• Pueblos indígenas en Nicaragua

    Pueblos indígenas en Nicaragua

    En Nicaragua viven siete pueblos indígenas. Nicaragua votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2010.

Mundo Indígena 2019: Nicaragua

Los siete pueblos indígenas de Nicaragua se distribuyen entre el Pacífico, centro y norte donde se encuentran los chorotega (221.000), los cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o náhuatl (20.000); por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los sumu-mayangna (27.000) y los rama (2.000).

Otros pueblos que gozan de derechos colectivos, conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la legislación nacional. Éstos incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los garífuna (2.500).

En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder en Nicaragua debiendo afrontar, posteriormente, un frente armado apoyado por los Estados Unidos. En este frente participaron los pueblos indígenas de la costa Caribe, principalmente los mískitu. En 1987, y para acabar con la resistencia indígena, el FSLN crea las Regiones Autónomas de La Costa Caribe (Atlántico) Norte y Sur, basadas en una Nueva Constitución Política y un Estatuto de Autonomía (la Ley 28). A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Mayangna (sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua en el 2001, se emite la Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz que, a partir de 2003 aclara, además, el derecho al autogobierno en las comunidades y crea un procedimiento para la titulación de los territorios. A partir de 2005, el Estado inicia el proceso de titulación de los 23 territorios indígenas y afrodecendientes en las Regiones Autónomas culminando con la entrega de los títulos de propiedad en el año 2013. Además, la Ley General de Educación de 2006 reconoce un Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR). En 2007, Nicaragua votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en 2010 ratificó el Convenio 169 de la OIT

Crisis sociopolítica

Una crisis sociopolítica enfrenta Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, sobre la que el Estado ha alegado que “no eran marchas pacíficas, no eran plantones, era un golpe de Estado”, en contraste con las voces de Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) que en su informe dado a conocer el 21 de diciembre de 2018, señalan a las máximas autoridades gubernamentales de Nicaragua como implicadas en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad contra el pueblo nicaragüense.1

La actual crisis tiene como antecedente situaciones de abuso y discriminación agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática desde la llegada al poder, en 2007, del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, con quien él ha dicho, comparten el poder 50% y 50%.

Aunque los primeros abusos fueron cometidos en áreas rurales contra campesinos e indígenas, estos no fueron cubiertos por los medios de comunicación internacionales, ya sea porque no fueron reportados por medios locales, o porque ocurrían lejos de la capital del país, pero también por la autocensura de periodistas por temor a enfrentar la maquinaria estatal dirigida por la señora Rosario Murillo, vocera del Gobierno, y coordinadora del Gabinete de Comunicación y Ciudadanía, a partir de 2007, y vicepresidenta de la República desde el año 2016.

En su inicio, el gobierno Ortega-Murillo creó alianzas con los que fueron sus adversarios durante el primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los años 80; las iglesias nicaragüenses de diferentes denominaciones y el gran capital, representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Asímismo, mantuvo las políticas económicas establecidas por los gobiernos neoliberales a partir de 1990 y adoptó una política extractivista que exacerba la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.2

El enfrentamiento con YATAMA

La falta de acceso a la información pública ha facilitado la exclusión y la omisión de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada hasta llegar al consentimiento, a los pueblos indígenas y afrodescendientes en asuntos que les atañen, lo que unido al interés gubernamental de apoderarse de los recursos naturales en los territorios indígenas y afrodescendientes, provoca un profundo déficit, instrumental y sistemático, de protección de los derechos humanos de estos pueblos y de su participaciónen las decisiones políticas del país, en general, y sobre sus territorios en particular. Así quedó establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso YATAMA vs Nicaragua.

Para el año 2010, el gobierno Ortega-Murillo, cumpliendo con los compromisos adquiridos con el partido indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka / Hijos de la Madre Tierra), ya había titulado la mayor parte de los territorios indígenas en la Costa Caribe,3 proceso iniciado por el gobierno neoliberal de Enrique Bolaños en aplicación de la Ley No 4454 derivada del mandato de la Corte IDH en la sentencia del Caso de la Comunidad Mayangna (sumo) de Awas Tingni vs Nicaragua. Sin embargo, la alianza política entre YATAMA y el gobierno Ortega-Murillo se deteriora principalmente por las protestas y denuncias de fraude presentadas por YATAMA contra el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las que fueron fuertemente reprimidas por la Juventud Sandinista, paramilitares y la Policía Nacional durante las elecciones municipales de 2008 y 2017, regionales de 2014 y nacionales de 2016. La ruptura fue evidente en 2015, cuando YATAMA comienza a apoyar a las comunidades indígenas invadidas por colonos armados y se agrava con la intervención de fuerzas de choque del FSLN, Policía y Ejército en contra de sus líderes, culminando con la irregular desaforación de Brooklyn Rivera, líder y fundador de YATAMA, en su calidad de diputado de la RACC Nante, la Asamblea Nacional. Pese a eso, en las elecciones nacionales de 2016 Brooklyn Rivera ganó nuevamente la diputación y así mismo tomó posesión.5

