ancestral A’i Cofán de Sinangoe, la cual reconoció la figura de la Guardia Indígena encargad del monitoreo del territorio frente a cualquier amenaza exterior. En ese mismo año, dicha Guardia registró distintos eventos como el ingreso al territorio de la comunidad de mineros ilegales con sus maquinarias, hecho que fue denunciado la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a la Municipalidad de Gonzalo Pizarro, la cual emitió un informe que concluyó “la minería ilegal, la cacería furtiva, la tala ilegal del bosque y la pesca no convencional están afectando gravemente las formas de vida y la pervivencia de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe”, a pesar de lo cual no estableció ninguna sanción para los responsables.¹⁶

Ya en enero del 2018, la Guardia Indígena volvió a detectar la presencia de retroexcavadoras para la apertura de vías hasta el río Aguarico. Al denunciar a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) los funcionarios informaron que en la zona existen 20 concesiones otorgadas y otras 30 en trámite para pequeña y mediana minería, con permisos de explotación vigentes hasta por 30 años.¹⁷

En marzo, el Ministerio del Ambiente inspeccionó el área y determinó que una de esas explotaciones, en Puerto Libre, no contaba con licencias ambientales ni permisos de concesión de agua, y ordenó la suspensión de la concesión minera hasta contar con los requisitos necesarios. Ya para mayo, las operaciones mineras habían avanzado, incluyendo la tala de 15 hectáreas de bosque y la apertura de una vía hacia el río Chingual, al norte de la concesión, sin que el Ministerio emprenda acción alguna para evitarlo.

Luego de varias denuncias y desmentidos contra el Ministerio del Ambiente, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe buscó protección judicial de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo. El 12 de julio pasado presentaron, ante el juez de Garantías Constitucionales del cantón Gonzalo Pizarro una acción de protección frente a las actividades y concesiones mineras en su territorio.

El 27 de julio, la acción de protección fue inicialmente concedida y con ella quedaron suspendidas las actividades extractivas mineras en este territorio, reconociendo la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y ordenando la reversión inmediata de todas las actividades mineras otorgadas por el Ministerio de Minería en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes.¹⁸ Tal decisión sería ratificada tres meses más tarde por los jueces de la única sala de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos.¹⁹

Según Mario Criollo Quenamá, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe:

Se vulneró nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada, así como también se atenta contra los derechos de la naturaleza, el derecho al medio ambiente, al agua, a la salud y a la alimentación; todo ello por el otorgamiento inconsulto de al menos 20 concesiones mineras en la ribera del Aguarico y los impactos generados por esta actividad dentro y fuera de los límites concesionados […] Los Cofán dependemos de esos ríos para nuestras vidas. Si el agua de esos ríos se contamina, esa contaminación llega directamente a nosotros ya que pescamos, bañamos y tomamos desde ahí finalizó Criollo.²⁰

Amenazas contra el pueblo Kichwa de Pastaza

Dos amenazas recientes han aparecido en el horizonte del Territorio Indígena de Pastaza (TIP), de cerca de 30 mil Km², y donde habitan siete nacionalidades; Kichwa, Shiwiar, Waorani, Andwa, Zápara, Achuar y Shuar. Por un lado, el denominado Proyecto Hidroléctrico Piatúa, que pretende explotar las aguas del río del mismo nombre, ubicado en el Territorio Kichwa de Santa Clara, al nor-occidente de Puyo, en el límite provincial entre Pastaza y Napo, en la Amazonía Central. Y por otro lado, licitación impulsada por el gobierno central a una nueva ronda de explotación petrolera en los denominados campos del Sur-oriente, en particular de los bloques 86, 87 y 28.

Sobre lo primero, se trata de un proyecto hidroeléctrico, que según la Agencia de Control y Regulación de la Electricidad (ARCONEL) aportaría con una producción energética media estimada de 172,12 GWh/ año.²¹

El río Piatúa se ubica en un flanco de la cordillera andina, al este del Parque Nacional Llanganates, en alturas que oscilan entre lo 600-700 msnm, en medio de bosques espesos de vegetación subtropical y húmeda y es parte de la cuenca de los ríos Anzu y Napo.²²

El Territorio del Pueblo Kichwa de Santa Clara, de aproximadamente 11.190 hectáreas alberga a alrededor de 320 familias, quienes viven dentro de las 8 comunidades y su organización central es la PONAKCISC.

