En Nicaragua viven siete pueblos indígenas. Nicaragua votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2010.
Siete pueblos indígenas viven en Nicaragua. Nicaragua adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2010. Sin embargo, las comunidades indígenas se enfrentan a gran número de desafíos, especialmente a la invasión de su territorio comunal afectando sus modos de vida, ebido a la omisión estatal en garantizar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas de Nicaragua
Los siete pueblos indígenas en Nicaragua están distribuidos, histórica y culturalmente entre la costa Pacífico, y centro norte del país, habitada por el pueblo Chortega (221.000), Cacaopera o Matagalpa (97.500), Ocanxiu or Sutiaba (49. 000) y Nahora o Nahuatl (20.000). En la costa del Caribe (o Atlántlco) vive el pueblos Mískitu (150.000), Sumu Mayangna (27.000) y Rama (2.000).
Otras personas que tienen derechos colectivos otorgados por la Constitución de Nicaragua (1987) son los afro-descendientes, referidos como “Comunidad Étnica” en la legislación nacional. Estos comprenden al pueblo Creole o Kriol (43.000) y Garífunas (2500).
Principales retos de los pueblos indígenas de Nicaragua
Una preocupación grave para los pueblos indígenas de Nicaragua es el avance e impuso unilateral del gobierno en la construcción de la ruta del Gran Canal Interoceánico en tierras comunales, lo cual, está afectando directamente los modos de vida de los pueblos indígenas.
Otro reto para los pueblos indígenas de Nicaragua es el no cumplimiento del estado de Nicaragua de su obligación legal de respetar los títulos expedidos por el propio estado a favor de las comunidades indígenas. Este es el caso de las comunidades de la Cuenca Laguna de Perlas, la comunidad de Tilba Lupia, el territorio de los Tasba Pri, la comunidad negra creol indígena de Bluefields y el territorio Rama y Kriol.
Durante el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por los derechos de los defensores del territorio y los recursos naturales, así como por los pueblos indígenas y afrodescendientes involucrados en el trabajo de defensa, que continúan expuestos al alto grado de violencia que existe en Nicaragua en la actualidad.
Progreso potencial de los pueblos indígenas de Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado algunas medidas para apoyar a las comunidades indígenas en los casos de invasiones ilegales de personas no indígenas o colonos con títulos legales en territorio indígena.
En el 2016, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 12 comunidades. Sin embargo el estado de Nicaragua no respetó dichas medidas y los miembros de las comunidades quedaron sin poder desplazarse para realizar libremente sus actividades de la caza, pesca y recolección de frutos ante la invasión y usurpación de sus tierras por parte de colonos armados.
Nicaragua cuenta con siete pueblos indígenas. En el Pacífico, centro y norte, se encuentran los chorotega (221.000), los cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o náhuatl (20.000). Por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los sumu o mayangna (27.000) y los rama (2.000). Conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), otros pueblos que también gozan de derechos colectivos son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la legislación nacional, que incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los garífuna (2.500). En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder en Nicaragua para contraponerse posteriormente al frente armado de La Contra, financiado por los Estados Unidos. En La Contra participaron campesinos del Pacífico y pueblos indígenas de la costa del Caribe.
La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos territoriales ha incrementado los actos de violencia de parte de los colonos que los invaden. La Masacre de Alal y el ataque a los trabajadores de la mina Kiwakumbaih son los dos actos más emblemáticos. En vez de desarticular las bandas criminales que operan en la región, la Policía Nacional y la Justicia criminalizan a indígenas mayangna como responsables de los asesinatos, masacres y destrucción de bienes. Sin embargo, la denuncia en el ámbito internacional ha logrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara la liberación de los mayangnas detenidos injustamente a través de la violación de las garantías del debido proceso.
Nicaragua cuenta con siete pueblos indígenas. En el Pacífico, centro y norte, se encuentran los chorotega (221.000), los cacaopera o matagalpa (97.500), los ocanxiu o sutiaba (49.000) y los nahoa o náhuatl (20.000). Por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los mískitu (150.000), los sumu o mayangna (27.000) y los rama (2.000). Conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), otros pueblos que también gozan de derechos colectivos son los afrodescendientes, denominados “comunidades étnicas” en la legislación nacional, que incluyen a los creole o kriol (43.000) y a los garífuna (2.500).
Desde el tiempo de la colonia y la esclavitud, la población de origen africano ha enfrentado dificultades para ser reconocida como sujetos de derecho. En Centroamérica, han atravesado siglos de resistencia para ser aceptados primero como personas y luego como ciudadanos de las repúblicas. Actualmente, la comunidad afrodescendiente creole de Nicaragua lucha por la demarcación, la titulación y el saneamiento de sus tierras ancestrales, al mismo tiempo que busca condiciones igualitarias a las de otras comunidades indígenas y afrodescendientes para su desarrollo. Mientras, las concesiones de explotación minera, maderera y pesca, y el uso del territorio para megaproyectos y monocultivos se expanden en sus tierras.
La expropiación de los territorios ancestrales en manos de colonos pone en riesgo la vida, el sustento y la cultura del pueblo Mayangna. Ya no viven tranquilos: los varones van en grupos a trabajar por miedo a ser emboscados y las mujeres dejan sus casas al atardecer para esconderse en la montaña por el temor a ser violadas. Aunque el Gobierno llama a una convivencia pacífica entre los indígenas y los colonos, sus formas de vida son incompatibles.
El proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas asciende a más de 115 millones de dólares y amenaza con exponer a la población indígena de Nicaragua a elevados niveles de violencia. También podrían ser desplazados de sus tierras ancestrales, incentivar la destrucción climática y dañar seriamente la credibilidad del Fondo. Los países que tienen representación en el FVC deben cumplir un rol importante para frenar este proyecto que pone en riesgo a la selva tropical de la Reserva de la Biosfera Bosawás.
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