La vida también es el territorio: entrevista al antropólogo Alberto Chirif
POR RENATO PITA PARA DEBATES INDÍGENAS
Alberto Chirif Tirado (Lima, 1943) es un destacado antropólogo peruano que dedica su vida a la Amazonía y los pueblos indígenas amazónicos. Su trabajo y diversos intereses se testimonian en un gran número de investigaciones y libros sobre derechos de los pueblos indígenas, territorios, memoria e historia, léxico regional, culinaria indígena y literatura amazónica. Al ser un testigo excepcional de la Amazonía y la historia del Perú, Alberto posee una trayectoria que reúne diversos momentos que han marcado las transformaciones y el rumbo de su país, de la antropología amazónica y del movimiento indígena amazónico.
A continuación, un fragmento de la entrevista completa realizada al destacado antropólogo.
RP: Alberto, ¿cómo inicia tu trayectoria en la Amazonía?
AC: Es un poco entre la casualidad de un viaje y el inicio de una amistad con una persona muy importante en el trabajo de la Amazonía, Stefano Varese. Casualidad porque yo entré a la universidad pensando estudiar literatura; luego, un curso sobre filología me hizo ver que eso no era lo mío. También, estuve un año estudiando sociología y me pareció tremendamente aburrida. Entonces, me retiré a trabajar por mi cuenta en una pequeña chacra que tenía mi padre. El trabajo de la tierra como campesino siempre me ha parecido fascinante. Después de una serie de intentos de estudiar algo que realmente me convenciera, regresé a la universidad a raíz de haber conocido a Stefano Varese, quien ya realizaba sus investigaciones en el Gran Pajonal con los asháninkas.
Un día, cuando yo estaba en el segundo año de estudios de Antropología en la Universidad de San Marcos, un amigo me dijo que estaban organizando un viaje a la Amazonía donde viven los awajún, llamados aguarunas en ese momento, y me preguntó si quería ir. Le dije que sí, que la idea me parecía muy atractiva. Lo extraño fue que uno a uno se fueron retirando y quedé yo solo. Como soy bastante terco, me dije: “Vamos a seguir adelante, me voy”. Llegué en camión hasta Chiriyaco, en Amazonas.
Durante mi segundo viaje al Alto Marañón, en 1969, leí un artículo sobre un hospital amazónico. Me pareció interesante el planteamiento porque no se limitaba solo a cuestiones de salud, sino al trabajo con indígenas para formar capacidades propias en las comunidades y que fueran ellas mismas quienes se encargaran del tema. Hablaban del hospital que quedaba en Yarinacocha, cerca de Pucallpa. Tomé el nombre del director, un alemán, Teodoro Binder, y apenas regresé a Lima le mandé una carta. Pasaron meses y cuando de pronto recibí una carta de respuesta desde Nueva York, porque la carta le había llegado al hospital pero, como él no estaba allí, se la reenviaron a Estados Unidos. Él me propuso encontrarnos los primeros días de 1970, a su regreso a Lima. Acepté. De hecho, nos encontramos el primero de enero de ese año.
Le conté lo que había visto y lo que me preocupaba del Alto Marañón, la forma cómo se atropellaban los derechos de los awajún. Había mucho abuso, discriminación, racismo, historias de violación de mujeres. En ese tiempo, el mundo awajún era todavía bastante tradicional. Yo he conocido las grandes casas awajún que ya no existen, las mujeres en su mayoría usaban sus trajes tradicionales y también los varones. A raíz de lo que le digo a Binder, él me propuso armar una propuesta para trabajar en el Alto Marañón. Yo estaba feliz y comencé a redactar un documento. Me acuerdo que hablé con el general José Francisco Guabloche, que era viceministro en el Ministerio de Educación en ese momento y acérrimo defensor del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, sin decirme que no, me hizo una serie de preguntas medio agresivas, el asunto claramente se dilató y no hubo respuesta de su parte. En ese momento, Binder me dice: “Bueno, seguimos con el plan, pero mientras tanto, ¿por qué no se viene usted a trabajar al hospital?”. Ese fue mi primer trabajo profesional. Me trasladé al Hospital amazónico. Quedé encargado de las relaciones entre el hospital y las comunidades shipibas.
