El Mundo Indígena 2022: Editorial

A lo largo de 2021, mientras el mundo seguía haciendo frente a la pandemia de COVID-19, también los pueblos indígenas respondían al virus con sus formas tradicionales e innovadoras, al tiempo que lidiaban con la discriminación de la que son objeto cotidianamente.

De hecho, la pandemia ha puesto de relieve y ha agravado las numerosas desigualdades preexistentes ante las cuales se enfrentan los pueblos indígenas, según lo señaló el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en su 20.o período de sesiones, celebrado en abril de 2021. Además, el Foro indicó que esta desigualdad era especialmente notable en el caso de las mujeres y las niñas indígenas, quienes aun antes de la pandemia ya se habían quedado atrás y ahora están todavía más rezagadas.

Las mujeres indígenas desempeñan una función crucial en sus comunidades como sostén de la familia, cuidadoras, guardianas del conocimiento, lideresas y defensoras de los derechos humanos. Si bien han logrado pequeños pero significativos avances en cuanto a su participación en los procesos de toma de decisiones en algunas comunidades, han conseguido ocupar puestos de liderazgo en funciones comunales y nacionales y han estado en la primera línea de las protestas para defender sus tierras y la biodiversidad, la realidad es que las mujeres indígenas siguen estando enormemente subrepresentadas, se ven desproporcionadamente afectadas por las decisiones que se toman en su nombre sin su valiosa contribución, y con demasiada frecuencia son víctimas de violencia y agresiones sexuales.

Asimismo, continúan siendo objeto de discriminación interseccional y de múltiples expresiones de violencia de forma desproporcionada —en un mundo en el que una de cada tres mujeres es víctima de violencia[1]—, y a menudo se las excluye de los procesos de toma de decisiones y de los puestos de liderazgo. La violencia contra las mujeres indígenas desencadena otros efectos negativos relacionados con su salud mental y física y disminuye su autoestima, lo que a su vez merma sus posibilidades de obtener ingresos y debilita su grado de participación y su poder de decisión.

Lo que arroja el análisis y los informes de la edición de este año de El Mundo Indígena es que la situación de las mujeres indígenas en todo el mundo se ha mantenido inaceptablemente igual. En casi todos los continentes se observa que las mujeres indígenas ocupan una posición respetable dentro de sus respectivas comunidades: se reconoce  que mantienen unidos a sus pueblos, son las depositarias de conocimientos y las activistas que se alzarán para proteger sus tierras y salvaguardar la supervivencia de sus pueblos. Sin embargo, también se observa que esa posición rara vez va acompañada de derechos legales y poder formal.

En Laos, por ejemplo, apenas una cuarta parte de las mujeres indígenas están alfabetizadas, lo que contribuye a su falta de confianza para hablar el idioma y, por tanto, dificulta su capacidad para participar en reuniones públicas, además de que están sobrecargadas de trabajo doméstico, infantil y comunitario. No obstante, precisamente gracias a esa labor son las que más tiempo pasan en los bosques y más conocimientos indígenas tienen en cuanto a la alimentación, la nutrición y el estado de los recursos forestales. Pese a ese profundo conocimiento y a esa enorme responsabilidad, están subrepresentadas en el gobierno y en organizaciones no gubernamentales internacionales y locales y de la sociedad civil.

IWGIA recoge datos a través del Navegador Indígena, un portal en línea que proporciona acceso a un conjunto de herramientas desarrolladas por y para los pueblos indígenas con recursos basados en datos generados por la comunidad. A través de las encuestas comunitarias y los procesos de promoción del Navegador Indígena, las mujeres indígenas de todas las regiones han informado que se enfrentan a múltiples formas de discriminación; a la desigualdad salarial; a la violencia y al acoso, tanto dentro como fuera de sus comunidades; al acceso limitado a los servicios de salud; a la falta de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y a la participación limitada en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

El papel de las mujeres indígenas

Los pueblos indígenas de todo el mundo se enfrentan a una discriminación sistémica arraigada en el racismo persistente, así como en la influencia del colonialismo del pasado y del presente. Se ven obligados a vivir en países creados y gobernados por los descendientes de los colonos de ultramar, o en países creados después de que se marcharon los colonizadores y en los que ahora gobiernan las élites de la sociedad dominante, lo cual resulta ensu experiencia de discriminación, desposesión y desempoderamiento.

