Inversiones eólicas en el Istmo de Tehuantepec

POR JACOBO RAMÍREZ

Lea el original en Debates Indígenas.

Los gobiernos y las empresas argumentan que la transición energética contribuye al desarrollo sostenible y la conservación ecológica. Sin embargo, la confrontación entre las corporaciones y el Estado con los pueblos indígenas refleja la continuidad de la opresión y la represión. La autodeterminación, el respeto a los derechos humanos y las inversiones para mitigar el cambio climático en el Istmo de Tehuantepec, entretejen debates que brindan nuevos aprendizajes sobre los conflictos y el malestar social que acarrea la industria verde.

 

En septiembre de 2013, realicé un trabajo de campo en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México. Antes de embarcar el viaje de cuatro horas por carretera desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, recibí un consejo para el viaje: “No conduzca después del anochecer, no se detenga en lugares aislados y no pida ayuda a la policía local”.

Todavía estaba a 45 minutos de Juchitán, conduciendo por un camino aislado y ventoso cuando anocheció. Comencé a sentir ansiedad por la posibilidad de que algo malo sucediera. Pensé en los asesinatos sobre los que había leído. Algunos habían tenido lugar a lo largo de este mismo camino junto a los parques eólicos.

Recordaba especialmente el crimen de Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), quien había sido asesinado unos meses antes por protestar contra la construcción del parque eólico Bii Hioxho, de la firma española Gas Natural Fenosa, actualmente llamada Naturgy. El pescador juchiteco recibió seis disparos de sicarios acompañados por la policía local. Increíblemente, nadie ha sido encarcelado ni acusado por este delito, lo cual evidencia la ilegalidad que reina en el Istmo de Tehuantepec y la impunidad de los involucrados.

Pronto llegué a la cima de una colina. Desde allí se veían las luces rojas, brillantes y centelleantes de los aerogeneradores. Me sentí como en una película de ciencia ficción. Esta imagen de una ciudad futurista fue cambiando a medida que me acerqué a los parques eólicos: caminos sin pavimentar, casas iluminadas con velas y cruces de avenidas sin semáforos eran las postales de la continuidad del colonialismo interno.

Proliferación eólica y disputa entre las comunidades

Dada su ubicación geográfica para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, el Istmo de Tehuantepec ha estado en una disputa geopolítica desde la época colonial. Los residentes suelen narrar las divisiones entre las diferentes comunidades indígenas que habitan el territorio: Zapotecas, Ikoots, Chontal, Mixe y Zoque. En los últimos años, las pujas étnicas se han generado a propósito de las inversión eólica en sus territorios: el corredor de vientos del Istmo de Tehuantepec se ubica entre los mejores recursos eólicos a nivel mundial.

Los miembros de las comunidades que están a favor de las inversiones son llamados “pro-eólicos” y las apoyan a medida que los desarrolladores les ofrecen beneficios: acceso gratuito a exámenes médicos, pagos en efectivo y material para construir sus hogares. Un residente local comenta sobre las divisiones en las comunidades: “Bueno, algunas personas han arrendado sus tierras, no sé cuánto les pagan ya que es todo un misterio. Ahora, ellos se han convertido en hamaqueros: no trabajan ni en agricultura, ni en pesca ni en comercio, simplemente duermen en sus hamacas y esperan los pagos mensuales de las empresas”. De modo contrario, los anti-eólicos no reciben ni pagos por renta de las tierras ni beneficios en especie antes mencionados.

Desde que se estableció el primer mini-parque eólico experimental en 1994 en la comunidad de La Ventosa, con una capacidad de 1.5 MW generada por siete turbinas Vestas a 225 KW cada una, se pensó que por fin había llegado el desarrollo. Sin embargo, de acuerdo a los zapotecas, lo que en verdad llegó fueron inversiones que provocaron una explotación de tipo colonial y el acaparamiento de las tierras de los pueblos indígenas. A enero de 2020, se han instalado 1,600 aerogeneradores en 32 parque eólicos en el territorio.

La proliferación de la inversión eólica en el Istmo de Tehuantepec es resultado de la política del Gobierno mexicano para transformar su matriz energética y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. En los últimos 30 años, México ha sido gobernado por partidos de centro-derecha: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, el nuevo partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), la esperanza de México, arrasó en las elecciones de 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, introdujo una agenda energética contraria a las administraciones anteriores (particularmente contra la Reforma Energética de 2013).

AMLO ha cancelado subastas públicas en energías renovables para incentivar energías tradicionales como petróleo, gas o hidroeléctrica. Justifica estas medidas en la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Por otro lado, en relación a la protección de los pueblos indígenas, respecto a los abusos a sus derechos humanos producidos por la inversión extranjera directa. Los pueblos indígenas, tanto los pro como los anti-eólicos, aplaudieron en 2018 las contra-reformas energéticas del Gobierno Federal. Un indígena a favor de los parques comenta: “Los cambios propuestos por AMLO son buenos ya que así se podrán revisar todos los contratos abusivos (como la renta de tierras para la construcción de parques eólicos) que por ignorancia hemos firmado”.

