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    Pueblos indígenas en Ecuador

    En Ecuador viven 1.1 millón de indígenas de 14 nacionalidades distintas. Ecuador votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
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El abandono de los Pueblos Indígenas Aislados del Ecuador

POR EDUARDO PICHILINGUE RAMOS

Lea el original en Debates Indígenas.

Los avances en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA), adoptados por el Estado ecuatoriano desde hace 14 años, no se han traducido en una protección efectiva en sus territorios. Incluso el reconocimiento de la existencia de estos pueblos en el artículo 57 de la Constitución de 2008 terminó siendo letra muerta cada vez que primó el interés por la extracción de recursos. Una y otra vez, las promesas de defensa de sus derechos sucumbieron ante la “esquizofrenia” del Estado.

La mayoría de los Pueblos Indígenas Aislados que habitan en Ecuador son de origen Waorani y se encuentran en la región del Yasuní, ubicada en la frontera con Perú. Muchos clanes familiares de esta nación indígena trashumaban por este territorio de alrededor de 2 millones de hectáreas. Antes de establecer contacto con la sociedad mayoritaria eran muy temidos debido a su fama de grandes guerreros por lo que fueron conocidos como aucas, término que en Kichwa significa “salvaje”. Esta fama les permitió defender con éxito su territorio del ingreso de caucheros, petroleros y foráneos.

En 1958, el clan Guikitairi inició un proceso de contacto permanente, forzados por misioneros estadounidenses del Instituto Lingüístico de Verano. En las décadas siguientes, otras familias irían entrando en contacto y siendo reducidas a un pequeño territorio conocido como el Protectorado Waorani. De este modo, dejaron la mayor parte de su territorio ancestral desprotegido, lo cual fue aprovechado por las empresas petroleras y la colonización.

Con el tiempo, a la división política de Ecuador se han sumado los límites del Parque Nacional Yasuní (1979), la Reserva de Biósfera del Yasuní (1989), el Territorio Waorani (1990), la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (1999), los límites de docenas de comunidades y alrededor de una decena de bloques petroleros. Además, existen cinco vías de acceso, cada una con sus ramificaciones, que ingresan al territorio causando fraccionamientos del bosque que afectan su sostenibilidad y dificultan la supervivencia de los Pueblos Indígenas Aislados.

Los Tagaeri y los Taromenani

Los Tagaeri y los Taromenani son los últimos pueblos indígenas en situación de aislamiento reconocidos oficialmente por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, existe evidencia de otros pueblos, tanto en la región de Yasuní  como en territorios de las nacionalidades Kichwa y Sápara, ubicados al sur del país.

Entre 1972 y 1982, el boom petrolero atrajo a mucha gente a lo que hoy es la ciudad de Francisco de Orellana. El choque con las familias Waorani del clan Nihuairi, dueños de esos territorios, fue inevitable. La respuesta del Estado ecuatoriano fue promover un nuevo plan de contacto liderado por el Instituto Lingüístico de Verano. La imposición de un contacto “pacífico” a un pueblo que, por autodeterminación, quiere mantenerse en aislamiento agudizó un conflicto interno por la sucesión. En consecuencia, se desprendió una parte del grupo: el clan Tagaeri.

Por otro lado, el término “taromenani” significa “gente del camino” y se utiliza para denominar a una serie de clanes con mayor o menor cercanía entre sí y con el resto de los Waorani. Es muy probable que sean descendientes de familias que decidieron moverse a otros territorios antes del contacto. Este sería el caso de los Wiñatairi, del cual algunas familias Waorani aún tienen recuerdo. Por su parte, otro clan Taromenani sería el conocido como Waneiri, del que también se sabe apenas de su existencia. Estos clanes más alejados son reconocidos por los Waorani como “emparentados culturalmente”.

Otro grupo que algunos Waorani han comenzado a diferenciar de los Taromenani es el denominado Dugakairi, que estaría habitando entre en el bajo Río Cononaco y el Río Nashiño, a ambos lados de la frontera con el Perú. Finalmente, se cree que los indígenas aislados que han sido observados al sur del río Curaray serían de origen Sápara, lo que tendría concordancia con la evidencia encontrada al otro lado de la frontera con el Perú.

