El Mundo Indígena 2023: Indonesia
Indonesia tiene una población de aproximadamente 250 millones de personas. La Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN), una organización indígena independiente que representa a 2512 comunidades indígenas en toda Indonesia, con un total de unos 20 millones de miembros, estima que la cantidad de indígenas en el país se sitúa entre 50 y 70 millones.
La tercera enmienda a la Constitución de Indonesia reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 18b-2. En la legislación más reciente, existe un reconocimiento implícito de algunos derechos de los pueblos indígenas, denominados como Masyarakat Adat o Masyarakat Hukum Adat, incluidos la Ley N.° 5/1960 sobre la Regulación Agraria Básica, la Ley N.° 39/1999 sobre los Derechos Humanos y el Decreto MPR N. X/2001 sobre la Reforma Agraria. La Ley N.° 27/2007 sobre la Gestión de la Zona Costera y las Islas Pequeñas, y la Ley N.° 32/2010 sobre el Medioambiente usan claramente el término Masyarakat Adat y la definición práctica (en términos de características) de la AMAN. El Tribunal Constitucional ratificó los derechos constitucionales de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios en mayo de 2013, incluidos sus derechos colectivos a los bosques consuetudinarios.
Si bien Indonesia es signataria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los funcionarios del gobierno argumentan que el concepto de pueblos indígenas no es aplicable, ya que casi todos los indonesios (a excepción de las personas de etnia china) son indígenas y, por tanto, tienen los mismos derechos. En consecuencia, el gobierno ha rechazado las peticiones de necesidades específicas de los grupos que se identifican como indígenas.
Durante 2022, los pueblos indígenas de Indonesia demostraron su resiliencia ante la presión política y las políticas que se alejaban cada vez más del programa de reconocimiento y protección de los pueblos indígenas. El hecho de que el reconocimiento se haya confirmado en la Constitución[1] no significa necesariamente que el Estado esté cumpliendo su mandato de establecer la Ley de Pueblos Indígenas. Tras un largo proceso de más de una década, el Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas sigue siendo simplemente un proyecto de ley en el Parlamento. A finales de 2022, el Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas volvió a fracasar en su intento de convertirse en ley, como en años anteriores. En medio de esta situación, recientemente se promulgó una serie de leyes y reglamentos discriminatorios que han colocado a los pueblos indígenas en una posición de amenaza cada vez mayor.
En los últimos cinco años, se han presentado al menos 301 casos de usurpación, que abarcan 8,5 millones de hectáreas de territorios consuetudinarios, junto con la criminalización de 672 personas indígenas. En general, los conflictos que se producen en los territorios de los pueblos indígenas se relacionan con la industria de las plantaciones, las áreas forestales estatales, la minería y la construcción de proyectos de infraestructura. En tanto, solo en 2022 hubo 19 casos de expropiación de territorios indígenas, junto con la criminalización y violencia contra los pueblos indígenas. Las víctimas son las personas indígenas que persisten en luchar por sus derechos a los territorios, incluidos los jóvenes y las mujeres. Entretanto, estos conflictos involucraron territorios indígenas que abarcan casi 600.000 hectáreas.[2]
A fines de 2022, el gobierno de Indonesia había logrado designar partes de 105 territorios indígenas como bosque consuetudinario, lo cual abarcaba un área total de 148.488 hectáreas.[3] Sin embargo, en lugar de agilizar la recuperación de los derechos de los pueblos indígenas a los bosques consuetudinarios, según se establece en la decisión MK.35/2012, se han confiscado tanto como 2.400 hectáreas de tierras consuetudinarias a través de programas de silvicultura social distintos del Programa de Bosques Indígenas, que es el único que se basa en derechos (en términos de títulos de propiedad de la tierra) en virtud de la silvicultura social. Además, la amenaza del Proyecto Estratégico Nacional también es un factor importante en la expropiación de territorios indígenas. Este proyecto de infraestructura se ha catalogado como fundamental para aumentar el crecimiento económico del país.
