¿Cómo resolver el conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche?
POR DIEGO ANCALAO GAVILÁN
Foto: Julio Parra
Lea el original en Debates Indígenas
El mal llamado “conflicto mapuche” es un asunto nacional que solo puede ser solucionado por una nueva arquitectura del Estado y la restitución de las tierras usurpadas por la colonización, el latifundio y las empresas transnacionales. El proceso constituyente, una constitución plurinacional y el “buen vivir” emergen como acuerdos para la construcción de una sociedad multicultural y más justa.
Me han planteado esta pregunta en reiteradas ocasiones. Sin embargo, a quienes podrían resolver el conflicto no les gusta mi respuesta porque requiere un reconocimiento profundo que no están dispuestos a asumir. Esos protagonistas de la tragedia evitable de un pueblo que resiste el persistente intento de aniquilación, y también aquellos cómplices que con su pasividad buscan mantener sus privilegios, se escandalizan de las consecuencias que ellos mismos sembraron.
A pesar de todo, seguimos de pie y continuamos proponiendo un nuevo modo de ser y de habitar el mundo, construido desde la experiencia y el sentir indígena que, desde el conocimiento de nuestros ancestros, puede contribuir a un cambio de civilización y de mentalidad que tanto necesita Chile y el contexto global. Hablo de un nuevo paradigma de futuro, inspirado en nuestra cosmovisión ancestral. Somos la cultura indígena mayoritaria de Chile y una parte importante de la identidad de este país, pero la historia oficial nos niega persistentemente. Pero estamos aquí, a pesar de la marginación del ancestro Mapuche, que ha sabido sobrevivir a los dos siglos de república y a los 300 años de invasión española.
Hoy se viven tiempos violentos en La Araucanía y sus causas son las mismas de siempre. Es la nueva (y vieja) estrategia de los grupos de poder económico y políticos fundamentalistas que pretende deslegitimar la lucha de nuestra Nación Mapuche. Por ello, convivimos hoy con una huelga de hambre de presos políticos y el hallazgo de dos hermanas mapuche ahorcadas en la comunidad de Ercilla. Todo esto nos hace recordar el asesinato de Macarena Valdez, el crimen alevoso de Camilo Catrillanca y del werken Alejandro Treuquil.
Estos hechos acontecidos en La Araucanía son los síntomas de un conflicto no resuelto y pésimamente gestionado por los sucesivos gobiernos de Chile. Una vez más, debemos reafirmar el rechazo a la violencia y sostener la vocación de paz de nuestro pueblo en el nutram (diálogo), pero, al mismo tiempo, exigir respeto a nuestras históricas demandas que son la raíz de lo que hoy presenciamos.
Las raíces de la deuda histórica
Si bien la respuesta a la pregunta planteada no es fácil y requiere comprender la génesis del “conflicto”, lo primero que debemos señalar al Gobierno es que han demostrado que la cobardía moral no sostiene la democracia ni logra la paz. La profunda crisis moral de Chile no puede ser subsanada con un simple cambio de gabinete, la aplicación de maquillaje o el viejo truco de una elección presidencial que garantice un nuevo comienzo.
Los mismos de siempre, aquellos que se benefician del Estado han dejado de ser una opción válida. La casta gobernante está en crisis e intenta hablarle a una ciudadanía que exige soluciones a la crisis de la salud, la educación, el medio ambiente y la economía, sostenida sobre la profunda distorsión de una identidad que no encuentra su ser y su autoconquista.
Los arquitectos y administradores del Estado prometieron a la sociedad el derecho a la vida y a la libertad. Y que todos los hombres y mujeres serían iguales ante la ley. Es obvio que esta ha sido una promesa incumplida para los ciudadanos Mapuche y también para el Chile postergado que jamás ha tenido igualdad. Por eso, hablar del “conflicto Mapuche” es incorrecto: re we lelay tati (eso no es así no más). La mitad del camino para resolver un problema, es saber plantearlo correctamente.
La deuda histórica parte con la violación que realiza el Estado del Tratado Tapigue. Este documento oficial, firmado en el gobierno de Ramón Freire en 1825, reconoce a la Nación Mapuche y establece el Río Bio-Bio como límite. A tal punto fue así que se solicitaba a los chilenos pasaporte para entrar al Wallmapu.
