• Pueblos indígenas en Guatemala

    Pueblos indígenas en Guatemala

    En Guatemala habitan 24 grupos étnicos. A pesar de que el Gobierno ha ratificado la Declaracion de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la población indígena tiene que enfrentarse a numerosos desafíos.

El Mundo Indígena 2020: Guatemala

De acuerdo con las cifras del Censo de Población 2018, Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones (43.75%) se autoidentificaron como indígenas de los pueblos Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes. Los Mayas se componen de 24 siendo estos: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko. Los datos del censo y otros estudios especializados, continúan mostrando la profunda desigualdad que existe entre indígenas y no indígenas, sobre todo en materia de salud, educación, empleos e ingresos, siendo mayor la desigualdad cuando se trata de mujeres indígenas.

La situación socioeconómica de los indígenas en Guatemala continúa mostrando profundas desigualdades debido a los problemas estructurales, como la exclusión social, el racismo y el despojo de sus medios de vida, que los coloca en una situación de pobreza y extrema pobreza. La pobreza afecta al 75% de indígenas y al 36% de no indígenas,1 la desnutrición crónica al 58% de indígenas en comparación con el 38% de no indígenas2 La Constitución de  la República también reconoce la existencia de los pueblos indígenas y la conformación multicultural de la sociedad. El país ha ratificado acuerdos de la Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, tales como: el Convenio 169 de la OIT, (que en 2010, la Corte de Constitucionalidad elevó a rango constitucional, que lo obliga a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa), la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, en la práctica, prevalece la exclusión, por ejemplo, con los medios de comunicación de cobertura nacional que privilegian el español como idioma oficial, mientras que medios en idiomas indígenas tienen una limitada cobertura local.

El Censo de Población y los Pueblos Indígenas

En septiembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadística presentó el informe del XII Censo de Población y VII de Vivienda, realizados en 2018.3 Los resultados, ampliamente cuestionados por diversos sectores de la sociedad, indicaron que el país tiene una población de 14.9 millones, 3.7 millones más que censo realizado en 2002, con un crecimiento interanual de 1.8%, lo cual es un cambio demográfico importante, ya que en censos anteriores se tenía un crecimiento poblacional cercano al 2.5% anual.

Para los pueblos indígenas, los datos del censo  presentan  hallazgos significativos relacionados con el principio de autoidentificación. La población indígena, clasificada por el censo en Mayas (con sus 22 grupos étnicos), Garífunas, Xincas y Afrodescendientes, se encuentra presente en todos los departamentos y municipios del país, obviamente con un énfasis territorial para cada pueblo. Si el censo de 2002 mostró que la población indígena representaba el 39.26% del total, el de 2018 indica que constituyen el 43.75% (6.5 millones), un 4.5% más respecto al censo anterior. Aún así, las organizaciones indígenas manifiestan que no se hicieron suficientes campañas para promover la autoidentificación y la realización misma del censo estuvo influida por los acontecimientos derivados de la crisis política en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad, surgida en 2015 y que prevaleció hasta 2019 y cuya principal expresión fue la desconfianza hacia el gobierno de turno, a tal punto que en algunas localidades no se pudo realizar el conteo de la población.

Algunos pueblos indígenas realizaron campañas sobre autoidentificación, lo que permitió una mayor visibilización, por ejemplo, del censo 2002 a censo 2018, los Xinca que pasaron de 16,214 a 264,167 habitantes, los Ch’orti’ de 46,833 a 112,432, los Garífuna de 5,040 a 19,529 y los Poqomchi’ de 114,423 a 208,008.4 Los demás pueblos tuvieron incrementos cercanos a la tasa de crecimiento del país: Por primera vez se incluyó la categoría de Afrodescendientes o Creoles (27,647 habitantes) y también se incluyó por primera vez al pueblo Maya Chalchiteko (33,541 habitantes) reconocido oficialmente como comunidad lingüística en 2003.

