Perú: se metieron con la generación equivocada
POR ANA VIDAL CARRASCO
Lea el original en Debates Indígenas.
Es difícil explicar hacia afuera lo acontecido en nuestro país. Aún desde adentro no alcanzamos a dimensionar todo lo sucedido. Los hechos están ahí, son brutales y laceran: dos jóvenes asesinados, Bryan Pintado e Inti Sotelo; decenas de manifestantes heridos; represión desmedida y disparos al cuerpo; desapariciones forzadas, vejaciones sexuales y torturas; detenciones masivas. Tantos crímenes de Estado, tanto dolor en menos de una semana. Solo nos queda una esperanza: por primera vez en la historia peruana, cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a manifestarse contra la toma inconstitucional de la presidencia de la República.
Foto: Micaela Díaz
Desde que en 2001 salimos de la dictadura de la década del 90, la democracia peruana ha estado marcada por una política económica neoliberal basada en la exportación de materias primas. Esto trajo un crecimiento económico que ha quedado en manos de muy pocos. El acceso a derechos básicos como salud, educación, trabajo formal y digno no llega aún a la gran mayoría de la población. Menos a los pueblos indígenas y a las comunidades directamente impactadas por la extracción de minerales, de hidrocarburos o la tala ilegal de madera. Por el contrario, las condiciones de vida siguen deteriorándose.
Fuera de Lima, este detrimento de derechos es aún peor debido a la contaminación ambiental, a los constantes derrames de petróleo en la Amazonía, al crecimiento de las economías ilegales y a la poca presencia del Estado. Lejos de la capital del país, la reducción de derechos ha estado acompañada de represión y criminalización estatal contra las protestas ciudadanas. Sin embargo, en Lima esa represión no se sentía, era un escenario extraño, demasiado lejos.
Al mismo tiempo, los 20 años de primavera democrática estuvieron corroídos por la gran corrupción. Desde el 2001, todos los expresidentes están investigados o han sido detenidos por presuntos actos de corrupción relacionados con empresas constructoras. Alejandro Toledo (2001-2006) está con prisión preventiva en Estados Unidos y esperando ser extraditado a Perú; Alan García (2006.2011) se suicidó cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) ha estado detenido y tiene pendiente una investigación fiscal; mientras que Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra en detención domiciliaria. Es acá donde la historia reciente empieza.
A finales de 2017, se descubrió una serie de hechos que involucraba al entonces presidente Kuczynski con actos de corrupción. Tras dos intentos de vacancia por parte de un Congreso con mayoría fujimorista y de grupos religiosos antiderechos terminó renunciando. Asumió su vicepresidente: Martín Vizcarra.
Cuando tomó el cargo Vizcarra se desató otro terremoto político: el develamiento de la gran corrupción en el sistema de justicia. Se revelaron audios en los que se escuchaba a altos magistrados negociando condenas, incluso de un magistrado que negociaba la condena o libertad del violador de una niña de 11 años. Vizcarra reaccionó. Desactivó órganos clave dentro del sistema de justicia e inició una tímida reforma política y de la Justicia. La gente en las ciudades lo aplaudió. Sin embargo, el Congreso de ese entonces se opuso férreamente a estos cambios. Siguiendo una salida trazada en la Constitución, Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a elecciones legislativas.
El respaldo popular fue absoluto. En las ciudades, Vizcarra fue visto como el primer presidente que tomaba acciones concretas contra la corrupción, contra el fujimorismo y contra los sectores religiosos antiderechos. Por primera vez, había indicios de cambio en el modelo político. Sin embargo, el modelo económico no viró. Siguió la línea trazada por los gobiernos anteriores y la dependencia económica de la exportación de materias primas se mantuvo. A la par, las normas para permitir que la fuerza pública reprimiera las protestas ciudadanas se perfeccionaron. Los pueblos indígenas fueron los más afectados: sus derechos continuaron siendo vulnerados, pisoteados.
En enero de 2020, se realizó la elección de un nuevo Congreso. Se eligieron 130 nuevos congresistas, cuyo mandato finalizaría en julio de 2021 y no podrían ser reelectos. La gente creyó que el pésimo papel que había desempeñado el Congreso anterior no podría ser superado. Pero siempre puede ser peor.
A semanas de terminar el año, a este nuevo Congreso y al gobierno de Vizcarra le quedaban apenas cinco meses para la elección de un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Pero, de un momento a otro, empezaron las denuncias de corrupción contra Vizcarra por actos cometidos antes de ser presidente. Así, en medio de una pandemia que golpeó fuertemente al país, y lo sigue golpeando, el Congreso insistió con un pedido de vacancia inconstitucional e incongruente. No lo logró a la primera. Cuando se pensaba que ya todo estaba en calma, se presentó un segundo pedido de vacancia. Mientras en el Congreso insistía en sacar a Vizcarra de la presidencia, la gente en las calles pedía que se quedara hasta terminar su mandato.
El golpe de Estado
Las intenciones de quienes promovían la vacancia estaban claras para toda la ciudadanía: buscaban quedarse más tiempo en el poder; la libertad de dirigentes políticos presos como Alberto Fujimori y Antauro Humala; los sectores más conservadores querían eliminar los avances relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres; mientras que también afloraron los intereses económicos de los grupos empresarios.
