El Mundo Indígena 2021: Libia
Los Amazigh forman la población indígena de Libia, estimándose que alcanzan la cifra de un millón, lo que equivale a más del 16% de la población total del país.
Viven en varias áreas del norte, este y sur del país aunque sin ninguna continuidad geográfica. Al oeste de Trípoli, en la costa mediterránea, residen en la ciudad de At-Wilul (Zwara) y en las montañas de Adrar Infussen (Nefoussa), en la frontera con Túnez; en el sureste, en la frontera con Egipto, habitan en los oasis de Awjla, Jalu y Jakhra; en el sur, la región de Fezzan es tradicionalmente territorio kel-tamasheq (tuareg), incluyendo las zonas de Murzuq, Sebha, Ubari, Ghat y Ghadamès. Los kel-tamasheq de Libia están vinculados de manera natural con otras comunidades kel-tamasheq que viven en las fronteras con Níger y Argelia. Trípoli es también el hogar de una importante comunidad Amazigh. Además de las comunidades árabes y Amazigh, hay una minoría étnica en Libia conocida como los “toubou”, compuesta por alrededor de 50.000 personas. Son originarios de las mesetas de Tibesti en Chad y viven a lo largo de la frontera Libia-Chad. Siguen un estilo de vida nómada y practican el pastoralismo en un área que se extiende desde el norte de Níger a Sudán.
Durante la época de Muammar Gaddafi (1969-2011), Libia fue declarada un país exclusivamente “árabe y musulmán”. La Proclamación Constitucional de 1969 establece en su primer artículo que “Libia es una república árabe (…), el pueblo libio forma parte de la nación árabe y su objetivo es la unidad árabe total. El nombre del país es la República Árabe de Libia”. El segundo artículo añade que “el islam es la religión del Estado y el árabe su idioma oficial”. Desde entonces, la política gubernamental ha perseguido siempre implacablemente a todas las personas que no reconozcan la “identidad árabe-musulmana” de Libia.
Tras la “revolución” de 2011, en 2017 un Consejo Constitucional Provisional presentó un borrador de una nueva Constitución que en nada cambia los pilares identitarios del país. El artículo dos sigue estipulando que “Libia forma parte de la nación árabe” y que “el árabe es el idioma del Estado”. El artículo seis señala que “el islam es la religión del Estado y la ‘Sharia’ la fuente de su derecho”. Asimismo, contiene otros artículos discriminatorios que prohíben, por ejemplo, a una persona libia no musulmana presentarse a las elecciones para la Cámara de Representantes (artículo 69) o ser presidente de la República (artículo 101) y establece que la justicia se debe impartir “en el nombre de Allah” (artículo 189). Estos artículos notoriamente tienen el objetivo de imponer una república islámica, en detrimento de la diversidad de culturas y creencias existentes en Libia. No obstante, debido a la oposición amazigh y toubou, y también a causa de la guerra, este borrador de Constitución aún no se ha aprobado.
Libia votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Prosigue la guerra civil, con menos intensidad
Para Libia, 2020 representó una continuación del escenario de guerra civil que ha afectado negativamente a las condiciones de vida de la población. Todavía existe el riesgo de perder la vida o resultar herido y se han destruido o dañado gravemente infraestructuras públicas (sanidad, educación, comunicación, etc.), especialmente en las ciudades.
El país aún tiene dos parlamentos y dos gobiernos, uno en Bengasi al este del país y el otro en Trípoli, los dos librando una despiadada guerra con desastrosas consecuencias para la población. Además de estos dos jugadores principales, proliferan decenas de milicias armadas que controlan diferentes territorios e intereses económicos (campos de petróleo y gas, puertos de exportación, entre otros).
Esta guerra está siendo en gran medida alimentada y exacerbada por interferencias de Estados extranjeros que tratan de obtener su parte de los recursos naturales del país, como Egipto, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros. Estos países proporcionan soldados, equipamiento, fondos y apoyo logístico y diplomático a las partes beligerantes. Algunos incluso están probando aquí sus nuevas armas, como misiles teledirigidos y drones. Stephanie Williams, la enviada especial de la ONU para Libia declara: “Libia está convirtiéndose en un campo experimental de todo tipo de nuevos sistemas de armas y partidarios extranjeros de las partes contrincantes, que les envían armas y combatientes, violando un embargo”.[1] El embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Libia[2] nunca se ha hecho cumplir.