También se muestran aspectos controversiales, por ejemplo: los Uspanteko descendieron de 7,494 a 4,909 habitantes, y al analizar con más detalle los datos, se dan casos en donde los indígenas, que en censos anteriores eran más numerosos, ahora prácticamente han desaparecido, lo cual refleja la política de negación e invisibilización que se mantiene en muchas zonas del país. Por ejemplo, el municipio Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, tuvo una drástica y rápida declinación de su población indígena: de constituir el 81.3% en 1955, bajó a 22.51% en 1964, y en 1973 eran 20.20%; mientras que en 2018, reportó únicamente 11 habitantes de un total de 28,075, cifra cuestionable si se toma en cuenta que en dicho municipio funciona la organización denominada Comunidad Indígena de Quezaltepeque. En síntesis, a pesar del notable aumento del 4.5% de indígenas en la composición étnica del país, hacen falta muchos esfuerzos para que los censos hagan mejor uso del principio de autoidentificación étnica. De todas maneras, estos datos deben servir para reorientar políticas de desarrollo con pertinencia cultural, en donde se plasmen los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El Pacto de Corruptos y la finalización del mandato de la CICIG

Durante el año 2019, La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Guatemala CICIG, creada en 2006 por las Naciones Unidas, se vio enfrentada al contra ataque de los denunciados. Con las denuncias de alto impacto presentadas por la CICIG, la sociedad guatemalteca parecía tener la oportunidad para acabar con estos flagelos, pero las más de 150 personas de alto rango que guardan prisión preventiva en un cuartel militar, movilizaron sus recursos e influencias políticas, sumando diputado, jueces, políticos y empresarios, en el denominado Pacto de Corruptos, para frenar el trabajo de la CICIG.

En su discurso ante la Asamblea de la Naciones Unidas en 2019, el presidente Jimmy Morales (también señalado de corrupción) acusó a la CICGI de no seguir el debido proceso y solicitó el cese de sus funciones, a lo que no accedió el Secretario General de las Naciones Unidas, razón por la cual el presidente Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG.

Los pueblos indígenas plantearon diversas denuncias legales y se movilizaron contra el actuar del Pacto de Corruptos, haciendo ver que esto significa un gran retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad; además, alertaron que la reinstalación de los poderes fácticos, debilita el sistema de justicia y aumentaba la vulnerabilidad de las organizaciones indígenas frente a los actores que actúan con total impunidad en el saqueo de los recursos naturales y la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.5

Exclusión y racismo en las elecciones generales

En 2019 se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir Presidente y Vicepresidente, Diputados al Congreso de la República y Corporaciones Municipales. Al igual que en procesos anteriores, estas elecciones demostraron una vez más, la escasa postulación de candidatos indígenas y de mujeres a los cargos de elección.6 De los 23 binomios presidenciales, solo cuatro tenían candidatos indígenas, destacando el caso de la señora Telma Cabrera, una lidereza indígena Maya Mam, quien logró ocupar la cuarta posición, la más alta lograda hasta ahora por una candidata indígena, y que llegó a tener muchas posibilidades de llegar a disputar la segunda vuelta, pero la campaña negativa contra ella, cargada de racismo por ser mujer, indígena y activista social, afectó sus posibilidades.

En el Congreso de la República se repitió el fenómeno de no haber alcanzado más del 10% de diputados indígenas, una cifra que contrasta con el 44% de población indígena de acuerdo al último censo de población. Además, los diputados indígenas, responden al partido político y no tanto  a los ideales de los pueblos indígenas, con lo cual su representación legislativa queda en desventaja. Resolver el problema de la escasa representación indígena y de mujeres en el Congreso de la República, fue una de las propuestas incluidas en la frustrada Reformas Constitucionales, que no fue aprobada en el Congreso. En cambio, la participación indígena en las Corporaciones Municipales fue mayor, sobre todo en los municipios como mayor porcentaje de población indígena.