RP: ¿En qué años ocurre esto?, ¿ya eras antropólogo?
AC: Era 1970. Yo recién había regresado en 1969. No era antropólogo, no había hecho todavía la tesis. Creo que la hice recién en 1972.
RP: Sobre estos momentos formativos, ¿qué más quisieras añadir?
AC: Tal vez dos cuestiones. En 1968, Stefano Varese animó al doctor Jorge Puccinelli, que dirigía el Instituto Porras Barrenechea, a establecer una sección sobre Amazonía, que recibió el nombre de Centro de Investigaciones de Selva (CIS). Era algo minúsculo, donde Stefano estaba prácticamente solo. Un día Stefano me dijo que había unos fondos para financiar un viaje al Alto Marañón. Básicamente se trataba de relevar información sobre infraestructura de salud en la zona y, hasta donde fuera posible en este sondeo rápido, precisar sobre los problemas de salud. Esa fue la primera vez que viaje al Alto Marañón como un observador más sistemático de esa realidad.
Al promediar el año 1969, nuevamente Stefano me dijo que Richard Smith, un colega de los Estados Unidos, lo había invitado a una reunión de líderes amuesha en una comunidad que por entonces se llamaba Miraflores y ahora se llama Tsachopén, en Oxapampa. Me dijo que él no podía ir y me preguntó si me interesaba asistir. ¡Por supuesto! Tomé mi mochila y salí andando. Al regresar de ese viaje, el CIS editó una revista llamada Kiario, una palabra asháninca que quiere decir “así es” o “verdad”. Salió un único número, en pequeño formato, con diversos trabajos: una editorial de Stefano, otro de Richard Smith, que daba cuenta de la preparación y motivaciones de la conferencia de los líderes amuesha; otro mío, que se refería a la realización de dicha conferencia; y un memorial que la tribu amuesha presentaba al gobierno peruano, en el que pedían la titulación de sus tierras ocupadas en forma de “reserva comunales y no de parcelas individuales” y facilidades para obtener documentos nacionales de identificación”. Adicionalmente, Kiario anunciaba un “proyecto de recopilación de la literatura oral de las etnias silvícolas peruanas”. La revista Kiario no volvió a salir. Es probable que haya sido a causa de algunas de las tantas crisis que experimentaba la Universidad de San Marcos en aquellos años. El CIS desapareció, tal vez diluido en medio de la confusión. Pero en 1969, el año de su publicación y de la conferencia amuesha, se formó el Congreso Amuesha, que fue la primera iniciativa organizativa moderna que se creó en la Amazonía peruana. Más tarde, se convirtió en la Federación de Comunidades Nativas Yánesha.
No sé qué habrá pasado con el proyecto de recopilación de tradición oral, pero lo cierto es que fruto de trabajo realizado por Stefano con los ashánincas en el Gran Pajonal y el mío en el Alto Marañón, el año 1970 editamos un long play de música de estos pueblos, con la cobertura de la “Casa de la Cultura”, que antecedió al Instituto Nacional de Cultura. Lo llamamos “Voces e instrumentos de la Selva”, que debía ser el nombre de una colección que, en el futuro, recogiera música de otros pueblos indígenas. Pero no hubo tal colección y ese disco fue su único producto.
Chirif durante la presentación de uno de sus libros, Pueblos de la yuca brava, historia y culinaria. Foto: Allison Cadenillas
RP: Por esos años te invitaron a incorporaste al Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), un órgano del gobierno militar. Cuéntanos, ¿cómo das ese paso y qué haces allí?
AC: Me incorporé a Sinamos en septiembre de 1972 y la Ley de Comunidades Nativas se promulgó en junio de 1974. Es decir, hubo un lapso de cerca de dos años entre mi ingreso y la promulgación. Durante ese tiempo teníamos frecuentes reuniones entre representantes de diversas dependencias públicas para discutir los puntos pendientes de la ley y hacer propuestas. Como no había Congreso de la República, las reuniones eran entre representantes de distintas instituciones públicas. El último filtro era una instancia que reunía a los ministros y los llamados “ministros sin cartera”, que determinaban la aprobación de la ley. No recuerdo muchas propuestas que se opusieran a la ley.