En la mayoría de los casos reseñados en la edición de este año, el racismo y la discriminación sistémicos a los que se enfrentan hacen que a menudo se describa a las mujeres simplemente como las encargadas de cuidar a las familias y las comunidades como su principal función social. No obstante, la situación está cambiando lentamente en algunos lugares y las mujeres han conseguido aumentar su presencia en el espacio político, a pesar de que continúan haciendo frente a diversos desafíos.

En Nagalim, donde las comunidades y las costumbres son generalmente patriarcales, algunas mujeres naga pueden ahora ocupar puestos de poder político en los consejos de las aldeas. Asimismo, aunque han creado bancos de semillas y están preservando su cultura a través de materiales tejidos y atuendos culturales con certificación —elementos identificadores importantes de sus pueblos—, siguen sin poder heredar tierras. En Camboya, si bien los jemer dominantes consideran a las mujeres indígenas como el escalafón más bajo de la sociedad, ellas actúan como importantes representantes medioambientales y defensoras de los derechos que participan activamente en protestas e iniciativas de activismo. Aunque, al mismo tiempo, son víctimas de altos niveles de violencia, acoso, amenazas y detenciones a manos de las autoridades estatales y las empresas. Pese a ser fundamentales en la resolución de disputas sobre tierras dentro de sus comunidades donde se las valora enormemente, siguen necesitando el permiso y el apoyo de sus maridos para participar en los asuntos comunitarios. Sin embargo, en circunstancias limitadas pero cada vez más frecuentes, hay casos en los que las mujeres están ascendiendo a puestos de liderazgo y son más las que buscan una educación universitaria y trabajan como abogadas y profesoras.

En Uganda, donde por diversos motivos las mujeres indígenas luchan para que se las elija —por ser minoría en su comunidad, no tener capacidad para recaudar dinero para hacer campaña o tener un acceso limitado a la educación—, muchas de ellas ocupan importantes cargos políticos en el gobierno local, como consejeras locales y de distrito, así como puestos técnicos dentro de las estructuras políticas de la comunidad. A nivel nacional, cuatro mujeres indígenas ocupan cargos en el Parlamento y en el despacho presidencial.

En Estados Unidos, Deb Haaland se convirtió en la primera mujer nativa americana en ocupar el puesto de secretaria del Interior de ese país, para trabajar en favor de mejorar las relaciones con las naciones indígenas.

Las mujeres indígenas de Colombia siguieron ejerciendo su influencia en las comunidades y territorios, aumentando su participación, incluso en el escenario nacional, donde dos mujeres indígenas se han postulado a las elecciones presidenciales previstas para 2022.

Las mujeres maoríes son cada vez más reconocidas en diversos ámbitos y ocupan cargos directivos. El 10 % de los integrantes del Parlamento se identifican como mujeres maoríes, dos de los 20 miembros del gabinete son mujeres maoríes; asimismo, las mujeres maoríes codirigen dos de los cinco partidos del Parlamento. A pesar de estos avances y del respeto, la discriminación aún persiste. Las mujeres maoríes tienen una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, ya que representan el 63 % de la población penitenciaria femenina del país. Los índices de violencia contra las mujeres maoríes son considerablemente más altos que los de las mujeres no indígenas, su esperanza de vida es significativamente más baja, su tasa de desempleo es ampliamente más alta y reciben una remuneración muy inferior por su trabajo.

Las mujeres indígenas de Chile tienen una participación política activa en sus territorios, comunidades y en la política nacional, defendiendo sus tierras y recursos. Nueve de los 17 escaños reservados a los pueblos indígenas en la Convención Constitucional los ocupan mujeres indígenas y una mujer mapuche fue elegida presidenta de la asamblea. Sin embargo, una vez más, enfrentan las desigualdades y brechas de género más marcadas del país por ser mujeres e indígenas. Se les obstaculiza el acceso a la justicia, a la educación y a una atención sanitaria adecuada, y soportan tasas de discriminación, pobreza y violencia muy elevadas.

En 2021, las mujeres indígenas de Argentina organizaron una gran marcha nacional que culminó en Buenos Aires, para dar a conocer su lucha por la libre determinación como pueblo, por sus tierras y sus cuerpos. Las mujeres, los niños y las niñas indígenas siguen siendo el grupo demográfico más afectado por el COVID-19, la crisis sanitaria, la escasez de agua, la alimentación inadecuada y el deterioro del medioambiente. Las mujeres benet, en Uganda, también utilizaron su poder de protesta para destacar los brutales ataques que ha sufrido su pueblo a manos de la Autoridad para la Vida Silvestre del país. En Filipinas, donde los grandes proyectos de infraestructuras continúan a buen ritmo, las mujeres indígenas protestaron contra la construcción de represas y el incumplimiento de los protocolos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

Violencia contra las mujeres indígenas

Debido a la histórica discriminación, marginación y exclusión de la que son objeto los pueblos indígenas en los países en los que viven, aumenta la probabilidad de que sufran violencia impune, y gran parte de ella se expresa como violencia contra las mujeres indígenas. Las innumerables mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Canadá[2] o los innumerables casos de violación no denunciados ni registrados contra mujeres indígenas por parte de colonos, militares, policías, trabajadores extranjeros o turistas, son evidencia atroz de ello. De hecho, las mujeres y las niñas indígenas tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual y más probabilidades de sufrir violaciones que las mujeres y niñas no indígenas[3].