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Casa de indígenas aislados en Napo-Tigre. Foto: ORPIO

Dos décadas de conflictos

Durante décadas, se pensó que el territorio de los clanes aislados se encontraba principalmente limitado a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), de 818.501 hectáreas, y territorios aledaños hacia el noreste. Es importante aclarar que esta zona nunca buscó reconocer la territorialidad de los pueblos en aislamiento, sino que fue una forma de cortar el agresivo avance de la industria petrolera y asegurar la protección de una región que aún no había sido dividida en bloques petroleros.

Sin embargo, la presión de los bloques petroleros 14, 16, 31 y 43 sobre el territorio al norte de la ZITT generó desplazamientos y un aumento de la conflictividad entre los clanes aislados y algunas comunidades Waorani. A comienzos del siglo XXI, una fuerte ola de extracción ilegal de madera produjo la invasión de buena parte del territorio y muchas muertes. Esta conflictividad desencadenó la masacre de 25 personas en 2003, cuando los intereses madereros se sumaron a los petroleros, que veían en la existencia de los pueblos indígenas aislados una barrera para el avance de sus actividades.

En 2009, mientras se construía un camino vecinal cercano al pueblo colono-campesino de Los Reyes, un grupo de indígenas aislados atacó y mató a tres miembros de una familia. El constante ruido de los generadores de electricidad de una plataforma petrolera del Bloque 17 y la maquinaria con que los pobladores locales abrían el camino parecerían ser los detonantes de este ataque. Es muy notorio que las agresiones de aislados en esta región suelen realizarse cuando los atacados se encuentran cerca de las fuentes de ruido.

En 2013, un ataque de personas aisladas acabó con la vida de los ancianos Ompore Omehuay y Buganei Caiga, en la comunidad de Yarentaro, ubicada en el Bloque 16. Esta tragedia desencadenó una venganza que produjo la masacre de una familia de indígenas aislados y el rapto de dos niñas por parte de los familiares de las víctimas. Poco tiempo después, se hizo público un video en el que Ompore narraba un encuentro pacífico con los indígenas aislados, a los que reconoce como Taromenani, quienes le exigían que “cuide” el territorio e impida el ingreso de más “cowore” (como denominan a los no Waorani) y sus maquinarias, algo que él no pudo cumplir y habría desencadenado el ataque. Tres años más tarde, el joven waorani Caiga Baihua murió atravesado por varias lanzas cuando volvía a su comunidad. Se cree que esta muerte sería un acto de venganza por la masacre de 2013.

Toda esta violencia habría empujado a algunas familias de indígenas aislados a buscar seguridad y refugio en territorios alejados, donde vivían sus ancestros, cerca del cauce alto del río Shiripuno. Información recogida en Wentaro en 2020, señala que en este sector se habrían asentado al menos dos clanes de aislados, que no se encuentran emparentados entre sí y que uno de ellos tendría entre sus integrantes a sobrevivientes de la masacre de 2013.

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Nueva movilidad en el alto Río Shiripuno. Mapa: Paola Maldonado, Fundación Aldea

Irresponsabilidad, extractivismo y pandemia

Desde los primeros intentos oficiales de brindar algún nivel de protección a estos pueblos, poco ha cambiado. En 2006, ante el rumor de una nueva masacre que nunca fue investigada, se inició un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que de manera casi inmediata otorgó Medidas Cautelares a favor de los indígenas aislados del Yasuní. 

En respuesta, dos años después, el Gobierno del Ecuador creó el Plan de Medidas Cautelares, una oficina encargada de la protección de los PIA. Durante los años subsiguientes, esta instancia se volvió incómoda para el gabinete y fue pasando de un ministerio a otro, mientras sus funcionarios eran cambiados al más mínimo cuestionamiento a las políticas contradictorias del Gobierno.

