• Pueblos indígenas en Etiopía

    Pueblos indígenas en Etiopía

    Etiopía es el hogar de una gran diversidad de personas que hablan más de 80 idiomas. Aún así, Etiopía no tiene legislación que proteja o aborde los derechos de los pueblos indígenas.

El Mundo Indigena 2020: Etiopia

Los pueblos indígenas de Etiopía constituyen una proporción importante de la población del país, estimada en 105 millones de habitantes. Alrededor del 15% son pastores y agricultores sedentarios que viven en todo el país, en particular en las tierras bajas de Etiopía, que constituyen alrededor del 61% de la masa terrestre total del país. También hay varias comunidades de cazadores-recolectores, incluidos los pueblos forestales Majang (Majengir) y Anuak, que viven en la región de Gambela.

Se cree que Etiopía tiene la mayor población ganadera de África, un número importante de la cual está en manos de comunidades de pastores que viven en tierras que, en los últimos años, han sido objeto de una gran demanda por parte de inversores extranjeros. Dicho “acaparamiento de tierras” no ha hecho sino enfatizar aún más la ya de por sí delicada situación política y económica de los pueblos indígenas de Etiopía. La política de urbanización del Gobierno etíope ha hecho que muchas comunidades de pastores y pequeños agricultores abandonen sus tierras tradicionales de cultivo y pastoreo, y el acceso de los pueblos indígenas a la prestación de servicios de atención de la salud y a la educación primaria y secundaria sigue siendo altamente insuficiente. No existe una legislación nacional que los proteja, y Etiopía no ha ratificado el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni estuvo presente en la votación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). La incertidumbre política en Etiopía en los últimos años ha agravado los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en el país.

Efectos negativos de las políticas y proyectos de desarrollo

En los últimos años, los pueblos indígenas de Etiopía se han visto sometidos a una intensa presión por la política de inversión agrícola comercial a gran escala del Gobierno, la construcción de presas para el riego y el actual programa de urbanización. Todo esto ha llevado a un despojo de tierras generalizado y a la apropiación de tierras. Otra política del Gobierno etíope dirigida a los pueblos indígenas del valle bajo del Omo es la política de desarme del Gobierno, que tiene efectos adversos sustanciales en la cultura, la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas de esta zona.

El impacto negativo de esas políticas y proyectos de “desarrollo” está ya bien establecido y durante las últimas décadas, grupos de defensa de los derechos, académicos, investigadores y los medios de comunicación han documentado1 la escala del impacto de esas políticas en las comunidades de pastores y agropastores –sus medios de vida, la seguridad y la soberanía alimentarias, el medio ambiente y la seguridad humana– en las regiones remotas de Gambela, el valle bajo del Omo y Benishangul-Gumuz. Los grupos indígenas afectados que habitan esas regiones situadas cerca de las fronteras internacionales de Etiopía con Sudán del Sur, Kenia y Sudán dependen en gran medida de los bosques, la tierra y el agua para su supervivencia y, como dice Claudia J. Carr, la invasión de sus territorios equivale a un clavo de muerte.2 Por ejemplo, en el valle bajo del Omo, los proyectos gubernamentales de “desarrollo” de presas de irrigación han dado lugar a un desvío del flujo de agua y a una reducción del volumen de agua debido  a los cultivos basados en la irrigación que consumen grandes cantidades de agua. Esto ha afectado los medios de vida de los pueblos indígenas y ha reducido las poblaciones de peces y las tierras de pastoreo.