Muchos de los informes de esta edición señalan que la violencia contra las mujeres y niñas indígenas continúa a un ritmo preocupante. En la medida de lo posible, estos casos se han documentado, pero muchos no se denuncian, por lo que apenas ilustran una realidad parcial. En la India, por ejemplo, un informe de octubre de 2021 señaló que en 2020 se produjeron 3.676 casos de violencia contra mujeres y niñas tribales, de los cuales casi un tercio fueron casos de violación[4].

Además, de los casos de violencia documentados, pocos devienen en acciones legales o penales. En Bangladesh, por ejemplo, una organización de derechos humanos documentó 42 casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas en 2021. Alrededor del 60 % de los presuntos autores nunca fueron detenidos.

En algunos casos, los informes han demostrado que dicha violencia aumentó en 2021 durante la pandemia. En Botsuana, Camboya y Zimbabue aumentaron los casos de violaciones y violencia intrafamiliar, lo que hizo que varias ONG solicitaran que se preste más atención a los derechos de las mujeres.

El impacto multifacético del COVID-19 en los pueblos indígenas

Al igual que en 2020, los pueblos indígenas, provistos con su conocimiento y experiencia de haber enfrentado enfermedades contagiosas y otras pandemias por generaciones, continuaron respondiendo al COVID-19 con métodos tradicionales y nuevos para protegerse y prevenir contagios a lo largo de 2021. Lo hicieron de cara a la desproporcionada discriminación y marginación que sufren constantemente. Algunos gobiernos nacionales continuaron careciendo de programas adecuados de ayuda por emergencia, sin políticas y sin implementación dirigida a los pueblos indígenas, ofreciendo poca o ninguna ayuda social, sanitaria, educativa o económica.

Por ejemplo, las comunidades indígenas de Nepal usaron activamente sus destrezas en el ámbito de la defensoría para entablar diálogos constructivos con los gobiernos locales y provinciales, y con su comisión nacional de derechos humanos, en relación con el acceso a los fondos públicos, los servicios sociales y la protección. También han supervisado la recuperación frente a la pandemia, así como la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Namibia, el gobierno proporcionó materiales sobre el COVID-19 en lenguas indígenas, pero en otros países, como Botsuana, las organizaciones tuvieron que intervenir para que dicha información se difundiera en las lenguas locales.

En toda África, los pueblos indígenas se vieron gravemente afectados económicamente por el pronunciado descenso del turismo. En Botsuana, el turismo disminuyó en un 80 %, lo que ha impactado en la vida de los pueblos indígenas de las zonas de manejo de vida silvestre, ya que los beneficios ligados al turismo suponen el 46 % de sus ingresos. En Zimbabue, el turismo se redujo en un 60 %, lo que no solo afectó la economía de los pueblos indígenas que prestan servicios afines al turismo, sino también a las mujeres ya que las ventas de artesanías disminuyeron. En Namibia, el turismo se redujo en un 40 %, lo que perjudicó las economías de muchos pueblos indígenas. En Kenia, donde se implementaron medidas de mitigación y préstamos para ayudar a las empresas, los pueblos indígenas no pudieron beneficiarse de estos planes gubernamentales ya que no disponen de bienes para ofrecer en garantía.

En muchos casos, el índice de contagios también fue más elevado para los pueblos indígenas que para la población no indígena. Las mujeres indígenas de Botsuana, por ejemplo, contrajeron el virus en mayor proporción que los hombres. En Aotearoa, los maoríes comenzaron siendo el grupo étnico menos afectado por el virus pero, entre septiembre y diciembre de 2021, se convirtieron en el grupo con índices de contagio más elevados: pasaron del 5.7 % de todos los casos al 48,3 %. En Paraguay, la tasa de mortalidad de los pueblos indígenas a consecuencia del virus fue del 12.71 %, significativamente más alta que la de los no indígenas, que fue del 3.4 %. La Polinesia Francesa, un país con un 80 % de población indígena, experimentó una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo, con 460 defunciones registradas en un solo mes.

