En México hay 16.933.283 indígenas, que representan el 15,1% de la población total. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluriculural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos.
En México viven 16.933.283 indígenas, que representan a un 15,1% de la población total. México adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990 y se convirtió en una nación pluricultural al reformar el artículo VI de la Constitución en el año 1992. Pero, la población indígena del país debe enfrentarse a serios desafíos.
La población indígena de México
El Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) registraron 16.933.283 habitantes indígenas en el país, que representan a un 15,1% del total de los mexicanos (112.236.538). La población crece continuamente debido a los altos índices de natalidad, compensados sólo en parte por los altos índices de mortalidad. México es el país de América con un mayor número de población indígena y de lenguas indígenas habladas, con más de 68 lenguas y 364 variaciones dialectales.
Principales retos de los pueblos indígenas de México
Uno de los retos principales a los que deben enfrentarse los pueblos indígenas de México es su falta de su reconocimiento. En 2001, como resultado de la movilización de los pueblos indígenas para que la legislación reflejara los Acuerdos de San Andrés -resultado de las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996-, fue la reforma de los artículos I, II, IV, XVIII y CXV de la Constitución mexicana.
Para el 2003, el EZLN y el Congreso Nacional Indigenista (CNI) comenzaron la implementación de los Acuerdos en sus territorios, creando gobiernos autónomos indígenas en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. A pesar de que los estados de Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí cuentan con disposiciones en materia de pueblos indígenas en sus constituciones estatales, los sistemas jurídicos indígenas aún no están completamente reconocidos.
Otro reto se relaciona con la salud de los pueblos indígenas de México. Los pueblos indígenas son el sector más vulnerable debido a sus elevados índices de mortalidad materna e infantil, los índices de malnutrición aguda y crónica más altos del promedio nacional, una esperanza de vida baja y severas limitaciones para el acceso a los servicios públicos.
En relación a los derechos humanos, el informe de la organización Front Line Defenders reveló que México ocupa el cuarto lugar entre los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Durante el 2017, se produjeron 31 muertes, la mayoría de las cuales fueron de activistas involucrados en causas indígenas o ambientales.
Caso: Visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
En noviembre 2017, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realizó una visita oficial a México en la que reunió con autoridades estatales y federales, así como con representantes de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil.
Algunos de los hechos apuntados por la relatora especial en su declaración de cierre de misión fueron, en primer lugar, el hecho de que los pueblos indígenas no son consultados adecuadamente de acuerdo con los estándares internacionales para los proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida. Resulta alarmante el 99% en el índice de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, particularmente sobre personas indígenas. Además, es flagrante la violencia encarada por los grupos indígenas que están luchando por sus derechos, en particular en los casos de instalación de los megaproyectos extractivos.
La relatora especial enfatizó el hecho de que el objetivo del informe es dar a conocer las principales violaciones de los derechos de las personas indígenas y de las comunidades en México.
Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.
Este libro nos acerca a un tema urgente en estos tiempos de múltiples violencias: la construcción de una paz integral para todos y todas. La obra es una versión retrabajada de la tesis doctoral en Estudios de Paz de Alaide Vences Estudillo y resultado de múltiples diálogos de saberes con sus compañeras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), en especial Patricia Torres Sandoval, Fabiola Del Jurado Mendoza y Norma Don Juan Pérez.
El libro se enmarca y a la vez confronta tanto los estudios para la paz surgidos en Europa después de la II Guerra Mundial, como los estudios de la década de los setenta. Inspirada por quienes han vuelto la mirada a las epistemologías indígenas, como un camino para descolonizar las concepciones de justicia y paz de las democracias liberales, Alaide Vences abre la mente y el corazón a las cosmovisiones, espiritualidades y construcciones comunitarias, como productos y procesos históricos de las mujeres indígenas que integran la CONAMI. Para las mujeres de la CONAMI, la construcción de una paz integral pasa por la transformación de un modelo económico que no solo despoja y desplaza a los pueblos indígenas, sino que ha puesto en peligro el futuro del planeta entero.
A su vez, a través de una serie de testimonios, “experiencias de vida”, Alaide nos acerca a los procesos de politización identitaria que vivieron las integrantes de la CONAMI. Argumenta que la imposición del mestizaje como negación de una historia propia, como desposesión y desarraigo, ha producido identidades mestizas pobres y racializadas, que comparten las violencias racistas que vive la población indígena.
Este libro interpela en muchos sentidos: teóricos, políticos y metodológicos, invitándonos a desestabilizar certezas en torno a la paz, el activismo feminista y la investigación académica.
En 2006, la compañía Blackfire adquirió la concesión para la explotación de barita, un mineral muy utilizado en los pozos petroleros y las pinturas para autos. Con este fin, violó la normativa vigente y el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas de la región. Tras el asesinato de unos de los referentes de la lucha contra la minería, el gobierno del Estado la clausuró, pero dejó la puerta abierta para que la compañía reinicie sus actividades. Sin embargo, en los últimos años, la llegada del crimen organizado busca reactivar la extracción de barita mediante la intimidación y las amenazas a pobladores, funcionarios y organizaciones sociales.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en México 23,2 millones de personas de tres años y más se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19,4 % de la población total del país; siendo 51,4 % (11,9 millones) mujeres y 48,6 % (11,3 millones) hombres. De los 23,2 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7,1 millones (30,8 %) hablaban alguna lengua indígena y 16,1 millones (69,2 %), no. De igual forma, el Censo 2020 registró que el 6,1 % de la población total del país, habla alguna de las 68 lenguas originarias del país, agrupadas en por lo menos 364 variantes, lo que equivale a 7,36 millones de personas, con un porcentaje de mujeres de 51,4 % (3,78 millones), y 48,6 % (3,58 millones), para hombres.
Rosy Castro Salinas es una mujer afromexicana originaria de la comunidad Charco Redondo en el Municipio de Tutupepec, estado de Oaxaca. Es candidata doctoral en Derecho por la Benemérita Universidad de Oaxaca y consejera de la Comisión Nacional contra la Discriminación de México (CONAPRED). Además, es integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, y fundadora y coordinadora del Foro de Mujeres Lideresas Indígenas, Afromexicanas, Mestizas, Pescadoras, Rurales en Bahías de Huatulco.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en México 23,2 millones de personas de tres años y más se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19,4 % de la población total del país; siendo 51,4 % (11,9 millones) mujeres y 48,6 % (11,3 millones) hombres. De los 23,2 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7,1 millones (30,8 %) hablaban alguna lengua indígena y 16,1 millones (69,2 %), no.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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