Del mismo modo, durante las elecciones de 2017 muchos de los candidatos de YATAMA fueron detenidosy encarcelados irregularmente. Durante 2018, YATAMA continúa denunciando a los principales líderes del gobierno regional y nacional, ligados al FSLN,6 y en Bilwi, RACCN, en agosto las muertes en manos de fuerzas de choques llegaron a ocho. Aún así, actualmente YATAMA se prepara para participar “bajo protesta” en las elecciones regionales de 2019.

Para el año 2011 ya era clara la intención del Poder Ejecutivo de centralizar el poder político de municipalidades, regiones autónomas y autoridades territoriales de los 23 territorios indígenas y afrodescendientes, las que tienen bajo su autoridad el 55 % de las regiones autónomas tras el reconocimiento del Estado, de su propiedad y dominio pleno sobre las tierras reclamadas históricamente, a través de la Ley No 445. El mecanismo utilizado fue la militancia partidaria dentro de la población indígena o la cooptación de las autoridades para imponer fidelidad a los intereses del gobierno Ortega-Murillo. Pero ante algunos fracasos en la implementación de tal estrategia, se optó por imponer gobiernos paralelos provenientes de estructuras partidarias, Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC y GPC),7 en muchos casos ocupados por funcionarios públicos, socavando así la autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Lo anterior, aunado a la minada alianza con YATAMA, generó cambios sustanciales en la política gubernamental que hasta entonces había incluido la participación de YATAMA en el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Negándose desde entonces el gobierno Ortega-Murillo a realizar la última etapa del proceso, la Etapa de Saneamiento establecida por la Ley No 445, consistente en definir la titularidad jurídica de terceros dentro de los territorios titulados, indígenas y de afrodescendientes.

La usurpación de tierras a comunidades indígenas y afro descendientes

Una vez neutralizada la institucionalidad del liderazgo indígena y afrodescendiente de las comunidades, la usurpación del territorio y sus recursos naturales se facilita. Asímismo, la relación entre estos pueblos con su medio ambiente ha sido menoscabada a causa de la deforestación por la explotación forestal realizada por la empresa Alba-Forestal y la expansión de monocultivos como la Palma Africana (Elaeis guineensis),8 la frontera agrícola y la ganadería extensiva,9 el incremento de la actividad minera con la aprobación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS)10 o la imposición del megaproyecto Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) en 2013. Sin embargo, el GCIN atrajo la atención de medios de comunicación internacionales que comenzaron a cubrir también la resistencia campesina e indígena ante el megaproyecto.

La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y el pueblo Indígena Rama denunciaron la usurpación de su tierra tradicional y el desplazamiento forzado de las comunidades de Bangkukuk Taik, la comunidad de los últimos hablantes del idioma rama,11 y Monkey Point, por el impulso de la ruta del GCIN en sus tierras tradicionales y tituladas por el mismo Estado.12 Ante la falta del consentimiento libre, previo e informado y de protección judicial, estos pueblos presentaron su caso ante la CIDH con acompañamiento y representación legal del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), cuya Coordinadora ha sido amenazada por el Estado,13 junto a varios de los líderes indígenasy afrodescendientes.

Asímismo, el interés del Estado por la tierra en la aplicación de su política extractivista y de concentración de poder ha propiciado el recrudecimiento, a partir de 2015,14 de ataques de colonos y terceros equipados con armas de guerra contra comunidades indígenas Mayangna y Mískitu en la Reserva de la Biosfera de Bosawas y en la Cuenca del río Wnagki (Coco), causando el desplazamiento forzado de varias comunidades a territorio de la Republica de Honduras,15 casos que también se encuentran bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte Interamericana, instituciones que han otorgado medidas cautelares y provisionales, respectivamente, en favor de estos pueblos y sus líderes para proteger sus vidas e integridad física y territorial,16 así como para proteger a los miembros del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) ante las constantes amenazas de muerte que reciben por acompañar a las comunidades en sus denuncias.17 Sin embargo, el Estado de Nicaragua continúa sin acatar tales medidas y, peor aún, a pesar de las irrefutables pruebas existentes niega la ocurrencia de los hechos denunciados. En el año 2015, autoridades y líderes de pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua autoconvocaron la conformación de La Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), con el objeto de propiciar un espacio de reflexión y acción sobre la situación de sus territorios. A principios de 2018 elaboraron un Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua.18

