El Mundo Indígena 2024: Libia
Los amazigh conforman la población indígena de Libia y se calcula que ascienden a casi un millón, lo que equivale a más del 16 % de la población total del país.
Viven en varias zonas de Libia al norte, al este y al sur; aunque sin continuidad geográfica. Al oeste de Trípoli, en la costa mediterránea, habitan en la ciudad de At-Wilul (Zwara) y en las montañas de Adrar Infussen (Nefoussa), en la frontera con Túnez. En el sureste, en la frontera con Egipto, viven en los oasis de Awjla, Jalu y Jakhra. En el sur, la región de Fezzan ha sido tradicionalmente territorio Kel-Tamasheq (Tuareg), incluidas las zonas de Murzuq, Sabha, Ubari, Ghat y Ghadamès. Los kel-tamasheq de Libia están vinculados de manera natural con otras comunidades del mismo origen que viven en las fronteras con Níger y Argelia. Trípoli también alberga una importante comunidad amazigh.
Además de las poblaciones árabes y amazigh, hay una minoría étnica conocida como los “tubu”, compuesta por unas 50.000 personas. Son oriundos de la meseta de Tibesti, en Chad, y viven a lo largo de la frontera entre Libia y Chad. Son nómades y practican el pastoreo en una zona que se extiende desde el norte de Níger hasta Sudán.
Durante la época de Gadafi (1969-2011), Libia fue declarado un país exclusivamente “árabe y musulmán”. La Proclamación Constitucional de 1969 establece en su primer artículo: “Libia es una república árabe (...), el pueblo libio forma parte de la nación árabe y su objetivo es alcanzar la plena unificación árabe. El nombre del país es República Árabe Libia”. El artículo 2 añade que “el islam es la religión del Estado y el árabe su lengua oficial”. Desde entonces, la política de gobierno ha sido perseguir implacablemente a todo aquel que no reconociera “la identidad árabe-islámica” de Libia.
Luego de la “revolución” de 2011, un “Consejo Constitucional Provisional” presentó en 2017 un proyecto de constitución[1] que no modifica en absoluto las bases identitarias del país. El artículo 2 todavía contempla que “Libia forma parte de la nación árabe” y que “el árabe es la lengua del Estado”. El artículo 6 señala que “el islam es la religión oficial y la sharía la fuente de su ley”. A continuación, se encuentran otros artículos discriminatorios que prohíben a un libio no musulmán postularse a elecciones para la Cámara de Representantes (artículo 69), o a la Presidencia de la República (artículo 101), y que establecen que la justicia se impartirá en nombre de Alá” (artículo 189). Estos artículos tienen, sin duda, el propósito de imponer una república islámica, en detrimento de la diversidad de culturas y creencias que existen en Libia. Sin embargo, debido a la oposición de los amazigh y los tubu, y también a causa de la guerra, aún no se ha adoptado este proyecto de constitución.
Libia votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).
La crisis política persiste
Las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 2023[2] no se llevaron a cabo, y Libia continúa dividida y gobernada por dos órganos distintos: el llamado “gobierno de unidad nacional” liderado por el primer ministro Abdel-Hamid Dbeiba, con sede en Trípoli; y el que se describe como el “gobierno de estabilidad nacional” dirigido por Osama Hammad, ubicado en Benghazi, al este del país.
El acuerdo de cese de hostilidades de octubre de 2022 alcanzado por ambos bandos, por lo general, se ha mantenido hasta la fecha, a pesar de los enfrentamientos armados esporádicos que han ocurrido en diversas regiones del país, incluido Trípoli. Esta ciudad continúa albergando las embajadas extranjeras y las instituciones internacionales. El sur del país, rico en petróleo y gas principalmente, se encuentra en manos de varios grupos armados. Libia aún enfrenta una situación caótica, agravada por la presencia de un gran número de milicias aliadas a alguno de los dos bandos o que, en ocasiones, son independientes de ellos. La presencia de mercenarios extranjeros y la interferencia de otros Estados que intervienen de manera constante para proteger sus intereses estratégicos y que apoyan al gobierno de Benghazi o de Trípoli, echan más leña al fuego y avivan el conflicto, la inseguridad y la inestabilidad del país. La ausencia de instituciones estatales legítimas y reconocidas permite todo tipo de tráfico ilegal (petróleo, armas, drogas, metales, migrantes) y corrupción. En su informe 2022/23, Amnistía Internacional mencionó:
Las autoridades, las milicias y los grupos armados impusieron severas restricciones al espacio cívico y al acceso humanitario a las comunidades afectadas, y emprendieron campañas de difamación contra grupos de defensa de los derechos humanos tanto internacionales como libios. Las milicias y los grupos armados asesinaron e hirieron a civiles, y destruyeron bienes de carácter civil durante enfrentamientos esporádicos y localizados. La impunidad continuaba siendo generalizada, y las autoridades financiaban a las violentas milicias y grupos armados. Las mujeres y las niñas sufrían discriminación y violencia arraigadas. Las minorías étnicas y los desplazados internos encontraban obstáculos para acceder a la educación y a la atención médica[3].
