El Mundo Indígena 2021: Kenia
En Kenia, los pueblos que se identifican con el movimiento indígena son principalmente los pastoralistas y los cazadores-recolectores, así como también algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Se estima que los pastoralistas constituyen el 25% de la población nacional, mientras que la mayor comunidad de cazadores-recolectores es de aproximadamente 79.000 personas. Los pastoralistas ocupan principalmente las tierras áridas y semiáridas del norte del país y hacia la frontera entre Kenia y Tanzania en el sur. Entre los cazadores-recolectores se encuentran los Ogiek, Sengwer, Yiaku, Waata y Awer (Boni), mientras que en los pastoralistas figuran los Turkana, Rendille, Borana, Masái, Samburu, Ilchamus, Somali, Gabra, Pokot y Endorois, entre otros. Todos ellos se enfrentan a inseguridad en la tenencia de la tierra y los recursos, a deficiente prestación de servicios, escasa representación política, discriminación y exclusión. Su situación parece empeorar cada año, con una creciente competencia por los recursos localizados en sus zonas.
Las mujeres indígenas de Kenia se enfrentan a múltiples limitaciones y desafíos sociales, culturales, económicos y políticos. En primer lugar, por pertenecer a minorías y pueblos marginados a nivel nacional y, en segundo lugar, por prejuicios culturales sociales internos. Estos prejuicios han seguido negando a las mujeres indígenas la igualdad de oportunidades para superar los altos niveles de analfabetismo y pobreza. También les han impedido que su voz sea escuchada para contribuir con sus conocimientos y puntos de vista e influir en la gobernanza cultural y política y en las políticas y procesos de desarrollo, debido a las desiguales relaciones de poder tanto a nivel local como nacional.
Kenia no cuenta con legislación específica sobre pueblos indígenas y todavía no ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) ni ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, Kenia ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC).
El capítulo cuatro de la Constitución de Kenia contiene una progresista Carta de Derechos que hace del derecho internacional un componente clave de las leyes del país y garantiza la protección de las minorías y los grupos marginados. En virtud de los artículos 33, 34, 35 y 36 se garantiza la libertad de expresión, los medios de comunicación y el acceso a la información y la asociación. Sin embargo, el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sigue siendo un reto para los pueblos indígenas de Kenia, aunque la Constitución garantiza la participación del pueblo.
EL COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas de Kenia
Ea COVID-19 supone una nueva amenaza para la salud y la supervivencia de los pueblos indígenas de Kenia. Se evidenció que el país no estaba preparado para afrontar la crisis en términos de disponer de recursos, personal y crear concienciación sobre el virus. Debido a la remota ubicación y amplia extensión de las áreas ocupadas por los pueblos indígenas, su acceso a los servicios sanitarios no es adecuado, convirtiéndoles en el grupo de salud más “vulnerable” del país.
La interacción entre pueblos indígenas y otras comunidades y el intercambio de bienes y servicios se vieron grave y adversamente afectados por el cierre de mercados y las estrictas normas de toque de queda por motivo del COVID-19. Los ingresos de los que dependen predominantemente, generados por el comercio de ganado, la venta de miel y otros productos, disminuyeron rápidamente. La interrupción en el movimiento de bienes y servicios debido al confinamiento aumentó la inseguridad alimentaria de los pueblos indígenas, puesto que no podían comprar alimentos alternativos, como cereales, los días de mercado. Aunque prosiguió la venta intercomunitaria de ganado, los precios fueron más bajos de lo habitual, ya que los animales se compraban directamente en las granjas.[1]
La pandemia del COVID-19 también repercutió negativamente en los jóvenes indígenas que trabajan en el sector del turismo. Muchas inversiones turísticas, refugios y espacios de conservación de fauna y flora silvestre están ubicados en tierras de pueblos indígenas y comunidades locales, y la pandemia con sus restricciones en los viajes y confinamientos ha provocado el cierre de instalaciones y empresas turísticas[2]. Los guías turísticos pastorales que dependen de este sector del turismo especializado en la vida silvestre han perdido contacto con sus sistemas de medios de vida tradicionales y, por lo tanto, se han quedado sin otra opción a la que recurrir.