Sin embargo, el Estado rompió aquel tratado, invadió el territorio Mapuche, espoleó sus tierras y se apropió de su ganado. A este genocidio se lo conoció bajo el eufemismo de “Pacificación de La Araucanía”. Esta acción no fue adoptada por los chilenos pobres, muchos de los cuales ni siquiera tenían derecho a voto como también ocurría con las mujeres. La decisión fue tomada por la aristocracia gobernante que vio una “oportunidad de negocios” que se mantiene hasta hoy, producto de esta usurpación inmoral. Así, dejaron al pueblo Mapuche reducidos a un 5% de sus tierras, 536 mil hectáreas, muy lejos de los 10 millones que poseía originalmente.
Así se puede leer en el periódico El Mercurio del 31 de mayo de 1861: “Tu Intendente Villalón con Salvo, apunta Mañil, juntos quedaron llenos de animales… hizo quemar casas, sembrados, hacer familias cautivas quitándoles de los pechos a sus hijos a las madres que corrían a los montes a esconderse, mandar cavar las sepulturas para robar las prendas de plata con que entierran los muertos en sus ritos los indios, y matando hasta las mujeres cristianas”.
En efecto, en 1862, el ejército chileno conquistó Angol y el Congreso aprobó una ley que despojó de sus territorios a los Mapuche en 1866. Con la autorización de una norma espuria, sacó esas tierras a remate público, “otorgándoles” a las familias Mapuche una especie de compensación denominada “títulos de merced”. Dos años más tarde, se aprobó otra ley que estableció el presupuesto necesario para llevar a cabo la ocupación militar de toda La Araucanía.
El diputado Benjamín Vicuña Mackenna del Partido Liberal justificó la invasión a La Araucanía del siguiente modo: “Bruto indomable, enemigo de la civilización porque solo adora todos los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituye la vida del salvaje”. Los nombres de los políticos han cambiado, pero se mantiene el mismo discurso.
Ni asistencialismo ni violencia: somos un asunto nacional
El Congreso tiene una gran deuda con nuestro pueblo. Más allá de algunas buenas intenciones y algún encendido discurso de reivindicación, lo cierto es que ha habido una absoluta incapacidad para resarcir los graves daños provocados. Pero para algunos, la “causa Mapuche” sigue generando algunos dividendos políticos personales, convenientes a la hora de instalar una candidatura o al momento de mostrar una postura “progresista”.
De más está decir que estas posiciones son disfrazadas bajo un ropaje filantrópico. La institucionalidad formal ha tratado al pueblo Mapuche como una población rural pobre de La Araucanía o como una población urbana marginal. Y ante esto, la solución propuesta por el Estado fueron, una y otra vez, programas asistenciales que tratan de reducir un problema político de Estado a un simple asunto de pobreza.
La segunda estrategia fue acuñar el eslogan de “violencia rural” para ejecutar una represión militar y policial, bajo la excusa de “delitos comunes”. Pero eso no es todo, también se busca infundir el miedo caracterizando a la nación Mapuche como “terroristas” o “antisistema”. Al final, el resultado es instalar procesos enmarcados en una ley que viola el debido proceso, con el fin de estigmatizar a los pueblos indígenas como un peligro para la sociedad.
El problema real es que los indígenas y los Mapuche están en todas partes y, cada vez, se acercan más al epicentro del poder político. Aunque han pretendido atomizarnos, la realidad se impone: somos un asunto nacional, les guste o no. Somos una diáspora expandida por todo Chile. La solución a este “problema” es nacional o, simplemente, no es solución.
Reconstruyendo la historia real, es necesario decir que los inmigrantes europeos recibieron miles de hectáreas a título gratuito de parte del Estado. Pues bien, esas tierras regaladas eran (y son) tierras Mapuche. Gracias a ese acto “generoso”, estas familias se transformaron en un poder económico y político que llevó a cabo la expoliación de nuestras tierras. Las crónicas de la época del periódico El Mercurio, que suele ser la “verdad oficial”, señalaban el 11 de mayo de 1859 sobre la nación Mapuche: “Mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral”. Esta visión racista y xenófoba no es solo un hecho del pasado, sino que aún hoy es una cuestión muy presente en estos días.
Los hechos demuestran que la persecución a los Mapuche no terminó con el genocidio de 1881, sino que continuó con las reducciones. Luego de la usurpación sistemática, vino la expropiación de la dictadura de Augusto Pinochet y, más recientemente, la arremetida de las grandes forestales, los empresarios agrícolas, las mineras y las empresas hidroeléctricas. Basta recordar al ex presidente Frei Ruiz-Tagle y su obsesión por instalar el proyecto hidroeléctrico en Ralco.