En forma paralela, un incendio que duró 10 días y destruyó 6.000 ha de bosque de la Reserva de la Biológica Indio-Maíz –80% de la cual está ubicada en Territorio Rama y Kriol– da origen a manifestaciones estudiantiles por la pasividad del Gobierno ante la catástrofe. Frente al suceso, no se permitió que periodistas independientes se acercaran al área para cubrir la noticia. No obstante, la Fundación del Río (FdR) –que trabaja desde 1990 en la protección de la Reserva junto a los pueblos Rama y Kriol– mantuvo la información al día. Tras recibir ataques directos y públicos de dos diputados de la Asamblea Nacional, el 13 de diciembre el Parlamento de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de FdR confiscando sus bienes –junto a otras 8 organizaciones– incluyendo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).19 A fines de diciembre, el director de FdR explicó a través de redes sociales que se había exiliado en la República de Costa Rica después de ser  advertido por funcionarios del Gobierno que sería detenido, encarcelado y posteriormente juzgado por el presunto delito de ”terrorismo”. El 20 de abril de 2018, durante las protestas ciudadanas en Bluefields es asesinado el periodista Ángel Eduardo Gahona López. El Estado señala como culpables a dos jóvenes afrodescendientes. Sin embargo, el proceso penal está viciado y periodistas locales que presenciaron el asesinato piden una investigación pronta e independiente afirmando, al igual que los familiares de Gahona López, que los jóvenes acusados son inocentes y que el crimen fue cometido por miembros de la Policía Nacional. Algunos de estos periodistas han sido forzados al exilio, y los abogados de la familia y de los jóvenes acusados han recibido amenazas de muerte.20

El Pacífico

En la región del Pacífico, la resistencia indígena de los barrios de los pueblos indígenas de Monimbó, Masaya, y Sutiaba, León, también insurreccionados, pidieron la renuncia de Ortega-Murillo y fueron particularmente reprimidos por las fuerzas combinadas de policías, Juventud Sandinista y paramilitares. Posteriormente, durante la “operación limpieza” que promovió el Gobierno, algunos fueron apresados y otros perseguidos, obligando a muchos de sus miembros a desplazarse forzosamente hacia fuera del país, principalmente a Costa Rica, donde en el mes de septiembre ya había –según la CIDH– más de 52 mil nicaragüenses, algunos de ellos beneficiados con las 143 Medidas Cautelares que la CIDH otorgó a personas que temían por su integridad física en Nicaragua.

Ante la crisis políticosocial, el Estado crea la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, competente para investigar las muertes y daños causados durante las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Sin embargo, la Comisión no ha jugado un papel efectivo.21

Conclusiones 

La posición del Estado de Nicaragua ante la crisis sociopolítica que vive actualmente el país ha sido similar a la adoptada durante la última década respecto de los pueblos indígenas y afrodescendientes: negar categóricamente la ocurrencia de los hechos, culpar a las víctimas, descalificar y criminalizar la labor de los denunciantes, especialmente hostigamiento y persecución del personal de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que han acompañado los reclamos de los pueblos indígenas y afrodescendientes –como CEJUDHCAN y CALPI– o la cancelación de la personería jurídica como fue el caso de FdR y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). A nivel internacional se ha intentado descalificar a instituciones como la CIDH, OEA y OACNUDH, acusándolas de estar “sesgadas” y que sus resoluciones son “dictadas por el imperio norteamericano”.

A nivel nacional, la mayoría de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participaron en el Diálogo Nacional con el Gobierno, en busca de una solución a la actual crisis, están actualmente en el exilio o en la cárcel, y los pocos que permanecen libres en el país son constantemente amenazados. Asímismo, en el caso de la Iglesia Católica –que participó como testigo del Diálogo Nacional– varios obispos han sido descalificados, amenazados y, junto con el Nuncio Apostólico, atacados físicamente.

La falta de tolerancia o apertura a la crítica por parte del Gobierno, y mucho menos la autocrítica, han hecho del periodismo independiente de Nicaragua una de sus víctimas, encarcelando irregularmente y exiliando a decenas de periodistas acusados de “promover el odio”; mientras continúa un prolongado intento de fabricar una “verdad alternativa”, agudizando así la actual crisis.

