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Declaración realizada a partir del "Seminario Regional Un Mar Compartido sobre los Derechos a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes", que se llevó a cabo en noviembre.
Desde el tiempo de la colonia y la esclavitud, la población de origen africano ha enfrentado dificultades para ser reconocida como sujetos de derecho. En Centroamérica, han atravesado siglos de resistencia para ser aceptados primero como personas y luego como ciudadanos de las repúblicas. Actualmente, la comunidad afrodescendiente creole de Nicaragua lucha por la demarcación, la titulación y el saneamiento de sus tierras ancestrales, al mismo tiempo que busca condiciones igualitarias a las de otras comunidades indígenas y afrodescendientes para su desarrollo. Mientras, las concesiones de explotación minera, maderera y pesca, y el uso del territorio para megaproyectos y monocultivos se expanden en sus tierras.
Quinto Inuma Alvarado, de la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, fue asesinado, este miércoles, de tres tiros cuando regresaba de una conferencia de defensores ambientales en la ciudad de Pucallpa junto a su familia.
Pese a los logros del Estado Plurinacional, el racismo y las brechas de raza persisten en Bolivia. En este sentido, la ausencia de datos estadísticos certeros sobre la autoidentificación obstaculizan el desarrollo de políticas que favorezcan la igualdad. A su vez, las mujeres afrobolivianas sufren discriminación interseccional dado que el racismo y el sexismo confluyen agravando sus condiciones de vida. A pesar de que la Constitución Política del Estado institucionaliza la presencia de los afrobolivianos en el espacio político nacional, aún no se han logrado avances significativos para su participación en la toma de decisiones.
La Corte Provincial de Sucumbíos ordenó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE) entregar el título de propiedad a la Nación Siekopai por 42.360 hectáreas de su territorio ancestral Pë’këya, también conocido como Lagartococha, lo que implica la recuperación de un poco más del 40 % del total despojado.
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