Si bien las comunidades tomaron acciones tempranas para cuidarse, las medidas no son suficientes para una protección completa y de largo alcance. Sufren un mayor porcentaje de letalidad en comparación a la población en general y su situación es dramática en términos socioeconómicos al no poder acceder a alimentos y necesidades básicas. Sin embargo, todavía se está a tiempo de evitar un nuevo etnocidio.
La crisis pandémica ha impactado violentamente sobre las formas de vida de los pueblos indígenas en Chile y en el mundo, profundizando sus desigualdades estructurales y exponiendo la vulnerabilidad colonial a la que han estado históricamente sometidos. Las comunidades en resistencia Mapuche han enfrentado esta situación recuperando el territorio ancestral que les han despojado y denunciando que el Covid-19 es una manifestación de la nocividad capitalista sobre la naturaleza. No obstante, la respuesta racista del Estado chileno, aún durante la pandemia, ha sido reprimir, perseguir y criminalizar a todo aquel que se oponga a los intereses de las clases dominantes.
Quienes se quejan y lamentan por el estado de los centros de salud en los territorios, olvidan que los pueblos indígenas hemos superado epidemias como el sarampión, la viruela y la disentería a través de nuestra medicina ancestral. En las profundidades de la selva, el aislamiento como medida de bioseguridad y las plantas medicinales son las principales herramientas contra el coronavirus. Frente a una civilización occidental que se cae a pedazos, los indígenas contamos con ese gran pensamiento humanista conocido como Sumak Kausai.
El Covid-19 llegó a los pueblos indígenas amazónicos. Al histórico desinterés del Estado peruano, su negligencia y sus limitaciones, se suman la escasez de pruebas, la falta de médicos y la ausencia de un registro epidemiológico. Lejos de pensar una nueva normalidad, las comunidades achuar ven repetirse la misma historia y la continuidad de las viejas estructuras de un Estado colonial y racista cuya prioridad es defender los intereses del gran capital.
A pesar de la alta presencia de población indígena, las instancias estatales de Bolivia no han desarrollado políticas específicas que garanticen su supervivencia frente al coronavirus. Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de derechos humanos advierten que 52 de los 59 Territorios Indígenas Originarios Campesinos se encuentran amenazadas por su cercanía a municipios con contagios. La situación de desamparo y abandono hacen temer un etnocidio.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
Mundo Indígena
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