Según Cristian Aguinda, presidente del pueblo Kichwa de Santa Clara:

La empresa encargada del proyecto del río Piatúa es Genefrán S.A., ingresó a nuestro territorio desde el 2016, de manera inconsulta. Y debido a la oposición que se han presentado de parte de las comunidades afectadas por este proyecto, sus habitantes y dirigentes hemos sido víctimas de varias formas de intimidación y amenazas, como citaciones judiciales con el fin de desmovilizar nuestra sólida organización.²³

Frente a la ofensiva de la empresa Genefrán S.A.responsable del proyecto hidroeléctrico, las comunidades Kichwa de Santa Clara decidieron el inicio de acciones de hecho para lograr la expulsión de dicha empresa.²⁴ El repertorio de acciones colectivas incluyó plantones en las afueras de la gobernación de Pastaza, la realización de un campamento juvenil para debatir junto a varias organizaciones invitadas, los impactos o efectos de dicho proyecto hidroeléctrico²⁵, y finalmente la toma de las carreteras y vías que conectan Santa Clara, ubicada en la principal arteria vial entre dos provincias, Napo y Pastaza.²⁶ Las acciones de las comunidades Kichwa de Santa Clara lograron la salida temporal de la empresa de la zona.²⁷

Sobre lo segundo, en el mes de febrero Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables anunció la convocatoria a una nueva ronda petrolera en el Sur-oriente de la Amazonía: “para evitar conflictos con las comunidades, la Ronda Suroriente solo licitará los bloques 86 y 87, los más cercanos a la frontera con Perú”, señaló Pérez en un evento con corporaciones petroleras en Quito.²⁸

En Pastaza opera desde el año de 1998 el bloque 10 a cargo de la empresa Agip Oil de Italia.²⁹ Otros bloques petroleros han sido suspendidos en los últimos 20 años debido a la fuerte oposición de las organizaciones indígenas, siendo los Kichwa de Sarayaku el caso más emblemático que logró la expulsión de su territorio de la empresa argentina Compañía General de Combustibles CGC.³⁰

