En Chile viven 10 pueblos indígenas. El más grande es el Mapuche, seguido por el Aymara, Diaguita, Atacameño y el Quechua. Es el único país de América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas.
En Chile viven 10 diferentes grupos indígenas. El pueblo con más población es el pueblo Mapuche seguido de los pueblos Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua. Chile es el único país de América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas en su Constitución. Por ese motivo, los pueblos indígenas se enfrentan con ciertas dificultades, especialmente en términos de derechos territoriales.
La población indígena en Chile es de 1.565.915, esto es, el 9% de la población nacional. El pueblo Mapuche representa 84% de la población indígena, mientras que el Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua, representan el 15%.
Los pueblos indígenas de Chile viven principalmente en áreas urbanas. Las regiones Metropolitana (30,1%), Araucanía (19,6%) y los lagos (13,1%) tienen la concentración más grande de población indígena. No obstante, a partir del año 2015, se consideró que el 24,7% se encuentran residiendo en áreas rurales.
Marco legal
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el gobierno de Chile el 13 de septiembre de 2007 y el Convenio 169 de la OIT fue ratificado en el 2008. A pesar de que la Constitución de Chile no reconoce a los pueblos indígenas, el Ministerio de Desarrollo Social ha convenido un proceso para el proyecto de una Constitución indígena con la perspectiva de los pueblos indígenas en el contexto de una nueva Constitución.
La ley Nº. 19.253 de 1993 sobre la promoción, la protección y el desarrollo indígena sigue en vigor, sin embargo, no se corresponde con los estándares jurídicos legales internacionales relacionados con los derechos de los pueblos en lo que respecta a su tierra, territorio, recursos naturales, participación y autonomía política.
Principales retos de los pueblos indígenas de Chile
Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 30,8% de la población indígena vive en una situación de pobreza, porcentaje que es del 19,9% en el caso de la población no indígena. La región de la Araucanía, que concentra la población indígena mayoritaria, sigue siendo la región más pobre del país.
La lucha de los pueblos Mapuche sobre los derechos de la tierra y sus territorios, que legal y/o ancestralmente, les pertenecen, es constante. En la región de la Araucanía y Los Ríos, los derechos de los pueblos Mapuche se ven gravemente amenazados por la expansión de proyectos extractivos, de producción y de infraestructuras. La gran mayoría de estas iniciativas proceden de corporaciones privadas.
A pesar de que un nuevo proyecto de ley afrontaba peticiones de los pueblos indígenas y creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no reconocía la contribución de los pueblos indígenas a la biodiversidad. Tampoco protege los derechos de los pueblos indígenas con iniciativas de conservación pública y privada, ni reconoce ni protege iniciativas de conservación comunitaria.
Otro reto ha sido la criminalización de las protesta social Mapuche por parte del estado. Durante el 2017, el Estado recurrió con frecuencia a la Ley Antiterrorista para perseguir a miembros del pueblo Mapuche. Durante ese año, la ley fue invocada para juzgar a 23 personas mapuche como terroristas por incendio homicida, incendio terrorista y/o conspiración terrorista.
Progreso legislativo para los pueblos indígenas de Chile
En agosto 2017, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de consulta sobre las perspectivas de los pueblos indígenas en relación al contenido de una nueva constitución. Este proceso, llamado proceso participativo constituyente indígena, combinaba propuestas como las del reconocimiento legal como nacionales a los pueblos indígenas, el estado de Chile como estado plurinacional, el derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos, el derecho al territorio y a los recursos naturales, el derecho a una representación especial indígena y derechos lingüísticos y sociales, entre otros. Sin embargo el proceso no ha logrado recoger el contenido que los pueblos identificaban como prioridades.
POR ROCÍO YON, HORTENCIA HIDALGO Y FRANCISCA CARRIL PARA DEBATES INDÍGENAS
Las respuestas institucionales a la crisis climática, guiadas por las negociaciones en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), han perpetuado desigualdades de género, etnia y territorialidad. Esta situación se observa con claridad en las barreras a la participación efectiva de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Ante esta insuficiencia, los movimientos indígenas y especialmente las mujeres se están organizando para desarrollar estrategias propias para enfrentar la crisis, resistir los extractivismos y exigir justicia ecológica. Entre estas iniciativas destacan los espacios de formación para fortalecer sus luchas.
Las mujeres indígenas de Chile que habitan los bordes costeros se vinculan con el objetivo de defender el mar, proteger la biodiversidad y ejercer sus derechos. Entre sus principales problemáticas se encuentran la inequidad en las tareas de cuidados, la falta de reconocimiento a su labor y sus contribuciones a la gobernanza del mar, la brecha salarial y la ausencia de oportunidades. A través de los encuentros locales y nacionales, plantean soluciones a la protección de sus territorios y sus comunidades.
En las últimas décadas, los conflictos por la reivindicación de las tierras ancestrales mapuche se han agudizado en el centro sur del país. En paralelo, las políticas impulsadas por el Estado se han mostrado insuficientes, sumado a la militarización del territorio. En este marco, la Comisión se presenta como una posibilidad para abrir un diálogo social a través de canales institucionales, determinar la demanda real de tierras y proponer mecanismos para la solución de los conflictos con el fin de lograr la paz.
Durante la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), miles de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos. Wallmapu, el territorio mapuche, no fue una excepción: miles de guaguas fueron robadas y decenas de personas mapuche fueron asesinadas, secuestradas, torturadas y desaparecidas forzosamente.
La incertidumbre en torno al paradero de los desaparecidos y las condiciones en que se encuentran —con o sin vida— provocan un inmensurable dolor en las familias. En algunos casos, las familias mapuche tienen la convicción de que los espíritus de los desaparecidos están sufriendo bajo el agua, pues muchos de estos cuerpos fueron arrojados a los ríos y al mar. En este sentido, ante la ausencia provocada por una desaparición forzada, el duelo adquiere una dimensión cultural y profundamente política: mientras no aparezcan los cuerpos de los desaparecidos, mientras no exista una despedida funeraria y mientras no haya justicia, los espíritus siguen sufriendo y las familias siguen sin poder descansar.
Sin embargo, a pesar de las historias de dolor y violencia, las familias siguen resistiendo y construyendo memorias desde diversos espacios. La mayoría son mujeres. En este largo camino, han generado lazos de acompañamiento junto a otras mujeres y organizaciones de derechos humanos, en donde han persistido con sus luchas judiciales y han insistido en construir su propia verdad. Así también han buscado hacer públicas sus historias y con ello desestigmatizar a los desaparecidos para devolverles la dignidad arrebatada. Con este propósito han sido narradas e ilustradas las memorias orales presentes en este libro. Las autoras son siete mujeres que narran sus historias ante la ignominia que ha provocado el terrorismo del Estado chileno en territorio mapuche. Debido a que algunas de ellas son hablantes del mapuzugun, y considerando el contexto actual de reivindicación lingüística, todos los relatos fueron traducidos para componer este libro bilingüe.
Las memorias de estas mujeres mapuche se perfilan como un acto reivindicativo ante la historia oficial de este país y el negacionismo que ha desdeñado las trayectorias de resistencia que han desplegado desde la desaparición forzada de sus familiares. De esta manera, a cincuenta años del golpe militar chileno, el esfuerzo colectivo de este trabajo busca convertir el testimonio en una herramienta de lucha por la verdad y la justicia.
Desde el censo de 2017, y a pesar de ir en constante aumento desde los años noventa, la población indígena no ha tenido mayores variaciones. Así 2.185.792 personas se auto identifican como indígenas, lo que equivale al 12,8 % de la población total del país (17.076.076). El pueblo Mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo Aymara (156.000 personas) y el pueblo Diaguita (88.000 personas)[1]. Destaca en la tendencia el incremento sostenido de la población indígena urbana por sobre la rural, que arroja un 87,8 % de miembros indígenas frente a un 12,2 % que habita en zonas rurales[2].
POR DÉBORA ASTUDILLO RAMOS Y MARÍA JOSÉ LUCERO PARA DEBATES INDÍGENAS
Durante la última dictadura cívico-militar, las desapariciones forzadas y las ejecuciones políticas a integrantes del pueblo Mapuche deben enmarcarse como un continuum de la violencia colonial y genocida. A pesar del dolor, las familias mapuche siguen luchando por la verdad y la justicia. En septiembre, mes del aniversario del golpe, se presentará un libro ilustrado y bilingüe que reúne las memorias de siete mujeres de la Araucanía que recuerdan a sus familiares caídos y abrazan un horizonte político de dignidad y derechos humanos.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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