El Mundo Indígena 2023: Ecuador
Según datos de febrero de 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población actual de Ecuador es de 18.232.933. En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman algo más de un millón de personas y la mayoría están aglutinadas en un conjunto de organizaciones a nivel nacional, regional y local.
Las nacionalidades y pueblos indígenas habitan la sierra (68,20 %), seguido de la Amazonia (24,06 %), y solo un 7,56 % en la costa. En el censo realizado en 2010, se consideraron para la autoidentificación las siguientes nacionalidades indígenas: Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waorani.[1] La nacionalidad Kichwa es la de mayor porcentaje (85,87 %) e incluye a cerca de 800 mil personas. A pesar de los bajos porcentajes que presentan la mayoría de nacionalidades, en el marco de un Estado Plurinacional, a todas les asisten los mismos derechos colectivos. La provincia de la sierra que tiene mayor población indígena rural es Chimborazo (161.190 indígenas en 2010). Hasta el presente y luego de casi 15 años de vigencia de la Constitución del 2008 y de más de dos décadas de ratificado el Convenio 169 de la OIT, no existen políticas públicas específicas y claras que garanticen plenamente los derechos de los indígenas y prevengan o neutralicen el riesgo de desaparición de algunos de estos pueblos, que viven en situación de alta vulnerabilidad.
A lo largo del 2022 diversos acontecimientos derivados de la política estatal impactarían en la situación económica, social y política de los pueblos indígenas, y en los permanentes desencuentros con el Estado. Tres elementos centrales se podrían señalar al respecto: la política neoliberal, ya planteada desde el gobierno de Lenin Moreno, prosiguió con mayor intensidad durante el mandato del banquero Guillermo Lasso; la ausencia de regulaciones en torno a proyectos extractivos, especialmente los mineros en territorios indígenas, que deriva en permanentes violaciones a los derechos colectivos; y la limitada respuesta a las demandas de las organizaciones indígenas y campesinas, como principales afectadas por las políticas de ajuste neoliberal, pese a grandes jornadas de protesta social a mediados de año.
Neoliberalismo, pobreza y migración
La expectativa que generó el ascenso de Lasso al gobierno, pronto se vería esfumada por las consecuencias económicas y sociales de aplicar de manera estricta una agenda ortodoxa acordada con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que incluye el desmantelamiento de instituciones públicas, la reducción de la capacidad reguladora del Estado y la eliminación de subsidios, bajo la premisa de la “austeridad”, en áreas críticas como seguridad, salud y educación.
Las familias indígenas se encuentran entre los grupos donde la pobreza, la pobreza extrema y el desempleo se tornan más graves. Según datos del INEC, aproximadamente 4.500.000 personas son consideradas pobres en el país, de las cuales 1.900.000 se encuentran en pobreza extrema, incrementada a raíz de la pandemia de COVID-19. Aquella se manifiesta con mayor intensidad en las zonas rurales y en comunidades indígenas. A nivel de indicadores sociales, por ejemplo, el desempleo y la falta de ingresos incide en la mala alimentación de las familias.[2] Según datos de UNICEF, la desnutrición infantil afecta a uno de cada tres menores. A su vez, la deserción escolar creció y más del 4,1 % de los niños, niñas y adolescentes del país abandonaron las aulas, e incluso algunas escuelas llegaron a suspender las clases por la falta de presupuesto estatal y por la inseguridad.[3]
A nivel económico, el peso de la crisis ha recaído con mayor fuerza en las comunidades indígenas y campesinas, cuyas propiedades de tierra son de menos de 10 hectáreas y utilizan mano de obra familiar. La ausencia de apoyo estatal a través de asistencia técnica y crédito productivo, unido a la eliminación de subsidios, inflación, aumento de los costos de los insumos, transporte y combustible, ha repercutido directamente en un mayor deterioro y pobreza.[4]
Paralelamente, Ecuador cerró el 2022 con su peor registro de violencia criminal. En el país se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento es exponencial: la tasa oficial en 2021 fue de 13,7 muertes, es decir, en un año el incremento fue de 82,5 %.[5]
En ese contexto, Ecuador superó en este año los 100 mil migrantes anuales. El investigador Jacques Ramírez, con datos del INEC, confirmó esta cifra. Y agregó que el país llegó a la cifra de 188.000 (saldo migratorio) entre el 2021 y 2022. “Vivimos una segunda ola migratoria en lo que va del siglo XXI. Las migraciones y el deseo de salir de un país ocurren cuando hay un escenario de crisis. En este caso, el país tiene pobreza, desempleo, inseguridad, violencia y muerte. Por tanto, migrar en este escenario es una estrategia de sobrevivencia ante tal situación”, afirma Ramírez.[6]
Extractivismo, minería ilegal y respuesta estatal
La política de concesiones e impulso a los proyectos extractivos —especialmente de minería metálica— se intensificó en el país. Y a la par de dicho proceso y amparado en contratos y áreas delimitadas, se ha intensificado la presencia de actividades mineras ilegales, que afectan áreas protegidas y territorios indígenas. Algunas ONG y grupos ecologistas estiman que en el país existen 700 puntos de minería ilegal a nivel nacional, un 64 % de ellos en las fronteras norte y sur.
