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Justicia racista y patriarcal en Argentina: el caso de Reina Maraz

POR JULIANA ARENS

Lea el original en Debates Indígenas.

El proceso penal que enfrentó Reina Maraz, una mujer migrante boliviana, evidencia dos problemáticas del sistema judicial argentino: la necesidad de formar a los funcionarios judiciales en perspectiva de género e interculturalidad. Reina fue sometida a un proceso que pasó por alto su lengua materna, el quechua, y fue condenada a prisión perpetua en base a una argumentación que desconoce la dinámica de la violencia de género. Finalmente, Reina resultó absuelta en un contexto de movilización popular y feminista, y la articulación entre organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales*.

A Reina Maraz Bejarano la acusaron de ser coautora del homicidio de quien fuera su marido, Limber Santos Vilca, asesinado, en noviembre de 2010, en el partido de Florencio Varela, ubicado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Según la versión del fiscal, que finalmente fue la hipótesis aceptada por el tribunal, su cómplice había sido un vecino, Tito Vilca Ortiz, quien también era señalado como su amante, mientras que el móvil del crimen era el robo de mil pesos, una suma que no es significativa en Argentina. Dos días después de haber acompañado a su suegro a hacer la denuncia de la desaparición de Limber Santos, Reina fue detenida y sus hijos, de 3 y 5 años, fueron requeridos para dar testimonio.

A partir de entonces, comenzó un proceso judicial que fue señalado por activistas y académicas como racista y patriarcal. Reina habla quechua y prácticamente no comprende el castellano, dato que pasó desapercibido para el Poder Judicial y el personal del Servicio Penitenciario desde el momento de su detención. Durante más de un año, su defensor oficial, el doctor José María Mastronardi, la asistió creyendo que Reina entendía lo que él decía. Cuando el caso fue detectado, la Justicia bonaerense explicó el error argumentando que solo contaban con traductores de lenguas “tradicionales” como el inglés, portugués y francés. Ante la indignación generalizada, el doctor Mastronardi se disculpó públicamente por tener una "venda en los ojos".

Mientras se desarrollaba el proceso, Reina firmaba escritos judiciales sin saber qué decían. Al mismo tiempo, Tito Vilca Ortiz moría en la cárcel de Florencio Varela dejando a Reina como la única imputada en el juicio. Los primeros siete meses los pasó en una comisaría de Quilmes, donde dio curso a su tercer embarazo; y los siguientes tres años estuvo en la Unidad Penitenciaria N°33 de Los Hornos en la provincia de Buenos Aires, donde dio a luz a su hija, Abigaíl. Desde diciembre de 2013 hasta su absolución, transitó una prisión domiciliaria en el Barrio Olimpo de Lomas de Zamora.

Resistencia feminista y organización popular

El 11 de noviembre de 2014, quince días después de la sentencia, en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Quilmes iban a leerse los alegatos que fundamentaran la sentencia. Sin embargo, los alegatos nunca se leyeron: un grupo de mujeres bolivianas se congregaron y ocuparon la calle para apoyar a Reina. Hicieron una ronda y hablaron una a una.

- ¿Por qué no investigó la jueza? Nos tenemos que hacer respetar.

- Si ellos saben hablar su idioma, nosotras tenemos que responder en quechua.

- ¡Ahora, carajo, queremos justicia para ayudar a nuestra compañera! ¿Qué queremos?

Al finalizar, todas gritaron en quechua: “¡Justicia!”. Una mujer volvió a preguntar: “¿Cuándo?”. Y todas respondieron en quechua: “¡Ahora!”

La escena anterior es una de las tantas expresiones de solidaridad e impugnación al sistema de justicia bonaerense que se dieron una vez que la historia de Reina Maraz tomó carácter público. En el caso se anudan múltiples violencias y desigualdades, entre las cuales se destaca el accionar de la justicia. La visibilidad que tomó el caso en los medios de comunicación hizo que organizaciones, organismos y personas autoconvocadas alzaran su voz.

Uno de los actores centrales en la defensa de Reina fue la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica y que nace con el objetivo de desarrollar actividades de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos. Los funcionarios del Comité Contra la Tortura, una de las áreas que conforma la CPM, realizan inspecciones periódicas en las cárceles bonaerenses: observan la infraestructura, el acceso a la educación y a la salud y las denuncias de apremios; y conversan con quienes están privados de la libertad para estar al tanto de las condiciones en las que viven para interceder de ser necesario.

