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Los activistas no son terroristas: la criminalización de los defensores de derechos humanos en Filipinas

POR SIGNE LETH

Lea el original en Debates Indígenas

Si bien los pueblos indígenas filipinos se ven obligados a defender sus territorios del extractivismo como en otras regiones del mundo, su principal problemática es la criminalización del Estado a través de las acusaciones de terrorismo. Masacres, persecución a líderes y lideresas, arrestos ilegales, pruebas falsas y represión policial y militar entre las primeras consecuencias de la nueva Ley Antiterrorista.

Foto: Familiares de las víctimas de la masacre de indígenas Tumandok piden justicia frente a la sede de la Policía Nacional de Filipinas. Crédito: Kodak Productions.

 En el norte de Luzón, la isla más importante de Filipinas, la región de la Cordillera se caracteriza por ser una cadena montañosa con tierras fértiles y un subsuelo rico en recursos naturales. Su población, de 1,7 millones de habitantes, está compuesta, en su mayoría, por pueblos indígenas que se dividen en ocho grandes grupos etnolingüísticos conocidos colectivamente como Igorot. Los pueblos indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura tradicional precolonial, sus instituciones sociales y sus prácticas y medios de subsistencia. Por lo general, viven en zonas geográficas aisladas, sin acceso a los servicios básicos y con pocas oportunidades económicas, educativas o de participación política.

El conflicto aparece porque en los bosques y ríos de esta región se encuentra la mayoría de los recursos naturales del país. Al tener un alto valor comercial, los proyectos extractivistas y el acaparamiento de tierras vulneran los derechos indígenas a pesar de la existencia de leyes progresistas como la Ley de la República N° 8371, conocida como Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA). Más allá de haber sido promulgada en 1997 y recibir elogios internacionales por promover el respeto de la integridad cultural indígena, el derecho a sus tierras y a su propia autodeterminación, todavía está pendiente su correcta implementación.

El extractivismo, la criminalización y la Ley Antiterrorista

La minería a gran escala comenzó a principios de 1900. Los colonizadores supieron que había minerales disponibles al observar cómo las comunidades indígenas practicaban la actividad a pequeña escala como su medio de subsistencia tradicional. Hoy en día, es una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas de la Cordillera que sufren la degradación de la calidad de sus tierras de cultivo a raíz de las numerosas concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras por el Estado de Filipinas.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente concede indiscriminadamente proyectos de energía eólica, geotérmica e hidroeléctrica que son una amenaza para la tierra y su forma de vida. Si bien algunas empresas afirman tener el Consentimiento Libre, Previo e Informado, tal como prescribe la ley, en verdad estos procesos se caracterizan por la corrupción y las amenazas. Actualmente, existen más de 100 solicitudes para explotaciones mineras que abarcan 630.350 hectáreas y se mantienen más de 100 proyectos de energía hidroeléctrica y geotérmica, a pesar de la oposición de las comunidades indígenas.

Además de la extracción de recursos naturales, los pueblos indígenas de Filipinas se enfrentan a graves problemas de militarización, acoso, violencia y criminalización. En la Cordillera se encuentran ocho brigadas, cinco batallones y al menos un pelotón de la policía nacional desplegado en cada una de las seis provincias. A ellos se suman grupos paramilitares y ejércitos privados que acampan en escuelas y edificios públicos, intimidando a los miembros de la comunidad, vigilando todos sus movimientos y limitando la libertad de reunión, de expresión y de movimiento.

A los líderes de las aldeas se los acusa de formar parte de la oposición armada, el denominado Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), y sufren detenciones injustificadas, ejecuciones extrajudiciales y espionaje ilegal. Tras el fracaso de las negociaciones de paz, el presidente Rodrigo Duterte ha declarado una guerra abierta contra el NEP. Lamentablemente, las manifestaciones multitudinarias para que continúe el diálogo han resultado en vano.

Profundizando el conflicto, el 3 de julio de 2020 el Congreso aprobó una Ley Antiterrorista firmada por el presidente. Debido a la imprecisa definición de “terrorismo”, la ley vulnera el derecho a la libre expresión, prohíbe el derecho a la protesta y establece penas severas para supuestos actos de terrorismo, como la cadena perpetua sin libertad condicional.

