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La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Es difícil explicar hacia afuera lo acontecido en nuestro país. Aún desde adentro no alcanzamos a dimensionar todo lo sucedido. Los hechos están ahí, son brutales y laceran: dos jóvenes asesinados, Bryan Pintado e Inti Sotelo; decenas de manifestantes heridos; represión desmedida y disparos al cuerpo; desapariciones forzadas, vejaciones sexuales y torturas; detenciones masivas. Tantos crímenes de Estado, tanto dolor en menos de una semana. Solo nos queda una esperanza: por primera vez en la historia peruana, cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a manifestarse contra la toma inconstitucional de la presidencia de la República.
Tras décadas de lucha, las comunidades nativas de América Latina lograron que se les reconocieran derechos como la consulta previa sobre el destino de sus tierras. Pero no sirven de nada si en la práctica no se respetan.
A pesar de que su función radica en la lucha contra el narcotráfico, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) viene financiando la titulación de tierras reclamadas por los indígenas en favor de personas individuales que talan la selva indiscriminadamente y practican la agricultura ilegal. Lejos de dar una respuesta, el organismo público se deslinda de los hechos y descarga la responsabilidad en los gobiernos regionales. Mientras tanto, se acumulan los ataques a líderes indígenas y el hostigamiento a las comunidades amazónicas.
Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC generaron la esperanza de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de vivir en paz en sus territorios. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Iván Duque no cumplió con lo firmado y, lejos de integrar las áreas abandonadas por la guerrilla a la vida institucional del país, terminó librándolas a su suerte. Actualmente, los grupos paramilitares encuentran la libertad para disputarse las tierras y asesinar a líderes sociales como mecanismo de sujeción de las poblaciones rurales. A las minas antipersonales y los confinamientos obligatorios, se suman las masacres como mecanismo de presión en 2020.
Foto: Manifestación de pueblos indígenas en Colombia. Foto: Archivo/Semana.
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