El 19 de enero de 2020, Alemania acogió en Berlín una Conferencia sobre Libia bajo los auspicios de la ONU, en la que se dieron cita los principales gobiernos involucrados en el país: Rusia, Turquía, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Alemania. Los participantes prometieron “un alto el fuego permanente”, respetar el “embargo de armas” y poner punto final a toda “interferencia” extranjera en el país. No obstante, aparte de esta solemne declaración, no se decidió calendario o metodología para su implementación. La sociedad en general considera este resultado como una mera declaración de buenas intenciones sin ninguna voluntad política real para resolver la crisis libia.[3]
Las comunidades indígenas han aplicado diferentes estrategias dependiendo de si viven en áreas urbanas o en sus territorios tradicionales. En la ciudad de Trípoli, los Amazigh,que componen aproximadamente un cuarto de la población, se han visto forzados a participar en la guerra de una manera u otra, junto al gobierno de Trípoli. En sus territorios, tanto en el norte como en el sur, han adoptado prácticamente una estrategia de repliegue y autoorganización como modo de protegerse de los problemas de la guerra y dar solución a las necesidades colectivas de sus miembros.
La irrupción de la pandemia del coronavirus en la primavera de 2020 redujo el número de enfrentamientos armados y posteriormente la intensidad de la guerra civil ha disminuido de manera significativa. Sin embargo, las comunidades indígenas han tenido que hacer frente a un nuevo miedo: el de la pandemia.
Vida precaria de los pueblos indígenas de Libia
En ausencia de un gobierno capaz de protegerles y atender sus necesidades, las comunidades indígenas han tratado de autoorganizarse siguiendo sus tradiciones autónomas a fin de afrontar colectivamente los desafíos que se les iban presentando.
Así pues, en los territorios Amazigh al oeste de Trípoli, las autoridades locales constituyen el poder de toma de decisiones y están proporcionando servicios públicos esenciales (sanidad, educación, seguridad, etc.) lo mejor que pueden.
Y, sin embargo, incluso durante esta crisis multidimensional, los Amazigh siguen sufriendo discriminación. En un discurso público en agosto de 2020, el primer ministro del gobierno de Trípoli declaró que era momento de reactivar el borrador de Constitución de 2014, rechazado por los Amazigh y Toubou porque les discriminaba. Asimismo, se envió una circular gubernamental a todas las autoridades locales recordándoles no incluir nombres no árabes en el registro de nacimientos. Tras recibir fuertes protestas de representantes Amazigh, esta circular fue finalmente retirada. Los Amazigh y Toubou también están discriminados en términos de acceso a trabajos y obtención de cargos de responsabilidad en empresas y en la administración estatal. Por ejemplo, en el puerto de gas de Melitta, cerca de At-Willul (Zwara), en territorio Amazigh, solo el 10% de los 1.300 empleados son Amazigh.
En el sur, los Kel-Tamasheq (Tuareg) y los Toubou sufren discriminación específica desde tiempos de Gaddafi: en concreto, la negativa de la administración a conceder nacionalidad libia a más de 100.000 habitantes de esta región. Tras la “revolución” de 2011, el gobierno introdujo un número de identidad nacional para todos los libios[4], pero negándoselo a decenas de miles de personas pertenecientes a las comunidades Kel-Tamasheq y Toubou. Esto significa que estos libios están “indocumentados”, carecen de documentos de identidad y, por consiguiente, no pueden acceder a escuelas, servicios públicos de sanidad, ni a ningún otro servicio público, ni pueden conseguir un empleo asalariado. Las quejas dirigidas a la administración libia desde 2011 han caído en saco roto.
El otro desafío para los habitantes de esta región es la pobreza causada por su marginación socioeconómica. La región tiene pozos petrolíferos controlados por el gobierno o milicias del norte pero la población local no recibe nada de los ingresos generados por estos recursos que son explotados con la ayuda de compañías extranjeras. Solo tienen derecho a trabajos de baja categoría en las industrias extractivas.
Aduciendo razones de seguridad, Argelia regularmente cierra su frontera con Libia durante largos períodos de tiempo, impidiendo el comercio entre las comunidades Kel-Tamasheq que viven a ambos lados de la frontera. Las visitas familiares y el comercio tradicional entre las áreas de Ghat en Libia y Djanet en Argelia se ven a menudo interrumpidas abruptamente, paralizándose el intercambio de recursos necesarios básicos como alimentos y medicinas. Este problema da como resultado repetidas crisis alimentarias y de salud, estrés y mayor deterioro en las condiciones de vida de las familias.
Los Toubou son una comunidad no árabe en Libia, como los Kel-Tamasheq, sus vecinos en el sur del país. Como resultado, son víctimas de racismo y marginación desde tiempos de Gaddafi. No tienen acceso a los recursos en su territorio y tienen que recurrir a armas para defenderlo.[5] A veces forman su propia milicia para la defensa autonóma de sus tierras, o se alían con los Kel-Tamasheq, o con el ejército del general Haftar o del gobierno de Trípoli.
