El inexplicable vínculo entre la lucha antidrogas, el despojo de tierras y el ataque a defensores indígenas en Perú
POR MAR PÉREZ
Lea el original en Debates Indígenas.
A pesar de que su función radica en la lucha contra el narcotráfico, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) viene financiando la titulación de tierras reclamadas por los indígenas en favor de personas individuales que talan la selva indiscriminadamente y practican la agricultura ilegal. Lejos de dar una respuesta, el organismo público se deslinda de los hechos y descarga la responsabilidad en los gobiernos regionales. Mientras tanto, se acumulan los ataques a líderes indígenas y el hostigamiento a las comunidades amazónicas.
Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, dos defensores indígenas han sido asesinados por defender sus territorios en la Amazonía peruana. El jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu en Huánuco, Arbildo Meléndez, fue asesinado por personas vinculadas al narcotráfico, mientras que en el caso de Gonzalo Pío Peña, de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai en Cerro de Pasco, se sospecha que los perpetradores estaban vinculados a la tala ilegal.
Pese a la diversidad de actores y áreas geográficas, los dos casos tienen por denominador común la falta de seguridad jurídica de las tierras comunales. El mismo factor se repite en otros casos de graves ataques a defensores indígenas en Perú, como el asesinato de cuatro líderes de la Comunidad Alto Tamaya Saweto en 2014, la situación en la comunidad Shipibo-Konibo Santa Clara de Uchunya en Ucayali, y la beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derehos Humanos (CIDH) Nueva Austria del Sira, en Huánuco. Todas estas comunidades comparten problemas de titulación que han favorecido el posicionamiento de actores externos, responsables de degradar sus territorios y violentar a los líderes indígenas.
Los obstáculos para la titulación de las comunidades en Perú se relacionan con la complejidad del procedimiento, que incluye 22 pasos sin plazos establecidos, y puede llegar a ser muy costoso y demorar hasta 15 años. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Defensoría del Pueblo mediante un informe publicado en 2019, donde se recomienda la reforma del proceso de titulación de comunidades campesinas y nativas. El Tribunal Constitucional también ha exhortado a cumplir con esta recomendación en una reciente sentencia. En contraste, la titulación de predios individuales es mucho más rápida, lo cual es aprovechado por actores ajenos a las comunidades para posicionarse sobre sus territorios, a menudo con el apoyo del Estado.
Despojo, violencia y devastación
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es un organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objetivo es diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Además, DEVIDA gestiona los fondos de cooperación internacional destinados a la lucha contra el narcotráfico, que en el ejercicio presupuestal 2020 superaron los 42 millones de soles (casi unos 12 millones de dólares).
DEVIDA está habilitada para intervenir en 17 de los 24 departamentos de Perú, y tiene una fuerte injerencia en la Amazonía mediante programas de apoyo productivo, infraestructura vial y formalización de predios. De acuerdo a la norma que rige su actuación, DEVIDA debería favorecer el desarrollo integral y sostenible de la Amazonía. Sin embargo, los fondos transferidos por DEVIDA a los gobiernos regionales se vienen invirtiendo prioritariamente en la titulación individual sobre los territorios reclamados por las comunidades. En este marco, se genera una situación de conflicto y riesgos para las comunidades y sus líderes, así como la destrucción de los bosques amazónicos por prácticas agrícolas no sustentables. En contraposición, las comunidades indígenas actúan como una barrera contra la deforestación.
El Gobierno Regional de Huánuco es un ejemplo muy claro de esta práctica. Entre 2013 y 2018, se ejecutaron cerca de 13 millones de soles transferidos por DEVIDA en actividades de titulación, pero hasta diciembre del 2017 no había titulado ninguna comunidad nativa. Es decir que los fondos se asignaron mayoritariamente a la titulación individual con la entrega de más de 10.000 títulos individuales.
En el caso de la comunidad nativa Unipacuyacu, cuyo jefe fue recientemente asesinado, el Gobierno Regional ha entregado casi dos tercios del territorio reclamado por la comunidad. Estos predios están siendo masivamente deforestados, en muchos casos, para sembrar cultivos ilegales. Además, los comuneros denuncian que los trabajos de parcelación han continuado durante el periodo de la inmovilización social obligatoria por el Covid-19.
Por otra parte, durante el 2019 se han construido 12 kilómetros de vías carrozables con el financiamiento aportado por DEVIDA y sin el consentimiento de las comunidades nativas de Puerto Inca. El camino es empleado por los colonos para la extracción ilegal de madera y atraviesa parcialmente un área propuesta como reserva para la protección de indígenas kakataibo en aislamiento voluntario.
En el caso de la Comunidad Nueva Austria del Sira, sus líderes denuncian que no se ha cumplido con el requisito de tener un acta del acuerdo con los posesionarios colindantes, mientras que las personas tituladas tampoco han podido demostrar una actividad económica previa en la zona ya que en muchos casos ni siquiera conocían las parcelas que les ha entregado el Gobierno Regional de Huánuco.
Aunque no existe un análisis a nivel amazónico, hay indicios para creer que en la Amazonía peruana se ha repetido la dinámica descubierta por la Contraloría de la República en las titulaciones individuales realizadas en la costa y la selva. La denuncia surgió de una investigación de 2015 que muestra que el 76% de los expedientes revisados no cumplen los requisitos establecidos por la ley.
En 2019, la Unión de Naciones Asháninka y Yanesha (UNAY), con el respaldo de la congresista indígena Tania Pariona, hicieron llegar su protesta ante el despojo y la violencia en la Amazonía a DEVIDA. Un año más tarde, lo mismo hizo la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (FECONAPIA). Ante ello, la respuesta de DEVIDA ha sido que, si bien la institución ha financiado la titulación de predios individuales, quien se encarga de implementarla son los gobiernos regionales, y por lo tanto, la afectación generada es responsabilidad de ellos.
De este modo, DEVIDA se niega a supervisar los impactos que generan sus intervenciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad de los defensores de derechos humanos y la integridad de los bosques amazónicos. Esta respuesta es inaceptable desde el punto de vista de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los compromisos adoptados por el Estado para la conservación de bosques y la mitigación del cambio climático.
En este contexto, las organizaciones indígenas demandan que se lleve a cabo una reversión de los títulos otorgados de manera irregular, restituyendo la integridad de los territorios ancestrales. El Estado debe responsabilizarse de resarcir el daño causado, reubicando a las personas que han invadido las comunidades y aportando los recursos necesarios para la recuperación de las áreas degradadas. Solo así podrá garantizarse la seguridad de los líderes indígenas, quienes ahora están haciendo frente a la situación de despojo sin ninguna ayuda del Estado a la devastación de sus territorios.
Finalmente, actores como el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea, que han apoyado económicamente al desarrollo de estas políticas, deberían contribuir a la búsqueda de una solución, incentivando un proceso exhaustivo de rendición de cuentas. No es suficiente con retirar su aporte. Además, se espera que puedan contribuir a reparar el perjuicio que las supuestas políticas de lucha contra el narcotráfico han causado sobre las comunidades nativas, los defensores indígenas y los bosques amazónicos.
También es relevante el estudio empírico de los mismos para conocer cómo operan en concreto y cómo es que son invocados como derecho propio. Su implementación plantea desafíos en torno a las formas de reconocimiento estatal de derechos colectivos y la institucionalización de mecanismos de poder compartidos.
Mar Pérez es la responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Etiquetas: Noticias, Defensores de derechos humanos indígenas, Debates Indígenas