Políticas que afectan a los pueblos indígenas o relacionadas con ellos
Código Penal
En diciembre de 2022, el gobierno de Indonesia aprobó una enmienda al Código Penal. La antigua versión del Código Penal no regulaba el derecho consuetudinario como parte del derecho vivo. El nuevo Código Penal enmendado define el derecho consuetudinario como derecho vivo, pero el problema es que esto se regulará mediante la aplicación de reglamentos regionales con referencia a normativas gubernamentales que se pondrán en marcha más adelante. Esto supondrá el perecimiento de la naturaleza dinámica del derecho consuetudinario y revocará los derechos originales de los pueblos indígenas a ejercer el derecho consuetudinario, tal y como se ha llevado a cabo durante generaciones. La autoridad para hacer cumplir el derecho consuetudinario ya no recaerá en los pueblos indígenas, sino que a partir de ahora estará totalmente bajo la autoridad del Estado. La intención de reforzar el derecho consuetudinario a través del Código Penal tomó de algún modo un rumbo equivocado.[4]
Decreto Presidencial sobre la Ley General de Creación de Empleo
El anterior gobierno indonesio aprobó en 2020 la ley conocida como Ley General de Creación de Empleo.[5], [6] La existencia de esta ley proporciona una fácil concesión de permisos de desarrollo y socava los derechos de los pueblos indígenas, además de facilitar aún más las violaciones de estos derechos. En 2021, la sociedad civil presentó un recurso en el que solicitaba la derogación de esta ley general ante el Tribunal Constitucional, el cual posteriormente la declaró inconstitucional. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2022, el presidente promulgó el Decreto Sustitutivo de la Ley 2/2022 sobre la Creación de Empleo, que restableció el valor jurídico de la ley general. En esencia, esto no implica cambios para los pueblos indígenas en este decreto. Por el contrario, significa que se mantendrá la posibilidad de expropiar territorios consuetudinarios por motivos de inversión, tal como se regula en la ley general.[7]
Decreto Presidencial sobre el Valor Económico del Carbono
La respuesta del gobierno para abordar el cambio climático ha sido aprobar el comercio de derechos de emisión de carbono. Esta política se refleja en el Reglamento presidencial N.º 98/2021 sobre la aplicación del valor económico del carbono para alcanzar los objetivos de contribución determinada a nivel nacional y el control de las emisiones de gases de efecto invernadero en el desarrollo nacional.[8] Uno de los problemas básicos de este decreto es que el derecho a la emisión de carbono es un derecho controlado por el Estado cuando, en realidad, este tipo de derecho no puede separarse de un conjunto de derechos que poseen los pueblos indígenas, a saber, el derecho a los territorios indígenas (tierra, agua y mar) en los que se genera carbono.
Proyecto de Ley de Conservación
En otros ámbitos, el gobierno de Indonesia está actualmente discutiendo enmiendas a la Ley de Conservación.[9] Dado que el tratamiento de la conservación debe adoptar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en la gestión de su territorio, la enmienda debe proporcionar un mecanismo para administrar las áreas de conservación que sea sencillo y económico, con resultados legalmente válidos, para que la colaboración entre los pueblos indígenas y el gobierno en torno a la gestión pueda darse de una manera justa y sostenible. Sin embargo, esta enmienda no ha cambiado el paradigma de la conservación, que consiste en mantener a las personas fuera de las áreas de conservación y protegidas, por el de la simple protección, preservación y uso.
Los pueblos indígenas y la conservación
Cuando se promulgó la Ley Agraria Básica en 1960, se estableció en la legislación que el derecho del Estado a controlar la tierra, el agua, así como los recursos naturales presentes en ellas, podía delegarse al gobierno central, los gobiernos regionales y los pueblos indígenas. No obstante, los gobiernos regionales junto con el gobierno central tienen el monopolio de este derecho. El derecho a “controlar el país” ha sufrido una distorsión y usurpación de su significado, y pasó a convertirse en una mera “legitimidad” para que las autoridades “privaticen” la gestión de los recursos naturales e ignoren su mandato básico de lograr la mayor prosperidad del pueblo. Como resultado, los pueblos indígenas siguen experimentando desatención en la gobernanza de la conservación.
En muchos casos, los habitantes de las áreas de conservación y sus alrededores han sido expulsados de sus tierras, por ejemplo, Lore Lindu y Ujungkulon.[10] Con legitimidad jurídica, se restringió y, en algunos casos, prohibió por completo el acceso de los pueblos indígenas a las zonas de conservación. En los alrededores del área del Parque Nacional de Ujungkulon, sigue habiendo pueblos indígenas que tienen dificultades para acceder al goce de sus derechos básicos, como el derecho a una vivienda digna, la salud, la educación, la electricidad y también la sensación de seguridad. Al parecer, existe una estrecha relación entre la restricción del acceso a los recursos naturales y el proceso de empobrecimiento. La pobreza es una condición que se entiende como consecuencia de diversas desigualdades (sociales, económicas y políticas).