Los gobiernos siguieron utilizando el COVID-19 como excusa para aplicar leyes y prácticas perjudiciales para las comunidades indígenas y no indígenas. Según el estudio temático de 2021 que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las medidas de recuperación de los gobiernos han tenido un impacto negativo en los pueblos indígenas, pues se centran en la gestión de la crisis económica causada por el virus y en la ampliación de las operaciones comerciales a expensas de los pueblos indígenas, su tierra y el medio ambiente[5].

En Filipinas, el gobierno levantó su moratoria sobre los proyectos mineros en 2021 para dar un impulso a la economía afectada por la pandemia. Esto llevó a la reapertura de una mina de oro, que ahora tiene permiso para operar hasta 2044, además de que se ha levantado la prohibición de cuatro años de explotación a cielo abierto. En Malasia, los pueblos indígenas se vieron desproporcionadamente afectados por los elevados índices de contagio y la pérdida de medios de vida debido al cierre de empresas e industrias, lo que creó la necesidad de depender de asistencia alimentaria para sobrevivir. Por otro lado, la industria maderera no ha mermado y registró en 2021 beneficios superiores a los de 2020.

El COVID-19 también tuvo efectos específicos en las mujeres indígenas. En Filipinas, el gobierno prohibió los partos en la casa, una práctica tradicional entre las comunidades indígenas del país, lo cual conllevó a la criminalización de su costumbre, a pesar de que, desde el punto de vista económico, a las mujeres indígenas les resulta difícil acudir al hospital y posteriormente pagar el parto. En Kenia, debido al descontrol de la economía, las mujeres indígenas tuvieron que trasladarse a los centros urbanos para encontrar trabajo, donde a menudo eran maltratadas, se les pagaba un salario bajo y a veces se las obligaba a practicar el comercio sexual.

Ataques a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguieron siendo objeto de ataques en 2021 por defender sus derechos humanos, territoriales y medioambientales, en muchos casos facilitados por las medidas y realidades relacionadas con la pandemia y al amparo de ellas.

Al menos 358 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2021. Un pasmoso 59 % de ellos eran defensores que trabajaban por los derechos de los pueblos indígenas, los derechos territoriales y medioambientales. Más de una cuarta parte (el 26 %) de los asesinados eran indígenas y el 18 % eran mujeres. Al igual que en años anteriores, la mayoría de estos asesinatos se produjeron en las regiones de las Américas, Asia y el Pacífico[6], aunque no se trata de un panorama global completo y hay muchos más casos que no se denuncian.

En Perú, las comunidades indígenas tienen que proteger constantemente sus territorios de la invasión producto de actividades ilícitas, como la producción de hoja de coca, la tala ilegal y el narcotráfico. Cuatro líderes indígenas amazónicos fueron asesinados en 2021 en incidentes relacionados con la protección de sus tierras y comunidades frente a estas actividades.

Evidentemente estos asesinatos son hechos trágicos, pero también lo es la impunidad con la que actúan los perpetradores. Por lo general, no se investigan muchas de las agresiones y amenazas, a menos que estas se visibilicen mediante protestas o activismo masivo.

En Paraguay, las autoridades no acusaron oficialmente a un grupo de civiles armados hasta que sus brutales ataques se hicieron del conocimiento público. En marzo de 2021, estos civiles armados llevaron a cabo un desalojo forzoso de nueve indígenas, entre ellos mujeres, niños y ancianos, a quienes agredieron y amenazaron de muerte, y quemaron las casas y las pertenencias de diez familias.

No hubo grandes cambios durante el último año de mandato del presidente Duterte en Filipinas. Siguen vigentes las leyes que arremeten contra los “comunistas” o “terroristas”, que en realidad tienen como foco a los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de la sociedad civil. Han continuado las redadas y los ataques policiales contra los líderes indígenas. Por ejemplo, tres líderes indígenas de la región de Tagalog del Sur fueron asesinados y otros seis detenidos en una redada policial.

Resultaría inadmisible hablar de los ataques a los pueblos indígenas, a los defensores de los derechos humanos y a la población en general en 2021 sin hablar de Myanmar. Desde el golpe de Estado llevado a cabo, el 1 de febrero de 2021, por las Fuerzas Armadas, conocidas como Tatmadaw,, más de 1.500 personas han perdido la vida; más de 11.000 han sido detenidas arbitrariamente, y hay órdenes de detención contra casi 2.000 más; cerca de 300.000 personas han sido desplazadas, y al menos dos millones necesitan ayuda humanitaria.