Uno de los casos más conflictivos ocurre en la provincia de Napo, en el centro-norte de la Amazonía, territorio ancestral de los kichwa, a orillas del río Jatunyacu en las comunidades de Yutzupino y Naranjalito. En el primer caso se instalaron alrededor de 3.000 mineros artesanales para la extracción de oro en los últimos dos años. [7]
Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE):
[desde hace dos años] denunciamos a través del Manifiesto a Favor del Agua, la Vida y la Naturaleza, junto a otros colectivos y la Defensoría del Pueblo de Napo, las concesiones otorgadas de manera inconsulta a la empresa china TerraEarth Resources S.A. por un total de 7.125 hectáreas (...). Es así que, el 17 de enero de 2022 se ha aceptado parcialmente la Acción de Protección y Solicitud de Medidas Cautelares, reconociendo la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza, reconocidos y garantizados en la Constitución de la República (Art. 71) y su derecho a la restauración (Art. 72). Presentamos un recurso de apelación con el fin de que vengan reconocidas todas nuestras pretensiones y ver garantizados nuestros derechos a la consulta libre, previa e informada (…).[8]
En febrero de 2022, un operativo de la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables, con apoyo de militares, decomisó 124 retroexcavadoras. A fines de noviembre de 2022, autoridades estatales intentaron nuevamente ingresar a Yutzupino, pero personas armadas los amenazaron y el operativo falló. Según numerosos testimonios de pobladores locales, los operativos del gobierno son “una farsa”, pues el mismo director de la Agencia (de Regulación y Control) hace públicas las inspecciones. Y se han visto hasta máquinas de la Prefectura de Napo.[9]
Los ilegales llegan a pequeñas comunidades mestizas o indígenas y cooptan sus territorios. Los ilegales ofrecen dinero por el uso de sus predios. Ante el abandono del Estado, hay incluso líderes indígenas y comuneros que optan por la minería ilegal, enfocada principalmente en la extracción de oro depositado en la arena de estos ríos. Al contrario de las grandes concesiones legales, esta se da en puntos de fácil acceso. Esta actividad ingresa con mayor facilidad en un entorno de debilidad organizativa.[10]
Tanto las empresas con concesiones, como los cabecillas de las actividades ilegales, crean divisionismo entre los comuneros que optan por explotar los recursos y los que se oponen. Algunos comuneros son los primeros en ser sobornados con ofertas que bordean los 4.000 dólares por arrendar los terrenos para las actividades ilícitas. El hecho de que haya dinero también para los moradores del sector explica el porqué algunas de estas comunidades no protesten por lo que ocurre.
