• Pueblos indígenas en Colombia

    Pueblos indígenas en Colombia

    La población indígena en Colombia es de 1.500.000 personas, el 3.4% de la población total. Junto con los afrodescendientes y campesinos, muchos pueblos indígenas del país deben enfrentarse al desplazamiento forzado y al despojo territorial como resultado del conflicto armado de larga duración que sufrió Colombia. ´

El Mundo Indígena 2020: Colombia

De acuerdo al censo nacional llevado a cabo en el año 2018,1 la población indígena en Colombia creció un 36,8%, representando el 4,4% de la población total del país, sumando 1.905.617 indígenas de todos los pueblos. El crecimiento poblacional de los pueblos indígenas fue seis veces más que el total nacional, explicado en buena parte por una tasa de fecundidad que duplica la media nacional. Además, el incremento poblacional está asociado con la inclusión de personas que no fueron incorporadas en la contabilización censal de 2005.

El censo de 2018 reveló también que en la actualidad existen 115 pueblos indígenas nativos en el país, mientras que en 2005 se habían identificado a 93. Los 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas en zonas fronterizas. Así mismo, los pueblos en aislamiento voluntario (Jurumi, Passe y Yuri) no fueron censados.

Los departamentos en los que se ubica la mayor cantidad de población indígena son La Guajira, con 394.683 habitantes; Cauca, con 308.455; Nariño con 206.455; Córdoba, con 202.621 y Sucre con 104.890. Así mismo, las etnias con mayor número de miembros son la Wayuu (380.460), la Zenú, (307.091); los Nasa, (243.176) y Pastos (163.873). Estos pueblos concentran el 58,1% de la población indígena colombiana.

La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT (hoy Ley 21). En 2009, Colombia apoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al Estado la protección de 34 pueblos indígenas en riesgo de desaparición por el conflicto armado. El expresidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1953 de 7 de octubre de 2014, por el cual se crea un régimen especial para poner en funcionamiento la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas en sus territorios, mientras el Congreso promulga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que definirá las relaciones y la coordinación entre las entidades territoriales indígenas y los municipios y departamentos. En diciembre de 2016 culminaron las negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cerrar un conflicto armado de más de medio siglo de duración que expulsó de sus territorios a muchas familias campesinas, indígenas y afrocolombianas.

El año 2019 se caracterizó por una oleada de violencia en los territorios ancestrales. La masacre de los pueblos indígenas en Colombia es una lacra que no ha parado, lo cual deja ver un complejo panorama de grupos violentos que se multiplicaron en las distintas regiones del país por el control territorial y de las distintas economías ilegales. La zozobra y la violencia que se habían aplacado gracias a los acuerdos de paz, han vuelto a los territorios, incluso más fuertes que antes. A pesar de las denuncias de un plan de exterminio, tanto los gobiernos municipales, departamentales y nacionales hasta la fecha no han generado una política que garantice los derechos a la vida, a los territorios, a la identidad cultural y al ejercicio de gobierno propio.

Uno de los departamentos más azotados por la violencia ha sido el Cauca, donde fueron asesinados 57 líderes indígenas. Según las víctimas, el conflicto siguen creciendo. “Si nos quedamos callados, nos matan; y si hablamos, también. Entonces hablamos”. Con estas palabras, la gobernadora indígena Cristina Bautista describió pocos días antes de su muerte la tragedia que viven miles de indígenas del Cauca, acorralados por grupos armados que se disputan el dominio de su territorio para controlar el cultivo y el tráfico de drogas.”2

El creciente índice de asesinatos de indígenas se dio durante el año 2019, cuando la ONU declaró este mismo año como el de las lenguas indígenas. Según la entidad, las lenguas de los pueblos indígenas representan su sabiduría ancestral, sus costumbres y una cosmovisión particular ligada al territorio.

Esta grave situación humanitaria a causa del conflicto armado ha generado desplazamiento, marginalización extrema y la degradación del medio ambiente en los territorios indígenas. Factores como los cultivos de uso ilícito y la implementación de megaproyectos, desarrollados sin atender adecuadamente los legítimos intereses colectivos de las comunidades indígenas, constituyen problemas vigentes para su supervivencia.