Si bien puede decirse que durante las décadas anteriores al golpe los grupos indígenas, étnicos y minoritarios eran los que se llevaban la peor parte de la brutalidad del Tatmadaw, desde febrero de 2021, son pocas las personas que viven en el país que no hayan sufrido los embates del ascenso al poder de la junta militar y no hayan presenciado su violencia. La población mundial es ahora testigo del flagrante desacato del derecho internacional por parte del Tatmadaw en su afán de matar, herir, maltratar o detener a su propia gente de forma indiscriminada[7].

Continúa el acaparamiento de tierras y los proyectos a gran escala

Los pueblos indígenas siguen sufriendo injusticias, ya que parece que se permite a las grandes empresas continuar libremente con sus actividades, invadir las tierras indígenas, y los gobiernos utilizan la recuperación económica frente al COVID-19 como justificación para iniciar o revitalizar proyectos de infraestructura y desarrollo. En lugar de ralentizarse, las actividades no hicieron más que aumentar, incluso durante el segundo año de la pandemia. Parte de esta escalada puede atribuirse al aumento de los enrevesados acuerdos de inversión diseñados para proteger los intereses y derechos de los inversionistas y que han animado a las empresas transnacionales a realizar proyectos en zonas que afectan especialmente a los pueblos indígenas.

Hay planes de desarrollo de destinos turísticos en toda Asia y África. En la provincia de Mondulkiri, la más grande y más escasamente poblada de Camboya, el pueblo indígena Pnong sigue sometido a una intensa presión, ya que la invasión y la especulación de la tierra han aumentado considerablemente en 2021. La provincia ha sido designada como un futuro destino turístico con aeropuerto, casinos, hoteles y centros comerciales. Las comunidades indígenas son objeto de coacción, soborno y manipulación para que vendan sus tierras a bajo precio a diversas partes interesadas, como constructoras, funcionarios públicos y empresas, tanto locales como internacionales. En un caso, se vendió una montaña entera sin el consentimiento de todos los miembros de la comunidad. Muchas de las ventas se han realizado violando la legislación camboyana, por lo que se han presentado numerosos litigios sobre la tierra que están atascados en los tribunales.

Lo mismo ha sucedido en la India en medio de la segunda ola de COVID-19. El principal grupo de reflexión política del gobierno indio, el Instituto Nacional para la Transformación de la India, sigue adelante con su proyecto de desarrollo a gran escala de la isla de Gran Nicobar, en las islas Andamán y Nicobar, lo que podría poner en peligro a los pueblos Nicobarés y Shompen. El proyecto, que desarrollaría una cantidad considerable de tierras indígenas en detrimento de la vida cotidiana de numerosos pueblos, pretende construir una gran terminal marítima y un aeropuerto, entre otras instalaciones, para animar a los visitantes a conocer el entorno natural de la zona.

En Botsuana, el despacho del presidente Masisi ha ordenado la adquisición de una gran extensión de terreno dentro de la Reserva de Caza de Moremi que, hasta los años 70, era tierra de los Khwe San. La intención del gobierno es convertir estas tierras, ahora despobladas de las tribus que las habitaban, en una instalación gubernamental. Este es apenas uno de los muchos proyectos de despojo de tierras contra los que luchan los pueblos indígenas en el país. En 2021, el gobierno también se apoderó de varias parcelas importantes en el delta del Okavango, donde se descubrió petróleo a finales de 2020. Los gobiernos de Botsuana y de la vecina Namibia están abriendo la zona a la exploración.

En Tanzania también se están produciendo varios problemas de este tipo, en los que a menudo no se involucra la opinión de los pueblos indígenas. En junio de 2021, el ministro de Recursos Naturales y Turismo anunció que se ampliaría el bosque de Essimingor y se convertiría en una reserva forestal, lo que significa que pasará a ser un bosque de propiedad y gestión del gobierno. Esto se hizo sin el conocimiento de las personas que han vivido y utilizado el bosque sin haber sufrido ningún tipo de molestia hasta ese momento. Mientras tanto, los pueblos indígenas de Loliondo y del Área de Conservación de Ngorongoro siguen bajo la amenaza constante de desalojo.

Novedades positivas

A pesar de la situación adversa a la que se enfrentan los pueblos indígenas, el 2021 también estuvo lleno de avances y victorias positivas en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento.