Patricio Meza, asesor de la CONFENIAE y miembro del Frente Nacional Antiminero, sostiene: “(...) hay un boom por la minería ilegal. Al interior de Yutzupino había grupos armados. Desde el Frente acudieron a la fuerza pública para que a través del Ministerio de Gobierno les desalojen, algo que se logró, pero ahora están en Naranjalito y río abajo. Una de las estrategias de la empresa china Terraearth Resources, es permitir la minería ilegal para llegar como 'salvadores'. Junto a colectivos ambientales, la Defensoría del Pueblo de Napo, la Asamblea Cantonal de Carlos Julio Arosemena Tola, seis gobiernos parroquiales y dos organizaciones indígenas presentamos una acción de protección por la vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza a causa de la minería legal e ilegal. La acción fue presentada en contra de los ministerios de Ambiente y Energía, y la Agencia de Regulación de este último ministerio. Los jueces reconocieron la vulneración de los derechos de la naturaleza, pero no de los derechos humanos. La Corte de Napo dispuso a los demandados la ejecución de un plan de reparación y a la Fiscalía del Napo realizar investigaciones en los ríos Ila, Blanco, Chimbiyacu, Anzu, Jatunyacu, Napo y Misahuallí, donde se encontraron indicios de minería ilegal (…). Parte de los mineros ilegales son testaferros de alguna autoridad local”.[11]
Sinangoe: una luz en medio de la oscuridad
En el nor-oriente amazónico, provincia de Sucumbíos, se encuentra la comunidad ancestral de Sinangoe, como parte del territorio de los A’i Cofán, con un aproximado de 100.000 hectáreas. Además, hay otras cinco comunidades dispersas en un área de 150.000 hectáreas, que incluso atraviesa el límite fronterizo con Colombia. La economía de estas comunidades es de selva e incluye la pesca, la cacería y la silvicultura.
En el caso de Sinangoe, el Estado ecuatoriano, hace más de 30 años, adhirió su territorio ancestral A'i al Parque Nacional Cayambe Coca de manera inconsulta. La mayoría de los pobladores nunca estuvieron de acuerdo en considerar a su territorio como un “parque” controlado por el Estado, con fines de conservación. Para el Ministerio del Ambiente, las poblaciones humanas ponen en riesgo los esfuerzos de protección del patrimonio natural del país, por eso suscribió un convenio mediante el cual la comunidad acepta ser restringida en sus actividades ancestrales y modos de vida. A cambio, el Estado se comprometía a proteger, vigilar y controlar dicho territorio.
Nada de eso ocurrió y al contrario, los a’i cofán y su territorio han sido asediados por distintos factores exógenos como el turismo, la colonización y en los últimos años la minería metálica para la explotación de oro. Desde el 2017 se habían otorgado 52 concesiones para exploración y explotación minera. A su vez, 20 de éstas ya se entregaron y 32 aún estaban en trámite. [12]
Varias actividades mineras fueron detectadas por monitores ambientales a’i cofán. Conformados por grupos de siete a 15 personas y a través de recorridos quincenales, recogieron evidencias que les permitió presentar una denuncia ante las autoridades del Ministerio del Ambiente (MAE). En un principio, las autoridades negaron el problema argumentando que esas actividades estaban fuera de los límites del territorio ancestral. Pero la evasión de responsabilidades incluyó también a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y a la entonces Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA).
Ante la insistencia de la comunidad, reconocieron que eran actividades ilegales dentro del territorio ancestral, y a pesar de que se otorgaron las concesiones, no contaban con las licencias ambientales para empezar sus operaciones. El caso se judicializó y la comunidad de Sinangoe presentó una acción de protección contra el MAE, la ARCOM y la SENAGUA ante la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. El 3 de agosto de 2018, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Gonzalo Pizarro de la Provincia de Sucumbíos, resolvió aceptar la acción de protección propuesta por haberse vulnerado el derecho a la consulta previa, consagrado en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República.[13]
Como medida de reparación, ordenó: a) la suspensión de los trámites administrativos de concesión de minería que se encuentren ubicados en la zona de los ríos Chingual, Cofanes y Aguarico; b) que se realice la consulta previa, libre e informada correspondiente. Sin embargo, dicha sentencia fue inmediatamente apelada por las autoridades del MAE, la ARCOM y la SENAGUA. La audiencia de apelación tuvo lugar en septiembre, señalando que no hubo vulneración del derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada al no ser necesaria, debido a que presuntamente la actividad minera no estaba dentro del territorio ancestral, ni afectaba sus derechos.[14]
Luego de que la audiencia se aplazara durante más de un mes, los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ratificaron, en febrero, la sentencia a favor de la comunidad indígena Cofán de Sinangoe. Pese a ello, y a las medidas de reparación que se establecieron bajo la responsabilidad del MAE, el Ministerio de Energía y SENAGUA, dichas medidas no fueron acatadas. El caso trascendió a nivel internacional y fue conocido por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, quien visitó Ecuador a finales del 2019 e informó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas. Posteriormente, el CESCR solicitó al gobierno de Ecuador el cumplimiento de esta sentencia por resultar evidente la vulneración a los derechos de la comunidad A’i Kofán de Sinangoe.