En una de estas inspecciones en la UPB N° 33 de Los Hornos se encontraron con Reina y descubrieron que no podían comunicarse. Otra detenida que hablaba quechua les informó que Reina no comprendía el castellano. A partir de entonces, la Comisión Provincial por la Memoria desplegó una serie de estrategias para intervenir en el proceso judicial que se estaba llevando a cabo. Fue recién después de esta intervención, que se incorporó a Frida Rojas como intérprete y se solicitó, sin éxito, la nulidad de los actos procesales anteriores a la incorporación de la traductora.

Un elemento central en la defensa de Reina fue la presentación de un amicus curiae, en el que trabajaron académicas y mujeres organizadas, junto con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. En dicho escrito se señaló que el proceso judicial no estaba contemplando el hecho de que Reina es una mujer indígena, migrante y hablante de quechua, como así tampoco el contexto de violencias múltiples que había atravesado.

Haciendo uso del concepto de interseccionalidad, el texto señala el modo en que confluyen en su trayectoria de vida una serie de circunstancias que la colocan en una particular situación de vulnerabilidad, y el modo en que múltiples opresiones, de género, origen, condición migratoria y étnica, la colocan en un estado de particular indefensión frente al acceso a la Justicia.

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Libertad a Reina Maraz. Durante el juicio, un grupo de mujeres bolivianas se congrega frente al Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Quilmes para apoyar a Reina. Foto: Agencia Andar / Archivo CPM.

“A mí me duele mi corazón”

Mientras que la Defensoría General de Quilmes y la CPM trabajaron el abordaje legal del caso, las mujeres del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), nucleadas en la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres, acompañaron a Reina durante su prisión domiciliaria y desplegaron estrategias para visibilizar su caso. Una de ellas fue producir un video corto en el que Reina narró en quechua lo que estaba viviendo, con subtítulos en español:

– Me llamo Reina Maraz. Soy de Bolivia, de Avichuca, tengo 26 años. Tengo el problema de que me acusaron de algo que yo no hice. Quiero que se sepa la verdad. Yo no tengo la culpa. Hace cuatro años que me siento manejada por todos lados. Me metieron a cadena perpetua porque no entendía de ninguna manera, por no saber hablar castellano. No quiero que a nadie le pase lo que me pasó a mí.

Elizabeth, Gilma y Ximena, tres militantes bolivianas del MTD, hicieron de intérpretes durante la entrevista grabada y luego trabajaron en el subtitulado, una tarea que no resultó sencilla. Reina habla un quechua cerrado, regional. Reina no dice “estoy triste”; dice song'oy nanahuan: “A mí me duele mi corazón”.

– A mis hijos los sacaron callados de acá. Eso hicieron. Y yo no me siento bien. No sabía hablar y me daban papeles para firmar. Yo sólo ponía mi nombre. Yo quiero que todos los bolivianos del campo se enteren. Los pobres como yo. Yo quiero que ellos me ayuden. Yo quiero saber quién mató a mi marido. Hasta donde sea voy a ir, hasta que me dejen libre.

La historia de Reina también tuvo protagonismo en el marco de las multitudinarias movilizaciones del miércoles 19 de octubre del 2016, convocadas por el colectivo Ni Una Menos. Esto señalaba un pasaje del documento leído en Plaza de Mayo: “Paramos contra la detención y el procedimiento judicial irregular que mantiene como rehén a Reina Maraz, migrante quechuahablante a quien los resortes de una justicia misógina y colonial han condenado injustamente a cadena perpetua. Contra las condiciones que una y otra vez hacen de las cárceles de mujeres espacios donde se amplifican las jerarquías clasistas y racistas”.

El trabajo mancomunado de diversos organismos, actores estatales y no estatales, referentas del movimiento feminista, de mujeres y disidencias y mujeres auto-convocadas, logró la visibilización del caso de Reina. Fue un trabajo colectivo y sororo que sumó las traducciones que hicieron las compañeras bolivianas del MTD, los relatos que lograron reconstruir las abogadas de la CPM y la ayuda profesional de Frida Rojas.