Algunos meses antes de junio de ese año, en la dependencia donde yo trabajaba, que se llamaba Dirección General de Organizaciones Rurales, se creó una pequeña unidad de “comunidades nativas” que me encomendaron dirigir. Al inicio estuve solo, pero durante la primera mitad de 1974 hubo una propuesta de la Dirección de hacer un diagnóstico de comunidades que abarcaba una zona muy grande: Urubamba, Ene, Tambo, Pichis-Palcazu, Oxapampa, Villa Rica, la zona de Satipo. Armamos grupos integrados por unas tres o cuatro personas cada uno. Recogimos información de 174 comunidades de esta amplísima zona. Yo salí con un grupo al alto Urubamba, y recorrimos desde Coribeni hacia abajo, un primer tramo por carretera y todo lo demás por río hasta Atalaya. El trabajo duró un mes.
RP: ¿Este diagnóstico modificó la propuesta inicial de ley?
AC: No, era para conocer mejor la realidad y tener mayores elementos de juicio cuando la ley fuese finalmente aprobada: ambiente físico, historia, demografía, presencia de agentes externos, tierras y bosques, viviendas, escuelas y otros servicios, si existían o no puestos de salud, y asuntos por el estilo. Al término de mi recorrido en Atalaya, en la confluencia del Tambo con el Urubamba, a partir de donde el río toma el nombre de Ucayali, el Congreso Amuesha (al que antes me he referido) celebraba una reunión en una comunidad del Alto Palcazu. La Ley de Comunidades Nativas acababa de ser aprobada el 24 de junio de 1974. Tomé una avioneta y me fui a San Ramón, en Chanchamayo, y de allí a la comunidad para participar en la reunión. Conversamos sobre la aprobación de la ley en ese encuentro. Había mucha euforia en las comunidades, porque la norma reconocía los derechos que habían impulsado, como la propiedad de las tierras comunales.
Al regresar a Lima propuse darle uso práctico al material recogido en el diagnóstico, que incluía un censo y un formulario general sobre la comunidad: nombre, ubicación, distancia para arribar a ella, escuela, alumnos según sexo, otros servicios, y cuestiones por el estilo. En concreto, conseguí que esos documentos se convirtieran en los requisitos para inscribir a las comunidades, es decir, para darles personería jurídica, paso indispensable para su posterior titulación. Listo, lo aprobaron y entonces todas las comunidades que habíamos trabajado, las 174, hicieron el trámite formal y adquirieron personería jurídica. Luego se hizo una ampliación de ese trabajo.
RP: ¿Un segundo diagnóstico?
AC: Sí, pero ya en otra zona. Nos había sobrado dinero y para que no regrese al Tesoro Público, sino que se use en algo útil, se hizo un diagnóstico más reducido, en 43 comunidades del Alto Ucayali.
RP: ¿Cuánto tiempo duraron el primer y el segundo diagnóstico?
AC: El primer trabajo de campo se hizo en 1974 y se publicó al año siguiente. El segundo se hizo en 1976 y se publicó en 1977. En ambos casos, el trabajo de campo fue de unos 30 días.
RP: ¿Fue difícil el tira y afloja entre ustedes y los funcionarios más reactivos a la propuesta de ley?
AC: Yo no recuerdo muchas oposiciones. Lo que sí hubo fueron dificultades cuando empezó a hacerse el trabajo verdadero de titulación. Mucha gente cree que era Sinamos el organismo encargado de titular las tierras a las comunidades, pero esto no es verdad. En Sinamos solo nos encargábamos de la inscripción de la personería jurídica de las comunidades y, únicamente durante los primeros años, de instalar los Registros Civiles en las comunidades. La titulación de las tierras estaba en manos del Ministerio de Agricultura, concretamente de la Dirección General de Reforma Agraria (DGRA). Ahí sí hubo una serie de problemas, que básicamente tenían que ver con las extensiones que se titulaban. Acá hay que aclarar que en ciertas zonas la extensión posible de ser titulada estaba determinada por la realidad del contexto de colonización. Es decir, en Chanchamayo, Satipo y Oxapampa y Villa Rica no se podía uno preguntar por las extensiones que se iban a titular. Se titulaba lo que estaba libre de colonos. En esta zona la entrada de colonos se remonta a finales del siglo XIX. Ha sido un proceso muy antiguo y fuerte. En otras cuencas, como las del Pichis-Palcazu, la situación era diferente. Ahí tuvimos, como Sinamos, problemas con funcionarios que alegaban que si los indígenas amazónicos no cultivaban la tierra por qué se les iba a titular tanta tierra. En Sinamos manejábamos el criterio que las sociedades del bosque necesitaban espacios mayores porque rotaban chacras y eran además cazadores y recolectores. Los de Reforma Agraria manejaban conceptos agraristas y pensaban que lo que nosotros decíamos eran disculpas para justificar la holgazanería y la ignorancia de los indígenas.