Avances políticos

La repentina dimisión de Hailemariam Desalegn, ex primer ministro de Etiopía, en 2018, dejó libre el camino para las reformas políticas y jurídicas3 dirigidas por Abiy Ahmed, ex vicegobernador del estado regional de Oromia, miembro del Organismo Nacional de Inteligencia de Etiopía (ENSA) y miembro electo del Parlamento y miembro de la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). El nuevo primer ministro se comprometió a fomentar la confianza entre las diversas comunidades de Etiopía, transformar lo que se consideraba un espíritu político nacional quebrantado y poner fin a los abusos generalizados de los derechos humanos, algunos de los cuales se ha dicho que equivalen a genocidio y depuración étnica.4 Se consideró que esta transformación era un paso importante en la creación de las instituciones necesarias para crear una cultura política basada en la tolerancia, la democracia y el estado de derecho, y se esperaba reducir al mínimo el sufrimiento de los pueblos indígenas marginados y desfavorecidos. Sin embargo, en realidad, esta reforma política de la que se jactaba, que comenzó en 2018 y continúa hasta la fecha, ha sufrido algunos reveses y desafíos. En 2019 persistieron las tensiones étnicas y se produjeron violentos conflictos étnicos y un intento de golpe de Estado en el estado regional de Amhara que causó la muerte del jefe de gabinete y de al menos tres altos funcionarios, noticia que dominó los titulares nacionales e internacionales.

Violaciones de los derechos humanos

Se han producido tensiones étnicas y conflictos violentos en todo el país, en los que han participado grupos importantes o minoritarios de todo Etiopía, lo que también ha tenido importantes repercusiones en los pueblos indígenas. En abril de 2019, extremistas nacionales Amhara participaron en la violación y tortura de miembros de la comunidad indígena Gumuz,5 lo que provocó por lo menos 250 muertes. Se quemaron casas hasta los cimientos y muchas personas fueron desplazadas. Además, alrededor de las zonas fronterizas entre los estados regionales de Benishangul-Gumuz y Oromia estallaron conflictos mortales en los que participaron las comunidades Oromo y Gumuz que provocaron pérdidas de vidas, desplazamientos y el resurgimiento de la división racial entre los habitantes de las tierras altas y los de las tierras bajas.6

De manera similar, las comunidades indígenas Bodi, Mursi y Suri7  del valle bajo del Omo fueron víctimas de una campaña de asesinatos, torturas, violaciones y desplazamientos, orquestada por agentes de seguridad del Estado etíope, incluidos el Ejército y la policía federal y local.8 Los Bodi, por ejemplo, afirman que, en octubre de 2019, al menos 40 miembros de la comunidad perdieron la vida debido a la política de desarme del Gobierno.9 No se ha creado un órgano independiente encargado de investigar las atrocidades cometidas en relación con los violentos conflictos étnicos que afectan a los pueblos indígenas de Etiopía. Ni los medios de comunicación nacionales etíopes ni los medios de comunicación internacionales han informado de manera sistemática sobre los ataques sin precedentes contra comunidades indígenas por parte de extremistas nacionales y agentes de seguridad del Estado, en particular en el valle bajo del Omo y las regiones de Benishangul-Gumuz. Y ni el Gobierno ni los donantes internacionales han prestado atención a las súplicas de los pueblos indígenas de Etiopía.

El desarme y los abusos de los derechos humanos en el valle bajo del Omo

En 2019, los agentes de seguridad etíopes –el Ejército, la policía federal y las milicias– emprendieron una política de desarme dirigida a las comunidades indígenas Bodi, Mursi y Suri de pastores y agropastores. Sus tierras natales en el valle bajo del Omo han sido objeto de numerosos proyectos de Etiopía, entre ellos proyectos de plantación de caña de azúcar en cien mil hectáreas de tierra y proyectos de presas de riego, y se afirma que se han arrebatado tierras a las comunidades indígenas sin la debida reparación jurídica, incluido su consentimiento libre, previo e informado.10

Según las autoridades estatales, la política y las medidas de desarme se iniciaron por razones de seguridad del Estado y con el fin de proteger las instituciones de “desarrollo”, como las plantaciones de caña de azúcar y las presas de irrigación en esas zonas remotas.11

Sin embargo, el uso de agentes de seguridad para obligar a las comunidades de pastores y agropastores a entregar ametralladoras ligeras mediante arrestos y detenciones indiscriminados, hostigamiento, asesinato y tortura, marca un vívido retorno a la cultura de la impunidad que existía en el pasado, a pesar de la reforma política que muchos han aclamado como el camino correcto hacia la gobernanza democrática.