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

16. Ojeda, & Peinado G. Fair Observer Moreno Is Breaking Ranks with the Correa Administration http://bit.ly/2TdnqXd ; también en Borón, A. Ecuador: La traición de Lenín Moreno disponible en: http://bit.ly/2Tc7UL9
17. Ley Orgánica para el fomento productivo, Atraccion de inversiones, generacion de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal. En Registro Oficial Suplemento 309 de 21-ago.-2018 en: http://bit.ly/2Tf28Iy
18. Consejo Nacional Electoral CNE Referéndum y Consulta Popular 2018 disponible en: http://bit.ly/2TbBSPn
19. El Universo Cinco integrantes del Consejo de Participación Transitorio fueron posesionados este miércoles 28.02.2018 http://bit.ly/2TdOTrB También ver en Calderón Castillo, J. El libreto del “lawfare” contra Rafael Correa 07.2018 CELAG en: http://bit.ly/2Tdno1x
20. Paz y Miño, J. Deudores al Estado: perdón y olvido 04.06.2018 En Confirmado. Disponible en: http://bit.ly/2Th5tap
21. Salinas E., Trole 3: ¿fomento a la inversión extranjera o al lavado de capitales? 06.2018 en: http://bit.ly/2TaQyOE
22. Expreso 11.06.2018 Ecuador se vuelve a acercar a FMI para “mantener un canal de diálogo abierto”en: http://bit.ly/2Th5r2h
23. Gobierno Nacional retoma diálogos con organismos multilaterales, Ministerio de Economía y Finanzas 12.06.2018 en: http://bit.ly/2Tf1OJQ
24. El Comercio, 01.2019 Los subsidios a cuatro tipos de combustibles se han ajustado disponible en: http://bit.ly/2TcyOm1 ; Trabajadores marchan contra aumento de la gasolina en Ecuador Telesur 27.12.2018 en: http://bit.ly/2TaeAJL ; Ecuador: Protestan contra políticas de presidente Lenín Moreno en Quito 13.09.2018 en: http://bit.ly/2Teeot2; Marcha en Quito y unas 35 detenciones marcan el quinto día de huelga en Ecuador 18.08.2018, disponible en: http://bit.ly/2Tb6GQi
25. El Universo Ajustes y varios pedidos en política económica de Ecuador provoca manifestaciones 30.08.2018 disponible en: http://bit.ly/2TcsFGA ; El Gobierno enfrenta el retorno de las protestas 11.2018 disponible en: http://bit.ly/2TaQqPa
26. Marcha por el agua del movimiento indígena se concentra en Cutuglahua, al sur de Quito en: http://bit.ly/2Tfl3TR.
27. Marcha Nacional por el Agua y en Resistencia al Extractivismodesde el sur del Ecuador 02/10/2018 en: http://bit.ly/2Tccd9s ; The “March for Water” organized by indigenous organization #Ecuarunari arrives in Quito. Disponible en: http://bit.ly/2Tf1haO
28. Sputnik 15/11/2018 Marcha indígena llega a Quito y presenta proyecto para prohibir minería metálica Disponible en: http://bit.ly/2Tcszic
29. Un año más de diálogo con el Gobierno que no contenta a la Conaie, 26.12.2018 en: http://bit.ly/2TaQBKD
30. Expectativa por la reapertura de escuelas unidocentes y bidocentes 07.2018 Disponible en: http://bit.ly/2TbQiPn 
31. Radio Sucumbíos Comunidades y organizaciones indígenas denuncian nuevas concesiones mineras en Ai Cofan Sinangoe 02.05.2018 disponible en: http://bit.ly/2TdV7Ih
32. Hill, 09.04.2018 The Guardian Our territory is our life’: one struggle against mining in Ecuador en: http://bit.ly/2TafPIV
33. INREDH 18/07/2018 Audiencia de protección para comunidad Cofán afectada por actividades mineras en Sucumbíos se realizará este jueves. Disponible en: http://bit.ly/2Tf46Zs
34. El Universo Corte de Sucumbíos ratifica sentencia a favor de indígenas cofanes 22.10.2018 En: http://bit.ly/2TdoqdV
35. Espinosa, Lina M. y Zúñiga, J. La Barra Espaciadora Los cofán de Sinangoe: el pueblo amazónico que eligió defender la vida Disponible en: http://bit.ly/2Tb9UDo
36. ARCONEL Proyecto Hidroeléctrico Piatúa en: http://bit.ly/2Tf3jYu
37. Silva, E. (2003) Mushuk Allpa. La experiencia de los indígenas de Pastaza en la conservación de la selva amazónica. OPIP-Comunidec.
38. en NotiAmazonía 05.12.2018 Pastaza: marcha indígena en protesta por hidroeléctrica se cumplió en calles de Puyo en: http://bit.ly/2Tf38fM
39. Pueblo Kichwa de Pastaza respalda a Santa Clara en defensa del Río sagrado de Piatúa 14/11/2018 en: http://bit.ly/2TaSeHW
40. “Piatúa Resiste”: la lucha contra las hidroeléctricas en la Amazonía. Disponible en: http://bit.ly/2T94wAC Video disponible en: https://youtu.be/NwxneCTDXwU
41. Diario de Los Andes 12.11.2018 Pueblo Kichwa de Santa Clara exige salida de hidroeléctrica disponible en: http://bit.ly/2TbCPap
42. NotiAmazonía 11.18 Pastaza: Comuneros del cantón Santa Clara expulsaron a empresa hidroelectrica en: http://bit.ly/2TdoeLJ
43. La Hora 10.2018 Ronda Petrolera Suroriente se definirá en encuentro binacional entre Ecuador y Perú Disponible en: http://bit.ly/2TdFGQ0
44. Para ampliar al respecto Ortiz-T., P. (2010) Extracción de Recursos Naturales, Conflictos y Derechos de los Pueblos Indígenas de la Alta Amazonía. Eschborn, Frankfurt ADLAF Disponible en: http://bit.ly/2TcdIo6
45. Rogato, M. (2016) Eriberto Gualinga. My people the Sarayaku’s fight against oil and gas. Lifegate. Disponible en: http://bit.ly/2TiqrFS

Pablo Ortiz-T. PhD. Msc.en Ciencias Políticas. Sociólogo. Docente e investigador universitario. Contacto en: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas