Amenazas a indígenas en aislamiento voluntario en Colombia

El Río Puré se encuentra entre los ríos Caquetá y Putumayo, justo en la frontera con Brasil. Desde finales del siglo XIX, se rumorea la presencia de pueblos que se refugiaban de caucheros y traficantes de pieles en lo profundo de estos bosques. En las cabeceras de este río, caracterizadas por onduladas colinas boscosas, rodeadas de humedales asociados a la majestuosa palma de canangucho o aguaje, se encuentran malocas (hogares de aislados) de un pueblo en aislamiento que ha hecho de este millón de hectáreas su hogar.

Se trata de pueblos que, en ejercicio de su autodeterminación, resisten a la colonización y todo contacto con la sociedad circundante. Junto a sus vecinos, los pueblos Murui-Muina, Bora, Miraña, Yucuna, Cubeo, Matapi, Carijona y Tikuna, comparten una historia similar. En primer lugar, han sido víctimas de la esclavitud que llegó río arriba con los españoles y río abajo con los portugueses. Posteriormente, entre 1879 y 1912, han sido víctimas de los esclavistas caucheros: el genocidio ocasionado se estima en 50 mil vidas. 

Desde su tradición y “Ley de Origen”, estos pueblos respetan la decisión de sus vecinos. Conocen las razones detrás de su aislamiento y, desde el pensamiento chamánico, valoran esta elección de resistencia.

Los Yuri-Passé

Recientes investigaciones antropológicas y lingüísticas, sumado a conversaciones con autoridades tradicionales indígenas, coinciden en hablar de los pueblos Yuri y Passé. Si bien, el conocimiento ancestral los reconoce como originarios de estos bosques, recién en 1969 el Estado de Colombia recibió las primeras notificaciones de su existencia: un comerciante de pieles y ex militar intentó hacer contacto para sumarlos a sus trabajadores explotados y abrir un paso entre los ríos Caquetá y Putumayo. Nunca regresó. El ejército emprendió una expedición en su búsqueda: el resultado fue una masacre de indígenas en aislamiento y el secuestro de una familia que fue llevada al pueblo fronterizo de La Pedrera.

Gracias al trabajo de periodistas y antropólogos, en pocos meses la familia pudo retornar a su territorio. Desde entonces, hay pocas noticias de estos pueblos. A diferencia de otros países existen escasos registros de contacto o avistamientos con los Yuri-Passé. Sin embargo, los madereros, narcotraficantes, mineros y actores armados han sentido la presencia de este pueblo autónomo y resiliente, mientras lucran con los recursos de sus territorios.

La información sobre la existencia de este pueblo puso a pensar al gobierno colombiano en la necesidad de proteger su territorio que, para esa fecha, era de libre disposición del Estado. Como gran parte de la planicie amazónica colombiana, la región del Puré se encuentra rodeada de amplios territorios indígenas que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, la figura de un “resguardo” para los Yuri-Passé fue descartada dado que se alegaba que no había una entidad responsable y con capacidad de gestión para proteger el territorio.

La minería ilegal de mercurio en el río Caquetá es una de las principales amenazas de los indígenas aislados. Foto: Rodrigo Botero (FCDS)

Un camino hacia la protección

Hasta 2002, Colombia solo tenía un caso cercano y sistematizado de las dolorosas consecuencias del contacto: el caso Nükak. Este pueblo fue forzado al contacto por misioneros, actores armados y colonos durante la década del ‘80. En consecuencia, las tragedias han acompañado a este pueblo por los últimos 40 años: despojo, explotación, marginalización, reclutamiento forzado, asesinato, prostitución, drogadicción y alcoholismo son afectaciones que enfrentan. Mientras tanto, siguen resistiendo fuera de su territorio dado que cada vez está más apropiado por terceros.          

Con esta antesala, el gobierno colombiano aprovechó la reciente Política de Participación Social de Parques Nacionales de 2001 que pretende “la conservación de la biodiversidad, de los servicios ambientales y de la diversidad cultural del país”. Considerando que la figura de “Parque Nacional” es la única que protege el subsuelo, constituyó el Parque Nacional Río Puré para la protección del territorio de los pueblos en aislamiento Yurí y Passé. Desde entonces, sus funcionarios, predominantemente indígenas de comunidades vecinas, se han dedicado a proteger su territorio con los pocos recursos que tienen a mano.

Con los años, investigadores y autoridades indígenas decidieron poner en conocimiento los indicios de otros 14 pueblos, aún por confirmar, que viven en aislamiento a lo largo del país. En 2010, el investigador Roberto Franco García junto con Parques Nacionales, la Universidad Nacional de Colombia y la ONG Amazon Conservation Team confirmaron la existencia de malocas de estos pueblos en el Río Puré. Esta acción desplegó un colectivo de aliados entre instituciones del gobierno, organizaciones indígenas y ONG para señalar la necesidad de políticas públicas que reconozcan su existencia y dicten medidas urgentes de protección.

De este modo, los dos planes nacionales de desarrollo de 2010 y 2018 comprometieron al gobierno con esta tarea. Bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, el colectivo estableció una hoja de ruta. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lideraron las discusiones con el gobierno. Luego de cinco años de reuniones en malocas, consultas con comunidades vecinas, mesas de concertación regional, reuniones en los departamentos amazónicos e intercambios internacionales, en 2018 se expidió el Decreto 1232 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos en aislamiento de Colombia.

A partir de este momento, por decisión de las propias autoridades indígenas, se comenzó a denominar a estos grupos como “pueblos en estado natural”. En los hechos, esta nueva política pública pretende recoger las lecciones aprendidas del caso nükak, la experiencia de países vecinos y la normativa internacional, como las directrices de la ONU de 2012 y los lineamientos de la CIDH de 2013.

Un nuevo sistema de protección

El Decreto 1232 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos en aislamiento de Colombia crea un sistema articulado entre las diferentes instancias del Estado y recoge principios importantes para alinear las acciones de prevención: la autodeterminación, la participación, la corresponsabilidad y la intangibilidad de los territorios. Algunos de estos principios, incluso, están a la vanguardia, como la interdependencia territorial entre diferentes pueblos y la precaución.

El sistema de protección se compone de una Comisión Nacional, comités locales y Grupos Técnicos Interculturales encargados de la protección en el territorio. Sin embargo, al decreto le falta fuerza, pues en la negociación con el gobierno no fue posible otorgarle una asignación presupuestaria o crear un equipo dentro del Ministerio del Interior, el órgano que coordina la política pública indígena en Colombia.

La norma también regula la investigación, los planes de prevención, la sensibilización de la sociedad, el monitoreo y control, los informes de riesgo y las alertas. Además, reconoce la importancia de la propia planificación indígena como determinante en la estrategia de protección: esto significa que los planes de vida, los planes de manejo ambiental y las normas internas de las autoridades indígenas hacen parte de esta política de protección. De este modo, se incorporan las acciones que los pueblos indígenas colindantes a los aislados vienen realizando para su protección, como el consejo de los mayores y la protección espiritual.

Otros ejemplos a recalcar son el Resguardo Indígena Curare Los Ingleses de la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas (AIPEA) y la Comunidad Indígena de Manacaro de la Asociación Indígena PANI (Piine Ayveju Niimu’e Iaachimu’a) que, desde 2012, vienen implementando acciones conjuntas de vigilancia en sus territorios para prevenir el ingreso de amenazas a los pueblos en aislamiento. Al mismo tiempo, llevan a cabo procesos de educación propia, acuerdos de manejo de recursos naturales, protección espiritual y monitoreo para la preservación de la fauna.