Movilización en Angol en apoyo a los presos políticos Mapuche en huelga de hambre. Foto: Julio Parra.
Arquitectura del Estado y restitución de territorios
El disturbio y la protesta son el lenguaje de los excluidos y los no escuchados. Por eso, no aceptamos que vinculen una causa de derechos políticos colectivos con hechos de violencia. No aceptamos que todas las acciones sociales de reivindicación política, sean tratadas como actos terroristas.
Y en este sentido, la violencia no debe ser una estrategia de cambio. Solo la paz construye una comunidad de personas que son capaces de respetar sus diferencias y sus respectivas identidades. Pero la paz se acuerda, no se compra ni se impone por la fuerza. Para un diálogo real, es necesario eliminar las condiciones que reproducen la violencia, comenzando por la militarización de un Estado incapaz de entender y resolver un conflicto histórico. Por otro lado, hay que terminar con la pobreza ocasionada por la expoliación y con el discurso violento, racista y discriminatorio construido por el Gobierno.
Se necesita una reestructuración de la arquitectura del Estado y no una simple modificación a un departamento social o la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, si este es concebido como un espacio para atender a quienes se los cataloga como “diferentes”. Esto quiere decir que la sociedad chilena debe crear las instituciones e instrumentos que permitan no solo la participación política de los pueblos originarios en el Estado, sino también un estatuto de autonomía territorial indígena.
Es necesaria la efectiva restitución de los territorios y la compensación de los asuntos que no se puedan devolver. Además, deben reintegrarse los derechos colectivos políticos, económicos y culturales. Un nuevo Chile debe sostenerse sobre los pilares morales de la igualdad, la justicia, la fraternidad y la solidaridad. Un nuevo proyecto de construcción de país debe reconocer a los pueblos originarios. Ni más ni menos. Chile es, en su raíz más honda, un país plurinacional.
Los pueblos indígenas no necesitamos intérpretes y, mucho menos, representantes de la casta política tradicional. Nos podemos representar nosotros mismos, incluyendo a cada uno de los ciudadanos de este país, que ha vivido y sufrido la experiencia de la exclusión y el abandono. En consecuencia, la única forma de resolver este conflicto es crear un nuevo parlamento, como el que se conformó en Tapihue. De una vez por todas, debe resolverse esta controversia, no solo por el bien de nuestro pueblo, sino por el bien de Chile. Un país dividido no puede sostenerse. Un país que se segmenta en clases de primera y segunda no es viable. Un país que no es capaz de reconocerse como mestizo o indígena no tiene destino. Ha llegado el momento de construir un país que no niegue su composición plurinacional y multicultural, y que sea capaz de encontrar su riqueza en la diversidad.
El proceso constituyente y los derechos de la Ñuke Mapu
El actual proceso constituyente que el pueblo ha impulsado a través de las movilizaciones sociales es una oportunidad para alcanzar la libertad. Y debe ser eminentemente radical y profundamente pacífico. Nuestra posición moral no es de izquierda ni de derecha, es orgullosamente Mapuche.
Somos conscientes de que no ganamos nada si no tenemos un mundo sano para ejercer los derechos conquistados. Nuestra petición es inseparable de los derechos de la Ñuke Mapu (madre tierra). Nuestra sobrevivencia como especie humana depende de esta comprensión esencial. Los excluidos del modelo de desarrollo hegemónico debemos unirnos a partir de nuestros problemas comunes: la pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades y la ausencia de derechos garantizados.
La unión es necesaria para realizar, entre todos, un cambio justo. Tenemos la obligación de crear un nuevo orden, en el que, quien vea una injusticia, sienta la obligación moral de denunciarla y combatirla. No hacerlo, no luchar por transformar un mundo injusto, nos transforma en el verdugo de nuestros hermanos.
La lucha del pueblo de Chile está íntimamente ligada con la del pueblo Mapuche. Nuestra lucha por la dignidad es inseparable a la lucha por el “buen vivir”. Y este camino debemos recorrerlo juntos. Las voces de nuestros antepasados guerreros dicen que las mentes y espíritus fuertes rompen las cadenas de la exclusión. Para eso vinimos, para derrotar a quienes han usado el poder contra los humildes. Como gritó mi antepasado, el indómito Pelantaro de Purén: “Otra vez hoy, la tierra se levanta”.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
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