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Bolivia superó la superficie quemada registrada en 2019, cuando se alcanzó la cifra de seis millones de hectáreas a nivel nacional. En este marco, los pueblos indígenas están sufriendo impactos devastadores en sus fuentes de alimentos y acceso al agua, así como afecciones a su salud y hasta desplazamientos forzados. Los incendios forestales son producto del cambio climático, pero también están fomentados por factores políticos y económicos. Ante este panorama, urge abordar esta crisis desde una perspectiva que trascienda la respuesta inmediata.
En la última década, los pueblos Mayangna, Miskitu y Rama han visto recrudecer la violencia interétnica, política y ambiental en sus territorios, lo cual supera la capacidad de sus sistemas de justicia y mecanismos de resolución de conflictos. Más allá de las tradicionales disputas con las empresas mineras, actualmente sufren los conflictos con personas naturales que llegan para asentarse ilegalmente en sus territorios con el objetivo de establecer proyectos ganaderos. A esto se suma la injerencia de los aparatos estatales a través de los operadores políticos partidarios que agreden la autonomía y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
POR EFRAÍN JARAMILLO Y COLECTIVO DE TRABAJO JENZERÁ PARA DEBATES INDÍGENAS
En el sur de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, las organizaciones criminales controlan los territorios y libran cruentas hostilidades. Los enfrentamientos son principalmente por las zonas de cultivo de marihuana y coca, y el control de las rutas del narcotráfico. En consecuencia, los pueblos indígenas y afrocolombianos sufren el reclutamiento forzado de menores, las amenazas de “plata o plomo” y el asesinato de líderes. Sin embargo, no todo es a través de la violencia: mientras un jornalero percibe entre 30.000 y 50.000 pesos diarios, un recolector de la hoja de coca puede ganar entre cuatro y cinco veces más.
Más allá de la represión en el área urbana, la dictadura brasileña también tuvo un brazo represivo en las vastedades del Centro-Oeste y la Amazonía a través de su proyecto “civilizatorio”. La construcción de la carretera Transamazónica, los proyectos de infraestructura y la expansión de la frontera agrícola-ganadera generaron masacres y desplazamientos forzados. Instituciones como la Fundación Nacional del Indio y el Reformatorio Agrícola Indígena Krenak profundizaron el despojo. Medio siglo más tarde, la Comisión Nacional de la Verdad abre un horizonte de justicia y reparación.
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Noboa ha llevado a cabo dos ofensivas que ponen en riesgo a los derechos humanos. Por un lado, una feroz represión sobre los pueblos indígenas de Cotopaxi con el objetivo de favorecer la instalación de una minera canadiense. Por otro lado, la incursión en la Embajada de México en Quito, que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, con el único fin de apresar al ex vicepresidente Jorge Glas quien se encontraba en condición de asilado político. Mientras el aparato de propaganda alimenta el miedo y la confusión en la población, de fondo, se ejecuta un paquete neoliberal que incluye la suba del impuesto al valor agregado y la profundización del extractivismo.
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