En noviembre de 2019, Concerned Scholars for Ethiopia (CSE) publicó un memorando en el que pedía al Gobierno que investigara las atrocidades cometidas por los agentes de seguridad del Estado.12 De manera similar, el Instituto de Oakland emitió una declaración sobre los abusos de derechos humanos cometidos por agentes de seguridad del Estado contra las comunidades indígenas Bodi, Mursi y Suri en el valle bajo del Omo.13 La última declaración del Instituto de Oakland repitió la conclusión de ese informe.14 Sin embargo, a pesar de estas exhortaciones y de las pruebas condenatorias de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el proceso de desarme, el Gobierno siguió aplicando la política de desarme violento que las autoridades sostienen que sirve a los intereses de seguridad de Etiopía.15 El primer ministro de Etiopía parece ignorar el deber de proteger a las comunidades indígenas de pastores y agropastores que a menudo quedan a su suerte cuando avanza la inseguridad.

Apropiación de tierras

Las reformas políticas que comenzaron en 2018 y que pusieron fin a 27 años de brutalidad y tiranía del Estado proporcionaron el tan necesario espacio político para las comunidades indígenas que han sido víctimas de la apropiación de tierras causada por las diversas políticas de desarrollo del Estado etíope, incluido el programa de urbanización, las políticas de inversión en tierras y las de irrigación descritas anteriormente, etc. Estas políticas fueron responsables del desplazamiento y la denegación del acceso de las comunidades a la tierra y los recursos hídricos, así como de la amenaza a los medios de vida de las comunidades locales y al medio ambiente. Sin embargo, el nuevo régimen guarda silencio y carece de orientación normativa sobre la administración de las tierras rurales y la política de inversión en tierras.

La única mujer presidenta en ejercicio del continente africano, la presidenta Shale Work Zewde de Etiopía, aludió a la dirección de la política de inversión de tierras del Gobierno en su declaración de octubre de 2019 ante el parlamento etíope. Según la presidenta Sahle-Work Zewde, las tierras bajas de Etiopía están dotadas de vastas extensiones de tierra vitales para fines de riego que mejorarían las necesidades de seguridad alimentaria de un país que padece una inseguridad alimentaria crónica y es víctima de la sequía y la hambruna. Estas observaciones políticas de dirigentes políticos poderosos y de alto nivel indican las incertidumbres que aguardan a los pueblos indígenas en las regiones de las tierras bajas. En el pasado, estas zonas han pagado un alto precio en términos de costos sociales y económicos debido al fracaso de las políticas de inversión en tierras del Gobierno y el programa de urbanización asociado. Para estos territorios, es fundamental una auténtica reforma política a fin de invertir los efectos negativos de dichos proyectos de ingeniería social.

Proclamación sobre la integración de los refugiados: ¿una solución duradera?

Etiopía es uno de los Estados-nación del continente africano con una larga historia de acogida y alojamiento de refugiados, principalmente de Sudán del Sur, Somalia, Sudán y Eritrea. En la actualidad, la población de refugiados en Etiopía asciende a la asombrosa cifra de alrededor de un millón, de los cuales el 53% son sudsudaneses y están situados en la remota región de Gambela.16 En febrero de 2019, el parlamento etíope aprobó una controvertida proclamación17 sobre la integración de los refugiados destinada a resolver la crisis de los refugiados en un país con una elevada tasa de desempleo juvenil, dependencias financieras y de ayuda alimentaria internacionales18 y tensiones étnicas. Esta proclamación fue objetada por un miembro del parlamento de Gambela, quien argumentó que la proclamación no consultó a las comunidades de acogida, y que contraviene el principio de derecho internacional de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los afectados.