Los esfuerzos de las Naciones Unidas por poner fin a la violencia política e implementar un proceso electoral se encuentran obstaculizados por las graves diferencias políticas, especialmente, debido a la legislación electoral y la Constitución. El Representante Especial del Secretario General para Libia, Abdoulaye Bathily, manifestó frente al Consejo de Seguridad en diciembre de 2023 que “la situación se encuentra estancada por el momento”[4].
Los amazigh continúan enfrentando los mismos desafíos
Puede parecer paradójico, pero las comunidades más vulnerables de Libia, en especial sus minorías y los pueblos indígenas, particularmente los amazigh, no tienen prisa por que los dos bandos más importantes de Libia oriental y occidental lleguen a un “acuerdo nacional”, ni por que se establezca un Estado central fuerte, ya que estarían sujetos a una ideología árabe-islámica que rechaza y se opone a la diversidad étnica y sociocultural y a los derechos humanos en sentido universal. El artículo 1 de la Declaración Constitucional Interina de Libia[5] establece que “el islam es la religión del Estado y la sharía islámica es su fuente de derecho principal”. El texto también especifica que “el árabe es el idioma oficial”. Los amazigh temen que este artículo sea utilizado para evitar que ellos utilicen su lengua y su cultura como forma de expresión.
Además, en la práctica, los amazigh continúan enfrentando varias formas de racismo, discriminación, intimidación y violación de sus derechos, igual que en la época del depuesto régimen de Gadafi.
En su informe anual de 2023, la organización Itran[6] mencionó que “las comunidades Amazigh se encuentran entre las más vulnerables, discriminadas y marginalizadas del país. Aunque viven en regiones ricas en recursos naturales, como el petróleo y el gas, aún afrontan numerosos desafíos políticos, económicos y sociales.” El informe agrega que, en 2023, los amazigh de Libia sufrieron acciones gubernamentales en su contra que se basaban en leyes que procedían de la época de Gadafi.
El 23 de octubre de 2023, el director de la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Educación envió una carta al director de la Oficina de Asuntos Corporativos manifestando que era ilegal utilizar nombres que no fueran árabes en las comunicaciones o los rótulos públicos o privados conforme a la Ley nro. de 2001. En otra misiva dirigida a la oficina de educación y a la municipalidad de Zwara, el Ministerio de Educación rechazó el nombre “Tussna” para una escuela primaria local, y solicitó que se le asignara una denominación árabe.
A pesar de que no existe ley alguna que prohíba el registro de nombres amazigh, las autoridades del registro civil central continúan enviando comunicados a sus oficinas locales dentro de territorios amazigh (en especial, dentro de la región noroeste de Libia) solicitando que no registren nombres que no sean árabes o musulmanes. Algunos funcionarios locales de la Autoridad de Asuntos Civiles del Ministerio del Interior han sido amenazados con penalidades económicas si llegaran a registrar nombres de recién nacidos que no sean árabes o musulmanes.
La universidad pública Omar El-Mokhtar discrimina a la hora de reclutar nuevos asistentes, ya que su condición de empleo depende de su “adhesión a los valores árabes libios”[7].
En años recientes, el pueblo Amazigh ha sido intimidado y arrestado por la policía y las milicias armadas sólo por llevar la bandera de su comunidad.
En el sur de Libia, entre 15.000 y 20.000 familias, o alrededor de 80.000 a 100.000 kel-tamacheqs (tuaregs), han sido privadas de la nacionalidad libia y de documentos de identidad[8]. Como consecuencia, no puede participar de las elecciones, ni acceder a la educación pública, ni a servicios de capacitación o de salud. Tampoco pueden conseguir un empleo de forma legal. Las quejas habituales presentadas ante el gobierno libio no han recibido respuesta alguna desde 2011.