Una de las preocupaciones para los pueblos indígenas, es la conformación del gabinete de seguridad anunciado por el nuevo gobierno, en el cual destacan ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado que entre 1960 a 1996, asoló el país provocando miles de muertos principalmente indígenas. A juicio de las organizaciones sociales, esta situación pone en riesgo la continuidad de los juicios contra el genocidio que actualmente se interponen contra ex militares implicados en masacres contra la población indígena.7

Caravanas migrantes y Plan de Tercer País Seguro

El endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de los Estados Unidos, que incluyen la construcción del muro en su frontera sur, la restricción en el otorgamiento de visas y la deportación masiva, estuvo dirigido a los países centroamericanos del llamado Triángulo Norte que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador, tres de los países de los cuales provienen grandes flujos migratorios de personas que buscan escapar de la pobreza, la corrupción e impunidad y la violencia que impera en la región. Presionados por los Estados Unidos, tanto México, como los tres países del Triángulo Norte, se comprometieron a reducir sus flujos migratorios, a cambio de no sufrir sanciones económicas, y tuvieron que adherirse al Acuerdo de Tercer País Seguro, por medio del cual deben recibir y albergar a migrantes de cualquier país el mundo, mientras realizan los trámites para la obtención de la visa al país norteamericano. En 2019, masivas caravanas migrantes provenientes de Honduras y El Salvador, atravesaron Guatemala, rumbo a la frontera mexicana con la finalidad de seguir su trayecto hacia los Estados Unidos.

Para los pueblos indígenas, esto ha representado un duro golpe a su derecho a migrar, principalmente si se considera que la migración se ha constituido en la principal opción para la sobrevivencia familiar, además que las remesas que generan los migrantes, constituye, desde los últimos diez años, la principal fuente de divisas para estos tres países.

Proyectos hidroeléctricos cuestionados

Los proyectos hidroeléctricos que pretenden o se han instalado sobre territorios indígenas, han sido fuertemente cuestionados por el incumplimiento de las leyes ambientales y por la violación al derecho de consulta a los pueblos indígena afectados, pero siguieron avanzando en sus planes gracias al contubernio gubernamental. A finales de 2019, el gobierno aprobó el Proyecto Rocjá Pontilá, de la empresa Hidro Energía S.A., en el departamento de Alta Verapaz, sobre territorio Maya Q’eqchi;8 a pesar de la oposición de entidades gubernamentales y no gubernamentales, que han advertido que este proyecto constituye una seria amenaza tanto al ecosistema del Parque Nacional Laguna de Lachúa, considerado un santuario de diversidad biológica, como a los medios de vida de la población indígena.

Por su parte, en 2019 el Punto Nacional de Contacto (PNC) de España, a cargo del cumplimiento de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)9 para Empresas Multinacionales, resolvió el caso presentado por Alianza por la Solidaridad (AxS), relacionado con el papel de la empresa española Cobra del Grupo ACS, en el negocio que mantiene con la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones S.A, para la construcción del complejo hidroeléctrico RENACE, que consisten en cuatro proyectos ubicados sobre el Río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, parte del territorio Maya Q’eqchi. El informe concluye que la empresa española incumplió con las Líneas Directrices de la OCDE concretamente dentro del capítulo VI de Medio ambiente y dentro del capítulo II los Principios Generales A.2 y A.10.10

El PNC Español, considera que se  aprecian  cambios  significativos en algunos tramos del rio Cahabón, que ponen de manifiesto la alteración causada en algunas zonas del proyecto, con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales. Además, le recomienda a la empresa española que inste a su socio local, Corporación Multi inversiones, a participar activamente en este proceso buscando proactivamente áreas de mejora de la calidad de vida de las comunidades locales, demostrar su interés y compromiso con el bienestar de las comunidades locales, y colaborar con la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en la realización de la sentencia que obliga a la realización de la consulta comunitaria, y contribuir con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la realización de nuevo estudio de impacto medioambiental independiente.

