Homicidio de 17 niños y jóvenes: nuevo estallido de violencia en Colombia
POR DIANA MENDOZA
Foto: El Periódico/Reuters
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Las masacres generan especial conmoción porque no responden a los habituales patrones de violencia de los últimos años. Algunas hipótesis vinculan estos crímenes con la reciente detención de Álvaro Uribe Vélez y el ocaso de su régimen de terror narcoparamilitar. Después de décadas de total impunidad, el ex presidente se ve amenazado por la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Las víctimas de esta “renovada” cara de la guerra son las poblaciones rurales de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desmovilizados del proceso de Paz, pero ahora también niños y jóvenes ajenos al conflicto.
Durante la última semana, en Colombia se ha producido el asesinato de 17 niños y jóvenes que, aun en el concierto de la violencia sistemática que ha sido noticia durante décadas por haber cobrado millares de muertos, resulta particularmente sanguinario y conmovedor debido a la total indefensión de las víctimas y las inusuales circunstancias que rodean estas masacres.
Aunque los autores y móviles de los crímenes todavía no están establecidos, existe consenso de que están ligados a la confrontación armada y política que se ha desarrollado con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. En efecto,este acuerdo que fue impulsado por el ex presidente Juan Manuel Santos, ha sido continuamente atacado y desfinanciado por el partido de Gobierno de Iván Duque, especialmente en sus componentes de reforma rural, justicia transicional, sustitución de cultivos ilícitos, desmonte del paramilitarismo, participación de las víctimas, y seguridad de los desmovilizados y las comunidades.
En este contexto, existe un evidente escalamiento de la violencia, especialmente localizada en regiones con fuerte presencia del narcotráfico, el paramilitarismo, algunos reductos guerrilleros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz y grupos de guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la cual se adelantaban diálogos que fueron suspendidos por Iván Duque, cuyo gobierno también ha sido empañado por los indicios de la financiación de su campaña con dinero del narcotráfico.
Hoy la guerra colombiana, prácticamente desprovista de un trasfondo de lucha insurgente por el poder y la transformación del Estado, decanta en un nuevo capítulo centrado en la contienda por el control de los territorios y corredores del narcotráfico, el despojo y acaparamiento de tierras, y la salvaguarda jurídica de los privilegios de los grupos de poder que han construido fuertes vínculos con el narcotráfico, muchos de ellos con presencia y participación activa en los gobiernos nacional y locales.
Las víctimas de esta “renovada” cara de la guerra en Colombia son las mismas poblaciones rurales de campesinos, indígenas y afrodescendientes, a las que se suman ahora los grupos de excombatientes de las FARC que adelantan su proceso de reincorporación en estas mismas zonas, y niños y jóvenes fuera de toda sospecha de participación en el conflicto y alejados de algún liderazgo social. Los centros de investigación, organizaciones sociales y organismos internacionales, registran que entre 2016 y agosto de 2020 han ocurrido 1.125 homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH pertenecientes o vinculados a organizaciones sociales, comunitarias, ambientales, ONG, autoridades étnicas, sindicatos y medios independientes de comunicación.
Elaborado con base en INDEPAZ, datos 2016-2020.
En lo que va de este año, y aun en medio de cuarentenas y confinamientos por la pandemia del coronavirus, han ocurrido 40 masacres y se han asesinado 185 líderes y defensores de DDHH, y 36 excombatientes que se hallaban en sus áreas de reintegración social y económica. Sin embargo, la masacre de estos 17 niños y jóvenes causa especial extrañeza porque no parece responder a los patrones de violencia selectiva de los últimos años, concentrada con especial saña en personas que lideran procesos sociales y ambientales; restitución de tierras rurales despojadas durante el conflicto; programas de sustitución de cultivos ilícitos; procesos sindicales, militancia en grupos progresistas o de izquierdas, y trabajos en medios de comunicación comunitarios.
Como es habitual en sus declaraciones a propósito de este tipo de crímenes, el Gobierno nacional se comprometió a realizar investigaciones de fondo, aunque de antemano los atribuyó a las guerrillas o bandas ilegales que actúan por móviles delincuenciales a sabiendas de que son otras las versiones de las familias y comunidades afectadas y que, en realidad, nunca llega a esclarecerse judicialmente la responsabilidad intelectual de los homicidios y su patrón de sistematicidad. Al menos en estas tres masacres, las comunidades han subrayado la responsabilidad, bien por omisión o por acción directa (en el caso de Cali), a funcionarios y fuerzas del Estado, circunstancia que acreditaría de manera vehemente que, nuevamente, se está presentando un patrón de acción articulada entre las fuerzas del Estado y el paramilitarismo.
Niños y jóvenes asesinados en Colombia entre el 10 y el 15 de agosto de 2020
Cuadro propio elaborado a partir de información oficial y diversos medios de comunicación.
Son varias las hipótesis que empiezan a tejerse en torno a la autoría intelectual de estos crímenes que el arzobispo de la ciudad de Cali, Monseñor Darío Monsalve, definió como un “genocidio generacional urbano”. Una de ellas, muy divulgada en redes virtuales y medios de comunicación alternativos, conecta la muerte de los jóvenes con la reciente detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es acusado de participar en los delitos de soborno y fraude procesal. La reacción de la derecha más recalcitrante ante la detención de su “mesías”, así como las propias y extrañas declaraciones de Uribe a través de su twitter, han sido leídas como una posible orden a escuadrones militares y paramilitares que lo respaldan, con el fin de sembrar el terror y cumplir las amenazas de sus seguidores que llaman a un levantamiento popular por causa de esta detención.
Lo cierto es que lo despiadado de estos asesinatos y, las infundadas y permanentes acusaciones de corrupción contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga (promovidas por el mismo Uribe, sus abogados, su familia, sus seguidores, los medios de comunicación afines y el presidente Iván Duque), son razones de peso para considerar la hipótesis de que la matanza de estos jóvenes está relacionada con el ocaso del “mesías” y del régimen de terror narcoparamilitar. Después de décadas de total impunidad, el ex presidente se ve amenazado por la determinación de una Corte que interviene de manera consistente para investigar y juzgar uno de los centenares de casos que involucran penalmente a Álvaro Uribe Vélez, incluso, por crímenes de lesa humanidad.
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