El Mundo Indígena 2023: Nicaragua
Nicaragua cuenta con siete pueblos indígenas. En el Pacífico, centro y norte, se encuentran los chorotega (221.000), los cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o náhuatl (20.000). Por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los sumu o mayangna (27.000) y los rama (2.000). Conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), otros pueblos que también gozan de derechos colectivos son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la legislación nacional, que incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los garífuna (2.500).
En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder en Nicaragua para contraponerse posteriormente al frente armado de La Contra, financiado por los Estados Unidos. En La Contra participaron campesinos del Pacífico y pueblos indígenas de la costa del Caribe. En 1987, a raíz de la solución amistosa del conflicto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acabar con la resistencia indígena, el FSLN crea las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS), basadas en un Estatuto de Autonomía (Ley N.º 28). Por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la Comunidad Mayangna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua en 2001, se emite la Ley N.º 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, entre otros. Esta ley reconoce el derecho al autogobierno en las comunidades y crea un procedimiento para la titulación de los territorios. A partir de 2005, el Estado inicia el proceso de titulación de los 23 territorios indígenas y afrodescendientes en las RACCN y RACCS culminando con la entrega de los títulos de propiedad. En 2007, Nicaragua votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en 2010 ratificó el Convenio 169 de la OIT. En 2015, se conforma la Alianza de Pueblos Indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Las áreas protegidas y el controvertido Proyecto Bio-Clima del Fondo Verde del Clima
Introducción
El Fondo Verde del Clima (FVC) propuso financiar a Nicaragua el FP146: Proyecto Bio-Clima: Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en el Reservas de la Biosfera Bosawás y Río San Juan, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a implementarse a partir de mediados del 2022. Sin embargo, el resultado del Informe Final de Evaluación de Cumplimiento, sobre las políticas y procedimientos operativos del FVC ha generado incertidumbre sobre la implementación del mismo. Por eso, en este artículo analizamos el contexto, el proceso de la queja y la incierta implementación del Proyecto Bio-Clima.
Nicaragua está ubicada en el centro del continente americano, y cuenta con un territorio de aproximadamente 370.000 km2; de los cuales 130.000 km2 constituyen la superficie terrestre y 200.000 km2 son territorios marinos en el Océano Pacífico y en el mar Caribe. Nicaragua ha declarado 75 áreas legalmente protegidas, que cubren una extensión territorial de 7.462.410 hectáreas, que equivale al 57 % del territorio nacional.
Las áreas protegidas más importantes fueron creadas por el Estado entre 1990 y 2003 en la Costa Caribe de Nicaragua, con el 54 % del territorio nacional, el 80 % de los bosques y la mayoría de las poblaciones indígenas del país. La Costa Caribe está dividida administrativamente por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).
Las áreas protegidas más importantes de Nicaragua son la Reserva de Biosfera Bosawás (1997),[1] la Reserva del Sureste de Nicaragua –incluyendo la Reserva Biológica Indio y Maíz, la Reserva Forestal de Cerro Silva y Punta Gorda–[2] hoy Reserva de Biósfera de Río San Juan (2003),[3] y la Reserva de Biósfera Isla de Ometepe en el Gran Lago de Nicaragua (2010).[4] Estas reservas fueron también declaradas así por la UNESCO; y recientemente fue declarada por el Estado la Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense[5] (2021).[6]
La mayoría de las áreas protegidas de Nicaragua fueron superpuestas sobre territorios tradicionales e históricamente ocupadas por pueblos indígenas y afrodescendientes. Entre 2005 y 2013, el Estado tituló, bajo un régimen de propiedad colectiva e inalienable, un total de 23 territorios conformados por 304 comunidades, lo cual cubre una extensión territorial de 37.841 km2 que representan al 31,16 % del territorio nacional.[7] Sin embargo, la última etapa del proceso de titulación, que constituye el saneamiento –definir los derechos de terceros dentro de los territorios titulados–, no ha sido realizada por el Estado. Mientras, la degradación ambiental y la invasión de colonos continúan en los territorios indígenas que a la vez son áreas legalmente protegidas.[8]
El Fondo Verde del Clima y el Proyecto Bio-Clima
El FVC[9] acuerda el financiamiento a Nicaragua del Proyecto Bio-Clima: Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en el Reservas de la Biosfera Bosawás y Río San Juan[10] por un monto total de 116 millones de USD,[11] a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El proyecto propone reducir las emisiones abordando la deforestación en la Costa Caribe de Nicaragua, área importante para la conservación de la biodiversidad y los medios de sustento y culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El contexto sociopolítico de Nicaragua
Sin embargo, el Proyecto Bio-Clima ha recibido muchas críticas al desconocer el contexto sociopolítico que a partir del 2018 atraviesa Nicaragua en general, y las áreas de implementación del proyecto, en particular. Además, el BECIE, ha sido señalado por corrupción[12] y considerado como el principal financiador del gobierno de Nicaragua sin tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos que se atribuyen al Estado[13]. Asimismo, las críticas de indígenas[14] y de ambientalistas apuntan a la falta de compromiso de parte del Estado para contrarrestar la deforestación y proteger la propiedad tradicional y la integridad personal y la seguridad de los miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes en áreas protegidas.[15]
Actualmente, el gobierno de Nicaragua concentra las decisiones del manejo ambiental y de los recursos naturales en la Presidencia de la República[16] y ha relajado la regulación y control sobre los recursos naturales:[17] se ha reducido más del 80 % del presupuesto para la gestión de las áreas protegidas, tradicionalmente financiada por la cooperación internacional; se ha limitado el acceso a la información pública[18]; y se han cerrado los espacios para la participación de la sociedad civil en general y criminalizado el ambientalismo en el país[19].
La Reserva de la Biosfera de Río San Juan
El megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, incompatible con los objetivos del Proyecto Bio-Clima, fue impulsado sin la debida consulta con los pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar que 52 % de su ruta atravesaría los territorios de estos pueblos. Además, los constantes anuncios del megaproyecto han tenido como consecuencia la invasión masiva de la Reserva Biológica Indio Maíz, parte de la Reserva de la Biosfera de Río San Juan.[20] Actualmente, el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, las empresas de los mataderos y distribuidoras de carnes compran bovinos de ganadería ilegal dentro del área protegida.[21]
La explotación de oro
Asimismo, el oro se ha convertido en la exportación más valiosa de Nicaragua, superando a la carne vacuna en 2020, que también se produce en áreas legalmente protegidas. La explotación minera se realiza en las reservas de Biosfera Río San Juan y Bosawás,[22] a pesar de ser incompatible esta actividad con la propuesta ambiental del Proyecto Bio-Clima. Sin embargo, el negocio del oro ha sido objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos en contra de altos funcionarios gubernamentales nicaragüenses.[23]
Los ataques a los indígenas en Bosawás
La Reserva de la Biosfera de Bosawás se encuentra bajo franca deforestación por el avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. A su vez, desde el 2015 los pueblos indígena son sistemáticamente atacados y despojados de sus territorios –titulados por el Estado–, lo cual causa que comunidades enteras sean desplazadas forzadamente.[24] Asimismo, el Reporte Anual de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua,[25] entregado a la Sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló:
Los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas por la tierra, la mayoría de ellos en total impunidad. En 2021, ACNUDH recibió reportes de al menos seis ataques e incidentes violentos, resultando en al menos 11 hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas y siete personas heridas, entre los que se incluían dos niños.
Estos hechos son contrarios a las salvaguardas que deben haberse implementado en protección de los pueblos indígenas para la ejecución del Proyecto Bio-Clima.
El Fondo Verde del Clima aprueba el Proyecto Bio-Clima
A pesar del contexto descrito, la Junta Directiva del FVC aprobó, en 2021, el proyecto pero con ciertas condiciones.[26] El BCIE y el gobierno de Nicaragua suscribieron los acuerdos sobre el Proyecto Bio-Clima, sin embargo, posteriormente la Secretaría del FVC le otorgó al BCIE como plazo el 7 de junio de 2022 para cumplir con las condiciones y poder acceder al primer desembolso de los fondos del proyecto. A la fecha, no se conoce que se haya cumplido con tales condicionalidades.