Criminalización a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas

El informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, presentado al Comité de las Naciones Unidas para la eliminación del Discriminación Racial, con ocasión del examen de país (sesión 98/2019),11 señala que no han existido avances significativos en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas. Por ejemplo, no se ha adoptado ninguna legislación relativa al acceso, respeto, registro ni seguridad de la posesión ancestral de las tierras indígenas; pero en cambio continuaron los desalojos judiciales sin que los pueblos indígenas hayan tenido el debido proceso. Diez iniciativas de ley sobre asuntos indígenas, entre ellas la Ley de Jurisdicción Indígena y la Ley General de Pueblos Indígenas, no lograron avanzar en el Congreso de la República, lo cual evidencia el escaso interés de los legisladores por estos temas, y la discriminación estructural que prevalece en la sociedad guatemalteca.

Dicho informe también señala que el Estado no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, ni su libre determinación, y tampoco garantiza la consulta previa; en cambio, continúa otorgando licencias para industrias extractivas en territorios indígenas y criminaliza a los defensores de derechos humanos. Durante el año se reportaron numerosos ataques, agresiones y amenazas, contra defensores de derechos humanos y comunidades, con un creciente aumento en asesinatos y encarcelamiento de líderes y liderezas indígenas. Un informe señala que tan solo en los primeros seis meses de 2019 se había producido 327 agresiones contra defensores de derechos humanos, incluyendo 12 asesinatos, 18 intentos de asesinato y 61 casos de criminalización.12

Notas y referencias

  1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de Derechos Humanos en Guatemala”. Diciembre 2015: http://www.oas.org/es/cidh/ multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
  2. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Gobierno de la República de Guatemala. “Analisis de Situación, nutricional de Guatemala”. Consultado 14 febrero 2020, disponible en: http://www.sesan.gob.gt/wordpress/ wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
  3. Instituto Nacional de Estadística Guatemala, XII Censo Nacional de Población y VII de Consultado 14 febrero 2020: https://www.censopoblacion.gt/
  4. Instituto Nacional de Estadística Guatemala, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. Resultados del Censo 2018. Consultado 14 febrero 2020: https://www.censopoblacion.gt/explorador
  5. “ONU urge de nuevo a Guatemala garantizar sistema de justicia independiente contra corrupción e impunidad”. El Periódico, 11 febrero 2019: https://elperiodi- com.gt/nacion/2019/02/11/onu-urge-de-nuevo-a-guatemala-garantizar-sis- tema-de-justicia-independiente-contra-corrupcion-e-impunidad/
  6. “Misión de la OEA resalta desigual participación de mujeres e indígenas en la política guatemalteca”. El Periódico, 13 agosto 2019: https://elperiodico.com.gt/ nacion/2019/08/13/mision-de-la-oea-resalta-desigual-participacion-de-muje- res-e-indigenas-en-la-politica-guatemalteca/
  7. “Militares integran Gabinete de Seguridad de Alejandro Giammatte”. El Periódico, 13 agosto 2019: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/10/25/militares-in-9 tegran-gabinete-de-seguridad-de-alejandro-giammattei/
  8. “Gobierno de Jimmy Morales dejó aprobado proyecto hidroeléctrico Pontilá”. El Periódico, 29 enero 2020: https://elperiodiccom.gt/nacion/2020/01/29/go-o bierno-de-jimmy-morales-dejo-aprobado-proyecto-hidroelectrico-pontila89/
  9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2013: http://www.oecd. org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
  10. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno De España. “Lineas Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales – Punto Nacional de Contacto Español”. Consultado 14 febrero 2019: http://www.comercio.mine-o gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-direc- trices/PDF/191216-Informe-Final-caso-E-00007.pdf
  11. Informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala Al Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial Con ocasión del examen de país (sesión 98/2019). Consultado 14 febrero 2019: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GTM/INT_CERD_IFN_ GTM_34504_S.pdf 
  12. “Guatemala: 327 agresiones a personas defensoras en 2019”. Federación Internacional por los Derechos Humanos, 5 agosto 2019: https://www.fidh.org/es/ temas/defensores-de-derechos-humanos/guatemala-327-agresiones-a-per- sonas-defensoras-en-2019

 Silvel Elías es profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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