Cuatro años después, en enero del 2022, la Corte Constitucional de Ecuador, por intermedio de los jueces Carmen Corral Ponce, Alí Lozada Prado y Hernán Salgado Pesantes, elige el caso N°. 273-19-J, de la sentencia dada a favor de la comunidad de Sinangoe, debido a su gravedad y relevancia o trascendencia nacional.[15] Y entre otras cosas, emite una sentencia como máximo organismo de control constitucional, y señala: “El asunto presenta gravedad porque la actividad minera, de no ser adecuadamente consultada, informada, planificada y ejecutada, podría provocar afectaciones a los territorios ancestrales, debido a que induciría a un cambio radical en sus formas de vida y amenazaría con causar daño a la naturaleza, al agua, al medio ambiente, a la cultura, al territorio y a la salud”.[16] Después de 13 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, la Corte Constitucional hace efectiva una disposición constitucional en esta materia por primera vez.
Paro nacional de junio, represión y diálogo
La política neoliberal del gobierno de Lasso y sus impactos sociales provocaron un acelerado desgaste en la imagen del régimen. El incumplimiento estatal de los acuerdos establecidos luego de las jornadas de protesta popular en octubre del 2019[17], en especial la eliminación del subsidio estatal y el alza en los precios de los combustibles, a pesar de la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.° 883, junto con el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ya señalados anteriormente, provocarían nuevas jornadas de protesta durante 18 días en junio del 2022, mucho más intensas y duraderas que los eventos del 2019. Según Franklin Ramírez, profesor e investigador del Programa de Ciencias Políticas de FLACSO, “el paro nacional conducido por el movimiento indígena y, en particular, su procesamiento autoritario por parte del régimen, transformaron la antipatía ciudadana hacia Lasso en una movilización de masas que ya no exigía, únicamente, reconducir la agenda pública, sino la salida del presidente”.
Uno de los principales reclamos planteados por las organizaciones sociales era el control de precios de los combustibles, que habían aumentado considerablemente desde inicios del 2020. El precio del diésel casi se duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de US$1,75 a US$2,55, según estimaciones de la agencia AFP.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó un pliego de 10 puntos que incluía: 1) congelar los precios de los combustibles; 2) moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa; 3) precios justos en los productos del campo, como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; 4) mejorar el empleo y los derechos laborales con políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular; 5) no a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera. Derogatoria de los Decretos 95 y 151; 6) respeto a los 21 derechos colectivos, como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas; 7) que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, seguridad social, empresa telefónica, carreteras, salud, entre otras; 8) políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; 9) presupuesto urgente de salud y educación frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal; 10) seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado.[18]
Aunque la CONAIE, a través de su presidente Leonidas Iza, convocó al llamado “Paro Nacional”, las demandas planteadas en su mayoría recogían aspiraciones más generales. Solo el punto 7 refería a una reivindicación de los pueblos indígenas. A su vez, dos puntos tocan demandas campesinas (precios justos para los productos del campo) y de pequeños/medianos productores (renegociar deudas y moratorias) y una más retoma la moratoria de la frontera extractiva. Las demás conforman parte de una plataforma antineoliberal asentada en cuatro puntos: frenar la precarización laboral, detener las privatizaciones y retomar la inversión pública en salud y educación, así como la demanda por el control de los precios de productos de primera necesidad y la reducción de la tarifa de los combustibles. El tema de seguridad ciudadana es inédito y es una reacción a la imparable ola de violencia, narcotráfico y crimen que soporta el país.