Según el boletín de alerta temprana de Indepaz,3 “el departamento donde más se han producido asesinatos de líderes/as indígenas es el Cauca cuya cifra asciende a 88 personas desde enero de 2016 al 30 de octubre de 2019. Esto responde en parte a las disputas armadas por territorios para narcocultivos y corredores de paso para el tráfico de pasta base de cocaína y marihuana; pero además hay que considerar el impacto de conflictividades territoriales con sectores privados legales e ilegales (minería del oro, tensiones con la agroindustria de la caña de azúcar, explotación de madera, etc.).

De las 32 personas indígenas asesinadas en 2019 la gran mayoría de los casos sucedieron en la zona del norte del Cauca, a saber: 9 en Toribío, 7 en Caloto, 6 en Páez, 3 en Suárez, 2 en Santander de Quilichao, 2 en Corinto, 1 en Miranda, 1 en Cajibío y 1 en Silvia.

Las políticas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Colombia han resultado una herramienta jurídica muy importante para la pervivencia física y cultural de los pueblos originarios. Sin embargo, no se han implementado totalmente, ya que el extermino de los pueblos  se ha dado de manera acelerada, perjudicando a cientos de familias originarias del país. Aunque hay un reconocimiento escrito de tierras a grupos indígenas, contemplado en el punto de reforma rural integral del acuerdo de paz, es en aquellos territorios rurales donde más se ha intensificado el conflicto armado.

Desde la firma de los acuerdos de paz, se ha observado un cumplimiento parcial de las recomendaciones sobre pueblos indígenas, así como en los retrocesos y riesgos que obedecen a la expedición de normas regresivas para los derechos de los pueblos indígenas y que ponen en riesgo su integridad cultural y territorial, la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas, como la falta de garantías para el consentimiento y la consulta previa, libre e informada. La falta de garantías para la implementación del acuerdo de paz y el Capítulo Étnico para la Paz, se evidencia en el alarmante número de asesinatos de líderes y autoridades indígenas. Es de vital importancia el cumplimiento efectivo del acuerdo especial sobre la erradicación de minas y el retorno y devolución de los territorios indígenas, de acuerdo al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARCEP.

Situación alarmante y preocupante es la declaración dada el pasa do 29 de agosto de 2019 por exmiembros de las FARC liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Velásquez, expresando el regreso a las armas de las ahora llamadas disidencias de las FARC. Lo anterior causó alarma en las comunidades étnicas del país, ya que las víctimas de este conflicto interno siempre van a ser las poblaciones más vulnerables que habitan la zona rural del territorio nacional como son las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Las comunidades indígenas vienen sufriendo la arremetida armamentista de los grupos guerrilleros, tratándolos de llevar a un destierro de sus regiones. Existen acuerdos pactados entre el Gobierno colombiano y los pueblos indígenas para preservar sus vidas donde se prioriza que ni la fuerza pública, ni cualquier actor armado invada sus territorios. Pero eso solo ha quedado en el papel. Las comunidades viven una gran crisis humanitaria a causa de la presencia de los grupos de guerrillas, paramilitares y el narcotráfico, los cuales irrumpen en su cultura y costumbres. Las distintas comunidades indígenas de todo el territorio nacional han venido denunciando ante distintos órganos de control que la guerra se ha intensificado a partir del pronunciamiento de regreso a las armas por parte de las disidencias de las FARC.

Los conflictos entre las disidencias de las FARC, ELN y grupos paramilitares han dado lugar a situaciones que no favorecen a las comunidades indígenas que viven y han vivido siempre en los territorios. Esto tiene su respuesta en la Guardia Indígena, que no es una estructura u organismo policial, es más bien una organización ancestral de la propia comunidad indígena que trata de defender su territorio, sus costumbres y su cultura en general.