El proyecto de captura de carbono fue cancelado
La dificultad para cumplir con las condiciones necesarias para la implementación de este tipo de proyectos en Nicaragua se puso de manifiesto el 23 de febrero de 2021 cuando el proyecto de captura de carbono, financiado por el Fondo de Carbono del Banco Mundial, fue cancelado. Acordada bilateralmente entre el Banco Mundial y el gobierno nicaragüense, el Equipo de Gestión del Fondo (FMT) explicó sobre la cancelación:
(…) lamentablemente no podemos avanzar con el ERPA [Acuerdos de Pago por Reducción de Emisiones] en esta etapa. Los ERPA son proyectos complejos que requieren la implementación de sistemas muy sólidos desde el principio, en particular para garantizar la distribución total de beneficios con las comunidades indígenas. También requieren monitoreo y evaluación frecuente sobre el terreno, supervisión continua y certificación de resultados por parte de terceros. [27]
La cancelación se decidió ante la imposibilidad de contar con un sólido sistema de monitoreo ambiental y social y el plan de distribución de beneficios –sobre todo con la falta de consentimiento, libre, previo e informado y la imposición de gobiernos paralelos por el Estado a los legítimamente elegidos por las comunidades– requeridos para ser monitoreados, supervisados y certificados, como una parte vital de todos los ERPA del FCPF.
El Banco Mundial fue prudente ante el alto riesgo reputacional y financiero de cumplir con el objetivo del proyecto que en esas condiciones hubiese significado un contexto de violencia, desplazamiento forzado y devastación del territorio, como el que actualmente enfrentan los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, donde se pretendía implementar el proyecto.
La queja sobre el Proyecto del Bio-Clima
El 30 de junio de 2021, el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR)[28] recibió una queja –bajo confidencialidad por temor a represalias de parte del gobierno de Nicaragua– sobre el Proyecto del Bio-Clima. Los denunciantes alegaron que el proyecto perjudicaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes ya que (i) no se ha realizado una consulta adecuada con las comunidades, que llevara al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); (ii) el proyecto conduciría a la degradación ambiental y a mayores ataques por parte de colonos no indígenas armados; (iii) las acciones del BCIE no parecen cumplir con las políticas del FVC sobre participación y divulgación de información; (iv) las condiciones de la Junta Directiva del FVC impuestas al proyecto no serían definidas y cumplidas de manera efectiva; y (v) el gobierno de Nicaragua no cumpliría con sus obligaciones en el implementación del Proyecto Bio-Clima.
La denuncia fue declarada admisible el 21 de julio de 2021 y la fase de pasos iniciales –intentos de resolución del problema, solución/mediación– concluyó el 17 de enero de 2022. En este contexto, el MIR emprendió su evaluación de cumplimiento sobre las políticas y procedimientos operativos del FVC en el Proyecto Bio-CLIMA, en particular sobre sus Salvaguardas Ambientales y Sociales Interinas, la Política Ambiental y Social (PSA), la Política de Pueblos Indígenas (IPP) y la Política de Género Actualizada (PGA).
El MIR se pronuncia sobre la queja
Atendiendo la queja –C-0006-Nicaragua–, el MIR inició un proceso de investigación: el Especialista en Cumplimiento y Resolución de Disputas del MIR realizó una misión a Centroamérica, se reunió con las partes interesadas y condujo consultas con el BCIE, el gobierno de Nicaragua y el personal del FVC. Tras su proceso de investigación, emitió y publicó un primer Reporte de Evaluación del Cumplimiento, el 24 de abril de 2022. El informe concluye que existe evidencia prima facie de los impactos adversos causados o que puedan ser causados por el incumplimiento del proyecto en contra de las políticas y procedimientos operativos del FVC.[29] El MIR, entonces, comenzó la investigación de cumplimiento para averiguar más a fondo el asunto.
El MIR emite su Informe Final de Evaluación del Cumplimiento
El 30 de agosto de 2022, el MIR presentó su Informe Final de Evaluación del Cumplimiento a la Junta Directiva del FVC. Los copresidentes y la Junta Directiva del FVC son responsables de decidir sobre el informe[30] y de publicarlo dentro de los 10 días posteriores a la toma de la decisión sobre su contenido. La Junta Directiva del FVC realizó su 34.o reunión durante la segunda semana de octubre de 2022. Sin embargo, durante la misma, la Junta Directiva del FVC se reunió con funcionarios del BCIE y del gobierno de Nicaragua, excluyendo a los miembros de la sociedad civil y a los observadores del FVC. A su vez, solamente anunciaron que la decisión sobre el informe será tomada en la próxima reunión del FVC a realizarse en marzo de 2023.
La decisión que tome la Junta Directiva del FVC debe ser de acuerdo a las normativas y directrices de su propia institución para verdaderamente cumplir con sus objetivos. El FVC fue establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010, como uno de los principales mecanismos financieros para apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de sus políticas frente al cambio climático.