En una sentencia histórica del Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Kenia en Meru, los títulos de propiedad de los terrenos en los que se asienta el proyecto de energía eólica del lago Turkana (LTWP) han sido declarados “irregulares e ilegales”. El caso, que comenzó en octubre de 2014 y culminó finalmente el 19 de octubre de 2021, determinó que los títulos de propiedad fueron adquiridos de forma irregular. Desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas de la zona han reclamado que este proyecto de energía eólica de gran magnitud nunca cumplió con los protocolos adecuados de CLPI ni las compensaciones apropiadas al adquirir los arrendamientos de tierras, además de violar las leyes de tierras actuales y anteriores[8], entre otras cuestiones.

En un caso similar, también en octubre, el Tribunal Supremo de Noruega dictaminó que la presencia de dos parques eólicos en la parte occidental del país vulneraba los derechos de los pastores de renos sami, ya que las turbinas habían invadido ilegalmente las tierras, lo que ha generado graves consecuencias en la capacidad de los renos para pastar. Por tanto, se dictaminó que los permisos de explotación eran ilegales, ya que interferían con los derechos culturales de los pastores. Según señalaron los jueces, los proyectos de energía verde y renovable son necesarios e importantes, pero hay formas menos intrusivas de construirlos y ponerlos en marcha. Los pueblos indígenas e IWGIA llevan varios años manifestándose en este sentido, puesto que no solamente existen formas menos intrusivas, sino también más respetuosas, inclusivas y legales de planificarlo y llevarlos a cabo[9].

En una inusual victoria europea en materia de derechos humanos lograda en marzo de 2021, los pueblos indígenas y las comunidades locales de Nepal obtuvieron un reñido triunfo contra el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El caso giraba en torno a una queja planteada a través del Mecanismo de Reclamaciones del BEI, ya que  su financiación de un proyecto hidroeléctrico acerca de una línea eléctrica reencauzada a través de una zona indígena densamente poblada había seguido protocolos inadecuados de CLPI. El BEI debe ahora asegurarse de que los prestamistas y los socios comerciales del sector energético se coordinen y garanticen la creación y la aplicación de enfoques “adaptados” a los requisitos del CLPI.

A pesar de haber sido un año de ardua polarización política en Perú, el nuevo gobierno ha mostrado una mejor disposición hacia los pueblos indígenas y se ha abierto al diálogo desde que se efectuaron los cambios en el gabinete ministerial a finales de 2021. Además, en 2021 se consolidó el surgimiento de otro gobierno indígena autónomo en Perú, tras la celebración de una gran asamblea en diciembre para elegir al primer líder del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Gil Inoach Shawit. El Gobierno de Awajún representa a un pueblo de aproximadamente 70.000 miembros que tienen sus raíces en cuatro departamentos: Amazonas, San Martín, Loreto y Cajamarca.

A medida que Chile se recupera de la revuelta social de octubre de 2019, los indígenas han estado coordinando y abogando para que el país se convierta en un Estado plurinacional e intercultural que reconozca sus derechos colectivos. En marzo de 2021, se alcanzó un hito histórico cuando los indígenas obtuvieron 17 de los 155 escaños de la Asamblea Constituyente, lo que significa que por primera vez han podido sentarse junto al resto del pueblo chileno en la redacción de una carta para establecer un nuevo marco de convivencia interétnica e intercultural.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha llevado a cabo esfuerzos para fortalecer la relación entre las agencias gubernamentales y las naciones tribales. En este contexto, 17 agencias federales se han comprometido a proteger los derechos de los tratados tribales y cinco expresaron la determinación de mejorar la salvaguarda de los lugares sagrados. Además, casi inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, Biden estableció una moratoria en cuanto a las actividades de la industria petrolera y de gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, revocó el permiso para el oleoducto Keystone XL y revocó temporalmente el permiso para el oleoducto Dakota Access, al tiempo que solicitó un nuevo estudio medioambiental.

En muchos lugares se han tomado otras medidas que, de aplicarse y ponerse en práctica, contribuirán en gran medida a abordar los derechos de los pueblos indígenas. En diciembre de 2021, se aprobó en Nepal un nuevo y prometedor Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos destinado a revisar, reformar y aplicar las leyes existentes para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y salvaguardar su historia, lengua, escritura, cultura, patrimonio, música y sus lugares históricos y sagrados.