Migración y violencias

Reina nació en Avichuca, un pueblo kichwua del departamento de Sucre. Vivía con sus padres y sus hermanas. Cuando se casó con Limber Santos Vilca dejó el campo y fue a vivir a la casa de la abuela de su marido, ubicada en Sistenio Tambo. Allí tuvieron dos hijos. Al poco tiempo, Santos se fue a trabajar a Argentina y nunca envió dinero para sostener a la familia que había dejado en Bolivia. Entonces Reina comenzó a viajar a la feria de Camargo, un pueblo cercano, a vender productos caseros. Para ayudarla con el traslado de los hijos y las cosas, se ofreció a acompañarla un primo. El gesto despertó en la abuela de Santos la sospecha ante una posible historia de infidelidad. Y el rumor llegó a la Argentina. Santos volvió de inmediato y presentó el caso frente al Corregidor de la comunidad.

Mariana Katz, coordinadora del Programa de Pueblos Originarios de la CPM, explica que esa es una práctica de resolución de conflictos que tiene validez legal al interior de las comunidades indígenas: “El  Corregidor fue el encargado de mediar y emitir un acta en cuanto a si el rumor de la infidelidad era real o no. Para eso la sometieron a una serie de pruebas y hasta la hicieron revisar con un médico. Finalmente, el Corregidor dictaminó que no había existido infidelidad, pero Limber (Santos) la obligó a venirse a la Argentina igual”.

Reina no quería irse de Bolivia, ya había sido difícil dejar el campo. Pero Santos la amenazó con separarla de sus hijos y no tuvo otra opción. De este modo, se vio obligada a emigrar a Buenos Aires, donde el primer tiempo vivieron en la casa de la hermana de Santos. Como aún cargaba con el estigma del rumor, le retuvieron los documentos y la obligaron a ocuparse de las tareas domésticas. Más tarde consiguieron trabajo en un horno de ladrillos en Florencio Varela y se mudaron. Fue en ese empleo donde conocieron a Tito Vilca Ortiz, un trabajador informal que, al igual que ellos, vivía en el predio.

Eugenia Lara, militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) que acompañó a Reina durante la prisión domiciliaria, reconstruyó ese tiempo así: “En ese momento las violencias que sufría de Limber Santos eran extremas. Reina nos contó que volvía borracho y que era un desquiciado, que la amenazó con incendiar la casa con ellos adentro, que le pegaba con piedras y que llegó a dejarla inconsciente”.

Ante la imposibilidad de hablar el castellano, Reina solo podía comunicarse a través de Santos. Él se convirtió en el único mediador de su nuevo hogar. En ese contexto, no solo fue víctima de violencias por parte de su marido, sino también de Tito Vilca Ortiz. Reina contó que Santos solía ir a los boliches de Liniers con Vilca Ortiz, que se alcoholizaban hasta el exceso y que solían pelearse. Una noche Vilca Ortiz llegó borracho diciendo que iba a cobrarse una deuda de Santos y abusó de ella. Cuando Santos volvió a la casa negó que la historia hubiera sucedido y le dijo a Reina que no volviera a hablar del tema. Reina señala que el episodio volvió a suceder una vez más. Es en este contexto de violencia que el cuerpo de su marido fue hallado en las cercanías del predio donde residían.

Una justicia racista y patriarcal

El 28 de octubre de 2014, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez hicieron público su veredicto: “Se condena por unanimidad a Reina Maraz Bejarano a la pena de prisión perpetua por resultar coautora penalmente responsable del delito de homicidio”. A un costado, Reina se inclinó hacia Frida Rojas para que le tradujera la sentencia al quechua. Fue la última en saberlo y escuchó la traducción en silencio. Mantuvo el cuerpo rígido y la boca cerrada.

Al momento de revisar el accionar de la justicia, resulta evidente la falta de perspectiva de género. La presunción de que Reina y Vilca Ortiz eran amantes aparece como la hipótesis de investigación del fiscal. Según esta versión, los abusos sexuales fueron una excusa para encubrir la relación amorosa. De aquí que un eje central de la sentencia es la presunción de que Reina miente, en tanto nunca denunció los abusos ni las violencias.