Relatores de Naciones Unidas solicitan información
Debido a las constantes denuncias de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua dirigida a los mecanismos especiales de las Naciones Unidas, en septiembre de 2022, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, conjuntamente, solicitaron información al Estado de Nicaragua sobre la situación de estos pueblos y sus territorios tradicionales en las áreas protegidas donde se implementaría el Proyecto Bio-Clima.[31]
Desafortunadamente, el Estado de Nicaragua se ha negado a cooperar con las Naciones Unidas, lo cual hace aún más difícil la implementación del Proyecto Bio-Clima ya que una de las condicionalidades impuestas por el FVC es la participación de una entidad de Naciones Unidas que asuma el papel de tercero independiente para monitorear su desarrollo. Por eso, esta falta de cooperación por parte del Estado le hace prácticamente imposible cumplir con esta condición.
Dra. María Luisa Acosta es profesora asociada de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua. Además, es presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; http://calpi-nicaragua.com
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] La Reserva de Biósfera Bosawás fue reconocida por el Programa El Hombre y la Biósfera en octubre de 1997, y ratificada por el gobierno de Nicaragua en el 2001, mediante la Ley N.o 407 (ley que declara y define la Reserva de Biósfera Bosawás). La reserva forma parte del corazón del corredor biológico mesoamericano y es, a su vez, la segunda más grande de las selvas tropicales del continente americano, después de la selva Amazonas. Además, es considerada un patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. El texto de la Ley N.o 407 fue recuperado de http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/d0c69e2c91d9955906256a400077164a/276abf1f6374c9f2062570ae0052d6aa?OpenDocument
[2] El Decreto Ejecutivo N.o 42-91 establece como Áreas Protegidas a las comprendidas alrededor de Cerro Silva, incluyendo a Punta Gorda. Por otra parte, el Decreto de Creación de Reservas Forestales (Decreto 38-92 del 26 de junio de 1992) estableció la categoría de Reservas Forestales a las áreas ya declaradas como protegidas en torno al Cerro Silva, y dentro de los siguientes límites naturales: Río Escondido, Río Mahogany, Cerro Silva, Cerro Cabecera de Kukra (405 metros) confluencia de los ríos Serrano y Chiquito, confluencia de los ríos Mora y Punta Gorda, hasta su desembocadura en el mar. Posteriormente, fue dictado el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, Decreto N.o 14-99 publicado en La Gaceta N.o 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999. Disponible en http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/2225795adad762df06257217006632b7
Y el Decreto N.o 66-99 de Actualización y Precisión de Categorías y Límites de las Áreas Protegidas en el Territorio Sureste de Nicaragua, publicado en La Gaceta N.o 116 del 18 de junio de 1999, en su Artículo 2, actualiza y precisa la categoría de Reserva Natural a las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda. Disponible en http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/5f5a230633eb33290625723a00600179
[3] La figura de Reserva de Biosfera es una de las categorías definidas y reconocidas dentro el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua, y engloba la Reserva de Biósfera del Sureste, declarada como protegida por Legislación Nacional en 1999. De aquí que el nuevo nombre considerado es el de Reserva de Biosfera Río San Juan. El 17 de abril de 1990, el gobierno de Nicaragua establece la Creación de las Áreas Naturales Protegidas del Sureste de Nicaragua, a través del Decreto presidencial 527. En este decreto se crean el Monumento Nacional Solentiname, el Refugio de Vida Silvestre de los Guatuzos, el Monumento Histórico de la Fortaleza de la Inmaculada Concepción de María y la Gran Reserva Biológica Indio-Maíz. En 1994, bajo el Decreto 28-94, se conforma la Región del Sureste de Nicaragua como Territorio de Desarrollo Sostenible y en 1999, con el Decreto 66-99, se da vida a la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua que sigue vigente. Disponible en https://reservaindiomaiz.org/historia/
[4] López-Sáez, José Antonio y Pérez Soto, Josué. “Permanencia y transmisión del acervo botánico etnomedicinal en la Isla de Ometepe (Nicaragua)”. Revista española de antropología americana/ Departamento de Antropología y Etnología de América, 40(2):125-144, febrero de 2010. Disponible en