En este camino represivo, el gobierno ha creado un Consejo Antiterrorista (ATC) con facultad para “designar” a personas y calificar a organizaciones como “terroristas”. El ATC puede ordenar la detención de personas sin una orden formal, en instalaciones no especificadas y sin cargos formales durante un periodo de 14 a 24 días. Más allá de ser inconstitucional, el único objetivo de la ley es detener e impedir las protestas legítimas y, restringir derechos y libertades fundamentales.

Una alianza para defenderse de la represión política

La Alianza de los Pueblos de la Cordillera (CPA, por sus siglas en inglés) es una organización que lucha por los derechos de los indígenas desde 1984 cuya misión es defender la tierra ancestral y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La CPA fue el resultado de la exitosa campaña en contra del proyecto de presas del Río Chico financiado por el Banco Mundial y en oposición a la actividad forestal de la Cellophil Resources Corporation.

Su creación se dio durante la dictadura de Marcos, una época que se caracterizó por la proliferación de proyectos extractivos, el desarrollo de infraestructura, una fuerte militarización y la permanente represión política con la excusa de lucha anti-insurgencia. Tres décadas después del derrocamiento del dictador Marcos y 23 años después de la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA), las comunidades indígenas de toda Filipinas siguen enfrentando los mismos problemas.

En la actualidad, la Alianza de los Pueblos de la Cordillera es un ejemplo de cómo las comunidades indígenas se pueden movilizar para defender sus vidas, su dignidad y sus dominios ancestrales. Su trabajo con las comunidades incluye el apoyo legal, las misiones de investigación, solidaridad o apoyo para evacuar a activistas en peligro, y la ayuda de emergencia a las comunidades. Asimismo, asesora a las comunidades en su resistencia: la construcción de barricadas, la realización de alianzas estratégicas, la elaboración de peticiones y la organización de concentraciones multitudinarias.

La CPA lleva mucho tiempo recibiendo amenazas, intimidaciones y acoso de forma virtual y presencial. Sus líderes han sido tildados de terroristas en Internet e incluso han llegado a ser arrestados arbitrariamente: si bien la mayoría salió bajo fianza, la líder de Kalinga, Betty Belen, aún sigue detenida. El objetivo de los ataques no solo es desacreditar la trayectoria de líderes y lideresas para deslegitimar a la organización, sino también silenciar las denuncias legítimas de la gente.

La persecución de Windel Bolinget

En el último trimestre de 2020, el acoso y la difamación se intensificaron. Los ataques iban dirigidos particularmente a Windel Bolinget, presidente de la CPA. En diciembre de 2020, se emitió una orden de detención contra Windel por asesinato: la acusación era falsa dado que la víctima era un líder indígena que luchaba contra un proyecto hidroeléctrico en Mindanao, un lugar en que el líder nunca había estado. Siendo consciente de la ausencia de una justicia independiente, Windel se escondió.

En enero de 2021, se dictó la orden de “disparar a matar” y en su vecindario se colocaron carteles con una recompensa de 2.000 dólares a la persona que pudiera llevar a la policía hasta su paradero. El 21 de enero de 2021, Windel se entregó a la Oficina Nacional de Investigación (NBI) como medida de seguridad y para demostrar su inocencia ante la falsa acusación de asesinato que se le imputaba. La Alianza de los Pueblos de la Cordillera aclaró que Windel no se sometió a la custodia como un acto de rendición, sino para tener acceso a los servicios jurídicos e impugnar la imputación.

Recientemente, la ONU ha realizado una declaración de prensa a su favor. “Por la información que hemos recibido, el Sr. Windel Bolinget ha sido falsamente acusado de estar implicado en el asesinato de un líder indígena en una provincia en la que ni siquiera ha estado”, señaló Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. Tras señalar que la acusación debe ser retirada, la declaración añade: “Los defensores de derechos humanos de Filipinas siguen siendo señalados, etiquetados como ‘terroristas’ y, en última instancia, asesinados en un intento de silenciarlos y deslegitimar su trabajo. Esto debe terminar”.

Como afirma la ONU, el caso de Windel Bolinget no es el único. Existe una tendencia preocupante en Filipinas, en la que los líderes indígenas que defienden sus derechos y territorios son atacados. En primer lugar, se los calumnia e injuria a través de campañas de fake news y mensajes de odio que los acusan de ser terroristas o individuos sin moral. Tras enturbiar su reputación a través de las redes sociales, desaparecen o son asesinados ante la indiferencia social.