El Ministerio de Sanidad desarrolló una estrategia para elaborar estadísticas nacionales sobre la pandemia. Las estadísticas detallan información específica de condados pero no desagregan lo datos de manera que se pueda identificar a los pueblos indígenas. Los informes epidemiológicos muestran que, desde marzo hasta finales de diciembre, las cifras de casos confirmados de coronavirus en algunos de los condados del norte (donde viven muchas personas indígenas) fueron: 1.025 en Laikipia, 160 en Samburu, 225 en Isiolo, 151 en Marsabit y 958 en Turkana.[3] Debido a la falta de equipos de testeo masivo y la lejana ubicación de las áreas en las que viven los pueblos indígenas, se detectaron o notificaron relativamente pocos casos entre personas indígenas.
La pandemia de la COVID-19 ha generado oportunidades para revitalizar la medicina tradicional como medida preventiva. Asimismo, ha originado ideas innovadoras en las comunidades indígenas –donde el agua escasea– para garantizar que se cumplen las directrices de lavado de manos, convirtiendo garrafas de 5 litros en tip-taps una sencilla estructura hecha con materiales fáciles de conseguir que permite a las familias lavarse las manos presionando una palanca con el pie que acciona el sencillo mecanismo para verter el agua del recipiente sobre las manos).[4]
Por otra parte, las medidas de contención ante el COVID-19 han provocado violaciones de derechos humanos y brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad, así como incremento de delitos y homicidios, violencia de género, palizas físicas y acoso sexual y violaciones, embarazos precoces de jóvenes estudiantes, abandono escolar entre los jóvenes, así como pérdidas de medios de vida económicos y mayor desempleo. Por consiguiente, hay muchas heridas que curar.
El Gobierno de Kenia ha ideado una estrategia de recuperación del COVID-19 y, antes también ha urgido a los prestamistas financieros a conceder exenciones que protejan a las empresas del colapso, ampliando los períodos de devolución de los préstamos. Están en vigor fondos de recuperación, pero lamentablemente con rigurosos requisitos que las personas indígenas no pueden cumplir porque obtener asistencia financiera para recuperación a través de acuerdos de garantía no es posible para tierras comunales utilizadas de manera colectiva.
Debido al COVID-19, las autoridades prohibieron realizar ceremonias tradicionales de ritos de paso de edad para chicos jóvenes en comunidades pastoralistas. Una prohibición nunca antes vista que provocó que los líderes de las comunidades se organizaran y presionaran al gobierno para permitir que las ceremonias se llevaran a cabo cumpliendo las directrices exigidas contra el COVID-19 y reduciendo los períodos de las ceremonias. Se mantuvieron conversaciones sobre el asunto con las administraciones condales de Samburu y otros lugares, y aceptaron las propuestas de los ancianos de las comunidades, entre ellas, el cumplimiento de las directrices y procedimientos de higiene contra el COVID-19. La organización pastoral IMPACT prestó rápida asistencia facilitando información a través de emisoras de radio en lengua nativa, canciones y vehículos equipados con sistemas de megafonía y suministró alimentos y equipos de protección individual (EPI).[5]
Cuestiones forestales
Kenia cuenta con muchas leyes y políticas (18 en total) relativas a gestión forestal[6], con estipulación de funciones solapadas que requieren armonización. La falta de precisa claridad en las funciones y responsabilidades ha exacerbado la constante violación de derechos humanos de comunidades forestales que se identifican con los bosques como sus tierras comunitarias y cuyos derechos de tenencia no están reconocidos.
En 2020, Community Land Action Now (CLAN), una red de organizaciones comunitarias rurales locales y ONG, reivindicó el reconocimiento de las comunidades forestales y mostró su disconformidad con el Proyecto de Política Forestal Nacional, que estipula en el párrafo 4 de su artículo 4.2 que el gobierno gestionará todos los bosques indígenas. También expresó su rechazo al hostigamiento continuado hacia los pueblos Ogiek y Sengwer y la demolición de 300 viviendas Ogiek en el bosque Mau y de 28[7] viviendas Sengwer en el bosque Embobut.[8] El acoso y uso de excesiva fuerza por parte de agentes del Servicio Forestal de Kenia (Kenya Forest Service, KFS), incluyendo asesinatos extrajudiciales en comunidades forestales, se están llevando a cabo para expulsarles de los bosques basándose en alegaciones infundadas de actividades ilegales realizadas en estos espacios.