[5] “El nuevo lío entre Colombia y Nicaragua: la reserva de biósfera que creó Daniel Ortega”. El Espectador, 16 de febrero de 2021. Disponible en https://www.elespectador.com/mundo/america/el-nuevo-lio-entre-colombia-y-nicaragua-la-reserva-de-biosfera-que-creo-daniel-ortega-article/
[6] Mapa Nacional de Turismo Áreas Protegidas. Disponible en https://www.mapanicaragua.com/areas-protegidas/
[7] Informe ejecutivo de la CONADETI y las CIDT’s al 30 de junio del año 2013. Disponible en https://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/costacaribe/pdf/informe_costacaribe3006.pdf Y,
“Comandante-Presidente Daniel entrega títulos comunitarios a pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua”. El 19 digital, 29 de octubre 2016. Recuperado de: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:48337-comandante-presidente-daniel-entrega-titulos-comunitarios-a-pueblos-originarios-de-la-costa-caribe-de-nicaSalinas
[8] [Al Comité] Le preocupa también el estancamiento en la parte de saneamiento de territorios indígenas y la falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos que estos tienen sobre sus tierras, territorios y recursos. Preocupan al Comité los graves conflictos sociales y violencia que se generan en torno a la posesión y utilización de tierras y territorios entre pueblos indígenas y terceros ocupantes o interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios, particularmente en los territorios indígenas y afrodescendiente en la Costa Caribe de Nicaragua (art.1). Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Nicaragua. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Informe CDESC 2021) E/C.12/NIC/CO/5, 11 de noviembre de 2021, párr. 11. Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fNIC%2fCO%2f5&Lang=en
[9] Green Climate. Projects & Programmes FP146 Bio-CLIMA: Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres. Green Climate. Disponible en www.greenclimate.fund/project/fp146#overview
[10] BCIE. BCIE aprueba a la República de Nicaragua US$ 84.0 millones para la ejecución del Proyecto Bio-Clima. BCIE, 15 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-a-la-republica-de-nicaragua-us840-millones-para-la-ejecucion-del-proyecto-bio-clima
[11] “Nicaragua: $116 millones para el agro con una línea de crédito del BCIE el gobierno nicaragüense financiará proyectos enfocados en la transformación de la ganadería extensiva, agricultura y explotación de madera”. Central América Data, 13 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Nicaragua_116_millones_para_el_agro
[12] “Ottón Solís rompe confidencialidad del BCIE y lanza serias denuncias contra la entidad”. La Tribuna, 13 de noviembre de 2021. Disponible en https://latribunacr.com/2021/11/13/otton-solis-rompe-confidencialidad-del-bcie-y-lanza-serias-denuncias-contra-la-entidad/
[13] “'El BCIE no es una instancia de derechos humanos', responde Dante Mossi ante críticas por oxigenar al régimen de Ortega”. Despacho 505, 9 de mayo de 2022. Disponible en https://www.despacho505.com/el-bcie-no-es-una-instancia-de-derechos-humanos-responde-dante-mossi-ante-criticas-por-oxigenar-al-regimen-de-ortega/
[14] 100 Noticias Nicaragua. “Consejo de Ancianos de Moskitia escribe al Banco Mundial por proyecto Bio Clima que presentó régimen”. YouTube, 23 de junio de 2022. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=B736kBzGyPg
[15] “BCIE oxigena a Ortega con préstamo de más de 100 millones de dólares para 'deforestación'”. Artículo 66, 17 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.articulo66.com/2021/11/17/bcie-oxigena-ortega-prestamo-millonario-deforestacion
[16] “INAFOR pasa a la presidencia de la República”. 100 % Noticias, 25 de abril de 2017. Disponible en https://100noticias.com.ni/actualidad/85069-inafor-pasa-a-la-presidencia-de-la-republica/
[17] A través del Decreto N.o 15-2017, el gobierno exoneró a muchas empresas, proyectos privados, e incluso a inversionistas particulares, del requisito de realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estando aun dentro de áreas protegidas. Y a través del Decreto 20-2017 deroga el Decreto 76-2006, estableciendo para la obtención de permisos, autorizaciones y licencias, procesos mucho más expeditos, flexibles, discrecionales y menos participativos. Además, omite establecer los criterios técnicos, metodologías, requisitos y procedimientos administrativos para la realización de evaluación ambiental estratégica. Por otro lado, se suprime el “principio del que contamina paga”.
