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Filipinas: Alarmantes acusaciones contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas

El pasado 21 de febrero, varios líderes indígenas junto con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Sra. Tauli-Corpuz, fueron incluidos en una "lista terroristaemitida por el Fiscal del Estado de Filipinas.

"El Gobierno de las Filipinas amenaza y acosa regularmente y cada vez con más frecuencia a los pueblos indígenas. Sin embargo, esto es completamente un nuevo nivel de violencia ", dice la directora ejecutiva de IWGIA, Julie Koch. Varias de las organizaciones que trabajan con IWGIA han sido incluídas en la lista.

El fiscal adjunto principal Peter L. Ong ha nombrado a más de 600 personas afiliadas a "organizaciones terroristas y proscritas, asociaciones y grupos de personas" relacionadas con el Partido Comunista de Filipinas (PCC) y el Nuevo Ejército Popular (NPA).

"En IWGIA, estamos extremadamente preocupados por encontrar a algunos de nuestros antiguos socios en la lista, sin ni si quiera haberles dado la posibilidad de negar dichas acusaciones. Tememos por su seguridad personal ", explica Julie Koch.

Una de las organizacioens nombrada en la lista es Cordillera Peoples Alliance (CPA), que ha sido una organización asociada de IWGIA por mucho tiempo, y  de la cual la cofundadora, la Sra. Joan Carling y varios otros miembros también han sido incluídos en la lista. En una declaración de defensa, Joan Carling, escribe: "Espero tener la posibilidad de emprender acciones legales para limpiar mi nombre, y espero que el Gobierno garantice la seguridad física de quienes estamos incluidos en la petición, como es reclamado también por expertos de la ONU".

La Relatora Especial de la ONU también fue añadida

Además, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, también ha sido añadida en dicha lista. Inmediatamente después de ser identificada, la Relatora emitió una declaración negando todas las acusaciones de estar conectada con el Partido de la Comunidad o el Nuevo Ejército Popular. Estas acusaciones se producen en un momento crucial cuando, como parte de su mandato, la Relatora Especial  está recopilando aportes y casos para un informe que aborda específicamente la criminalización y los ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también emitió una declaración, alegando que la inclusión de Tauli Corpuz es una represalia después de que recientemente llamara la atención sobre los ataques y asesinatos de personas indígenas lumad en Filipinas.

"Nos sorprende que la Relatora Especial esté siendo atacada por su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas", dijo Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y Catalina Devandas Aguilar, presidenta del Comité de Coordinación del Procedimientos especiales en una declaración publicada en la página web del ACNUDH.

La escalada del conflicto no es reciente

La publicación de esta lista es solo la última de las acciones del Gobierno, en un largo conflicto entre los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y la administración Duterte. Según CPA, socio de IWGIA, una organización coordinadora de más de 120 organizaciones comunitarias locales, al menos dos indígenas son asesinados extrajudicialmente cada mes y  son regularmente arrestados y desalojados de sus tierras.

Esta "etiqueta terrorista" empeora aún más el frágil estado de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país. Bajo la administración de Rodrigo Duterte, las organizaciones filipinas de pueblos indígenas también registraron al menos 62 arrestos ilegales, 21 presos políticos, 20 incidentes de desplazamiento forzado,  que han afectado a 21,966 indígenas.

Para más información, contactar a IWGIA al +45 31 53 30 16

Una breve línea de tiempo 

  • Diciembre de 2016: el Gobierno filipino canceló la visita de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales Agnes Callamard.
  • Mayo de 2017: Se declaró una Ley Marcial de 60 días en toda la isla de Mindanao y se suspendió la orden de privilegio de habeas corpus. El mismo mes, el Gobierno filipino rechazó 154 de las 257 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC).
  • Agosto-septiembre de 2017: 2.600 indígenas y moro de Filipinas participaron en la caravana de Lakbayan en protesta por las violaciones de los derechos humanos y la militarización de las comunidades indígenas.
  • Noviembre de 2017: el Presidente Duterte emitió la Proclamación 360 que pone fin a las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas (GRP) y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP).
  • Diciembre de 2017: la crisis de Marawi deja a 77.170 familias desplazadas y la Ley Marcial se prorroga hasta fines de 2018. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sra. Vicky Tauli-Corpuz, y la Relatora Especial sobre los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, emitió una declaración expresando alarma por los abusos generalizados contra los derechos humanos y el aumento de la militarización, especialmente en las comunidades de pueblos indígenas Lumad en Mindanao.
  • Diciembre de 2017: el presidente Rodrigo Duterte firma una proclama que establece que el Partido Comunista de Filipinas (PCF) y su brazo armado Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) son terroristas después de un colapso en las negociaciones de paz.
  • Febrero de 2018: El 21 de febrero, el fiscal adjunto superior Peter L. Ong presenta una petición de 55 páginas en el tribunal de Manila en la que se nombra a más de 600 personas supuestamente vinculadas a los partidos comunistas de Filipinas y al Nuevo Ejército Popular.

Etiquetas: Noticias, Alertas Urgentes, Comunicados de Prensa, Derechos Humanos

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