Chirif ayudó a que numerosas comunidades consigan su personería jurídica. Foto: Servindi
RP: Luego hubo cambios en el gobierno militar y asume el presidente de facto Francisco Morales Bermúdez. ¿Hay también cambios políticos internos en la implementación de la ley?
AC: Yo trabajé en Sinamos desde septiembre de 1972 hasta fines de 1977. Morales Bermúdez había asumido la presidencia durante la segunda mitad de 1975. Al comienzo parecía que todo seguiría más o menos igual, pero después con algunos compañeros de trabajo empezamos a ver cambios preocupantes. El tema era que las organizaciones creadas bajo el amparo de la Ley de Organizaciones Agrarias, donde estaba la Confederación Nacional Agraria (CNA), y también sus federaciones y bases, habían comenzado a reaccionar ante intentos de manipulación desde el gobierno. Los enfrentamientos se agravaron y Morales Bermúdez decidió anular la CNA. Los dirigentes reclamaban independencia, señalando que la CNA era una organización que pertenecía a las bases y no al gobierno, y continuaron su trabajo en abierta oposición al régimen. La represión se agravó y dirigentes de izquierda y periodistas críticos al gobierno también tuvieron que pasar a la clandestinidad.
Por estas razones con el antropólogo Carlos Mora resolvimos renunciar al Sinamos. Yo salí en diciembre de 1977 y él al poco tiempo. En 1978, fundamos el Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), como un nuevo espacio para trabajar con comunidades indígenas, pero ya desde lo privado.
Los convenios para titular comunidades fueron una iniciativa ideada por el CIPA. Hicimos un primer ensayo en una cuenca que considerábamos tranquila, que era el curso alto del Napo. En Loreto había una ventaja adicional, además de la tranquilidad ya mencionada de esa parte de la cuenca. El doctor José López Parodi, un magnífico profesional y gran ser humano, ocupaba un alto cargo en la Dirección Regional de Agricultura de la zona. Con esas condiciones, asegurábamos el éxito del proyecto de titulación. La segunda experiencia fue con la Dirección Regional de Junín, para titular comunidades asháninkas y yáneshas en las cuencas del Pichis y Palcazu. Allí tuvimos problemas con los funcionarios que nos cuestionaban que nosotros, los del CIPA, queríamos titular áreas muy grandes a las comunidades, cuando ellos consideraban que los indígenas apenas trabajaban la tierra. El CIPA impulsó además la estrategia de titular comunidades de manera colindante, con el propósito de darles continuidad territorial y de impedir que los colonos ocupasen las áreas intermedias no tituladas. El tercer convenio fue también con la Dirección Regional Agraria de Junín, pero hicimos ajustes, porque desde entonces la administración de los fondos se hizo desde el CIPA. Es decir, ya no entregamos el total de los fondos presupuestados a la administración pública, sino que comprábamos directamente lo que estaba presupuestado dentro de la iniciativa de titulación.
En años posteriores, otras instituciones tomaron la idea de los convenios con el Estado para titular, entre ellas, la propia Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que realizó un trabajo notable a inicios de la década de 1990, que incluyó no solo la titulación de las comunidades del alto Ucayali, sino su liberación de la esclavitud a la que estaban sometidas por parte de patrones ganaderos y madereros del Ucayali, Urubamba y Tambo. Además, se promovió la organización de las comunidades en federaciones locales. Entre las instituciones privadas, el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) es una de las que más ha trabajado en la titulación de comunidades, mediante convenios con el Estado.
Etiquetas: Debates Indígenas