Con una larga historia de conflictos violentos que involucran a los indígenas Anuak y a los refugiados Nuer, la región de Gambela está lejos de ser un lugar ideal para implementar la proclamación de los refugiados etíopes. Esta región, que durante más de seis décadas ha sido testigo de las repercusiones de la afluencia a gran escala de refugiados (repercusiones en términos de amenazas a la seguridad humana, desplazamientos y degradación del medio ambiente), ofrece pocas soluciones “duraderas”. Sin embargo, las autoridades etíopes están ejerciendo una gran presión para aplicar la proclamación a pesar del insuficiente apoyo de las comunidades indígenas tanto en Etiopía como en el extranjero. En diciembre de 2019, el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR, organizó una conferencia mundial de alto nivel sobre los refugiados19 a la que asistieron 20 delegados etíopes y que estuvo encabezada por el vice primer ministro, Demeke Mekonnen Hassen, y el ministro de Paz, Muferihat Kamil Ahmed. En esta conferencia se presentó la política “progresista” de Etiopía en materia de refugiados.

La realidad y el contexto mencionados llevaron a la organización Anuak, Anywaa Survival Organisation,20 a expresar su preocupación por la aplicación de la proclamación sobre la integración de los refugiados etíopes en la región de Gambela en el 65º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebrado en Banjul (Gambia). Esta sesión, que tuvo como tema “Año de los refugiados, los repatriados y los desplazados internos: un camino hacia soluciones duraderas para los desplazamientos forzados en África”, se conmemoró el 50º aniversario de la Convención de la OUA sobre los refugiados y el 10º aniversario de la Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia a los desplazados internos (Convención de Kampala sobre los desplazados internos.)21

Perspectivas para el 2020

Aunque el Gobierno de Etiopía sigue guardando silencio sobre la dirección de las cuestiones jurídicas, políticas y de las políticas sustantivas pertinentes a las sociedades indígenas, la reciente reforma abre un espacio para eldiálogo político y para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. De particular importancia es el nuevo régimen jurídico de la sociedad civil que abre un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil se establezcan y operen libremente. Desde la apertura de este espacio, ha habido iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, incluida la organización Anywaa Survival Organisation, para establecer un fuerte movimiento de los pueblos indígenas a fin de seguir colaborando con las autoridades e instarlas a desarrollar los mecanismos jurídicos necesarios para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Etiopía y ratificar y aplicar los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Concretamente, las autoridades etíopes deben comprometerse a ratificar y adoptar los principales documentos jurídicos internacionales, incluidos el Convenio N.º 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También es importante trabajar en la elaboración de un instrumento jurídico nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en colaboración con las principales partes interesadas: los dirigentes de las comunidades indígenas, las organizaciones y las autoridades gubernamentales pertinentes. Dichas asociaciones no solo son importantes para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino que también constituyen un elemento fundamental para el desarrollo sostenible e inclusivo de Etiopía.

