En Chile viven 10 pueblos indígenas. El más grande es el Mapuche, seguido por el Aymara, Diaguita, Atacameño y el Quechua. Es el único país de América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas.
En Chile viven 10 diferentes grupos indígenas. El pueblo con más población es el pueblo Mapuche seguido de los pueblos Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua. Chile es el único país de América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas en su Constitución. Por ese motivo, los pueblos indígenas se enfrentan con ciertas dificultades, especialmente en términos de derechos territoriales.
La población indígena en Chile es de 1.565.915, esto es, el 9% de la población nacional. El pueblo Mapuche representa 84% de la población indígena, mientras que el Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua, representan el 15%.
Los pueblos indígenas de Chile viven principalmente en áreas urbanas. Las regiones Metropolitana (30,1%), Araucanía (19,6%) y los lagos (13,1%) tienen la concentración más grande de población indígena. No obstante, a partir del año 2015, se consideró que el 24,7% se encuentran residiendo en áreas rurales.
Marco legal
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el gobierno de Chile el 13 de septiembre de 2007 y el Convenio 169 de la OIT fue ratificado en el 2008. A pesar de que la Constitución de Chile no reconoce a los pueblos indígenas, el Ministerio de Desarrollo Social ha convenido un proceso para el proyecto de una Constitución indígena con la perspectiva de los pueblos indígenas en el contexto de una nueva Constitución.
La ley Nº. 19.253 de 1993 sobre la promoción, la protección y el desarrollo indígena sigue en vigor, sin embargo, no se corresponde con los estándares jurídicos legales internacionales relacionados con los derechos de los pueblos en lo que respecta a su tierra, territorio, recursos naturales, participación y autonomía política.
Principales retos de los pueblos indígenas de Chile
Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 30,8% de la población indígena vive en una situación de pobreza, porcentaje que es del 19,9% en el caso de la población no indígena. La región de la Araucanía, que concentra la población indígena mayoritaria, sigue siendo la región más pobre del país.
La lucha de los pueblos Mapuche sobre los derechos de la tierra y sus territorios, que legal y/o ancestralmente, les pertenecen, es constante. En la región de la Araucanía y Los Ríos, los derechos de los pueblos Mapuche se ven gravemente amenazados por la expansión de proyectos extractivos, de producción y de infraestructuras. La gran mayoría de estas iniciativas proceden de corporaciones privadas.
A pesar de que un nuevo proyecto de ley afrontaba peticiones de los pueblos indígenas y creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no reconocía la contribución de los pueblos indígenas a la biodiversidad. Tampoco protege los derechos de los pueblos indígenas con iniciativas de conservación pública y privada, ni reconoce ni protege iniciativas de conservación comunitaria.
Otro reto ha sido la criminalización de las protesta social Mapuche por parte del estado. Durante el 2017, el Estado recurrió con frecuencia a la Ley Antiterrorista para perseguir a miembros del pueblo Mapuche. Durante ese año, la ley fue invocada para juzgar a 23 personas mapuche como terroristas por incendio homicida, incendio terrorista y/o conspiración terrorista.
Progreso legislativo para los pueblos indígenas de Chile
En agosto 2017, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de consulta sobre las perspectivas de los pueblos indígenas en relación al contenido de una nueva constitución. Este proceso, llamado proceso participativo constituyente indígena, combinaba propuestas como las del reconocimiento legal como nacionales a los pueblos indígenas, el estado de Chile como estado plurinacional, el derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos, el derecho al territorio y a los recursos naturales, el derecho a una representación especial indígena y derechos lingüísticos y sociales, entre otros. Sin embargo el proceso no ha logrado recoger el contenido que los pueblos identificaban como prioridades.
Durante dos años, la Convención Constituyente nacida de las protestas de 2019 redactó un nuevo texto que prometía ser el más avanzado de América Latina. Un Estado social de derecho, el reconocimiento a los pueblos indígenas y, la inclusión de los derechos colectivos, de la naturaleza y de la mujer abrían un horizonte de sentido que generaban esperanza en la región. Sin embargo, en el plebiscito de salida, dos tercios de los chilenos votaron en contra de la nueva Constitución que iba a dejar atrás a la de Pinochet. Elitismo, falta de trabajo territorial y baja popularidad del gobierno y los constituyentes asoman como algunas de las razones para una derrota que amenaza con frenar el avance de derechos en el país.
Desde el censo de 2017, y a pesar de ir en constante aumento desde los años 90, la población indígena no ha tenido mayores variaciones. Se auto identifican como indígena 2.185.792 personas, lo que equivale al 12.8 % de la población total del país (17.076.076). El pueblo Mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo Aymara (156.000 personas) y el pueblo Diaguita (88.000 personas)[1]. En la tendencia destaca el incremento sostenido de la población indígena urbana por sobre la rural, que arroja un 87.8 % de miembros indígenas frente a un 12.2 % que habita en zonas rurales[2].
La Ley 19.253 de 1993 sobre Fomento, Protección y Desarrollo de los Indígenas, o “Ley Indígena” no ha sufrido modificaciones a pesar de que urge su reforma para adecuarla a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 OIT, ratificado por Chile en 2008. Además, Chile aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016.
Las protestas sociales iniciadas en el país en octubre de 2019 exigiendo cambios institucionales profundos llevaron a aprobar la elaboración de una nueva constitución mediante un plebiscito que se realizó en octubre de 2020. Actualmente, el nuevo texto constitucional se viene elaborando a través de una Convención Constitucional, que cuenta con la representación, a través de escaños reservados, de todos los pueblos legalmente reconocidos en Chile.
La comunicación desde una perspectiva indígena está ausente en los medios masivos de Chile. Frente a las coberturas racistas del periodismo y los mensajes discriminatorios en las redes sociales, es necesario que se respete la libertad de expresión y el acceso a los medios de los pueblos indígenas. La democratización de un ecosistema mediático concentrado debe visibilizar una realidad en la que los pueblos originarios están vivos, son diversos y tienen el derecho pleno a generar contenidos culturales en sus lenguas y formas.
Durante el 2021, el pueblo Rapa Nui ha continuado enfrentando la situación pandémica que afecta al mundo. Mediante la prudencia y el uso de sus conocimientos tradicionales, ha logrado mantener su isla libre de Covid-19 gracias a la decisión de sus autoridades de tener el aeropuerto cerrado (única forma de entrada a la isla), sin vuelos comerciales.
POR JUAN CARLOS CAYO RIVERA Y CONSTANZA MONTECINOS PANIAGUA PARA DEBATES INDÍGENAS
La nueva Constitución va a establecer los lineamientos del Chile de los próximos 50 años. Los constituyentes indígenas son conscientes y por eso promueven un debate político más complejo, que incluya la autonomía política, la autonomía territorial y el reconocimiento del pluralismo jurídico. El reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios llevarán al país a un cambio en la forma de concebir al Estado y su modelo de desarrollo.
La elección de la constituyente mapuche Elisa Loncón como Presidenta graficó el protagonismo de los pueblos indígenas en la redacción de la nueva Carta Magna. En el mismo sentido, la victoria de Gabriel Boric significó un mayor respaldo institucional y el compromiso de dotar a la Convención con los recursos necesarios para su funcionamiento. La reciente aprobación de la Iniciativa N° 94-1 acrecienta la esperanza de que Chile se convierta en un Estado Plurinacional.
Natividad Llanquileo, Francisca Linconao y Rosa Catrileo. Foto: Bastián Cifuentes Araya
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