Después de 10 años, la reforma de la tenencia de la tierra en la República Democrática del Congo ha sido finalmente validada por los ministros. La reforma nacional abordó por fin las desviaciones de las leyes y los derechos de tenencia de la tierra que habían precipitado numerosos conflictos, incluidos el acaparamiento de tierras y los desalojos. Además, la asamblea nacional del país ha aprobado una ley nacional sobre la protección y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas ganan terreno en los procesos y mecanismos internacionales y regionales

Mientras la pandemia continuaba en 2021, los mecanismos y organismos internacionales y regionales siguieron adaptándose a la nueva realidad de no poder celebrar reuniones presenciales. El incremento del uso de herramientas en línea y espacios virtuales que en 2020 conllevó una curva de aprendizaje, se recibió con más entusiasmo en 2021, lo que facilitó una participación aún mayor en eventos, así como una mayor cantidad de eventos paralelos y reuniones en línea.

Sin embargo, la falta de reuniones presenciales siguió afectando a los pueblos indígenas en su incidencia proactiva en los Estados a fin de promover sus opiniones y exigencias. No obstante, hacia finales de año, algunas reuniones comenzaron a adoptar un modelo híbrido de participación virtual y presencial cuya eficacia todavía está por demostrarse.

A pesar de las circunstancias cambiantes de la pandemia en todo el mundo, los pueblos indígenas avanzaron en la promoción de sus asuntos en varios lugares. Por ejemplo, en la COP26 se evidenció que la incidencia, las comunicaciones y la creciente presencia de los pueblos indígenas ha empezado a dejar huella. Cada vez se reconoce más la función de liderazgo de los pueblos indígenas en materia de clima, ya que promueven soluciones basadas en los derechos y en sus sistemas de conocimiento.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también adoptó una resolución en la que se reconoce que un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, y se pidió a los Estados que trabajen codo a codo con los pueblos indígenas en su aplicación. Asimismo, el Consejo también resolvió designar un nuevo Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, cuyo nombramiento está previsto para 2022.

Aparte del estudio temático sobre los impactos del COVID-19 mencionado anteriormente, el señor Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU, también presentó un estudio sobre los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas, generalmente marginadas y que carecen de políticas públicas o una planificación urbana que aborden de manera eficaz sus derechos y necesidades culturales. Igualmente, las mujeres y niñas indígenas que viven en zonas urbanas tienen mayor riesgo de padecer la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución, la explotación sexual y la violencia de género.

La Unión Europea aprobó cinco resoluciones que incluyen los derechos y las cuestiones de los pueblos indígenas, y que solicitan el mejoramiento de la protección de los derechos, una mayor inclusión en los procedimientos de toma de decisiones y la debida diligencia y responsabilidad de las empresas. Estas resoluciones también abordaron los impactos del cambio climático y el papel que pueden y deben desempeñar los pueblos indígenas en este sentido.

El 30 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó su informe temático sobre el Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales[10]. Esta es la primera vez que la CIDH aborda de manera integral el alcance y el contenido de este derecho que resulta fundamental para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de sus demás derechos humanos, tanto colectiva como individualmente. A pesar de las reuniones virtuales impuestas por la pandemia, los diálogos con los representantes de los pueblos indígenas y tribales de todo el continente enriquecieron el contenido del informe y permitieron comprender mejor su situación y sus propias aspiraciones y visiones sobre este derecho.

De cara al futuro, será necesario seguir reforzando y utilizando estos instrumentos para que los Estados rindan cuentas de sus obligaciones en materia de derechos humanos y den prioridad al bienestar y la seguridad de los pueblos indígenas por encima de la recuperación económica. Además, para las reuniones de estos mecanismos y organismos, a medida que se normaliza el uso de soluciones digitales para la participación, será necesario seguir aprendiendo de estas oportunidades y aprovecharlas sin que esto implique sacrificar la voz de los pueblos indígenas y otros grupos. Por otra parte, conforme las reuniones híbridas empiezan a ser parte de la vida normal, incluidas las experiencias virtuales y presenciales, se debe hacer todo lo posible para garantizar que se lleven a cabo de forma equitativa y segura. 

Evitar una “nueva normalidad”

Los pueblos indígenas siguen luchando contra las desigualdades que se han hecho más palpables y pronunciadas a causa de la pandemia. A medida que el mundo se abre en 2022, es importante no olvidar ni hacer a un lado a los pueblos indígenas y que el trato desigual que reciben, la intensificación de la invasión de sus tierras, el aumento de la extracción de recursos y el desprecio flagrante por las políticas sanitarias seguras e inclusivas, así como la falta de inclusión, no se conviertan en una “nueva normalidad”.