El paro nacional se inició a la medianoche del 13 de junio de 2022 y duraría hasta el 30 del mismo mes. Las acciones colectivas incluyeron, sucesivamente, el bloqueo de varias carreteras interprovinciales en la Amazonía y la Sierra, uniéndose a la paralización varias organizaciones sociales y sindicales, destacándose los agricultores bananeros en la Costa. En las urbes, el transporte se suspendió de manera gradual y el Ministerio de Educación mantuvo la asistencia normal a clases para escuelas y colegios, aunque los bloqueos viales limitaron el desplazamiento de la gente.[19]
De manera simultánea, la Coordinadora Nacional Popular había exigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega de las papeletas para iniciar un pedido de revocatoria del presidente Lasso, lo que fue negado por el organismo. A ese evento se sumarían otras acciones de protesta en Quito y Cuenca a cargo de estudiantes secundarios y universitarios. [20]
El 14 de junio en horas de la madrugada, a unos 90 kilómetros al sur de Quito en Pastocalle, Cotopáxi, fue detenido de manera violenta el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, en un operativo en el que participaron 65 agentes policiales. La acción fue realizada al margen de la ley, sin mediar una orden judicial ni la lectura de derechos del detenido. Iza fue trasladado a Quito, donde permaneció ocho horas incomunicado en la Unidad de Flagrancia. Tras denuncias de irregularidades en los procedimientos, fue trasladado a Latacunga y recluido en una base aérea militar de dicha ciudad.[21] Apenas se supo de dicho traslado, cientos de personas, principalmente pertenecientes al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), bloquearon la ciudad demandando la inmediata liberación de su líder.[22]
“La arbitrariedad de la medida (durante unas horas, su paradero fue desconocido) extendió la solidaridad con el movimiento y radicalizó a las bases indígenas. Sin imaginarlo, Iza cohesionaba rápidamente a los suyos. La decisión de llevar la movilización a Quito aceleró las respuestas de fuerza del régimen”, afirmó Franklin Ramírez.[23]
El 17 de junio, Lasso decretó el estado de excepción en tres provincias (tres días después, lo extendió a cinco) y ordenó la ocupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, espacio autónomo que históricamente había albergado al movimiento indígena en la capital. En pura lógica militar, se procuraba así dificultar las condiciones logísticas de reproducción (pernoctar, comer, reunirse) de las personas movilizadas mientras estuvieran fuera de sus comunidades.[24] La última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado había sucedido hace 42 años, en dictadura militar.
En varias provincias del país, se incrementaron los cierres viales, principalmente en la región interandina. Por lo tanto, el transporte interprovincial suspendió su operación en gran parte del territorio nacional, así como se agudizó el desabastecimiento de alimentos en las ciudades como Cuenca, Quito, Latacunga, Ambato y otras urbes. En varias zonas de concentración, la represión policial y militar se había intensificado. De la misma manera, varios medios de comunicación digital (con líneas críticas al gobierno) fueron atacados informáticamente. El caso más conocido fue el de Radio Pichincha, cuyo servidor fue dado de baja por ataques provenientes desde Estados Unidos y Alemania.[25]
En ese contexto, el general Luis Lara, ministro de Defensa, señaló: “(…) la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos (…) y existe una manipulación de la protesta social”.[26]
Las universidades Politécnica Salesiana y Central del Ecuador, que habían acogido a cientos de familias indígenas de la Sierra Central y Amazonía (como zonas de paz y ayuda humanitaria), desplegaron una tarea amplia de apoyo en alimentación, medicinas y asistencia a heridos durante las intensas jornadas de protesta en Quito. A pesar de los pedidos de respeto a dichas zonas, la policía arrojó bombas lacrimógenas al interior de la Universidad Salesiana.
Luego de varios intentos fallidos de llamados al diálogo, por parte de la Asamblea Nacional y la Iglesia Católica (a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana), finalmente el gobierno accedió a dejar de lado la vía violenta y represiva, y sentarse en una mesa con los delegados de las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE, la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE). Tras un oscuro incidente ocurrido en comunidades aledañas a los campos petroleros, un comboy de soldados fue atacado con el saldo de un militar fallecido. El gobierno acusó —sin pruebas— a las organizaciones indígenas del hecho. El presidente Lasso emitió un comunicado anunciando la ruptura del diálogo: “No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien tiene intereses políticos y no los de sus bases, y mantiene engañado al movimiento indígena y a todo el país”. CONAIE rechazó las acusaciones de Lasso y afirmó: “(…) el gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad”. En vísperas de la finalización de la protesta social, el saldo de víctimas era de nueve muertos, 500 heridos y cientos de detenidos.