Por su lado, los anti-eólicos, como los de la municipalidad de Unión Hidalgo, presentaron en octubre 2020 una demanda civil en la Corte de París contra la compañía Electricité de France, por la violación a sus derechos humanos en la consulta previa, libre e informada para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú. Hasta la fecha, ni se han revisado los contratos firmados por los pro-eólicos ni se han atendido las demandas de los defensores de derechos.

Las luchas por la sobrevivencia de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec ilustra la continuidad histórica de la desigualdad y el abuso de poder. Esta situación contrasta con los esfuerzos de los gobiernos mexicanos para cumplir con los compromisos del cambio climático y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Al mismo tiempo, no se han realizado esfuerzos para asegurar la autonomía, la autodeterminación y la sobrevivencia de los pueblos indígenas, ya sea con gobiernos de centro-derecha o de izquierda, como el de AMLO.

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La lucha indígena contra los parques eólicos es una lucha también por la autonomía.

Un compromiso que se lo lleva el viento

La inversión a gran escala en energía eólica que existe en el Istmo de Tehuantepec ha profundizado un desarrollo desigual que afecta directamente a los pueblos indígenas. Los gobiernos y la industria de la energía verde han redescubierto los territorios indígenas: la inversión en tierras supuestamente olvidadas, atrasadas e improductivas les permiten demostrar su “compromiso” en la lucha contra el cambio climático.

Por esta razón, la articulación entre las luchas indígenas por la autonomía es de particular importancia para contrarrestar la dominación y la explotación, y enriquecer las alternativas democráticas. Un miembro del grupo de resistencia en San Mateo del Mar afirma: “Las empresas van a matar a nuestras comunidades por las divisiones que están surgiendo en nuestra región”.

Las movilizaciones de los grupos de resistencia anti-eólicos se desarrollan en su lucha contra los cambios ecológicos y geográficos en sus territorios. Sin embargo, son disputadas por asociaciones opositoras a la administración de AMLO que están a favor de los parques eólicos. Este es el caso de Renovable x México que impulsa las inversiones en energías renovables bajo el argumento del cambio climático y el desarrollo regional, pero olvidan los procesos de Consulta Previa y los derechos humanos de los pueblos indígenas, según la legislación mexicana y los convenios internacionales.

Estas dinámicas parecen ser una contradicción ética poscolonial: las culturas indígenas son reconocidas en México, pero al mismo tiempo están sujetas a injusticias ecológicas y geográficas en sus propios territorios. Las reformas económicas y la transición energética, junto a la retórica de la lucha contra el cambio climático, han dado un nuevo valor a los territorios indígenas. En México, la privatización de las tierras comunales ha resultado en una deuda geográfica y social, que desplaza de modo forzado a los pueblos indígenas y amenaza su forma de vida.

En México parece no existir un diálogo constructivo para hacer respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, al mismo tiempo que se inicia la transición energética. La Consulta Previa, Libre e Informada, un mecanismo de participación ciudadana en inversiones que afectan a los pueblos indígenas, parece ser usada como un simple acto protocolar por parte de los gobierno y las empresas. De este modo, pueden afirmar que han cumplido con un requisito de la Ley de la Industria Eléctrica promulgada en 2014.

Aunque México ha hecho grandes esfuerzo por reglamentar la Consultas Previa, Libre e Informada, en el Istmo de Tehuantepec no cumplen con la actual legislación y los intentos previos a la Reforma Energética no cumplieron con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que fue ratificado por el país en 1990.

La energía eólica como continuidad del colonialismo interno

Las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec se basan en el orgullo de su historia de lucha por el acceso a la educación, salud, agua potable y electricidad, además del respeto por su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, comparten un patrón de subordinación en un sistema de desigualdad desde la colonización europea. En este sentido, los parques eólicos en territorios indígenas amenazan las tradiciones económicas locales, transforman la geografía local e incitan los abusos contra los derechos humanos.

Estos resultados sugieren que las premisas de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se lograrán a través de las inversiones en energía eólica son ingenuas, dado que no se considera adecuadamente las tradiciones socio-económicas de los pueblos indígenas. La igualdad de acceso a las energías renovables y, el reconocimiento y participación en el uso de espacios geográficos están en el centro de los debates indígenas sobre los problemas que originan las inversiones en energías renovables.

A su vez, las luchas por los derechos son más desafiantes cuando los reclamos amenazan los intereses económicos y el discurso sobre los ODS, como el Objetivo 13, que exige medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Las inversiones en energías renovables podrían ser una alternativa para la transición hacia energías limpias y garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Sin embargo, cuando las inversiones en energía renovables violan los derechos humanos, como la paz y la justicia, el Estado y las empresas tienen la obligación de aplicar su creatividad e innovación para proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en condiciones de vulnerabilidad. De lo contrario, el discurso de mitigar los efectos del cambio climático es solo un recurso discursivo que continúa el colonialismo interno a través de las inversiones eólicas.

Jacobo Ramirez es Profesor Asistente de Copenhagen Business School (CBS). Las conclusiones y recomendaciones presentadas no reflejan necesariamente los puntos de vista de las organizaciones mencionadas.

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