La comunidad Kel-Tamasheq de Libia también enfrenta el desafío que representa el cierre de la frontera entre Argelia y Libia por parte del primero por razones de seguridad. Las poblaciones Kel-Tamacheq que viven en ambos lados de la frontera se han visto seriamente afectadas por los obstáculos que le han puesto a su libertad de circulación dentro de sus territorios tradicionales, que incluyen la frontera del Estado.
De hecho, desde hace varios años, las comunidades libias no árabes, y en particular los amazigh, han expresado su deseo de autonomía para sus territorios con el propósito de preservar sus características socioculturales específicas. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta alguna.
El problema de la tierra en Libia
Libia es un país de gran tamaño (1,76 millones km2, el cuarto más grande de África). El 90 % es desierto, y el 85 % de su población vive dentro del 10 % del territorio: la costa mediterránea. Su sistema de tenencia de tierras es confuso; fue influenciado por las colonizaciones que ha sufrido el país en siglos recientes y por la dirección política que han tomado los distintos gobiernos.[9] La Ley de Tierras de Libia ha sido sucesivamente influenciada por el derecho musulmán, otomano (siglo XVI) e italiano (1911 – 1942), y por las normas del Reino de Libia (1951 – 1969) y, luego, de la República Socialista hasta 2011. Desde la “revolución” de 2011, la guerra civil y la ausencia de un Estado central han mantenido la cuestión de la tierra sin cambios.
Durante el período socialista de Libia (1969 – 2011), el gobierno aprobó la Ley nro. 39 de 1973, que establece la abolición del derecho consuetudinario a las tierras para convertirlas en propiedad del Estado[10]. Al mismo tiempo, el gobierno estaba redistribuyendo tierras a aquellas familias que fueran a utilizarlas para el cultivo. De esta manera, se cumplía con el lema “la tierra es para quienes la trabajen”. Hoy en día, no existe una política de tierras clara; y Libia no cuenta con un registro territorial actualizado. Las inscripciones hechas en papel que se encontraban en varias de las oficinas del país se dañaron, destruyeron o perdieron durante la guerra civil. El sistema de tenencia de tierras libio, sin embargo, se está liberalizando cada vez más a través de la propiedad privada de la tierra y de inmuebles, si bien de manera informal por el momento. El dominio del Estado continúa siendo importante y la propiedad colectiva de tierras tribales aún persiste, en particular, en áreas rurales.
Belkacem Lounes es doctor en Economía, profesor de la Universidad de Grenoble, miembro experto del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y autor de numerosos informes y artículos sobre derechos de los amazigh.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Declaración Constitucional de Libia, 2012. https://faolex.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
[2] Abdel-Hamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional: "2023 sera l'année de la tenue des élections dans le pays". Moataz Wanis, Agencia Anadolu, 2 de enero de 2023Agencia Anadolu. https://www.aa.com.tr/fr/monde/dbeibeh-2023-sera-lann%C3%A9e-des-%C3%A9lections-en-libye/2778116#
[3]Amnistía Internacional, Informe 2022/23: La situación de los derechos humanos en el mundo. 27 de marzo de 2023. https://w>ww.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/
[4] “Conseil de sécurité: en Libye, le projet de loi électorale suspendu à un accord politique entre les différents acteurs institutionnels”. UN Press, 18 de diciembre de 2023. https://press.un.org/fr/2023/cs15535.doc.htm
[5] Declaración Constitucional de Libia, 2012. https://faolex.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
[6] Amazighs en Libia, Informe Anual 2023. Nasser Abouzakhar, ITRAN y CMA, enero de 2024.
[7] Ibíd.
[8] Stocker, Valérie, 2019, “Citoyenneté en attente: statut juridique indéterminé et implications pour le processus de paix en Libye”, Institut européen pour la paix, citado por Pauline Poupart, “Être touareg dans le Sud libyen en transition: une citoyenneté encore inachevée”. 15 de enero de 2023. http://journals.openedition.org/anneemaghreb/11244; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.11244
[9] La Libye nouvelle, rupture et continuité, Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes, 1975, CNRS-Université d'Aix-Marseille. https://books.openedition.org/iremam/2479
[10] “Administración y derecho a la tierra para la paz y el desarrollo de Libia, análisis y recomendaciones”, ONU-Hábitat, 16 de octubre de 2023. https://www.land-administration-and-land-rights-for-peace-and-development-in-libya_16.10.2023.pdf
Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas, Integridad cultural