A raíz de esa primera suspensión del diálogo, varias manifestaciones ciudadanas se sumaron al rechazo antigubernamental en Quito y otras ciudades: colectivos feministas, LGBTIQ+, barriales y estudiantiles marcharon en protesta exigiendo la renuncia de Lasso. Tras intensos cabildeos impulsados por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, finalmente el gobierno aceptó esa mediación y la instalación de mesas de diálogo que pondrían fin a las protestas, a partir de la suscripción de un “Acta de Paz”, elaborada por la Iglesia como mediadora en el que acordaron diversos puntos. Entre los presentes, estuvieron las autoridades gubernamentales y los representantes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN.[27] El Ejecutivo aceptó a reducir el precio del combustible, a trabajar para focalizar su subsidio, a derogar el Decreto Ejecutivos N.° 95, relacionado con política petrolera, y a reformar el Decreto N.° 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas.[28]
El proceso de diálogo se dio en condiciones asimétricas, con la destacada ausencia del jefe de Gobierno, quien actuó a la distancia a través de algunos de sus ministros, lo cual se interpretó como señal de una gran debilidad política, desprestigio y poca credibilidad. Casi tres semanas ininterrumpidas de movilización y protesta, unida al desprecio y violencia represiva estatal contra los manifestantes, convirtió a las iniciales demandas indígenas en una “rebelión popular”, en la que convergieron diversos actores populares demandando la salida del gobierno.
En ese marco, las llamadas meses de diálogo lograron muy poco en materia económico-social frente a las demandas planteadas, y más bien permitió al alicaído gobierno de Lasso contar con un espacio para formular propuestas de programas sociales, que no constaban en su radical política neoliberal. Al finalizar el año, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció:
El Gobierno Nacional no está respetando los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, debido al anuncio de su Plan de Protección Minera en 11 territorios, donde se ejecuta ya la minería a gran escala (…). Van a militarizar territorios donde hay presencia minera, pero en esos territorios hay personas, compañeros de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, hermanos campesinos, compañeros montubios, compañeros que están vinculados a la agricultura, que no quieren la minería.[29]
Pablo Ortiz-T. es sociólogo. Doctor en Estudios Culturales. Máster en Ciencias Políticas. Docente-investigador de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador (UPS), sede Quito. Coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo (GIEDE). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Datos tomados de la Agenda para la Igualdad de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 2019-2021. Disponible en http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-Nacional-para-la-Igualdad-de-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf
[2] INEC. “Boletín Técnico Nº 02-2323-ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Diciembre 2022. Pobreza y Desigualdad”. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Disponible en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2022/Diciembre_2022/202212_Boletin_pobreza.pdf
[3] UNICEF. Programa Desnutrición, Ecuador. UNICEF. Disponible en https://www.unicef.org/ecuador/desnutrici%C3%B3n
[4] “La pobreza en Ecuador no es igual para todos”. Revista Gestión, octubre 2022. Disponible en https://www.revistagestion.ec/index.php/analisis-sociedad/la-pobreza-en-ecuador-no-es-igual-para-todos-menos-la-pobreza-extrema
[5] "Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica". Primicias, diciembre de 2022. Disponible en https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/ecuador-incremento-muertes-violentas-latinoamerica/
[6] "100 mil ecuatorianos salieron del país en lo que va del 2022". Radio Pichincha, 16 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.radiopichincha.com/100-mil-ecuatorianos-salieron-del-pais-en-lo-que-va-del-ano-2022/
[7] Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. “Informe geográfico sobre la situación territorial en la provincia de Napo sobre algunas zonas donde se está explotando minería metálica”. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, marzo de 2021. Disponible en https://geografiacriticaecuador.org/wp-content/uploads/2022/01/Informe-inspeccion-Napo_Geografia-Critica_2020_marzo-2021_FINAL-con-firma.pdf
[8] CONFENIAE. “Rueda de Prensa ante la actividad minera en la provincia del Napo”. CONFENIAE, 18 de febrero de 2022. Disponible en https://confeniae.net/2022/rueda-de-prensa-ante-la-actividad-minera-en-la-provincia-del-napo
[9] Evelyn Tapia. “Minería ilegal crece sin control en la provincia amazónica de Napo”. Primicias, 29 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.primicias.ec/noticias/economia/mineria-ilegal-napo-contaminacion-amazonas/