Sobre la base de datos aún no publicados recopilados por organizaciones que trabajan en temas relacionados con los pueblos indígenas, se reclama la inclusión en un parque nacional de una superficie de 4,5 millones de hectáreas de tierras consuetudinarias que se delimitaron de forma participativa. Esta cifra equivale al 17,2 % de la superficie de mapeo participativo y supera a la de otras categorías de áreas de conservación. Esto constituye una posibilidad para la criminalización de los pueblos indígenas y la confiscación de territorios indígenas en aras de la conservación.
Reconocimiento y protección de los pueblos indígenas a nivel local
Hasta octubre de 2022, se habían promulgado con éxito 161 normativas regionales (a nivel provincial) y locales (a nivel distrital).[11] Estas normativas se centra en el reconocimiento y la protección de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, así como de sus derechos, incluidos los relativos a sus territorios. Actualmente, se han delimitado los territorios de 968 comunidades indígenas que abarcan una superficie de 12,4 millones de hectáreas. Solo unas pocas de estas comunidades han obtenido el reconocimiento legal y la titularidad de la tierra por parte del gobierno.
Esto muestra una ligera tendencia positiva, pero a la vez expone la situación real del reconocimiento y la protección de los pueblos indígenas en Indonesia, que sigue dependiendo de leyes y reglamentos sectoriales. La Constitución de Indonesia reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero hasta ahora no se ha aplicado el mandato constitucional de que el Estado debe promulgar inmediatamente la Ley de Pueblos Indígenas.
Monica Ndoen es una indígena de Rote, Nusa Tenggara Oriental. En la actualidad, es la enviada especial de la secretaría general de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 37a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Constitución de la República de Indonesia de 1945). Artículo 18-b. Disponible en https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf
[2] AMAN. Catatan Tahun 2022. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Informe de fin de año 2022. Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago). 2022, p. 22. Disponible en https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan
[3] Ministerio de Medioambiente y Silvicultura. Capaian Perhutanan Sosial Sampai Dengan 1 Oktober 2022 (Logros de la silvicultura social al 1 de octubre de 2022). Disponible en http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart=
[4] Pengaturan “Hukum yang Hidup” dalam RKUHP, Melanggar Hak Masyarakat Adat (El “derecho vivo” del RKUHP viola los derechos de los pueblos indígenas). AMAN, 2022. Disponible en https://www.aman.or.id/news/read/pengaturan-hukum-yang-hidup-dalam-rkuhp-melanggar-hak-masyarakat-adat
[5] Siringoringo, Jakob y Mambor, Victor. “Indonesia” En El Mundo Indígena 2020, editado por Dwayne Mamo, pp. 269-286. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2020. Disponible en https://www.iwgia.org/es/indonesia/3784-mi-2020-indonesia.html
[6] Siringoringo, Jakob y Mambor, Victor. “Indonesia” En El Mundo Indígena 2021, editado por Dwayne Mamo, pp. 246-259. Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2021. Disponible en https://www.iwgia.org/es/indonesia/4141-mi-2021-indonesia.html
[7]“Catatan Tahun 2022. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Informe de fin de año 2022. Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago). AMAN, 2022. Disponible en https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan
[8] Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 (Reglamento Presidencial N.º 98 del año 2021). 2021. Disponible en https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021
[9] Wahyu Chandra. “RUU Konservasi Diharap Akomodir Kepentingan Masyarakat Adat” (Se espera que el Proyecto de Ley de Conservación dé cabida a los intereses de los pueblos indígenas). Mongabay, 2022. Disponible en https://www.mongabay.co.id/2022/12/01/ruu-konservasi-diharap-akomodir-kepentingan-masyarakat-adat/
[10] Eko Cahyono, Erasmus Cahyadi, Monica Ndoen. Exclusion in the Name of Conservation - A Study by AMAN (Exclusión en aras de la conservación: estudio de la AMAN). 2018.
[11] Catatan Tahun 2022. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Informe de fin de año 2022. Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago). 2022, p. 16. Disponible en https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan
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