Las acciones colectivas son sumamente importantes para la protección de los indígenas aislados y en estado natural. Entre 2015 y 2016, en el Río Putumayo, una acción coordinada entre las autoridades tikuna del Cabildo indígena Mayor de Tarapacá (CIMTAR), Parques Nacionales y el Ministerio del Interior logró evitar el ingreso de misioneros evangélicos baptistas de Estados Unidos que buscaban hacer contacto con los yuri y passé.

El Parque Río Puré bajo amenaza

Aún sin norma nacional de protección, Parques Nacionales avanzó en la implementación del plan de manejo del Parque Nacional Natural Río Puré. Dentro de su estrategia de control y vigilancia, educación ambiental y articulación con autoridades indígenas, se destaca la construcción en 2015 del puesto de control Puerto Franco en la frontera con Brasil, a 600 kilómetros fluviales y tres días de distancia del asentamiento más cercano. Este puesto era coordinado por chamanes indígenas vinculados al área protegida hasta finales de 2020 cuando fue incinerada por grupos asociados a la minería ilegal y el narcotráfico.

El Decreto 1232 considera a los “Territorios Ancestrales” (delineados en el Decreto 2333 de 2004) como una figura territorial de reconocimiento, transitoria a la posesión ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento. Sin embargo, una falencia del decreto es que no define ni reglamenta la categoría de pueblos en contacto inicial. Al mismo tiempo, esta norma se ha visto opacada por su lenta implementación: el sistema no ha respondido a tiempo a las amenazas denunciadas por comunidades indígenas y autoridades ambientales.

Hoy podemos afirmar que el Parque Nacional Natural Río Puré está sufriendo la mayor amenaza de los últimos 20 años. Las imágenes satelitales de alta resolución de abril de 2021 identificaron más de 50 embarcaciones mineras ilegales en Brasil, a solo 24 kilómetros de la frontera con Colombia. A esto se suman las actividades madereras y el narcotráfico a través del río. La permisividad del gobierno de Jair Bolsonaro y los desorbitados precios del oro en los mercados internacionales impulsa el creciente desgobierno en la frontera y al interior del área protegida.

Por otro lado, la lenta implementación de los Acuerdos de Paz establecidos entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del Gobierno de Iván Duque ha generado nuevos grupos armados que aprovechan la falta de mandos unificados y se disputan el control de estos territorios. Estas bandas asociadas al narcotráfico y el contrabando han provocado un incremento de la inseguridad, los desplazamientos, las amenazas, las extorsiones y los desalojos de funcionarios públicos en diez áreas protegidas de la Amazonia durante 2020.

En agosto de 2020, entre la minería ilegal y los nuevos actores armados lograron tomar el control del área protegida: se registraron 25 dragas, dragones y balsas. En esta ocasión, la respuesta estatal en medio de la pandemia fue eficiente: un operativo de las fuerzas armadas destruyó más de diez dragones, barcazas de gran tamaño para extraer mineral del río.

Dragón de minería ilegal en el Río Puré.

La operación tortuga

Un importante logro y reto del Decreto 1232 es la gran participación indígena en la toma de decisiones de las tres instancias del sistema. Sin embargo, las limitaciones asociadas a los altos costos de movilidad en la selva, la falta de atención estatal en torno a la emergencia del Covid-19 en los territorios colindantes a los pueblos en aislamiento, y la falta de voluntad y recursos para contar con la participación activa de autoridades locales en espacios regionales y nacionales ha ralentizado la implementación de la norma.

Hoy podemos hablar de una “operación tortuga” por parte del gobierno en la implementación del decreto. Si bien no se ha desconocido su implementación, tal como ocurre con los Acuerdos de Paz, es notoria la lentitud de los procesos y la falta de voluntad para poner en marcha el sistema de protección. De no ser por la presión de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, el Estado iría aún más lento en la implementación de la norma.

Daniel Aristizabal es sociólogo y Magíster en Desarrollo y Medio Ambiente. Actualmente es Coordinador del Proceso PIACI y del Bajo Amazonas en la organización Amazon Conservation Team, cuyo objetivo es proteger los derechos y territorios de los pueblos aislados.