La Guardia Indígena está compuesta por hombres, mujeres y niños que desde pequeños son enseñados en los valores de preservación indígena. Pertenecer a la Guardia no es un trabajo remunerado, todo aquel que se une lo hace por convicción y creencia en sus raíces indígenas, además del querer defender y preservar su cultura. No utilizan las armas, tan solo utilizan un bastón de mando que tiene valor simbólico y moral, esto se debe a que sus valores de paz no les permiten utilizar armas para emplear contra otros, no creen en ese sistema de violencia. Sus colores, el rojo y el verde, representan la sangre derramada por sus ancestros y la madre naturaleza de la que proceden. La vida y el territorio son los grandes conceptos de esta Guardia, su defensa es el objetivo que les hizo nacer y que aun los mantiene hoy en día, y aunque deriven las causas por las que lo defienden, la defensa es una constante en la vida de la Guardia Indígena.4

Los acuerdos con el Gobierno nacional para la elaboración conjunta de estrategias para la salvaguarda de los derechos humanos de la población indígena del país no han sido una medida suficiente. Aunque existen 1.396 acuerdos en el espacio de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas, hay un incumplimiento del 95% de los mismos.

Por lo anterior, en marzo de 2019 se inició una movilización o minga, denominada “Minga por la vida y la paz”, donde participaron indígenas de todos los pueblos del país.

Las manifestaciones se extendieron durante 27 días, donde se negoció con el Ministerio del Interior, tratándose temas referentes a la defensa del territorio y que se cumplieran las solicitudes que le habían hecho al Gobierno. Finalmente, el 6 de abril se llegó a un acuerdo y los indígenas despejaron la carretera. Sin embargo, aunque se plasmaron acuerdos en una agenda común, hasta la fecha no se ha visto una implementación efectiva. La minga del suroccidente del país, liderada para la exigencia de los derechos territoriales con movilizaciones y bloqueos de la vía panamericana que comunica el suroccidente hacia el departamento de Nariño y el Valle, se logró concertar que de los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se pueda asignar un 17,5%, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se ha cumplido.5

En la mencionada minga participaron todas las organizaciones indígenas filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con punto de encuentro en el resguardo La Delfina, donde se instaló la mesa  de negociación con el Gobierno nacional representado por la ministra del Interior. Asimismo, en el departamento del Cauca se instaló una segunda mesa de diálogo donde participaron los departamentos de Cauca, Huila y Caldas con sus respectivas organizaciones que los representan. Los indígenas participantes en la minga se movilizaron por medio de la caminata, (danzando, tocando instrumentos, cantando) y desde los departamentos de origen a través de las llamadas chivas y/o buses escaleras. Diferentes mesas de concertación y una sola minga indígena.

La situación de los pueblos indígenas del país durante el año 2019, año en que se conmemoró la existencia de las lenguas nativas, no contó con las garantías institucionales para la pervivencia física y cultural de los pueblos, sin embargo, al interior de las comunidades se evidencian los principios de unidad, cultura, territorio y autonomía.

Notas y referencias

  1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Población Indígena de Colombia. Septiembre 2019: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
  1. “Asesinatos de indígenas en Colombia: ‘Es un genocidio’, 6 claves para entender los crímenes en el Cauca.” BBC.com, 14 noviembre de 2019: https://www.com/mundo/noticias-america-latina-50341874
  2. Gonzalez, C. Indepaz. Boletín: ALERTA HUMANITARIA EN EL 30 octubre 2019.
  3. “La Guardia Indígena del Cauca y su relación con las FARC”. The Political Room, 5 septiembre 2019: https://www.thepoliticalroom.com/analisis/la-guardia-indi-s gena-del-cauca-y-su-relacion-con-las-farc/
  4. “Así quedó el acuerdo con la minga, punto por ” Semana, 4 de junio de 2019: https://www.semana.com/nacion/articulo/como-quedo-el-acuerdo-con- la-minga-para-levantar-el-paro/608518

El informe ha sido elaborado por Beatriz Valencia Otova, asesora consejería secretaria general ONIC, candidata a Magister a Derechos Humanos y Derecho Internacional de los conflictos Armados y profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Higinio Obispo González secretario general de la ONIC. Líder indígena y etnoeducador.

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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