A la par, la presión del sector petrolero ocasionó la caída de la Iniciativa Yasuní-ITT y el inicio de la explotación en el ITT (Bloque 43). En consecuencia, con el fin de demostrar lo “inofensivo” de la explotación, el Gobierno cambió el mapa oficial de la presencia de los pueblos indígenas aislados en el Yasuní, el cual había sido presentado ante la CIDH apenas unos meses antes, por otro que los “reubicaba” en territorios más al sur, fuera de los sitios de explotación petrolera.

En 2019, el Decreto Ejecutivo N° 751 oficializó un incremento de alrededor de 60 mil hectáreas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane para cumplir con la voluntad de los votantes expresada en una consulta popular. El incremento se dio en una zona que no afecta intereses petroleros y sobre la cual no hay mayores presiones que pudieran poner en riesgo a los pueblos indígenas aislados. A su vez, el decreto establece un retroceso en la protección del territorio al quitar restricciones a la extracción de recursos en la Zona de Amortiguamiento que rodea la ZITT. Esto permite el avance petrolero y deja vulnerables a alrededor de 400 mil hectáreas.

Durante la pandemia, el Estado ecuatoriano abandonó a su suerte a los aislados, los Waorani y sus vecinos. Al mismo tiempo que el virus del Covid-19 afectaba a muchas comunidades indígenas que comparten territorios con los PIA, en la región del Yasuní las actividades extractivas, legales e ilegales, avanzaban con rapidez y sin control. Por otra parte, una nueva ola de explotación ilegal de madera de balsa (Ochroma pyramidale) se expandió sobre la Amazonía para satisfacer la creciente demanda del mercado chino; mientras que en el corazón del Parque Nacional Yasuní cuadrillas de trabajadores con motosierras y maquinaria pesada abrían una carretera de varios kilómetros hacia las facilidades petroleras.

Después de 16 años de iniciado el caso de los Tagaeri y Taromenane contra el Estado ecuatoriano, la CIDH decidió elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En enero del 2021, se convirtió en el primer proceso sobre aislados en llegar a esta instancia. Se espera que el fallo llegue en aproximadamente un año y medio. El resultado de este juicio será de extrema importancia para la exigencia de los derechos de otros pueblos indígenas aislados de la región.

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Los Waorani contactados se encuentran en la región del Yasuní, ubicada en la frontera con Perú. Foto: Servindi

La importancia de una protección integral

Más allá de la importancia del juicio y de la posibilidad de que los derechos de los PIA del Yasuní sean respetados, es indispensable pensar en la protección de sus territorios de manera integral. Las fronteras son líneas imaginarias y cuando cruzan territorios cubiertos por inmensas selvas tropicales, como es el caso de la frontera amazónica entre Ecuador y Perú. Si a esto le sumamos que para los aislados no existen países, entenderemos la importancia de pensar en una protección integral.

En territorio peruano, los problemas son similares. Actividades extractivas legales e ilegales proliferan sin mayor control. La propuesta de crear la Reserva Territorial Napo-Tigre contigua al Yasuní, de más de un millón de hectáreas, ya ha cumplido 16 años desde su presentación. El retraso en su proceso de reconocimiento oficial se debe a la presencia de los lotes petroleros 39 y 67 dentro de estos territorios.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la alianza Cuencas Sagradas impulsan la creación del Corredor Territorial Binacional Yasuní-Napo-Tigre, que cubriría estas dos áreas y otros territorios aledaños donde existen indicios de la presencia de pueblos indígenas aislados. Estos territorios suman más de 6 millones de hectáreas y son algunos de los bosques en mejor estado de conservación de toda la Amazonía. Este corredor sería el último refugio de muchos aislados que, sin esta protección, enfrentarían un riesgo enorme de exterminio.

Eduardo Pichilingue Ramos ha trabajado por más de 20 años en la región del Yasuní, es ex coordinador del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los PIA (Ministerio del Ambiente del Ecuador). Actualmente, es director de Fundación Pachamama en el Perú y coordinador de la Iniciativa Cuencas Sagradas en ese país.

 

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