Con tantos intereses detrás, el Congreso no escuchó a la población. El 9 de noviembre por la tarde, utilizando de manera amañada la figura de la vacancia por incapacidad moral, el Parlamento vacó a Vizcarra con 105 votos, de un total de 130 congresistas. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió el poder. En ese mismo momento todo estalló.
Esa misma noche, la presión de la juventud en las calles superó todo lo esperado. Una generación de viejos políticos no dudó en replicar los métodos y crímenes de la dictadura de los 90. De este modo, repitieron en Lima los mismos abusos que aplicaron contra los pueblos indígenas que protestaban. Pensaron que si aplicaban mano dura, la juventud se calmaría. Se equivocaron.
Desde el 9 de noviembre, la capital del país vivió la barbarie. La represión policial fue desmedida. Miles de policías infiltrados detuvieron y golpearon a los marchantes, hubo calles cerradas, gases lacrimógenos y disparos de perdigones directo al cuerpo y a la cabeza de las y los jóvenes. Se evidenció el uso de canicas, en vez de balas, para no dejar rastro del armamento usado. Detenciones con pruebas preparadas por la policía. Mujeres detenidas que fueron desnudadas y violentadas sexualmente. Lima vivió el terror perpetrado por el Estado.
Pero frente a la represión, la respuesta de la juventud se potenció; las marchas espontáneas, organizadas mediante redes sociales en distintas partes de la ciudad, se desbordó. Las fotos, los videos, la difusión en redes sociales, Twitter, Whatsapp, Tik Tok e Instagram. La cólera desfogada con bromas, los memes, las burlas hacia esa clase política repudiada. La cara más visible de las protestas: la de las mujeres jóvenes protestando, danzando, marchando, desactivando bombas lacrimógenas. Esas mujeres que desde los diversos feminismos empezaron a denunciar en estos últimos años la violencia de género y la inacción vergonzosa de la policía frente a esta violencia.
La clase política tradicional, basada en partidos políticos que ya no aglutinan a nadie, no entendió lo que pasaba. Insistían que había alguien que manejaba a la juventud y que era imposible que se pudieran autoconvocar de manera tan rápida. Nunca entendieron cómo esa juventud tan golpeada, a la que les habían quitado tantos derechos, que parecía tan apolítica y hedonista, les exigiera de manera tan fuerte. Y no reclamaban para que vuelva Vizcarra, reclamaban para que no se perpetuara lo que, desde el primer momento, entendieron que era un golpe de Estado y una dictadura.
La ciudadanía movilizada, sobre todo los jóvenes, exigieron un proceso constituyente.
La caída de la dictadura
El sábado 14 de noviembre la violencia policial alcanzó el paroxismo de la crueldad. Mataron a dos estudiantes de 22 y 24 años, Inti Sotelo y Bryan Pintado. El dolor fue inconmensurable. Ya no solo fueron las calles del centro de Lima, fue toda la ciudad. El país entero palpitó toda la noche a punta de gritos y cacerolazos de protesta.
Después de las muertes, a cuentagotas empezaron las renuncias de los ministros que recién habían sido nombrados. El domingo 15, Manuel Merino renunció. La dictadura cayó. El lunes se buscó una salida. Entre los pocos congresistas que habían votado en contra de la vacancia se eligió a Francisco Sagasti como nuevo Presidente del Congreso. Con este cargo, Sagasti asumió de manera encargada la Presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2021.
En este contexto, cobró vuelo una vieja demanda de los sectores políticos de izquierda: el cambio de Constitución Política. El argumento principal es que el modelo económico de estos 20 años, ese modelo al que no le importan los derechos, se ampara en la Constitución de 1993 creada en la dictadura fujimorista. Hasta hace unas semanas esta demanda nunca había calado en la ciudadanía.
Sin embargo, con estas protestas la demanda que ha aflorado en la ciudadanía, y sobre todo en la juventud, es la necesidad de una nueva Constitución. La juventud que sigue movilizada exige un proceso constituyente y la reforma de la policía. La rabia y el dolor por la represión siguen en carne viva. Exigen una nueva Constitución y lo exigen desde la perspectiva de garantizar más derechos.
Frente a estas demandas, la respuesta de Sagasti y su nuevo gabinete ha sido conservadora y señalan que la nueva Constitución la verá el próximo gobierno. Sobre la salvaje represión policial, en un primer momento dijeron que era responsabilidad de unos pocos, pero debido a la presión popular han anunciado cambios de fondo, como el pase al retiro de 15 altos mandos.
El gobierno de Sagasti aún no está seguro. Los 105 congresistas que votaron la vacancia de Vizcarra lo podrían sacar o negar la confianza a su nuevo gabinete. La calma en Perú aún no se alcanza. El fantasma del golpe persiste.
Y, sin embargo, frente a toda esta crueldad política vivida en estos últimos días, en la que la juventud le arrancó a la fuerza la democracia a un gobierno golpista, lo que aún se mantiene incólume es el desarrollo económico basado en el extractivismo y el detrimento de derechos. El nuevo ministro de Trabajo ya señaló su intención de publicar una política laboral sin el consenso con los sindicatos y el ministro de Energía y Minas anunció que para acelerar los proyectos mineros proponían eliminar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas en Perú hace 500 años que todo cambia, para que nada cambie.
Ana María Vidal Carrasco es abogada defensora de derechos humanos. Es fundadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas y litiga en defensa de la igualdad de género y de los derechos sexuales y reproductivos.
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