Teniendo en cuenta las impugnaciones jurídicas en curso de las que es objeto el Servicio Forestal de Kenia (KFS) en tribunales locales, regionales e internacionales, es necesario analizar las declaraciones en materia de políticas relativas a comunidades indígenas y forestales. KFS ha emitido algunas declaraciones problemáticas en esta materia y referentes a estas comunidades que son causa de preocupación.[9] Entre ellas:
Tres de las cinco principales torres de agua de Kenia albergan comunidades indígenas. Están los Ogiek (monte Elgon y Mau) y los Segwer de las colinas de Cherangani. Su tradicional modo de vida ha cambiado y sus actividades de medios de vida actualmente incluyen pastoreo de ganado y producción de cultivos alimentarios que no son compatibles con la conservación de los bosques. Estas actividades de sustento han puesto en peligro la integridad de los ecosistemas y los servicios que proporcionan, como agua, a las comunidades situadas en la parte baja de la cuenca hidrográfica.[10]
Si no se revisan cuidadosamente tales declaraciones de políticas y si no reconocen el papel fundamental de la custodia y propiedad de las comunidades indígenas y forestales, esto podría dar como resultado que el sector forestal revirtiera a políticas de administración tomadas desde altas esferas, utilizando en gran medida mecanismos de mando y control.
CLAN organizó eventos virtuales con la comunidad internacional y facilitó a representantes líderes de comunidades forestales presentar un comunicado que se dió a conocer a autoridades relevantes sobre el tratamiento injusto y las violaciones de derechos humanos cometidos contra las comunidades forestales. En el comunicado también se exigía que cesara la constante pérdida de superficies forestales y bosques en tierras comunitarias sin título de propiedad, incluyendo mediante el registro oficial de dichas tierras como Bosques Públicos. El comunicado enfatizaba que el Proyecto de Política Forestal Nacional debe explícitamente comprometerse a que los actores estatales ayuden activamente a cada comunidad en Kenia que vive en tierra comunitaria a incorporar estos recursos existentes (superficies forestales y bosques perdidos dentro de tierras comunitarias sin título de propiedad) bajo su focalizada protección como Bosques Comunitarios.[11]
Progreso en el ámbito de las tierras comunitarias y nuevos desafíos
Se ha avanzado con un gran paso adelante en salvaguardar tierras comunitarias gracias al impulso permanente de autoorganización entre comunidades pastorales englobadas bajo el antiguo acuerdo de ranchos grupales. Las comunidades pastoralistas se han mantenido en primera línea de reivindicación para tratar de conseguir que se implemente la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, movilizando sus recursos y organizando reuniones y llamando a las puertas de la Secretaría del Gabinete de Tierras. El hito que encendió la esperanza de que esto se podría lograr fue el hecho de que tres comunidades pastoralistas inscribieron sus tierras comunitarias y obtuvieron títulos de propiedad a finales de 2020. En concreto, son las comunidades Ilngwesi y Musul en el subcondado de Laikipia Norte (consolidando 12.000 hectáreas para más de 20.000 personas) y la comunidad Olkerin en el condado de Kajiado (5.000 hectáreas para 3.000 personas). El retraso del gobierno en asumir sus funciones y responsabilidades en virtud de la Ley de Tierras Comunitarias se convirtió en una oportunidad para las organizaciones pastoralistas de la sociedad civil en cuanto a buscar y encontrar vías para la implementación de la ley, tanto a nivel nacional como con los gobiernos condales transferidos.