[18] Guillermo Medrano. “Acceso a la información pública: 13 años de cuarentena en Nicaragua”. Despacho 505, 13 de junio de 2020. Disponible en https://www.despacho505.com/acceso-a-la-informacion-publica-13-anos-de-cuarentena-en-nicaragua/
[19] Judith Alonso. “Medio ambiente en ‘peligro de extinción’ en Nicaragua”. DW, 9 de abril de 2022. Disponible en https://www.dw.com/es/medio-ambiente-en-peligro-de-extinci%C3%B3n-en-nicaragua/a-61416004
[20] Acosta. María L. El impacto de la Ley del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Disponible en https://www.calpi-nicaragua.com/wp-content/uploads/2014/12/El-Impacto-de-la-Ley-del-Gran-Canal-FINAL-11-10-141.pdf
[21] Carlos Morales. “La mafia ganadera de Indio Maíz”. Onda Local, 20 de diciembre de 2019. Disponible en https://ondalocalni.com/especiales/811-mafia-ganadera-reserva-indio-maiz/
[22] Boletín de Monitoreo de la Fundación del Río. “Nicaragua y su oro perverso”. Fundación del Río, 14 de julio de 2022. Disponible en https://reservaindiomaiz.org/wp-content/uploads/2022/07/Nicaraguaysuoroperverso.pdf
[23] Wilmer Benavides. “¿Por qué EE.UU. sancionó el negocio del oro en Nicaragua? Aquí las razones”. Artículo 66, 24 de octubre de 2022. Disponible en https://www.articulo66.com/2022/10/24/sanciones-estados-unidos-oro-nicaragua-daniel-ortega/
[24] María Luisa Acosta. “Graves Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el caribe nicaragüense”. Diálogo Derechos Humanos, 6 de abril de 2021. Disponible en https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-de-los-pueblos-indigenas-en-el-caribe-nicaragueense
[25] OHCHR. “Situación de los derechos humanos en Nicaragua (Situation of human rights in Nicaragua)”. OHCHR, 24 de febrero de 2022. Disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_49_23_AdvanceEditedVersion.pdf
[26] Ortega Ramírez, Pedro. “Aprueban crédito del BCIE para programa Bio-Clima en Bosawas y Río San Juan”. El 19 digital, 17 de noviembre de 2021. Disponible en https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:122870-aprueban-credito-del-bcie-para-programa-bioclima-en-bosawas-y-rio-san-juan
[27] Comunicación enviada vía correo electrónico el 23 de febrero de 2021 a los participantes y observadores del Fondo de Carbono por el Equipo de Gestión del Fondo (FMT). Ver también: “BM cancela pago millonario a Nicaragua por desacuerdos en tema de indígenas”. Swiss Info, 24 de febrero de 2021. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-ind%C3%ADgenas_bm-cancela-pago-millonario-a-nicaragua-por-desacuerdos-en-tema-de-ind%C3%ADgenas/46397848
[28] 1- El Mecanismo de Reparación Independiente (MIR) es un mecanismo de rendición de cuentas y reparación establecido por el Fondo Verde para el Clima (FVC) para aumentar la eficacia de las operaciones del GCF y para responder a las preocupaciones de las personas afectadas negativamente por los proyectos o programas financiados por el FVC. 2- Entre otros, el MIR tiene el mandato de recibir y considerar quejas de personas que creen que han sido, o pueden verse, afectadas negativamente por proyectos o programas del FVC que no cumplen con las políticas y los procedimientos del FVC (incluidas las salvaguardas sociales y medioambientales). 3- El MIR es independiente de la Secretaría del FVC e informa directamente a la Junta Directiva del FVC, que supervisa las inversiones y la gestión del FVC. Para conocer más sobre el MIR ver https://es.irm.greenclimate.fund/ Y, sobre los procedimientos del Independent Redress Mechanism (IRA) ver https://irm.greenclimate.fund/sites/default/files/document/procedures-and-guidelines-irm-final-july-2021_0.pdf
[29] FVC/MIR. Reporte de evaluación del cumplimiento. Caso C-0006- 24 de abril de 2021. Disponible en https://es.irm.greenclimate.fund/sites/default/files/case/compliance-appraisal-report-publication-c0006-spanish-final-version.pdf
[30] Registro de Caso. C0006 Nicaragua FP146: Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de BOSAWÁS y Río San Juan. Disponible en https://es.irm.greenclimate.fund/case/c0006
[31] “Mandatos del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” (Ref.: AL NIC 4/2022). Ginebra, Suiza, 7 de septiembre de 2022. Disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27541
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