Para garantizar que esto no ocurra, es necesario que los organismos y mecanismos nacionales, regionales e internacionales tomen medidas específicas para garantizar la participación y la consulta de los pueblos indígenas, ya sea de forma digital o física, en cualquier conversación y proceso de toma de decisiones. Asimismo, con el advenimiento y la creciente facilidad y comodidad de las personas indígenas y no indígenas en el uso de soluciones digitales para la participación y la comunicación, los Estados y otros organismos deben garantizar que los pueblos indígenas cuenten con los equipos, el acceso y la conectividad necesarios.

Más aún, se debe amplificar la voz de las mujeres y niñas indígenas, ampliar las consultas con ellas y tomarlas en cuenta en todas las facetas de la sociedad. A las mujeres indígenas por lo general se las considera y honra como el tejido mismo de una familia, una sociedad y un pueblo; sin embargo, en muchos casos, esto podría interpretarse como palabras vanas, ya que no gozan de un nivel de responsabilidad y autoridad política acorde con ese predicamento. Por el contrario, con frecuencia soportan el peso de las decisiones que les afectan negativamente. Los Estados y otros organismos deben asegurarse de que estos retrocesos, exacerbados durante la pandemia, sean únicamente temporales y que se creen oportunidades y se abran vías para que brinden sus aportes tan necesarios.

Para evitar una nueva normalidad, ahora más que nunca se deben reconocer, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. La tierra que tradicionalmente les pertenece y protegen, los conocimientos y la historia que atesoran y los métodos que emplean para vivir de forma sostenible son necesarios para la conservación y el disfrute de lo que queda de biodiversidad en el planeta. La propia existencia y las contribuciones de los pueblos indígenas —valiosas en sí mismas— están intrínsecamente vinculadas a la forma en que nosotros, como humanidad, avanzamos responsablemente. Al igual que una sociedad no puede existir en todo su esplendor sin la plena participación, el reconocimiento y el respeto de sus mujeres y niñas, la humanidad tampoco puede existir plenamente sin el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su plena participación en cualquier decisión que afecte sus vidas y su futuro.

 

Dwayne Mamo
Editor General

Signe Leth
Centro de Coordinación de Género de IWGIA 

Kathrin Wessendorf
Directora Ejecutiva

 

Copenhague, marzo de 2022

 

Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí

 

Notas y referencias

[1] ONU Mujeres. Hechos y cifras: poner fin a la violencia contra las mujeres. Febrero de 2022. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures.

[2] Asociación de Mujeres Nativas de Canadá. La Asociación de Mujeres Nativas. Fact Sheet: Violence Against Indigenous Women, Girls, and 2SLGBTQQIA People in Canada (Hoja informativa: Violencia contra las mujeres, niñas y personas 2SLGBTQQIA indígenas en Canadá). (Ottawa: NWAC). https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2021/03/MMIWG-and-Violence-Fact-Sheet-Formatted-2021.pdf.

[3] Asamblea General de la ONU. Informe de la Relatora Especial sobre los derechosde los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz. 6 de agosto de 2015, A/HRC/30/41, párrafo 47. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/173/86/PDF/G1517386.pdf?OpenElement.

[4] Oficina Nacional de Antecedentes Penales. Ministerio de Asuntos Internos. Delincuencia en la India 2020. Estadísticas Volumen II. Páginas (Nueva Delhi: Oficina Nacional de Antecedentes Penales. Ministerio de Asuntos Internos, 2021). 199 y 203 https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202020%20Volume%202.pdf.

[5] Naciones Unidas. A/HRC/48/54. Asamblea General 6 de agosto de 2021. Consejo de Derechos Humanos. Cuadragésimo octavo periodo de sesiones. Del 13 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Punto 3 del orden del día. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Los pueblos indígenas y la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/217/15/PDF/G2121715.pdf?OpenElement.

[6] Defensores de primera línea. Global Analysis 2021 (Análisis global 2021). 2022. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/2021_global_analysis_-_final.pdf.

[7] IWGIA. IWGIA commemorates the lives lost in the past year in Myanmar; condemns the brutal military rule (IWGIA conmemora las vidas perdidas en el último año en Myanmar; condena al brutal gobierno militar). IWGIA, 1 de febrero de 2022. https://www.iwgia.org/en/myanmar/4598-iwgia-commemorates-the-lives-lost-in-the-past-year-in-myanmar-condemns-the-brutal-military-rule.html.

[8] IWGIA. The cost of ignoring human rights and Indigenous Peoples (El costo de ignorar los derechos humanos y los pueblos indígenas). IWGIA, 10 de noviembre de 2021. https://www.iwgia.org/en/news/4562-the-cost-of-ignoring-human-rights-and-indigenous-peoples.html.

[9] Ibídem.

[10] Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales. 30 de diciembre de 2021. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf.

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA

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