[10] “Impacto de la minería ilegal en Napo”. Mongabay, 16 de agosto de 2022. Disponible en https://es.mongabay.com/2022/08/en-corto-cual-es-el-impacto-de-la-mineria-ilegal-en-la-provincia-de-napo-en-ecuador/
[11] CONFENIAE. “Boletín de Prensa Marcha por la Vida”. CONFENIAE, 9 de febrero de 2022. Disponible en https://confeniae.net/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-de-Prensa-Marcha-9feb2022-Napo-1.pdf
[12] Suárez B., Gisela. Acción y conflicto entre la comunidad Cofán de Sinangoe y el Estado ecuatoriano frente al extractivismo minero. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Maestría en Estudios Latinoamericanos, 2020. Disponible en https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8043/1/T3482-MELA-Suarez-Accion.pdf
[13] Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fallo histórico a favor de la nacionalidad A’i Cofán de Sinangoe contra la minería. 22 de octubre de 2019. Disponible en https://www.dpe.gob.ec/fallo-historico-a-favor-de-la-nacionalidad-ai-cofan-de-sinangoe-contra-la-mineria/
[14] Corte Sucumbíos. Sentencia caso Sinagoe. Disponible en https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2019/07/SENTENCIA-PRIMER-NIVEL-COF%C3%81N-SINANGOE.pdf
[15] Corte Constitucional. Caso N°. 273-19-JP 27/1/2022. Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=273-19-JP/22
[16] Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 273-19-JP/22. Disponible en http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidjOWE4ODAyZC03Y2E1LTQ4NDItOWIzNS01ZDZjMzZiM2I3ZGMucGRmJ30=
[17] Cf. Ortiz-T., Pablo. “Ecuador”. En Mundo Indígena. Perú:IWGIA, 2020. Págs. 408-420. Disponible en https://iwgia.org/es/ecuador/3741-mi-2020-ecuador.html
[18] CONAIE. “Demandas de la movilización nacional, popular y plurinacional”. CONAIE, 20 de junio de 2022. Disponible en https://conaie.org/2022/06/20/demandas-de-la-movilizacion-nacional-popular-y-plurinacional/
[19] INREDH. "Informe sobre los derechos humanos durante los 18 días de protesta social". INREDH, 8 de julio de 2022. Disponible en https://inredh.org/paronacionalec2022-informe-sobre-los-derechos-humanos-durante-los-18-dias-de-protesta-social/
[20] “Ecuador: Lasso, entre destitución de la Asamblea Nacional o implementación de la 'Muerte cruzada'”. France 24, 25 de junio de 2022. Disponible en https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220625-lasso-entre-la-destituci%C3%B3n-de-la-asamblea-nacional-o-la-implementaci%C3%B3n-de-la-muerte-cruzada
[21] Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. "Boletín Prensa Detención Leonidas Iza Paro Nacional”. Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, 14 de junio de 2022. Disponible en https://ddhhecuador.org/2022/06/14/documento/boletin-prensa-detencion-leonidas-iza-paro-nacional-junio-2022-eng
[22] "Indígenas ecuatorianos llaman a levantamiento nacional". Telesur, 14 de junio de 2022 Disponible en https://www.telesurtv.net/news/ecuador-paro-nacional-llamamiento-levantamiento-nacional-20220614-0018.html
[23] “Franklin Ramírez “A ratos el propio presidente no cree en su palabra y cada vez que hay escenarios de alta tensión que necesitan de su presencia se ausenta, desaparece”. Wambra, 29 de junio de 2022. Disponible en https://wambra.ec/franklin-ramirez-presidente-lasso-no-cree-en-su-palabra/
[24] “Policía allana la Casa de la Cultura en Quito”. Wambra, 19 de junio de 2022. Disponible en https://wambra.ec/policia-allana-la-casa-de-cultura/
[25] Amnistía International. "Ecuador: Represión contra protestas está causando crisis de derechos humanos". Amnistía International, 20 de junio de 2022. Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/06/ecuador-repression-protests-causing-human-rights-crisis/
[26] “Ministro de Defensa alerta ‘la democracia en Ecuador está en serio riesgo‘". Swiss Info, 21 de junio de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-protestas_ministro-de-defensa-alerta--la-democracia-en-ecuador-est%C3%A1-en-serio-riesgo-/47691484
[27] Cárdenas, J.; Ponce F.; Sempértegui (Coords.) (2023) Diálogo entre gobierno, movimiento indígena y organizaciones sociales. Memoria documental (junio-octubre 2022). Quito: UPS-Abya Yala. En: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24181
[28] CONAIE Logros del Paro Nacional en Ecuador En: https://conaie.org/wp-content/uploads/2022/07/LOGROS-DEL-PARO-NACIONAL_removed_compressed.pdf
[29] "El Gobierno no está respetando los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, denuncia Leonidas Iza". Radio Pichincha, 21 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.radiopichincha.com/el-gobierno-no-esta-respetando-los-acuerdos-establecidos-en-las-mesas-de-dialogo-denuncia-leonidas-iza/
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