Los Toubou y Amazigh de Libia están también excluidos de asuntos políticos. Siempre que representantes de las comunidades y regiones de Libia se reúnen para debatir una vía de salida a la larga crisis de diez años del país, nunca se invita a representantes de las comunidades Amazigh y Toubou. Así ocurrió también en el caso de la reunión para el diálogo interlibio que tuvo lugar en Túnez en noviembre de 2020. Hicham Ahmadi, miembro del Alto Consejo Amazigh de Libia, señaló sobre este tema: “A pesar de nuestras numerosas reuniones con representantes de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), no se nos invitó”.[6] A raíz de ello, en septiembre de 2020, los Amazigh y Toubou formaron una alianza que denominaron la Unión de los Pueblos Indígenas de Libia, encaminada a progresar en sus demandas y defender sus derechos.
Las comunidades indígenas no árabes de Libia proponen y desean un estado federal con estatus autónomo para sus territorios dentro del contexto del derecho a la libre determinación. Sería una solución que preservaría los derechos e intereses de cada parte, así como también garantizaría la paz.
Comunidades indígenas de Libia en el contexto del COVID-19
Amnistía Internacional manifiesta su alarma porque:
El sistema de salud pública de Libia se ha visto minado por años de conflicto armado e inseguridad, con ataques a instalaciones médicas, éxodo de personal médico cualificado y frecuentes interferencias de las milicias en la prestación de servicios médicos. Además de estos peligros generales, la discriminación ya existente de minorías étnicas como la Tebu y la Tuareg crean más barreras para su acceso a la atención de la salud.[7]
La presencia de numerosos grupos armados rivales y la lucha por el control de territorio y riqueza hace que desplazarse a centros de asistencia sanitaria resulte peligroso. Además, están todos controlados por milicias. Por consiguiente, el miedo a la violencia desalienta a los pacientes a acudir a las consultas médicas. Los hospitales y dispensarios carecen de equipamiento y las condiciones de higiene son deplorables. No se han implementado medidas gubernamentales especiales de bienestar. Miembros de las comunidades Toubou y Tuareg se enfrentan a barreras adicionales para acceder a asistencia sanitaria pública, ya que no poseen documentos de identidad.[8]
No obstante, las comunidades indígenas de Libia han conseguido limitar la propagación de la pandemia del COVID-19 estableciendo sus propios servicios autónomos para organizar y supervisar el confinamiento, restringir el acceso a sus territorios y utilizar medicinas tradicionales.
Belkacem Lounes es doctor en Economía, profesor de la Universidad de Grenoble, miembro experto del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y autor de numerosos informes y artículos sobre derechos Amazigh.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Reuters Staff. “Libya turning into 'experimental field' for arms as war heats up -UN”. Reuters, 23 de abril de 2020. Disponible en https://www.reuters.com/article/libya-security-idUSL5N2CB738
[2] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Resolución 2473 (2019)” del Consejo de Seguridad. 6 de octubre de 2019. Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2473(2019)
[3] “Libye: à la conférence pour la paix à Berlin, le bal des hypocrites (Libia: en la Conferencia de Paz en Berlín, el baile de los hipócritas)”. Courrier International, 20 de enero de 2020. Disponible en https://www.courrierinternational.com/article/opinion-libye-la-conference-pour-la-paix-de-berlin-le-bal-des-hypocrites
[4] Ley 8 - 2014, Artículo 7: “Todos los ministerios y unidades administrativas del gobierno e instituciones, organismos civiles y militares, empresas públicas y similares deben utilizar el número nacional asignado a cada ciudadano libio en el pago de salarios y remuneración de todos los procedimientos administrativos, financieros y económicos relacionados con el Estado libio. Todas las partes mencionadas deben suspender el pago de salario, bono o derecho financiero de cualquier ciudadano libio si este no presentase el número nacional que se le ha asignado. Las partes anteriormente mencionadas no deben completar ninguna actividad financiera, administrativa o económica para ningún ciudadano libio a no ser por el número nacional”.
[5] Said, Asma. “Libye: Le Fezzan, une région en lutte contre sa marginalisation (Libia: Fezzan, una región que lucha contra su marginación)”. Orient XXI, 24 de diciembre de 2020. Disponible en https://orientxxi.info/magazine/libye-dans-le-fezzan-toubous-et-touaregs-entre-division-et-abandon,4379
[6] Bakir, Assia. “Sans les Amazighs et les Toubous, il sera impossible de construire une stabilité politique en Libye (Sin los Amazigh y los Toubou, será imposible forjar una estabilidad política en Libia)”. El-Watan, 14 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.elwatan.com/edition/international/hichem-ahmadi-membre-fondateur-du-haut-conseil-des-amazighs-de-libye-hcal-sans-les-amazighs-et-les-toubous-il-sera-impossible-de-construire-une-stabilite-politique-en-libye-14-11-2020
[7] Amnistía Internacional. “Libia: Una discriminación histórica amenaza el derecho a la salud de las minorías del sur en la crisis de la COVID-19”. 20 de abril de 2020. Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/libya-historic-discrimination-threatens-right-to-health-of-minorities-in-the-south-amid-covid19/
[8] Ibid.
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