 Los pueblos indígenas continúan su resistencia, el resto del pueblo nicaragüense se mantiene alerta, y la diáspora está muy activa en el exterior dando a conocer la situación interna del país y gestionando ante organismos internacionales como el Parlamento Europeo, la OEA y la ONU apoyo para encontrar una salida negociada y diplomática a la crisis.

Notas y referencias

  1. Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. GIEI, disponible en: http://bit.ly/2T2lOiS

  2. El 23 de abril de 2013 cayó asesinado el indígena Mayangna Elías Charles Taylory y otros líderes que lo acompañaban resultaron El incidente se dio mientras los indígenas patrullaban su territorio en la reserva de la Biosfera de BOSAWAS, atendiendo a una denuncia de que colonos precaristas estaban tumbando el bosque. Al llegar al lugar y preguntarles a los intrusos que hacían en tierra indígena, estos les respondieron disparando. Confidencial. Carlos Salinas Maldonado, 27 de abril de 2014, disponible en: http://bit.ly/2Eqbze7 ; http://bit.ly/2T85vkR

  3. Comandante-presidente Daniel entrega títulos comunitarios a pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua. En: http://bit.ly/2T3T6y8

  4. Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de La Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicada en La Gaceta Diario Oficial, No 16 del 23 de enero de

  5. Crónica de la revista Nacla sobre la resistencia indígena en la RAAN en las elec Rivera regresa al parlamento por la “puerta grande”. En: http://bit.ly/2T65ddU

  6. Denuncia presentada por la Dra. Elizabeth Enríquez sobre de la situación de los pueblos indígenas de la Moskitia nicaragüensey la organización CENIDH. Disponible en: http://bit.ly/2T1udTL

  7. Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC y GPC) constituyen un modelo de participación alterno a lo establecido en la Ley de Participación Ciu Además, fueron creados por decreto presidencial en el 2007 con el fin de que la población nicaragüense se organice y participe de manera directa y apoyando los planes y políticas del presidente de la República a través de las estructuras del FSLN, partido en el Gobierno, por lo que también desarrollan función de vigilancia y control social.

  8. Empresa de palma violó normativas ambientales. En: http://bit.ly/2T29hMz

  9. Nicaragua: ¿a dónde va el ganado que introducen en la Reserva Indio Maíz? Series de Mongabay: Ganadería en Centroamérica. Duyerling Ríos y Cristopher Mendoza. En: http://bit.ly/2T6neci

  10. Este artículo fue elaborado por la Dra. María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), en base al Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua elaborado por La Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN).

    Crean por Ley Empresa Nicaragüense de Minas,ENIMINAS. En: http://bit.ly/2T3d2B3

  11. La Construcción del Canal de Nicaragua Amenaza las Vidas y Sustentos de Pueblos Indígenas. Cultural Survival. Disponible en: http://bit.ly/2T3SV5P

  12. CIDH abre el Caso del Canal Interoceánico de Nicaragua. En: http://bit.ly/2T4RRPh

  13. La Dra. María Luisa Acosta, coordinadora de CALPI, comenzó a ser retenida en los puestos fronterizos a partir de noviembre de 2017 sin explicación alguna, a pesar de estar en la etapa de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Acosta y otros vs Nicaragua,

  14. Nicaragua: CIDH amplía protección a comunidades miskitas por riesgo inminente de ataques. Disponible en: http://bit.ly/2T2mNj4

  15. Desplazados / Refugiados de las comunidades de Rio Coco por la invasión de los Colonos/Terceros. En: http://bit.ly/2T2nnxg

  16. Resolución de La Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de agosto de 2018 Ampliación de Medidas Provisionales Respecto Nicaragua Asunto Pobladores de Las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de La Región Costa Caribe Norte, disponible en: http://bit.ly/2T2o3CO

  17. CENIDH condena amenazas de muerte contra defensoras/es de En: http://bit.ly/2T2oDAu

  18. El Informe de APIAN está disponible en: http://bit.ly/2T25Ghe

  19. Ministerio de Gobernación confisca bienes de ONG que fueron despojadas de su personería jurídica. La Prensa. Martha Vásquez Disponible en: http://bit.ly/2T1SYzc

  20. El asesinato de Ángel Gahona en la impunidad. Brandon Lovo y Glenn Slate son los primeros presos políticos condenados por una dictadura que les imputa la muerte de las víctimas de su propia masacre. En: http://bit.ly/2T4SoRh

  21. La Comisión presenta segundo informe preliminar ante la Asamblea Nacional detallando información sobre los 269 fallecidos durante la violencia desatada en el país entre abril y julio de 2018, debido al fallido intento de Golpe de http://bit.ly/2T4SqbR

Este artículo fue elaborado por la Dra. María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), en base al Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua elaborado por La Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN).

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