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Windel Bolinget en Naciones Unidas. A raíz de su trayectoria como defensor de derechos indígenas, el presidente de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera recibió el apoyo de la ONU y la comunidad internacional. Foto: Defend Windel Bolinget.

Criminalización, detenciones y asesinatos

El modus operandi del Gobierno de Filipinas es conocido: se presentan cargos penales contra líderes y miembros indígenas, se siembran pruebas falsas como armas de fuego y explosivos para legitimar la acusación, y finalmente se realizan arrestos ilegales y se niega el debido proceso.

Entre las víctimas recientes, la más conocida es la lideresa del pueblo Uma, Beatrice Belen, quien participaba activamente en la lucha contra el proyecto geotérmico de Chevron en su comunidad. Fue detenida el 25 de octubre de 2020 tras un registro ilegal bajo el cargo falso de posesión ilegal de explosivos. Otra lideresa arrestada ilegalmente es Gloria Tumalon, activista indígena Manobo y opositora a la minería. Ella fue detenida en la isla de Mindanao y es una de las 468 personas acusadas de ser miembro del Nuevo Ejército del Pueblo.

La vulneración de los derechos humanos asciende a situaciones impensadas. Cuatro miembros de la comunidad indígena Aeta, en la provincia de Zambales, fueron detenidos ilegalmente por los militares y sometidos a torturas, como la alimentación forzada de heces. Se presentaron cargos penales contra ellos, incluida la posesión ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Esta es la primera acusación penal conocida públicamente que se presenta utilizando la nueva Ley Antiterrorista de 2020.

El suceso más reciente tuvo lugar el 30 de diciembre de 2020 en la isla de Panay cuando nueve líderes indígenas Tumandok fueron masacrados durante una operación conjunta de la Policía Nacional de Filipinas, el Ejército y el Grupo de Investigación Criminal y Detección. En la misma operación se detuvo a otros 16 indígenas Tumandok a los que se les colocaron armas de fuego y explosivos como prueba falsa. Las víctimas habían resistido la construcción de las mega-represas de Jalaur y de Pan-ay: razón suficiente para ser etiquetados como miembros de grupos rebeldes.

Contrainsurgencia centrada en los pueblos indígenas

El programa de contrainsurgencia que ha estado en marcha desde la década de 1980 se aceleró en 2020. Su objetivo es aniquilar a la resistencia armada sobre el terreno y detener el supuesto apoyo procedente de las Organizaciones No Gubernamentales progresistas con sede en las áreas urbanas. En este proceso, las organizaciones de los pueblos indígenas y las ONG son calificadas por el gobierno como frentes legales del Partido Comunista de Filipinas y del Nuevo Ejército del Pueblo (CPP-NPA). En consecuencia, los defensores indígenas son tildados de “comunistas” o “terroristas” en los medios de comunicación y la propaganda estatal.

Los informes de inteligencia militar afirman que las comunidades indígenas constituyen los principales partidarios del CPP-NPA. Por lo tanto, el ejército está aplicando un enfoque centrado en los pueblos indígenas de toda la nación: las organizaciones indígenas, sus líderes, las ONGs de apoyo y los defensores son continuamente perseguidos y difamados públicamente. Esto se traduce en un notable aumento de las violaciones a los derechos indígenas individuales y colectivos.

La persecución del Gobierno nacional incluye a los tres poderes del Estado, las leyes, el ejército, los tribunales, la policía y los gobiernos locales. La calificación de “terrorista” se agravó durante la pandemia de Covid-19 y todo parece indicar que se va intensificar con la aplicación de la nueva Ley Antiterrorista de 2020. Incluso las Fuerzas Armadas han creado numerosas cuentas de Facebook para difundir noticias falsas sobre los líderes indígenas.

En su camino de resistencia contra el extractivismo, la concentración de tierras y la militarización de sus territorios ancestrales, y en la defensa de los derechos indígenas, la Alianza de los Pueblos de la Cordillera busca el apoyo de la comunidad internacional. Las consignas “Stop the killings” y “Activists are not terrorists” para que el Estado filipino detenga los ataques y retire los cargos falsos contra Windel Bolinget y Betty Belen ya están dando la vuelta al mundo.

Signe Leth es Asesora Principal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) sobre mujeres indígenas y derechos sobre el territorio en Asia.

Etiquetas: Noticias

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