Notas y referencias

  1. Informe de la organización Anywaa Survival Organisation. “Es momento de poner fin a la apropiación de tierras y establecer la soberanía alimentaria en Gambela”. Mayo de 2018: https://www.anywaasurvival.org/wp-content/ uploads/2019/04/aso_report_may_2018.pdf
  2. Carr, Claudia. “Violaciones de los derechos humanos y la encrucijada política”. Capítulo de Desarrollo de cuencas hidrográficas y derechos humanos en África Oriental –Una encrucijada de políticas (River Basin Development and Human Rights in Eastern Africa — A Policy Crossroads) (p.191-216). 2017: https://www.net/publication/312429171_Human_Rights_Violations_and_the_ Policy_Crossroads
  3. La liberación de los presos políticos y periodistas, la retirada de los supuestos cargos de terrorismo, la derogación de controversiales leyes antiterroristas, de sociedad civil y de beneficencia, y la detención de funcionarios de alto nivel sospechosos de abusos de derechos humanos y corrupción.
  1. The McGill Report, “En un sábado sangriento, Etiopía eligió el genocidio”. 2004: http://www.mcgillreport.org/genocide.htm
  1. Son una comunidad indígena que pertenece a la región de Benishangul-Gumuz.
  2. Los miembros de las comunidades de las tierras bajas que no tienen participación en los conflictos fueron atacados sólo porque se parecían a las comunidades Gumuz.
  1. Las comunidades indígenas pastoriles y agropastoriles del valle bajo del
  2. Concerned Scholars Ethiopia (CSE). “Memo sobre la violencia en las zonas sur del Omo, SNNPRS, Etiopía (octubre 2019): un llamamiento a la acción preventiva y al estado de derecho”. 25 de octubre de 2019: https://www.canr.edu/news/concerned-scholars-for-ethiopia-issue-urgent-call-for-ac- tion-to-end-violence-in-south-omo-zone?fbclid=IwAR1k9ExJuroDdVPDsKsz- T6vUQAqglhtCcrFaswj3NpHpQSiWYmpRt3ufpME
  3. La política de desarme se dirigía a las comunidades de pastoralistas y agropastores del valle bajo del Omo. El Gobierno afirma que protege los intereses de las inversiones en la zona. Sin embargo, debido a la incursión de ganado y la constante inseguridad de las tribus vecinas, las comunidades indígenas de la región de las tierras bajas del valle bajo del Omo protegen sus recursos usando armas ligeras que el Gobierno les quita.
  1. “Los proyectos estatales dejan decenas de miles de vidas en la balanza en Etiopía – estudio”.( “State projects leave tens of thousands of lives in the balance in Ethiopia – study”) The Guardian, 14 de junio 2019: https://www.theguardian. com/global-development/2019/jun/13/state-projects-leave-tens-of-thou- sands-of-lives-in-the-balance-in-ethiopia-study
  1. Corey Boulet, Robbie “ ‘Matar sin razón’: las muertes en la Etiopía rural provocan protestas”. (“‘Killing without any reason’: Deaths in rural Ethiopia spark outcry”) Mail & Guardian Online, 17 de octubre de 2019: https://mg.co.za/article/2019-10- 17-00-killing-without-any-reason-deaths-in-rural-ethiopia-spark-outcry/
  1. cit. (8)
  2. “Masacres en el bajo del Omo, Etiopía, llamamiento a la acción urgente del Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed”. Instituto Oakland, 30 de octubre de 2019: https://www.oaklandinstitute.org/massacres-atrocities-lower-omo-re-o gion-ethiopia-call-urgent-action-nobel-laureate-abiy-ahmed
  3. Ibíd.
  4. Op. cit. (11)
  5. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) “Plan de respuesta 2019-2020 sobre los refugiados de Etiopía”. Consultado el 17 de febrero de 2020: http://reporting.unhcr.org/node/21971
  6. Órganos legislativos nacionales/autoridades nacionales, Etiopía: Proclamación N.º 1110/2019, 27 de febrero de 2019: https://www.refworld.org/docid/44e04ed14. html
  7. País con inseguridad alimentaria, con al menos 3 millones de habitantes que necesitan ayuda alimentaria y apoyo financiero de
  8. Para más información, véase: https://www.unhcr.org/uk/global-refugee-forum.html
  9. Para más información, véase: https://www.anywaasurvival.org/
  10. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos (ACHPR). Declaración con motivo de la Conferencia del Día de los Derechos Humanos de África 22 de octubre de 2019: https://www.achpr.org/news/ viewdetail?id=204

Nyikaw Ochalla es el director de Anywaa Survival Organisation, que trabaja en los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y en la protección de su dignidad y derechos humanos fundamentales.

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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