Revisión constitucional en curso
Existe, a través de Building Bridges Initiative (BBI), una iniciativa activa de revisión constitucional nacional, mediante la cual se establece una comisión para recopilar las opiniones de la sociedad y elaborar recomendaciones a fin de realizar un referéndum sobre dicha revisión constitucional. En 2020, el presidente adhirió al informe del comité que se está divulgando a nivel de condados. El Grupo Parlamentario Pastoral y el Consejo para el Desarrollo de Condados Fronterizos (Frontier Counties Development Council) han pedido ser escuchados por el equipo director de campaña de BBI y han solicitado que sus puntos de vista y preocupaciones se incluyan en el informe final. Las principales cuestiones de preocupación para pastoralistas y pueblos indígenas son la equidad en la asignación de recursos, la representación, la paridad de género, las necesidades de personas con discapacidad y la protección de tierras comunitarias. Respecto a la protección de tierras comunitarias, hacen hincapié en que el pastoralismo es la práctica de uso de la tierra más viable en las zonas áridas y que las tierras de los pastoralistas deben ser reconocidas por el gobierno y los responsables de formular políticas como un factor clave para la producción y el uso apropiado de la tierra y como un importante sector para la economía nacional y los medios de vida de los pueblos.[12]
Mali Ole Kaunga es Laikipiak Masái y experto en pueblos indígenas, con especial interés en los derechos a las tierras, el impacto de inversiones/empresas en los pueblos indígenas y el fortalecimiento de acciones/movimientos colectivos y capacitación en materia de recursos naturales. Es el fundador y director de IMPACT (Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflicts Transformation – www.impactkenya.org) y coordinador de PARAN (Pastoralists Alliance for Resilience and Adaptations across Nations). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
David N. Silakan es coordinador de la alianza PARAN y también contribuyó a la elaboración de este artículo.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] National Drought Management Authority (NDMA) (Autoridad Nacional de Gestión de las Sequías). “Marsabit County, Drought Early Warning Bulletin for May 2020”. Mayo de 2020, p.10. Disponible en https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/send/14-marsabit/5644-marsabit-may-2020
[2] Northern Rangelands Trust (NRT). “The community-level impact of COVID-19 in northern and coastal Kenya - insights from NRT”. 2021. Disponible en https://www.nrt-kenya.org/covid19-impact
[3] Statista. “Cumulative number of confirmed coronavirus (COVID-19) cases in Kenya as of February 16, 2021, by county”. Kenia, 2021. Disponible en https://www.statista.com/statistics/1136519/cumulative-coronavirus-cases-in-kenya-by-county/
[4] Send a Cow. “Tip Tap”. 2021. Disponible en https://sendacow.org/us/product-us/tip-tap-2/
[5] “COVID-19 Impact Rapid Response report for Samburu East Constituency and part of Mukogodo East Ward, 27 April”. Julio de 2020, p.2. Informe no publicado.
[6] República de Kenia, Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. “Draft National Forest Policy, 2020”. 19 de mayo de 2020, pp.13-14. Disponible en http://www.environment.go.ke/wp-content/uploads/2020/06/Draft-Forest-Policy-19May-2020-.pdf
[7] Kenrick, Justin. “Sengwer call for end to human rights violations by Kenyan authorities following burning of 28 homes”. Forest Peoples Programme, 14 de julio de 2020. Disponible en https://www.forestpeoples.org/en/sengwer-call-for-end-human-rights-violations-kenyan-authorities-after-burning-of-28-homes
[8] Community Land Action Now (CLAN). “Kenyan Report illegal Evictions during Covid-19”. Comunicado de prensa de CLAN, 23 de julio de 2020, p.1. Disponible en https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/2020.07.23%20CLAN%20Press%20Statement_FINAL_.pdf
[9] Forestry Society of Kenya. “Forestry Professionals Comments on the Draft National Forest Policy 2020”. Artículo 2.12 sobre comunidades indígenas y locales en el Proyecto de Política Forestal Nacional. Julio de 2020. Disponible en http://fsk.or.ke/2020/07/forestry-professionals-comments-on-the-draft-national-forest-policy-2020/
[10] República de Kenia, Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. “Draft National Forest Policy, 2020”. 19 de mayo de 2020, artículo 2,12.1. Disponible en http://www.environment.go.ke/wp-content/uploads/2020/06/Draft-Forest-Policy-19May-2020-.pdf
[11] Community Land Action Now (CLAN). “Draft CLAN submission on Forest Policy to the Committee Ministry of Environment and Forestry”. Julio de 2020. Informe no publicado.
[12] Cheruyot, Kevin. “Pastoralists Parliamentary Group wants their views to be integrated in BBI report”. The STAR, 3 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.the-Star.co.ke
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
