El 2.8% de los habitantes de Venezuela se identifican como indígenas. Venezuela ha adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Los pueblos indígenas de Venezuela representan el 2,8% de la población nacional, que se estima en 32 millones de personas. No obstante, otras organizaciones creen que la población indígena cuenta con más de 1,5 millones de personas. Venezuela adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, los pueblos indígenas en el país siguen luchando contra la falta de demarcación de hábitats y tierras indígenas, las actividades mineras ilegales y la degradación medioambiental.
En 1999, la Constitución de Venezuela reconoció el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad venezolana, y el país también ha promulgado un conjunto de leyes para desarrollar los derechos específicos de los pueblos indígenas, como la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas y Comunidades (2005) , y la Ley de Lenguas Indígenas (2007), así como varias disposiciones favorables reflejadas en una serie de normas legales venezolanas.
Venezuela también ha creado una serie instituciones dedicadas a la supervisión de la creación de políticas públicas en asuntos indígenas, como el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Principales desafíos para los pueblos indígenas en Venezuela
La demarcación de los territorios indígenas continúa siendo el principal derecho pendiente de resolución para los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Las provisiones provisionales de la Constitución obligaron al estado a demarcar territorios indígenas en no más de dos años. Sin embargo, de acuerdo con varios informes de los pueblos indígenas y las propias comunidades, el número de tierras provistas no superó el 13% del total.
Durante 2017, el Gobierno de Venezuela implementó el megaproyecto de la Arco Minero Orinoco, que enfrentó una seria confrontación entre las comunidades indígenas, ya que se solapa con los territorios indígenas autodemarcados.
La minería ilegal sigue siendo un gran desafío para los pueblos indígenas de Venezuela. En los últimos años, áreas como el Parque Nacional Yapacana, el Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo - Guayapo, Parú, Asita, Siapa y otros ríos han sufrido una grave destrucción ambiental. Dicha actividad ha contaminado las aguas debido a la presencia de mercurio y ha alterado los ecosistemas fluviales en general, quitando la vida a numerosos peces que son una fuente de alimento para las comunidades indígenas.
Los problemas de salud dentro de las comunidades indígenas es otro problema alarmante. Entre los Yanomami, la tasa de mortalidad infantil se mide a 10 veces más que el promedio nacional y la mortalidad infantil entre los Pum. la etnia oscila entre el 30% y el 50% de los nacidos vivos. Según la investigación, en 2017 se ha visto una dramática propagación del VIH/SIDA en el grupo Warao: 10 de cada 100 indígenas Warao padecen esta afección. Los Warao también tienen una alta incidencia de tuberculosis.
Posible progreso para los pueblos indígenas en Venezuela
En materia de tierras, los pueblos indígenas han experimentado ciertos avances durante 2017. Han visto el retorno al estado legal completo de las tierras Bari en el Estado de Zulia y la creación del Parque Nacional Caura, lo que supone la concesión legal de protección ambiental y implica un reconocimiento de las tierras de algunas comunidades indígenas.
POR MARÍA TERESA QUISPE, GUILLERMO MARCIALES, LORENA ALMARZA Y WATANIBA PARA DEBATES INDÍGENAS
Los jotï, los uwottüja y los yanomami habitan en la Amazonía venezolana y poseen relaciones armónicas con su entorno natural. En la actualidad, sufren los avances de la minería ilegal, del crimen organizado y de las enfermedades que llegan a la región con los trabajadores migrantes. A pesar de que Venezuela posee un amplio marco jurídico a favor de los pueblos indígenas, el país aún no cuenta con leyes especiales para las comunidades aisladas. Su protección depende de un diálogo de saberes entre sabios indígenas y científicos que se puedan plasmar en políticas públicas.
Si bien los mineros son señalados como los grandes responsables de la destrucción de los bosques, la fiebre del oro no existiría sin el consumo suntuoso de jeques, influencers, raperos, futbolistas, brokers, actores de Hollywood o cantantes famosos. Tras el aumento de su precio durante el Covid-19, los bancos centrales y los especuladores han incentivado aún más esa demanda. En Brasil y Venezuela, la superficie terrestre afectada por la minería aumenta aceleradamente y la presencia de garimpeiros amenaza a las comunidades indígenas que viven cerca de los yacimientos.
De una población de 27.227.930, se contabilizaron 724.592 personas indígenas (2,8 %), distribuidas entre 51 pueblos, concentrados mayoritariamente (85 %) entre el estado Zulia y la región amazónica.
De una población de 27.227.930, se contabilizaron 724.592 personas indígenas (2,8 %), distribuidas entre 51 pueblos, concentrados mayoritariamente (85 %) entre el estado Zulia y la región amazónica.
En 1999, el proceso constituyente permitió que en la Constitución se garantizaran los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas y que quedaran asentadas un conjunto de disposiciones legales y normativas para protegerlos ampliamente. Entre este conjunto destacan la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Ley de Idiomas Indígenas.
La crisis económica y la falta de expectativas que atraviesa el país es el caldo de cultivo para que miles de venezolanos y venezolanas migren al Amazonas para dedicarse a la minería ilegal del oro. Ante la falta de oportunidades, desde jóvenes sin formación hasta delincuentes y profesionales se ven obligados a internarse en una mina para someterse a esta actividad insalubre. Las comunidades indígenas no escapan a esta dinámica: si no se convierten en mineros o hacen la vista gorda, saben que las mafias irán tras ellos. A la deforestación y la contaminación de los ríos con mercurio, la amenaza del ecocidio pende sobre cientos de comunidades.
Por más de dos décadas, la Constitución reconoce a Venezuela como multiétnica y pluricultural, y de manera consecuente establece que las lenguas indígenas también son de uso oficial en el país. En una población de 32 millones de habitantes, los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 2.8%. Según el Censo Indígena del 2011, unos 51 pueblos indígenas diferentes se encuentran distribuidos entre las entidades federales de Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Apure, Nueva Esparta, Lara, Falcón y Mérida. Este mismo censo destaca el resurgimiento de pueblos considerados extintos y de otros venidos de diferentes países de la región.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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