Sofía Ballesteros, abogada de la CPM, argumenta que la actitud del tribunal de cuestionar a Reina por no haber denunciado las violencias a las cuales estaba sometida pone en evidencia el desconocimiento de las lógicas asimétricas que caracterizaban dicho vínculo. Esta ausencia de una perspectiva de género, se encastra con la falta de un abordaje intercultural: además de perder de vista la diferencia lingüística, no se tienen en cuenta las diferencias culturales en los modos de resolver las disputas.

“Los fiscales decían que Reina había comprendido los motivos por los que la detenían, ya que al momento de recibir la notificación, que era un papel escrito en castellano, ella asintió con la cabeza. Pero la intérprete les explicó que el asentir con la cabeza es una práctica cultural que tiene que ver con aceptar a la otra persona como interlocutora en un diálogo. No quiere decir que le esté entendiendo, ni que esté de acuerdo con lo que le están diciendo. Con ese gesto ellos ya dan por sentado que Reina entendió lo que le estaban notificando”, narra Ballesteros.

La abogada de la CPM agrega que la tarea de interpretación no es una tarea sencilla de traducción palabra-a-palabra, sino que reviste también la contemplación de distintas pautas culturales y sistemas de administración de justicia y resolución de conflictos: “La intérprete tuvo que explicarle a Reina cada escena y quiénes eran esas tres mujeres que definían su libertad o su encierro. Frida cargó de sentido todo el proceso, tanto para ella como para nosotras”.

Por su parte, Mariana Katz señala que el fallo contra Reina no solo no es intercultural, sino que es racista: “El fiscal se opuso a las declaraciones en quechua diciendo que estamos en territorio argentino, entonces los juicios deben ser en castellano. Antes de llegar al juicio oral, las juezas ya habían determinado cuál era la decisión que iban a tomar. La vieron a Reina, pero es como escindir la película del guión. No la escucharon, nunca la escucharon. La deshumanizaron. Nunca me imaginé una perpetua. Le dieron lo mismo que a Jorge Rafael Videla y Miguel Osvaldo Etchecolatz, integrantes de la última dictadura militar que fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

La militante del MTD Eugenia Lara también se enoja cuando habla sobre la condena: “Para nosotras es un fallo racista y patriarcal. A mí me impresionó ver las caras de las juezas mientras se leía el veredicto: me impactó el nivel de ajenidad. Es un fallo aleccionador, despreciativo, clasista, de una justicia hegemónica occidental. Realmente, la cadena perpetua fue un balde de agua fría”.

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Reina junto a la intérprete Frida Rojas. Durante el juicio, Frida debió explicarle en quechua cada escena y quiénes eran las tres mujeres que definían su libertad. Foto: Agencia Andar / Archivo CPM.

La absolución: un triunfo del movimiento feminista

A fines de 2016, los magistrados de la Sala VI de la Cámara de Casación Penal absolvieron a Reina Maraz respecto a la sentencia de primera instancia por el homicidio de Límber Santos señalando que “la falta de abordaje acerca de las circunstancias particulares” generaron una “clara discriminación hacia su persona que no hace más que sembrar de dudas la objetividad de la sentencia”.

La absolución retoma la contextualización realizada en el amicus curiae, hace hincapié en las dificultades que afrontan las mujeres indígenas para acceder a la justicia y para denunciar violencia sexual, y señala las graves consecuencias sobre la libertad de expresión que implica privar a una persona de comunicarse en su lengua materna en el marco de un proceso penal.

La absolución de Reina fue festejada como un triunfo del movimiento feminista, de mujeres y disidencias, argentino y boliviano, que en una clara demostración de articulación y presencia en las calles, comprobó la importancia de la movilización y el activismo. Por su parte, Reina agradeció en quechua: “Soy Reina. Estoy muy alegre, me sacaron en libertad, ya me sacaron la pulsera que tenía. Muchas gracias por todo lo que me han ayudado, han caminado mucho por mí. Harto me alegro y gracias a ustedes mujeres hermanas. No sé ni cómo me siento, estoy como mareada; ni llorar puedo. Harto les agradezco”.

 

* La reconstrucción del caso está basada en un trabajo de investigación periodística realizado en 2015. Una versión acotada de dicha investigación se publicó en Revista La Pulseada, una revista independiente de la ciudad de La Plata.

Juliana Arens forma parte del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires.

Etiquetas: Mujeres, Criminalización, Debates Indígenas

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